Municipalismo
La frontera del padrón

Las dificultades para empadronarse restringen el acceso a derechos básicos y servicios públicos.

Bilbao
Empadronarse abre la puerta a derechos básicos. Christian García

publicado
2019-06-18 06:00:00

Es algo tan natural como levantarte y tener agua en el grifo. Estás empadronada porque vives en una casa y ni siquiera sabes los derechos que te da más allá de que te manden la tarjeta para votar”, confiesa Luisa Menéndez, activista de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. “La gente que vivimos aquí no somos conscientes de lo importante que es tener un padrón y de los problemas tremendos que sufren para conseguirlo quienes llegan sin nada”. Pese a ser un derecho, algunos colectivos, en especial las personas sin hogar y las extranjeras en situación irregular, se encuentran con innumerables obstáculos para empadronarse, lo que les condena a la exclusión e invisibilidad.

El empadronamiento no es opcional. Por un lado, toda persona tiene la obligación de inscribirse en el padrón del municipio en el que reside y, por otro, la Administración está obligada también a empadronar a quienes tenga constancia de que viven en su municipio, incluso, en el caso más extremo, contra su propia voluntad. El padrón reconoce la vecindad, genera derechos y permite el acceso a prestaciones públicas de toda índole: la tarjeta sanitaria, la escolarización de menores, la renta básica, la regularización…

REDES DE ACOGIDA

Todas las tardes, menos los jueves, que hay catequesis, y el fin de semana, los locales de la Quinta Parroquia de Bilbao se transforman en una voluntariosa academia de español. En una de sus aulas coinciden hoy gentes de Bangladesh, Etiopía, Mauritania, Marruecos, Nepal, Pakistán y Siria. Mohamed lleva en Bilbao apenas tres meses. En 2016 dejó su país, Marruecos, rumbo a Libia. De allí, a Italia, donde residió durante un tiempo, entre otras ciudades, en Roma. Tiene 22 años y duerme en la calle. No tiene papeles.

Gedion también pasó por Italia. Llegó en avión desde su Etiopía natal y cuatro días después volvió a embarcarse. Aterrizó en Bilbao hace cuatro meses. Apenas habla español. Sonríe y gesticula, como si abrazara a alguien, para explicar que es músico: toca el violonchelo. Y muestra unas fotos en su móvil en las que aparece trabajando con una cámara de vídeo. Tiene 34 años y una habitación alquilada en Basauri, sin opción a empadronarse.

Desde marzo, la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak no apunta ya a quienes se acercan hasta su pequeño local de Bilbao en busca de un padrón. “No queremos ofrecer algo que de momento no podemos dar y crear así una expectativa irreal. Tenemos ya demasiadas personas en lista de espera y calculamos que por lo menos vamos a tardar seis meses en empadronarlas”, explica Luisa Menéndez
La plataforma presentó en septiembre de 2016 su campaña para crear una red solidaria de empadronamientos. Desde entonces, alrededor de 110 personas se han ofrecido para hacerlo en sus casas y más de 500 se han acercado para ser empadronadas. La mitad africanas, en su mayoría de Marruecos (121), Senegal (114) y Argelia (27). La otra mitad latinoamericanas, sobre todo de Nicaragua (92), Honduras (62) y Colombia (28). A día de hoy, 260 personas aguardan aún su padrón. Una de cada tres, mujeres.

Las dificultades para empadronarse comienzan cuando careces de un domicilio, aunque residas en el municipio, bien porque vives en la calle o porque no tienes ningún documento con el que acreditar que dispones de un techo. Los requisitos de acceso a algunos derechos sociales, como el de la renta de garantía de ingresos del País Vasco, que solo permite un máximo de dos prestaciones por vivienda, agravan esta situación. Las perceptoras de esta ayuda económica de Lanbide son reacias a empadronar en sus casas ante el riesgo de perderla.

Por otro lado, consulados como los de Marruecos y Argelia exigen el certificado de empadronamiento para renovar el pasaporte a sus compatriotas. A su vez, para empadronarse es imprescindible tener el documento de identificación en vigor o su solicitud de renovación en marcha. Así las cosas, estas personas necesitan que una asociación o un particular garanticen por escrito y ante notario que las va a empadronar para que sus papeles sean renovados y puedan culminar todos los trámites.

PADRÓN SOCIAL

Ante los problemas para inscribirse en el padrón, cada vez son más los municipios que disponen de lo que denominan empadronamientos sociales o ficticios. Este padrón se plantea como un recurso excepcional que posibilita el acceso a la cobertura de unas mínimas necesidades básicas de supervivencia. El Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo, empadrona en el albergue municipal de Elejabarri. En mayo de este año, 485 personas aparecían empadronadas en el hospedaje municipal. Además, este ayuntamiento dispone también de un convenio con nueve entidades sociales que empadronan en sus locales y pisos a personas en riesgo de exclusión. Alrededor de otras 200 personas más están inscritas en el padrón de la capital vizcaína de este modo.

“Tenemos un sistema de derechos muy avanzado pero luego eso se demuestra a través del empadronamiento y esa puerta de entrada vinculada a la posesión de una vivienda está cerrada para muchas personas”, señalan desde una de las entidades sociales que colabora con el Ayuntamiento de Bilbao en esta materia. “Hay otras formas de verificar que vives en el municipio, como, por ejemplo, si acudes a los comedores o a los servicios sociales de base y, sin embargo, solo se utiliza el empadronamiento”, añaden. En este sentido, advierten de que la rigidez en los requisitos para inscribirse en el padrón provoca que “algo muy valioso, que es un derecho, se venda y se compre, se convierta en un negocio ilegal”. Cada vez es más habitual ver cómo al ya desorbitado precio de alquiler de una vivienda o habitación se le suman entre 50 y 200 euros mensuales más si incluye la posibilidad de empadronarse.

Se atienden las necesidades en función del dinero, no debería ser así

El grupo municipal UdalBerri, coalición integrada por Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo, presentó en octubre en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao una proposición en la que instaba “al área de Acción Social a flexibilizar los criterios de acceso al empadronamiento social mediante la reducción de tres meses a un mes del periodo de espera o vinculación al municipio”. Además, reclamaba también que se ajuste el plan de seguimiento y trabajo al que obliga ese empadronamiento social “a la realidad vital de cada persona, dejando de utilizar criterios estandarizados”. Finalmente, el Ayuntamiento acordó, a propuesta del gobierno municipal (PNV-PSE), “abrir un debate en los próximos tres meses” entre el área de Acción Social y los grupos políticos con el objetivo de “revisar los criterios que se siguen actualmente en el denominado empadronamiento social”.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Barcelona modificó en 2015 los trámites para inscribirse en el padrón con el fin de regularizar la situación de las personas sin papeles del municipio y de las que están realquiladas en viviendas sin contrato o directamente de ocupas. En dos años, las personas que han accedido al padrón a través de una inspección municipal a su domicilio han pasado de 34 a 898. Esta inspección permite comprobar el uso habitual de la vivienda sin necesidad de presentar el contrato de alquiler o la autorización del propietario del piso. Además, en 2017 se duplicaron, pasando de 2.566 a 4.743, las personas empadronadas sin domicilio fijo.

sin hogar

Según el último recuento nocturno del Gobierno Vasco, realizado en octubre de 2018 en 26 municipios que abarcan el 66% de la población vasca, en Euskadi pernoctan en la calle 435 personas, la cifra más alta registrada en este tipo de estudios bianuales que se elaboran desde 2010. Casi todos son hombres y ocho de cada diez duermen en los cajeros, coches, puentes o aceras de las capitales vascas. 221 en Bilbao, 106 en Donostia y 24 en Gasteiz. Por su parte, en Barakaldo, el cuarto municipio más poblado, se localizaron otros 30. En mayo, la lista de espera para dormir en el albergue de Elejabarri era de 80 personas.

El derecho a la vivienda se ha convertido en una quimera cada vez para más personas. A las que duermen en la calle se suman aquellas que pernoctan en diferentes instalaciones municipales. En 2017, según el informe Recursos para personas sin hogar, del Instituto Vasco de Estadística, alrededor de 2.400 personas se encontraban en Euskadi en situación de exclusión residencial grave, sin un hogar. Alrededor de la mitad viven en Bilbao. Al mismo tiempo, paradójicamente, en la capital vizcaína hay 8.722 viviendas vacías, sin ninguna persona empadronada y con mínimos consumos de agua. El 5,4% del parque inmobiliario total, según el Informe sobre vivienda vacía que el propio Ayuntamiento publicó en 2016.

“No somos un pueblo de acogida, aunque nos guste decirlo y oírlo. La gente acoge y es verdad que hay unos pocos recursos destinados a eso, pero no es suficiente”, señala Luisa Menéndez, de la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak. “Aquí se atienden las necesidades en función del dinero. Y ese no debería ser el mecanismo. Si esas necesidades aumentan, hay que destinar más recursos. ¿Cómo puede ser que la primera semana de abril, haciendo frío y lluvia, se cierren los albergues invernales de Bilbao? ¿Qué lógica tiene eso? Hay unas necesidades, pues utilicemos los medios que tenemos para cubrirlas y no al revés”, sentencia la activista.

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