Opinión
De padrón y lucha de clases

La a Coordinadora Estatal Padrón por Derecho presentó hace unos días atrás su nuevo informe “El derecho a tener derechos”, sobre las barreras en el acceso al empadronamiento en el estado español. Recogiendo investigación militante y experiencias de todo el Estado, el informe detalla una de las problemáticas más importantes para la población migrante en su día a día: la negación sistemática de su derecho a empadronarse.

La ley no solo permite, sino que obliga a toda persona a empadronarse, independiente de su situación administrativa (tener o no papeles) o habitacional (tener o no vivienda estable). Nos encontramos aquí con un primer problema: el marco normativo es inclusivo en teoría, pero en la práctica se da todo lo contrario.

Desvelar este mecanismo ha sido precisamente uno de los principales hitos del informe, que constata el carácter sistémico y estatal de la traba al padrón. No se trata de un fenómeno aislado, de unos pocos ayuntamientos o funcionarios racistas, o de una anomalía institucional. La falta de acceso al padrón es, de Galicia a Almería y de Girona a Huelva, una realidad estructural.

El padrón es, además, una precondición para acceder a muchos otros derechos: un “derecho a tener derechos”. Sin padrón, se ve gravemente limitado el acceso a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales, la vivienda, el trabajo formal, la tutela judicial efectiva, o la misma regularidad documental. Poder o no empadronarse, pues, tiene un efecto importante en las condiciones materiales de la población migrante.

Por ejemplo, la obtención de la tarjeta sanitaria muy a menudo exige padrón, y no son pocos los centros de salud donde se niega la atención en base a tener o no papeles. La falta de padrón también es un obstáculo para escolarizar a niños, lo cual resulta en pérdida de tiempo lectivo, marginación y segregación. En la vivienda y el mercado laboral, la falta de padrón a menudo aboca a soluciones informales y/o abusivas que desprotegen al proletariado racializado. Y el padrón es crucial para acreditar arraigo, figura central para conseguir papeles.

Así, la falta de acceso al padrón es un engranaje más en la máquina de irregularización de un amplio sector de la clase trabajadora, desactivando sus derechos más básicos para someterlo a regímenes de control y explotación mayores. Es una pieza clave para estratificar esta misma clase. No se trata solo, por tanto, de una vulneración de derechos, sino de un puntal de la ofensiva generalizada contra nuestra clase.

La ofensiva sigue dos tácticas. Primero, se concentra la violencia sobre el sector más vulnerable de la clase, cuya racialización sirve para generar hostilidad y apatía en la población autóctona. Esto permite al capital delimitar la punta de lanza de su agresión, evitando que afecte a sectores mayoritarios y se generalice la indignación. Tal diferenciación interna, pues, sirve para gestionar de manera más eficiente la ofensiva general.

Segundo, se arremete de manera no explícita. La normativa tiene apariencia de inclusión universal —permitiendo cierto relato progresista sobre la “bondad” del régimen migratorio español, cuyo enfoque sería “extraordinariamente integrador” gracias al padrón—, pero impera lo contrario. El despojo queda así encubierto por la apariencia benévola y “no discriminatoria” del derecho liberal.

Esta segunda táctica es, de hecho, el principal modus operandi del racismo estructural. Se disimula así su existencia, a pesar de que la realidad es tajante, desde el constante acoso policial, las redadas y agresiones (tanto policiales como civiles), el racismo en el acceso a la vivienda, el encierro en los CIE y el ser deportable, o el llano y simple asesinato racial, directo o indirecto.

La amplia gama de violencias racistas —entre ellas, la traba al padrón— enclasa a la población racializada y migrante, imponiéndole condiciones materiales inferiores

Todo ello lo resume la brecha salarial entre migrantes y autóctonos, que en el estado español es de un 29,3% de media, llegando a casi un 60% en el decil inferior de la distribución salarial. La amplia gama de violencias racistas —entre ellas, la traba al padrón— enclasa a la población racializada y migrante, imponiéndole condiciones materiales inferiores a aquellas de la población autóctona y debilitando la posición de toda la clase.

La segunda táctica también da una solución provisional a un problema importante. Tras la descolonización y la deslegitimación del racismo a escala mundial, Occidente se ve forzado a renegar del racismo explícito. A pesar de este viraje táctico, sin embargo, el capital no deja atrás su necesidad congénita de mano de obra barata racializada. Surgen así métodos “no convencionales”, como el padrón, para satisfacer esta necesidad.

La traba al padrón no es un “déficit democrático”, como apunta a menudo el informe. La democracia liberal en Occidente siempre ha dependido de la estratificación racial —más o menos explícita— de la mano de obra

Esto implica que la traba al padrón no es un “déficit democrático”, como apunta a menudo el informe. La democracia liberal en Occidente siempre ha dependido de la estratificación racial —más o menos explícita— de la mano de obra, tanto a nivel doméstico como internacional. La traba racializada al padrón, pues, no es más que el funcionamiento normal de la democracia burguesa. Esta siempre ha dependido de esa jerarquía; no debería extrañarnos, pues, que hoy se reproduzca por otros medios. En todo caso, el enemigo es el orden económico que necesita tal estratificación a nivel mundial.

Aún hoy, la base internacional del fenómeno está clara. ¿Por qué migra la gente del Sur global? Y, aún antes de ser sometidos al racismo institucional en Europa, ¿qué determina su posición material, inferior de partida? La respuesta a ambas es una: las profundas desigualdades globales creadas por el imperialismo, desde el intercambio desigual y las abismales diferencias salariales entre Norte y Sur hasta las sanciones, que matan a medio millón de personas al año. El racismo estructural es la expresión doméstica del arreglo imperial a escala mundial. La lucha contra uno, por tanto, no puede deslindarse de la otra.

Pero volvamos al padrón, pieza clave de este puzle. ¿Cómo situarse en tal contexto político? Tras mucho esfuerzo, tanto en Catalunya como en Euskal Herria se han arrancado compromisos parlamentarios para garantizar el acceso al padrón. Pero seis meses después, poco ha cambiado. Las trabas al empadronamiento no solo siguen ahí, sino que no se han tomado medidas efectivas para cristalizar los compromisos.

De poco ha servido el apoyo de las fuerzas “progresistas”, que como bien dijo Houda Akrikez en la presentación, “están solo para la foto”. El apoyo es simbólico y se evapora después del flash. Mientras, el acceso al padrón sigue imposible, se venden citas a gente migrante por cientos de euros, los rentistas piden extras de alquiler por empadronar, y se perpetúa la irregularidad administrativa de un amplio sector de la clase. Entre un flash y el siguiente, proliferan las formas de saqueo al ya ínfimo salario del proletariado migrante.

La Coordinadora también ha hecho llegar el informe a varios órganos oficiales, con el objetivo de reunirse y tratar la problemática (problemática que, por otra parte, el gobierno reconoció tácitamente al no requerir padrón para la regularización extraordinaria. Otra cosa es que tras regularizarse, como advierte Patuca Fernández, la policía no pida el padrón para emitir la tarjeta de residencia. Veremos. La regularización, como bien ha analizado Fátima Aatar, tiene sus luces y sombras). La mayoría de instancias ni se han dignado a responder, mientras que otras han escurrido el bulto, con mayor o menor cordialidad.

El capital siempre ha necesitado la estratificación racial de la mano de obra. La socialdemocracia, que abdica de la necesidad de enfrentar al capital y se limita a aspirar a gestionarlo, no puede hacer frente a esta realidad.

Los partidos y órganos del aparato socialdemócrata, pues, no ofrecen más que compromisos vacíos. Pero no se puede reducir la causa a una falta de voluntad política o un electoralismo hipócrita. Existe una razón estructural. Como decíamos, el capital siempre ha necesitado la estratificación racial de la mano de obra. La socialdemocracia, que abdica de la necesidad de enfrentar al capital y se limita a aspirar a gestionarlo, no puede hacer frente a esta realidad. Al no atacar la raíz estructural del racismo, no puede sino parchearlo. Solo una política con voluntad de enfrentar el orden hasta sus últimas consecuencias puede producir justicia real.

Esto implica recalibrar nuestras expectativas. Debemos dejar atrás cualquier esperanza de “bondad” del estado burgués o de la socialdemocracia—más aún en cuestión migratoria—. Aunque reclamar a órganos oficiales tenga su valor organizativo, de agitación, e incluso a veces material, su campo de acción está circunscrito por su lealtad al estado y a Europa, cuyos intereses son demasiado rígidos como para permitir cualquier tipo de vía verdaderamente democrática.

Y no se trata solo de que apenas puedan producir migajas, sino que su ventana de acción se está cerrando. Mientras que los logros de la socialdemocracia se auparon sobre la larga bonanza económica de posguerra, hoy nos enfrentamos a un ciclo de acumulación renqueante, que mina desde hace décadas la capacidad de volver a producir regímenes expansivos de derechos. El espejismo socialdemócrata tiene cada vez menos visos de prosperar.

Esto lo demuestra, en general, su actitud frente a Europa. En las altas sedes en Bruselas, la UE avanza a pasos agigantados hacia el programa ultraderechista en inmigración. La socialdemocracia responde con poco más que complacencia. El crecimiento exponencial de Frontex no se cuestiona, el muy criticado Pacto Europeo de Migración y Asilo —defendido “a capa y espada” por el PSOE y no más que una “mala noticia” para Sumar— se acepta, y los presupuestos policiales tocan máximos históricos. Estos días se negocia en la UE un reglamento que permitiría redadas sin orden judicial en casas sospechosas de alojar a gente sin papeles, algo que no solo intensifica el asalto contra la población migrante, sino que pone en peligro toda solidaridad. La lógica es clara: la socialdemocracia allana el camino para la ofensiva contra la población migrante y, así, contra toda la clase.

Estos días se está negociando un reglamento que permitiría redadas sin orden judicial en casas sospechosas de alojar a gente sin papeles, algo que no solo intensifica el asalto contra la población migrante, sino que pone en peligro toda solidaridad. La lógica es clara: la socialdemocracia allana el camino para la ofensiva contra la población migrante y, así, contra toda la clase.

Es cada vez más necesario construir una fuerza organizativa alternativa que pueda integrar la labor de defensa de derechos como el padrón dentro de un proyecto más amplio de deslegitimación del orden burgués

En tal panorama, cambia la ecuación política. Seguir confiando en estos actores no es solo cada vez menos realista, sino que nos pone en peligro a todas. . Esta fuerza debe además ser capaz de avanzar una reflexión estratégica seria que se plantee superar el capital —único vehículo para obtener justicia real— y cristalizar esto en un proceso sistemático y sostenible de organización, que se vaya capacitando para poder hacer frente al auge reaccionario.

El padrón es una pieza clave de la ofensiva generalizada contra nuestra clase. Esta agresión, que opera mediante la concentración de la violencia en su sector más vulnerable y denostado, es una que la socialdemocracia no aspira más que a gestionar. En tal contexto, es imperativo construir capacidad organizativa ya no solo para defenderse, sino para proponer opciones que se nieguen a conformarse con las migajas y exijan el único horizonte realmente sensato: la emancipación.