Unión Europea
Más de 70 organizaciones piden a la UE que rechace el Reglamento de Retorno que favorece las deportaciones

En los últimos años, si algo ha definido a la Unión Europea es el endurecimiento, año a año, de las políticas migratorias. Así lo demostró la aprobación en 2024 del Pacto sobre Migración y Asilo, que obliga a los países miembros a endurecer el control y la externalización en las fronteras, así como la persecución y detención de personas migrantes. Una norma que entrará en vigor de forma completa el próximo junio.

De forma paralela a este Pacto, el pasado 2025 la UE llegaba a un acuerdo sobre el Reglamento de Retorno. El próximo marzo la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo votará sobre este Reglamento que, si nada lo impide, se hará realidad.

“El reglamento normalizará redadas similares a las del ICE, en espacios públicos, lugares de trabajo e incluso en domicilios particulares", explica Michele LeVoy directora de Picum

Esta regulación tiene como objetivo “el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular” como expone el propio Consejo de la Unión Europea. El Reglamento recoge en su artículo 21 que las personas de “terceros países” que no colaboren en su proceso de expulsión del país “podrán ser expulsadas recurriendo a medidas coercitivas”. Por otro lado, las personas migrantes que incumplan las obligación de salir del territorio se ven expuestas a distintas sanciones y penalizaciones, como recoge el artículo 23 donde, además, se indica que se podrá “ejercer coerción cuando un nacional de un tercer país se niegue a facilitar datos biométricos”.

El pasado diciembre, Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo exponía sobre la normativa que estas  “medidas punitivas” desmantelan “aún más los derechos, en lugar de promover políticas que favorezcan la dignidad, la seguridad y la salud para todas las personas. Estas medidas infligirán un profundo daño a las personas migrantes y a las comunidades que las acogen”.

Un reglamento que profundizará en la discriminación racial

Más de 70 organizaciones han denunciado este reglamento que, según critican, expande y normaliza “las redadas de inmigración tanto en espacios públicos como privados”, impone la obligación de que los servicios públicos de los países miembros “denuncien a las personas indocumentadas a la policía” además de “aumentar la elaboración de perfiles raciales” y “reforzar la tecnología de vigilancia”.

La propuesta impulsada por la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (Picum, por sus siglas en inglés) y Médicos del Mundo busca que la UE rechace este Reglamento antes de que sea irreversible. 

Desde la Red Europea contra el Racismo insisten en que “la ley propuesta marca una peligrosa escalada” que profundizará en “la discriminación racial”

“Las redadas de inmigración no son nuevas en Europa”, explica Michele LeVoy, directora de Picum. “El reglamento normalizará redadas similares a las del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, en espacios públicos, lugares de trabajo e incluso en domicilios particulares. No podemos indignarnos por el ICE en Estados Unidos y, al mismo tiempo, apoyar estas prácticas en Europa”, continúa.

Desde la Red Europea contra el Racismo insisten en que “la ley propuesta marca una peligrosa escalada” que profundizará en “la discriminación racial y en consolidar la impunidad”, según las palabras de Emmanuel Achiri, responsable de Políticas sobre Migración y Violencia Policial de la organización. Achiri insiste que la medida es “un ataque directo y desproporcionado contra comunidades marginalizadas” y que además la regulación entra en contradicción con lo establecido en el Plan de Acción de la UE contra el Racismo.

Alamara Khwaja Bettum, directora ejecutiva de la organización Statewatch, insiste en el peligro que conlleva el aumento de la persecución policial y la vigilancia que “solo alimentará el racismo y a la agenda de extrema derecha, no reducirá la migración”. Si finalmente se hace realidad la regulación Khwaja insiste tendrá “consecuencias catastróficas”.

La organización Acces Now, enfocada en los derechos humanos en el entorno digital, hace hincapié en el papel clave de la tecnología en este plan “creará un panóptico de vigilancia y fomentará el uso de la vigilancia biométrica como parte del plan para aplicar perfiles raciales”, sostiene la Analista de Políticas de la UE del organismo Caterina Rodelli. Rodelli insiste que estos perfiles raciales se podrá aplicar “a cualquier persona que se perciba como una persona en situación irregular, lo que aumentará el estado de miedo en las personas migrantes”.

Impacto en la salud

Las organizaciones exponen que la puesta en marcha de este Reglamento también puede impactar de forma negativa en la salud de las personas migrantes, por un lado por la situación de incertidumbre y ansiedad que esta medida puede provocar y por otro por la exposición que pueden tener al acceder a un servicio sanitario. “Obligar a los profesionales sanitarios a denunciar a los migrantes indocumentados privaría a las personas de atención esencial, como la salud sexual y reproductiva, la atención durante el embarazo y el aborto, y otros tratamientos vitales y urgentes, en clara violación del derecho a la salud y la dignidad humana”, explica Eef Wuyts, directora de Relaciones Externas de la Federación Internacional de Planificación Familiar. 

Desde Médicos del Mundo insisten en la peligrosa consecuencia sanitaria de esta normativa y hacen hincapié en que “Las personas deben poder acceder a los servicios y derechos fundamentales, y los médicos deben poder cumplir con su mandato de brindar atención”, según las palabras de la referente de Incidencia Política de la UE de la organización Andrea Soler Eslava.