Migración
Alertan de que la vulneración del derecho al empadronamiento se da en todo el Estado

Son muros que no se ven, pero que pueden detener una vida entera. Mientras gran parte de la población apenas es consciente de su existencia, para miles de personas migrantes el padrón es la puerta de entrada (o de exclusión) a derechos fundamentales como la sanidad, la educación, la vivienda o la regularización administrativa. En 2024, la dana volvió a mostrarlo: “El empadronamiento fue excluyente para miles de personas”, recuerda Jhonny Vallés, coordinador de la unidad móvil de atención a personas migrantes en Valencia, donde a la emergencia que afectó a toda la población se sumaron nuevas vulneraciones: miles de vecinos encontraron impedimento para regularizar su situación. A la regularización extraordinaria que se aprobó por la emergencia “se acogieron cerca de 35.000 personas, pero quedaron muchas fuera por no estar empadronadas o por estar fuera de las zonas afectadas”.

Él ya había visto algo similar durante la pandemia: “Ya sabíamos lo que significaba para la población migrante no poder ir a comprar por miedo a que te parara la policía”, dice. Por eso, durante la emergencia, las organizaciones de base pudieron actuar con rapidez: unidades móviles recorrieron las zonas afectadas ofreciendo información sobre recursos disponibles y acompañando procesos de empadronamiento. “Algunos municipios mostraron buena voluntad y emitieron informes de residencia efectiva”, dice, aunque dicho documento requería pasar por servicios sociales, recursos por los que “la mayoría de las personas migrantes evitamos pasar”. A fuerza de insistencia, lograron que ayuntamientos pequeños aceptaran documentos alternativos (envíos de dinero, compras online o suscripciones) como prueba de residencia.

Es un ejemplo de acción ciudadana y uno de los testimonios que ha acompañado la presentación, el pasado 20 de febrero en Madrid, del informe El derecho a tener derechos, publicado porla Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que denuncia que la falta de empadronamiento y su mercantilización son fenómenos interconectados que afectan múltiples dimensiones de la vida de las personas migrantes (salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad jurídica, etc.) y que crean círculos de exclusión. Según recoge el informe, en los últimos tres años más de 28.700 personas fueron atendidas por Médicos del Mundo tras encontrar obstáculos para recibir atención sanitaria o acceder a tratamientos esenciales.

“Va a ser más fácil mencionar a los ayuntamientos que cumplen la ley y empadronan que a los que no, porque son casi todos. Ahora mismo, la línea política es no empadronar”, Red Solidaria de Acogida

“El padrón no solo es un derecho, es una obligación de las administraciones”, dice Nines Cejudo, de la Red Solidaria de Acogida. Sin embargo, muchos ayuntamientos ponen trabas para no cumplir esa obligación. “Va a ser más fácil mencionar a los ayuntamientos que cumplen la ley y empadronan que a los que no, porque son casi todos. Ahora mismo, la línea política es no empadronar”.

Temporeros e internas: los trabajadores inexistentes

Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, comparte la situación de los temporeros en Huelva, epicentro de la recogida de fruto rojo. “La gente migrante que viene a España va allí a buscar trabajo, llega sin papeles ni empadronamiento, sin nada”, cuenta. Ante la falta de alternativas, acuden a la zona de chabolas cercanas a los campos donde hay empleo, un techo en el que no pueden empadronarse. “Los empresarios buscan a la gente recién llegada para ponerlos a trabajar, pero sin papeles”. Sanogo describe la cadena de problemas que supone la falta de padrón: barreras para ir al médico, renovar o gestionar papeles, o adquirir una cuenta bancaria. “El banco te abre la cuenta y en dos o tres meses te pide el empadronamiento. El dinero de los chicos se queda bloqueado y no pueden sacarlo”, dice. “La gente está sufriendo mucho”.  

Otro de los sectores más afectados son las mujeres migrantes que trabajan en el ámbito doméstico, especialmente las trabajadoras internas. Soledad Lucero, de la Red de mujeres de América Latina y el Caribe, relata la realidad que ella testimonia en Ferrol, Galicia: a una mujer que busca empleo en los cuidados, para poder tener un padrón se le exige un contrato de alquiler, y “mientras que llegamos no lo encontramos, nos ponemos a trabajar de interna porque es de lo que nos dejan trabajar. Les pedimos a los empleadores que nos dejaran empadronar en sus puestos de trabajo. Nos dicen que nos hacen el favor de empadronarnos si por ese padrón le vamos pagando mensualmente 50 euros. Es eso o no tener nada, si quiero papeles necesito padrón”.

En los casos de violencia de género, la situación se agrava. “Es inexistente, no se atreve a poner denuncias. Al empleador tampoco le podemos denunciar, ¿cómo, si nos está haciendo el favor de empadronarnos? ¿Cómo me voy de la casa, dónde me voy a empadronar?”. Lamenta que desde las casas de acogida también ponen trabas para el padrón: “Desde la experiencia, hay muchas casas de acogida que no hacen su trabajo”.

“Cuando estamos internas, no nos empadronan porque no quieren. Si compartimos habitación tampoco nos empadronan porque hay mucha gente en ese piso”, Territorio Doméstico

Lucrecia Sanz, de Territorio Doméstico, incide también en lo difícil que es acceder a una vivienda de alquiler para las mujeres empleadas del hogar, con un salario a menudo inferior al salario mínimo. “Cuando estamos internas, no nos empadronan porque no quieren. Si compartimos habitación tampoco nos empadronan porque hay mucha gente en ese piso”. Para ambas, la creación de red ha sido la estrategia más eficaz para reivindicar sus derechos. “Nos empujan a soluciones individuales, cuando trabajas de interna no tienes red. La articulación comunitaria es la única estrategia que funciona”, afirma Lucero.

Borrados del mapa

La falta de padrón también afecta a otro colectivo invisibilizado, la infancia, como quedó patente durante la dana. “Vemos que, cuando llegan menores a Valencia, no tener padrón les deja fuera del sistema educativo español, recogido en la constitución como un derecho”, dice Vallés. “Cuando empiezan un trámite preguntan si tienes empadronamiento, y puedes quedar fuera del sistema tres o cuatro meses. Es desesperante, sobre todo para menores que encuentran que el país de acogida les dice no podéis estudiar porque no sois iguales al resto de las infancias”.

“Cuando en una familia hay una mujer embarazada necesitas padrón para sanidad, una familia de niños lo necesita para entrar al colegio, si vamos al hospital, si no tienes padrón, se ponen facturaciones”, dice Mohamed Elaji, de la fundación Valiente Bangla en el madrileño barrio de Lavapiés. Y advierte del surgimiento de mafias: “Un padrón de tres meses lo venden por 1.500 o hasta 2.000 euros. Una familia ha comprado un padrón por 3.000 euros, es imposible, ha tenido que vender alguna propiedad de su país”. Su organización, que están pidiendo en el Congreso que se regularice sin necesidad de padrón, contaba con un aval para empadronar que fue retirado en 2024.

Sin embargo, en ocasiones ni el padrón garantiza el ejercicio de derechos, como en el caso de Cañada Real en Madrid, “la ciudad sin derechos”, como la define Houda Akrikez, de la asociación Tabadol en el sector 6. En su barrio, la gente lleva empadronada desde hace hasta siete décadas, e incluso ha construido sus propias casas, pero tienen fecha de demolición y realojo. En 2024, denuncia, el Ayuntamiento comenzó a eliminar a vecinos del padrón con excusas administrativas. “Es una estrategia más de desalojo forzoso. Para optar a los realojos prometidos, uno de los requisitos es estar empadronado. Imaginen lo que significa para estas familias desaparecer del padrón”.

Una red de solidaridad y acción

El informe pide medidas para corregir estas prácticas, como un observatorio del empadronamiento, publicitar las alternativas sin domicilio fijo, campañas de acompañamiento o sanciones para los ayuntamientos que incumplan la normativa. También recoge buenas prácticas de ayuntamientos que demuestran que no existe un impedimento real para empadronar a personas sin contrato de alquiler o en situación habitacional irregular.

La movilización social es otra pieza clave, como demuestran los colectivos presentes, incluyendo la Red Interlavapiés y la campaña Padrón por Derecho, o los grupos de voluntarios organizados que empadronan a otras personas en sus domicilios. Sin embargo, desde Cataluña, María Creixell, de la coordinadora Obrim Fronteres, advierte de que está creciendo el discurso del odio y centrándose en el supuesto “fraude del padrón”. “Se persigue cuando quien se empadrona es migrante o precarizada, pero no en otros casos”, denuncia, y sostiene la importancia de acompañar “desde los barrios”.

Por último, la información y formación es también una herramienta poderosa de estas entidades. “Nos dimos cuenta de que las personas nacionales que asisten a las personas a pie de puerta no saben lo importante que es un empadronamiento. No saben que da el acceso a un NIE y el NIE el acceso a un empleo y acceso a una vivienda, a un trabajo digno”, dice Vallés. Por eso, desde su colectivo, y de forma voluntaria, informan a quienes no los ven de la existencia de esos muros invisibles en nuestra sociedad.