Opinión
La valla de Melilla está en la oficina del padrón de Iruñea

No existen datos oficiales, pero las organizaciones que trabajan desde hace años con personas migrantes y en situación de calle calculan que el ayuntamiento de Iruñea ha bloqueado más de 500 solicitudes de padrón sólo entre mayo de 2025 y enero de 2026. 

La causa que alega el ayuntamiento es que la persona sin hogar no ha podido acreditar que reside en la ciudad, dado que no vive en un domicilio concreto, ya que vive en la calle o en alguno de los asentamientos de la localidad. Sin embargo, es el consistorio —y no las personas solicitantes— quien dispone de medios y puede verificar la presencia de las personas sin hogar en el municipio. Aunque existan mecanismos para apelar la denegación, como el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), cada recurso es costoso en tiempo y requiere de unas competencias jurídicas y de un manejo del idioma del que muchos migrantes, que dependen de este trámite para sobrevivir, carecen. 

Las sentencias del Tribunal Administrativo de Navarra develan una práctica administrativa racista pero su efecto en términos prácticos es limitado y lento

Apoyo Mutuo, una de las organizaciones más veteranas en el acompañamiento a personas migradas, ha recurrido ante el TAN las irregularidades cometidas. El posterior goteo de  sentencias favorables, según explicaron varios colectivos sociales de la ciudad, obliga a la institución a admitir las solicitudes denegadas y, además, le insta a cumplir con los plazos del silencio administrativo, es decir, a resolver las denegaciones del padrón en menos de tres meses, en lugar de alargar la espera de forma irregular. Las resoluciones del TAN reprochan, además, que se deniegue el padrón social por no acreditar residencia efectiva en la ciudad, cuando las unidades municipales de Servicios Sociales ni siquiera citan a la personas solicitantes para interesarse por dónde y en qué condiciones sobreviven.

Para que se entienda: las sentencias del TAN develan una práctica administrativa racista pero su efecto en términos prácticos es limitado y lento, ya que cada persona debe recurrir mediante un trámite relativamente complejo su propio empadronamiento, lo que deja esta vía sólo al alcance de personas sin papeles conectadas con redes de activistas locales.

La estrategia de confrontación legal no es suficiente

Hasta la fecha, la estrategia de los colectivos sociales y agentes del Tercer Sector que confluyen en la Plataforma Ola de Frío se ha centrado en la denuncia de la vulneración de las garantías legales en relación con los derechos de ciudadanía. Casi todos los comunicados o acciones comienzan señalando correctamente que empadronarse es un derecho constitucional y que el ayuntamiento está obligado a registrar a los vecinos y vecinas que lo soliciten, aunque vivan en la calle. Y ello es absolutamente cierto: el ayuntamiento no solamente puede empadronarte en un edificio de su propiedad, en una bajera o en otro local sin cédula de habitabilidad, sino que tiene la obligación legal de hacerlo. En este sentido, la propia institución emitió en 2024 unas instrucciones que no hacían más que reafirmar lo que ya se recoge en las anteriores y que coinciden con las directrices de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Además, el Defensor del Pueblo de Navarra hizo una serie de recomendaciones a la anterior alcaldesa (Cristina Ibarrola, de UPN) en esta misma línea. 

Es decir, el consistorio no solo puede, sino que tiene la obligación de empadronarte, a efectos de notificación en un domicilio ficticio, aunque tu residencia real se sitúe en un banco del parque, una tienda de campaña en un solar u otra categoría de infravivienda como el Convento de Aranzadi o el edificio abandonado de la antigua Ikastola Jaso.

Es decir, el consistorio tiene la obligación de empadronarte, a efectos de notificación, en un domicilio ficticio, aunque tu residencia real se sitúe en un banco del parque o en el Convento de Aranzadi.

Si el Ayuntamiento de Iruñea y el Gobierno Foral conocen perfectamente el marco legal, saben de sobra que están denegando un derecho básico y, además, ninguna instancia superior está interviniendo de forma efectiva ¿es suficiente con una estrategia de denuncia ante la vulneración de derechos o sería preciso confrontar a ambas instituciones desde otro lugar?

Quizá sea necesario plantear, aunque sea de forma simbólica, otros desafíos a las instituciones. Por eso, el pasado jueves 9 de abril, varios colectivos solicitamos de forma conjunta al ayuntamiento el empadronamiento en nuestros locales de 30 personas sin papeles que viven en Aranzadi. Sindicatos como CGT y STEILAS ya han mostrado su compromiso para garantizar el acceso a derechos de las personas migrantes, sumándose a ellos colectivos como Katakrak, Bakearen Etxea y Matalaz. Por el momento, el ayuntamiento continúa negándose a empadronar a jóvenes magrebíes en situación de calle. ¿Qué anima este ensañamiento contra este perfil concreto de personas migrantes?

La lógica que anima el bloqueo al padrón tiene que ver con el control poblacional y los recortes

Nos encontramos frente a un trámite sencillo que no incrementa directamente el gasto presupuestario municipal ¿Cuál es el motivo real para dificultar el empadronamiento? La respuesta no sorprenderá a nadie que siga con atención la política local.

El primer motivo es porque pueden. Los tribunales están para perseguir a los ayuntamientos cuando prevarican con respecto a una baldosa mal puesta, un presupuesto adjudicado a dedo o un despido improcedente. No está mal eso. Pero cuando se deniega a sabiendas un derecho básico —prevaricar—, no hay institución foral, estatal o europea que mueva un dedo, para sorpresa de nadie. Es cierto que el TAN ha afeado la conducta irregular del ayuntamiento, pero no están previstas ni multas a la institución ni compensaciones a las personas afectadas, por lo que el incentivo para corregir la situación es, lógicamente, muy escaso.

Sin embargo, el principal motivo por el que un ayuntamiento de izquierdas deniega sistemáticamente este trámite es más sencillo, más claro y más triste: han convertido de forma arbitraria el padrón en la llave que da acceso a servicios municipales y forales básicos. Aunque jurídicamente existan múltiples formas de probar tu residencia en el municipio —atención médica, participación en cursos, facturas— la mayoría de los ayuntamientos ha optado por reducir al máximo la posibilidad de probar la residencia y han convertido el padrón en la única vía de acceso a derechos y servicios. De esta forma se centraliza el control poblacional en un sólo documento o trámite, lo que permite convertirlo en un cuello de botella artificial que facilita denegar servicios y derechos de forma ágil. 

De esta forma se centraliza el control poblacional en un el padrón, lo que permite convertirlo en un cuello de botella artificial que facilita denegar servicios y derechos de forma ágil. 

El principal objetivo de esta estrategia institucional desplegada por el municipio pamplonés es la reducción del gasto en servicios sociales, en concreto la partida destinada a Renta Garantizada de Inserción —que no constituye el gasto principal de los servicios sociales navarros, que basculan cada vez más hacia un mayor gasto en las partidas destinadas a la dependencia y las personas mayores—. El segundo objetivo, apenas disimulado, es la expulsión de las personas sin papeles por la vía de los hechos. Desconocemos si el Gobierno de Navarra está coaccionando al consistorio. En caso de que así fuera, ninguno de los partidos que conforman la coalición de gobierno municipal (Podemos, Batzarre, IE, Geroa Bai y EH Bildu) las ha denunciado, por lo que la conclusión más razonable es que el equipo de Joseba Asiron comparte objetivos y métodos con el ejecutivo de María Chivite, por mucho que ambos se hayan sumado ahora al carro de la regularización impulsada por el PSOE de Pedro Sánchez.

El principal objetivo de esta estrategia institucional desplegada por el municipio pamplonés es la reducción del gasto en servicios sociales. 

Llama la atención, por otro lado, que un municipio gobernado por el centro-derecha jeltzale como Bilbao —con un impacto mayor del fenómeno del sinhogarismo— esté empadronando de oficio en instalaciones municipales mientras que, al mismo tiempo, el equipo de gobierno de Iruñea esté sosteniendo posiciones más conservadoras.

Sin padrón no eres ni pobre: no existes

Sin padrón no puedes matricularte en cursos, más allá de la ESO y de formaciones orientadas a la capacitación laboral en sectores precarizados que lideran la economía sumergida (hostelería, agricultura, cuidados y construcción). Tampoco puedes acceder a becas. 

Sin padrón olvídate de  obtener la tarjeta sanitaria y el reconocimiento al derecho a la atención queda expuesto a las posibles interpretaciones restrictivas por parte del personal de admisión, denunciadas repetidamente por SOS Racismo Nafarroa. 

Sin padrón no es posible el acceso a las Unidades de Barrio de los Servicios Sociales municipales: no habrá para ti nada en el  Banco de Alimentos de Navarra (BAN). 

Sin padrón no puedes solicitar el Ingreso Mínimo Vital previsto, previsto para proteger a los sectores más vulnerables, ni tramitar la Renta Garantizada de Inserción.

Sin padrón quedas fuera del  censo de solicitantes de vivienda protegida y estás excluido de la adjudicación de subvenciones para la compra, alquiler o rehabilitación de viviendas. También pierdes el derecho a tramitar  las ayudas David y Emanzipa del Gobierno de Navarra, orientadas a facilitar el acceso a la vivienda para personas con rentas bajas y jóvenes, respectivamente. Sin padrón tampoco hay manera de optar a las viviendas de emergencia del ayuntamiento de Iruñea.

Y es que sin padrón, además, las unidades familiares con menores a cargo hacinadas en alojamientos precarios, habitaciones realquiladas y demás infraviviendas quedan descartadas del paquete de ayudas económicas, permisos parentales y prestaciones vinculadas a la crianza.

En resumidas cuentas, sin padrón, resultas extremadamente barato para las instituciones. Apenas generas gasto a las arcas públicas, salvo los derivados de la atención sanitaria puntual de emergencia y el acceso a pernoctar, en el albergue para personas sin hogar, un máximo de tres noches al año. Sin padrón no eres ni siquiera pobre: no cuentas en las estadísticas oficiales de las instituciones navarras, no existes. Sin padrón tienes los mismos derechos que un palestino de Gaza, con la diferencia de que allí te bombardean y aquí no.

Sin padrón tienes los mismos derechos que un palestino de Gaza, con la diferencia de que allí te bombardean y aquí no.

La frontera más barata: la discrecionalidad burocrática de la oficina de empadronamiento

En ocasiones nos cuesta imaginar el concepto “frontera interior”. La Ley de Extranjería, que estratifica el mercado laboral mediante una serie de esclusas administrativas, sirve como ejemplo. De cara a hacer valer sus derechos laborales, la situación de partida de una persona con papeles que trabaja como profesora en secundaria —que, en el peor de los casos, arriesga una suspensión temporal de su sueldo— y la de una mujer sin papeles, empleada del servicio doméstico, al cuidado de un anciano y cobrando en negro, no son las mismas. Entre estos extremos existe toda una gama de grises que, por motivos de espacio, solo podemos apuntar brevemente: una persona con NIE puede aspirar a posicionarse mejor que otra sin él; una persona de origen latinoamericano tiene mayores posibilidades de regularizarse e incluso de nacionalizarse que alguien de origen africano; y así sucesivamente.

Llama la atención que un municipio gobernado por el centro-derecha jeltzale como Bilbao  esté empadronando de oficio en instalaciones municipales mientras que el equipo de gobierno de Iruñea esté sosteniendo posiciones más conservadoras.

Dentro del marco de la Ley de Extranjería, la concesión discrecional de empadronamientos que practica el Ayuntamiento de Iruñea funciona como la frontera interior más barata y efectiva del capitalismo racial a la navarra: no necesita vallas, no necesita policía de frontera. Le basta con decretos de alcaldía, una instrucción interna que dilate los plazos, un informe de Servicios Sociales que impida el registro, una ventanilla que exija documentación imposible a quien duerme entre cartones junto al Arga.

Desde Negu Gorriak / Derecho a techo hemos constatado que se bloquea el empadronamiento más frecuentemente cuando eres joven, magrebí y sin formación. Incluso entre las personas en situación administrativa irregular operan los condicionantes de clase, y las denegaciones del padrón municipal siguen un patrón específico: se expulsa del trámite con más facilidad a aquellas personas que, por prejuicios aspectistas, escasa titulación o falta de recursos y habilidades comunicativas nos resultan más alejadas de nuestra experiencia como personas integradas en la clase media. Este patrón solo se ve corregido cuando interviene el apoyo mutuo: cuando las personas solicitantes de padrón son acompañadas por miembros de la campaña  Negu Gorriak / Derecho a techo, la presión burocrática se suaviza, y comienzan a fluir los empadronamientos, al tiempo que asoman  algunos recursos.

La concesión discrecional de empadronamientos que practica el Ayuntamiento de Iruñea funciona como la frontera interior más barata y efectiva del capitalismo racial a la navarra.

Samir es una de esas personas. Forma parte de la campaña Negu Gorriak/Derecho a techo y duerme temporalmente en la Sala de actos de Katakrak. Es amazigh y apenas habla árabe o castellano. No pudo ir a la escuela, sin padre desde muy joven, no tuvo otra opción que empezar a trabajar de pequeño. Lleva meses sobreviviendo en Aranzadi y, sin embargo, la oficina del padrón ha denegado su empadronamiento social porque, según han motivado por escrito, no pueden confirmar su presencia en el municipio de forma continuada. El ayuntamiento no ha citado jamás a Samir. Nunca han mandado a una trabajadora social o a un policía municipal a certificar que, efectivamente, Samir vive en Iruña: descansa en las bibliotecas de la ciudad, pasea horas y horas por las calles del Casco Viejo y rescata comida desechada de nuestros supermercados. A Samir le falta techo y le sobra suelo. Pero Samir no va a dejar que le pisen la cabeza y su plan es luchar por su derecho (y el resto de compañeros de la campaña) al padrón.

A modo de conclusión: La Guardia de la Noche y los salvajes del otro lado del Muro

¿Alguien recuerda Juego de Tronos? Uno de los elementos fundamentales de la serie es el Muro, un enorme bloque de hielo que separa los Siete Reinos civilizados de las Tierras Salvajes. Este y otros ayuntamientos se están convirtiendo en el muro burocrático y la izquierda institucional en la Guardia de la Noche: un cuerpo de funcionarios cuya misión es vigilar las brechas para que nadie “se aproveche” de “nuestro” sistema de bienestar. El capitalismo racial y las fronteras internas no son conceptos abstractos, sino trámites concretos denegados por funcionarios concretos a Samir, Mohammed, Ismail y otras 200 personas que viven en la calle.

La gestión del padrón municipal no es un error administrativo ni una disfunción burocrática: es una pieza del engranaje que está empujando a las sociedades basadas en una clase media amplia y más o menos estable a lo que el sociólogo Ralf Dahrendorf denominaba como “la sociedad de los tres tercios”. Todavía no estamos ahí pero vamos hacia ahí. En esa estructura de clases de un futuro no muy lejano, un tercio de la población —la aristocracia obrera con empleo estable, piso en propiedad, acceso a la educación superior y tramos altos de la función pública— no tiene excesivos problemas para su reproducción y accede sin fricciones al estado de bienestar. Otro tercio —clases medias en proceso de caída, sectores populares con nóminas en torno al salario mínimo, jóvenes precarizados, proletariado migrante en distintas fases de integración, personas mayores empobrecidas— lo roza pero está abocado a padecer la violencia inmobiliaria y un mercado de trabajo con derechos y condiciones laborales cada vez más duras. El tercio restante, que en esté territorio todavía es un porcentaje pequeño —Samir, Mohammed, Soufiane, Amine—, directamente no existe: no cuenta en las estadísticas, se considera inintegrable, es población excedentaria. Su futuro pasa por trabajos de mierda, habitaciones en pisos patera, represión policial, y el estigma y la indiferencia de las clases medias. El capitalismo racial no necesita muros físicos para funcionar; le basta con una ventanilla y un funcionario con criterios discrecionales.

El capitalismo racial y las fronteras internas no son conceptos abstractos, sino trámites concretos denegados por funcionarios concretos a Samir, Mohammed, Ismail y otras 200 personas que viven en la calle.

En la ficción, una parte de la Guardia de la Noche descubre que su destino y el de los salvajes del otro lado del Muro es el mismo. En un contexto de inestabilidad política global donde el acceso a la vivienda, la educación y la salud públicas, universales y de calidad cada vez está menos garantizado para la inmensa mayoría de la sociedad, es necesario pensar la política de manera inteligente y audaz. Entonces, ¿con quién son prioritarias las alianzas? ¿Con los “harraga” —literalmente, los que queman el pasaporte para cruzar la frontera con Europa— o con los de la autocaravana y la segunda residencia? En estos momentos, y ante el despliegue de las agencias occidentales neocoloniales y supremacistas de ICE en EE UU y de Frontex en Europa, el apoyo mutuo con los sectores migrantes más machacados no es asistencialismo ni caridad humanitaria: es la palanca más poderosa para agrietar el muro.