Minería
La reapertura de la mina de Aznalcóllar se retrasa por la suspensión de la Autorización Ambiental Unificada

El pasado 11 de julio el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul anunciaba la concesión de la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar 26 años después del desastre ambiental provocado por la empresa Boliden.

Ecologistas en Acción presentó una alegación a la autorización a través de un recurso de alzada ante el que la consejería competente no ha emitido respuesta alguna por lo que amparándose en el art.117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo se establece por “imperativo legal” la suspensión de forma automática del trámite.

Un hecho que suspende de forma temporal la puesta en marcha de la explotación minera otorgada a la empresa Minera Los Frailes, participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México, compañía responsable del vertido tóxico al Río Sonora en México.

El grupo ecologista expone que en su recurso de alzada denuncian “las graves irregularidades legales en las que había incurrido la autoridad ambiental” y exigen su paralización absoluta.

El proyecto de reapertura de la actividad minera incluye la autorización del vertido tóxico al Estuario del Guadalquivir de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de la fase preoperativa que consiste en el vaciado de las aguas contaminadas que se acumulan en el recinto minero desde 2001, y 68.000 millones de litros de vertido tóxico durante los 17 años de la posterior fase operativa. Los vertidos estarían compuestos por, además de agua, metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre y zinc.

Los ecologistas consideran que “la suspensión obtenida resulta el paso previo imprescindible para que reconsideren y revisen la autorización ambiental” y se paralice el proyecto