Operación Chamartín
Contundentes críticas vecinales al Ayuntamiento sobre Madrid Nuevo Norte mientras Garrido se sale de la foto

Reunión al borde de agosto entre el Ayuntamiento de Madrid, el ministerio de Fomento y los promotores publico privados de Madrid Nuevo Norte, la operación que quieren ejecutar a toda prisa el Ayuntamiento de Madrid y Fomento que actualiza la vieja operación urbanística de BBVA y Adif en los terrenos de Renfe en el distrito madrileño de Chamartín. Una propuesta "de consenso", según destaca el Ayuntamiento en nota de prensa, a pesar de la oposición de parte de la ciudadanía y de que en la foto de hoy no estaba el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

En la administración, sólo la alcaldesa y su equipo de confianza (los concejales de Ahora Madrid están divididos) parecen empeñados en aprobarlo con las prisas que impone el período vacacional. Sorprendentemente, hasta la Comunidad de Madrid ha puesto reparos a este acelerado intento de aprobación, alegando que el proyecto no ha conseguido aún la resolución favorable –faltarían varios informes- de impacto ambiental. Por lo cual el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido (PP), se ha negado a estar presente hoy en la reunión en el Palacio de Cibeles que daría la aprobación definitiva al proyecto.

Vicente Pérez (FRAVM): "No hay vivienda social en el proyecto, solo vivienda libre con algunas condiciones"

Según la Comunidad de Madrid faltan cuatro informes ambientales de un total de 18: se trata de los estudios eléctricos, de agua, infraestructuras y patrimonio para que la Comunidad elabore el necesario estudio de impacto ambiental.

Hoy al mediodía, una treintena de personas integrada por miembros de la Plataforma Zona Norte, la FRAVM, Ecologistas en Acción, el Instituto por la Democracia y el Municipalismo (IDM), así como vecinos afectados por la operación Madrid Nuevo Norte (ex Chamartín), se han concentrado frente al ayuntamiento de Madrid, en Cibeles. La iniciativa surgió a partir del anuncio de la reunión convocada por la alcaldesa Manuela Carmena, para avanzar en la formalización del acuerdo sobre dicho emprendimiento, entre las administraciones públicas y la iniciativa privada.

Los manifestantes quisieron exteriorizar –una vez más- su rechazo a la aprobación de la operación en las actuales condiciones. Lo consideran un pelotazo financiero-urbanístico, y cuestionan con dureza que sea el actual ayuntamiento el que lo impulse. Sin ambages lo expresó Félix Arias, de la Plataforma Zona Norte: “Nos sorprende que el ayuntamiento, del que esperábamos otras políticas, dedique recursos públicos a apoyar un proceso especulativo. Es lamentable que haya cedido al BBVA las llaves del desarrollo de la zona norte. Así, se transforma suelo público para que se consume un pelotazo financiero de ese banco y para que ADIF también saque una buena tajada. Siendo que esos recursos harían mucha más falta en el Sur y en el Este de la ciudad”.

Cuestionan también que el consistorio haya cambiado su proyecto inicial y adoptado este, que consideran –en ciertos aspectos- aún más lesivo que el presentado por Ana Botella. Al decir de Félix Arias: “En su momento, apoyamos el que presentó el ayuntamiento hace dos años, bautizado Madrid Puerta Norte (MPN). Estábamos de acuerdo, aunque nos parecía que seguía teniendo demasiados metros cuadrados de oficinas, pero era mucho más razonable. Además, el actual proyecto aumenta en más de 100.000m2 el espacio dedicado a oficinas del que concedía el de Ana Botella, sin que se hayan aportado datos que demuestren que hacen falta esa cantidad de metros cuadrados de oficinas”.

No menos enérgico fue Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), al cuestionar la afirmación de la alcaldía de que se han aumentado la superficie de vivienda protegida: “Están engañando, porque tal figura no existe en España. Se trata sólo de vivienda libre con algunas condiciones, que la hacen finalmente accesible sólo a capas de ingresos medios altos; las viviendas de Las Tablas, Sanchinarro, Monte Carmelo son sólo accesibles para gente que tiene un nivel económico razonablemente bueno”.

Y delinea en pocas palabras la propuesta global de la FRAVM: “Pedimos que la operación sirva para impulsar vivienda social en alquiler, para los colectivos que más lo necesitan. Sin subterfugios, ni juegos de palabras. Y, además, queremos que se satisfagan las necesidades dotacionales de barrios que ya existen y que adolecen de un déficit enorme: San Cristóbal, Fuencarral, Barrio del Pilar, Begoña. Y que sirvan también para resolver los problemas de movilidad que ya existen en toda la Zona Norte, no sólo de la ciudad sino de la propia comunidad de Madrid. Este proyecto viene a agravar los problemas que ya hay”.

Remata Nines Nieto, de Ecologistas en Acción: “Tiene que haber un replanteamiento a fondo del proyecto. En su actual formulación, es insustentable”.

Respecto de la exigencia de transparencia planteada ayer por estos mismos colectivos, son no menos contundentes: “Durante 25 años se han hecho convenios y acuerdos entre el ministerio de Fomento y ADIF por una parte y el BBVA/DCN por la otra, que no se conocen. Son secretos, queremos saber qué es lo que hay detrás de esos acuerdos. Se han pasado 25 años haciendo acuerdos y ninguno es público”. Los vecinos pidieron el jueves al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo estatal independiente, que les diera acceso a la documentación del convenio entre el consorcio impulsor de la operación, Distrito Castellana Norte, y el ministerio de Fomento.