Migración
La odisea de las mujeres migradas por violencia de género hasta conseguir residencia legal en España

Si la violencia es para muchas personas el motor que lleva a decenas de miles de personas en todo el mundo a emprender el éxodo migratorio hacia Europa, la de género mueve muy particularmente a las mujeres año tras año. Mujeres y niñas que recorren miles de kilómetros hacia lo desconocido para huir de sus agresores y empezar de cero sin recursos ni redes comunitarias a su alcance. El portal estadístico del Gobierno contra la violencia de género no ofrece datos sobre el número de solicitudes de residencia por parte de mujeres que han tenido que abandonar los países por esta casuística, ni existen estadísticas oficiales sobre cuántas pidieron protección internacional por motivos de género.

Quienes sí llevan un recuento y han hecho un análisis exhaustivo sobre esta cuestión son las integrantes de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas), a través de su informe Sobrerepresentadas, desprotegidas y en resistencia. En él exponen que, pese a que las mujeres migradas por violencia machista deberían gozar de protección por parte de los países de acogida debido a su extrema vulnerabilidad, el número de autorizaciones de residencia que se han otorgado es mínimo.

En 20 años se han concedido 43.327 autorizaciones (el 2024, por ejemplo, se concedieron tan solo 8.129). Esta cantidad, explica Red Latinas, es ínfima considerando que las mujeres migrantes son uno de los grupos que más se ve atravesado por dinámicas de violencia machista antes, durante y después del tránsito migratorio. De hecho, una reciente investigación del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) revela precisamente que el 63% de las mujeres migradas ha sufrido algún tipo de violencia, siendo el país de origen el lugar más frecuente, una situación que suele perpetuarse una vez asentadas en España. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima además que el 48% de las personas migrantes en el mundo son mujeres, gran parte de las cuales huyen de contextos de violencia, pobreza o persecución.

Cuando el sistema desprotege a mujeres que ya llevan una pesada mochila de violencias a sus espaldas negándolas el acceso a derechos y recursos esenciales, su vulnerabilidad aumenta con creces. Y, con ello, la capacidad de resiliencia y reparación se ven consecuentemente mermadas. Parte de este marco de abandono institucional nace, indican las expertas consultadas para este reportaje, de la falta de voluntad política y de muchas décadas de políticas migratorias racistas. Las que consiguen dejar atrás su lugar natal para lo hacen desprendiéndose de toda su red de apoyo, dejando a sus hijos a cargo de otras mujeres de su familia como madres o tías y en muchos casos, atravesando inmensas barreras idiomáticas en el país de destino.

“Muchas veces han denunciado, han pedido ayuda, se han movilizado dentro de su propio país, pero no se han sentido protegidas o esa seguridad no ha sido efectiva, de manera que su última vía para salir de la violencia es migrar”

La gran mayoría lo hace tras haber agotado todas las vías de ayuda a víctimas de violencia machista en sus países. Algunas tienen historiales previos de movilización dentro del propio territorio, como sucede en el caso de las que han sufrido violencia sexual continuada en las guerrillas latinoamericanas: “Muchas veces han denunciado, han pedido ayuda, se han movilizado dentro de su propio país, pero no se han sentido protegidas o esa seguridad no ha sido efectiva, de manera que su última vía para salir de la violencia es migrar. No es lo habitual que salgan un día de casa y de repente decidan huir”, explican desde la Asociación Por ti Mujer. Este espacio lucha desde 2009 por los derechos de las mujeres migrantes que además se han visto inmersas en contextos de violencia de género con un enfoque interseccional.

En el momento del tránsito contraen deudas, en algunos casos muy elevadas, lo que una vez más subraya la urgencia de ofrecer vías seguras y legales para el desplazamiento transfronterizo. “Suelen vender todas las propiedades que tienen y comentan que han vendido o su casa o su coche, incluso sus negocios para poder venir aquí y empezar de cero”, inciden. Aunque muchas mujeres dejan atrás violencias físicas dentro del matrimonio, el espectro es más amplio: cuando hablamos de migraciones por este motivo tenemos que englobar también a las que sufrieron mutilación genital femenina (que, atendiendo a datos de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), afecta actualmente a más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo), violencia psicológica sostenida durante largo tiempo, violencia económica y control de ingresos, esterilización forzada, aborto selectivo, matrimonios forzados y agresiones sexuales dentro de la pareja, entre otras formas de violencia ligada al género.

Entre enero y octubre de 2025, España reconoció el estatuto de refugiado por motivos de género a 1.588 mujeres y niñas

La  ACNUR resalta en un comunicado que en los últimos años el número de mujeres solicitantes de asilo se ha incrementado notablemente. Entre enero y octubre del año pasado, 50,334 mujeres y niñas solicitaron asilo en España, el 41% del total de solicitantes registrados en el país durante ese periodo, mientras que el 65% de las mujeres y niñas reconocidas como refugiadas en España, en ese mismo año, huían de la violencia de género. Entre enero y octubre, España reconoció el estatuto de refugiado por motivos de género a 1.588 mujeres y niñas.

La ley de extranjería: un escollo para la protección de las víctimas

Las estadísticas de las entidades humanitarias son claras respecto al marcado sesgo de género que presentan las migraciones anuales. Sin embargo, ¿por qué las administraciones españolas acaban entorpeciendo la residencia legal de las mujeres supervivientes cuando llegan a España? Las expertas subrayan que en muchos casos, aunque existen leyes garantistas, el sistema cuenta con demasiadas grietas que impiden el ejercicio real de derechos. Esto resulta preocupante puesto que las necesidades que presentan a su llegada son acuciantes: desde solución habitacional, asistencia sanitaria, recursos económicos y legales, acompañamiento, reconocimiento de títulos académicos pero también atención psicológica y formación tanto sobre cuestiones administrativas como lingüísticas.

En España, las mujeres en esta circunstancia solo pueden acceder a la residencia legal siempre y cuando cuenten con una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia o una sentencia condenatoria

La Ley Orgánica 2/2004 sobre derechos y libertades de personas extranjeras en España —conocida habitualmente como Ley de Extranjería— establece una disposición que permite a las víctimas de violencia de género o sexual solicitar una autorización de residencia y trabajo en España. No obstante, Diana Ximena Tutistar-Rosero, miembro de la Red Aminvi y de la Red Latinas, recalca a El Salto que, hoy en día, en España las mujeres en esta circunstancia solo pueden acceder a la residencia legal siempre y cuando cuenten con una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia o una sentencia condenatoria que pruebe los hechos, algo que en la práctica resulta verdaderamente complejo de conseguir. Los requisitos resultan sumamente difíciles de cumplir y eso deja fuera de los sistemas de protección a miles de mujeres.

Si se celebrara el juicio pero éste no concluyera en una condena en firme no tendría derecho a acceder a recursos de protección ni a la residencia legal. De hecho, muchos de esos casos terminan siendo archivados por falta de pruebas concluyentes. Quienes han sufrido violencia en sus países de origen no pueden acogerse tampoco a la protección derivada de la ley de violencia de género española -La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre-, que solo contempla los casos acaecidos dentro del territorio español. “Esto implica que una mujer que ha venido huyendo de esa violencia, una vez en España, no puede acceder a un centro de acogida ni a un recurso 24 horas, tan solo podrían si se hubiera cometido esa violencia en España”, destaca Turistar-Rosero. Por ejemplo, tendría opción a denuncia si esa violencia continuase mediante amenazas a través de mensajes telefónicos, incluso estando en situación administrativa irregular en España.

La situación te va consumiendo y esa angustia de estar en situación administrativa irregular afecta directamente a tu autoestima, a tu forma de afrontar la vida”, describe Edith Espíndola de Sedoac

El resultado de esta desprotección reiterada es la revictimización de las supervivientes y la reactivación del trauma sufrido. “Significa no tener acceso a un domicilio, no tener salud ni trabajo, no poder crearte una cuenta bancaria, verte obligada a coger los trabajos más precarios porque no puedes vivir en la calle etc. Es como una bicicleta estática en la cual tú vas pedaleando, pero nunca avanzas, siempre estás en el mismo lugar. La situación te va consumiendo y esa angustia de estar en situación administrativa irregular afecta directamente a tu autoestima, a tu forma de afrontar la vida”, describe en conversación con El Salto Edith Espínola, activista antirracista y miembro de Servicio Doméstico Activo (Sedoac), así como del movimiento Regularizacion Ya y otras organizaciones.

A su juicio, la actual Ley de Extranjería amplía y cronifica la inseguridad de las mujeres ya que tras su llegada a España se les suma una violencia añadida: la institucional, fruto de un sistema estructuralmente racista. El nuevo Real Decreto, que prevé salir a la luz en abril de este año para la regularización extraordinaria de personas migrantes, ofrece esperanzas para las organizaciones que trabajan con estas personas pero algunas activistas lo califican de “parche” beneficioso que no termina de eliminar las raíces estructurales del problema.

Los testimonios de las víctimas son proporcionalmente más cuestionados en instancias como comisarías, servicios sociales y juzgados cuando provienen de voces migrantes. “A pesar de que las estadísticas detallan que las mujeres migrantes son las que más denuncian, a menudo no se les da credibilidad atendiendo a estereotipos racistas, como pensar que denuncian para obtener los papeles”, desliza Espínola. Debido a estos estigmas en muchas ocasiones las denuncias ni se recogen. La barrera del idioma es a menudo subestimada, pese a que supone un obstáculo recurrente dado que muchas mujeres recién migradas no se acercan a espacios de denuncia porque no hay intérpretes ni tampoco cierta sensibilidad a la hora de atender a personas con contextos de extrema violencia, cuentan desde Sedoac.

No denunciar violencias machistas por miedo a la deportación

Precisamente por haber atravesado formas de violencia que reproducen dependencia hacia sus agresores -económica, pero también emocional- muchas sienten miedo a la deportación y culpabilidad cuando van a interponer una denuncia. Ocurre porque se sienten responsables de la pena que pueda pesar sobre sus maltratadores, en especial si se trata del padre de sus criaturas. Una culpa que proviene también de no haber podido marchar con sus pequeños, hasta tal punto que algunas tardan años en poder reagruparse con ellos, una capa del duelo migratorio por violencia machista profundamente invisibilizada.

“El sentir que la única relación que tengo con mis hijos es a través de una pantalla por videollamadas, saber que todo lo que consigo a nivel económico lo envío para que puedan estudia y tener allí una estabilidad económica, pero que no estoy allí físicamente, es algo que socava su salud mental y su autoestima”, afirman en Por ti Mujer en relación a la maternidad en estos contextos donde convergen migración y violencias.

Las que logran escapar con sus niños casi siempre sufren temor a perder la custodia al encontrarse en situación de irregularidad

En Sedoac relatan el caso de una mujer “que tuvo que huir por violencia machista, sus hijos fueron secuestrados por la familia paterna y no los ha podido ver desde hace bastante años, y eso es un peso muy grande para una mujer que ya viene con un proceso de violencia brutal”. Las que logran escapar con sus niños casi siempre sufren temor a perder la custodia al encontrarse en situación de irregularidad y carecer de medios para sostenerse económicamente precisamente por las innumerables trabas del propio sistema.

Ante todo este laberinto burocrático y jurídico, “cuando te enfrentas a ese proceso y resulta que después, al cabo de un año, no ha habido juicio ni tienes por tanto una condena y te ves desamparada en la calle y tu hijo en un centro de menores, evidentemente la desconfianza institucional aumenta”, resalta Tutistar-Rosero con preocupación. Para la Red de Mujeres Latinoamericanas, este marco de inseguridad reporta consecuencias tanto a nivel individual como colectivo y simbólico. Sin vías legales para acceder a la residencia, el riesgo de volver a sufrir violencia machista se dispara.

“Las mujeres no solo deben enfrentarse a la discriminación por su género, sino también a la xenofobia y a la falta de acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la justicia”, señala el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF). Así lo determina también el informe Migradas. Mujeres migrantes ante la violencia de género, elaborado por el Movimiento por la Paz: “La violencia de género puede agudizarse en contextos de desprotección, falta de redes de apoyo y discriminación por estereotipos de género. Estos factores no sólo exacerban la violencia, sino que reflejan la necesidad de una intervención integral que reconozca las diversas dimensiones y contextos en los que ocurren”, recalcan.

Un retroceso en derechos de las mujeres solicitantes de asilo

Sobre el papel, y según dicta el derecho internacional, quienes huyen de un conflicto o una situación de violencia en su país de origen de tal forma que su vida corre peligro son sujeto de protección y asilo. Así lo establece, en virtud de lo estipulado en el Estatuto del Refugiado, el Gobierno de España: “La condición de refugiada se reconocerá a las mujeres víctimas de violencia de género que, debido a un fundado temor de ser perseguida por motivos de género, de pertenencia a un grupo social determinado u orientación sexual, se encuentran fuera de su país de origen y no pueden o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. Estos motivos pueden ser, entre otros: Violencia física o psicológica ejercida por la pareja o ex pareja”, establece la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Pero la falta de cooperación transfronteriza y el avance hacia políticas migratorias cada vez más securitistas acaban blindando las garantías para hacer efectivo el derecho al asilo. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia, conocido comúnmente como Convenio de Estambul, que reconoce que la violencia de género constituye una forma de violación a los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, fue ratificado por España y entró en vigor el 1 de mayo del 2014. Pese a este marco normativo, el número total de solicitudes de asilo (144.396) ha descendido un 14% en España “debido sobre todo a las políticas de externalización de fronteras y a la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, especialmente hacia personas de Colombia (-64 %), Perú (-66 %) o Senegal (-57 %)”, reza el último informe emitido por CEAR sobre datos de asilo del 2025.

“Muchas veces se rechaza las solicitudes de asilo por violencia de género aquí en España cuando el país de origen reconoce y persigue la violencia de género, aunque esa protección nunca les acabe llegando...”

“Muchas veces se rechaza las solicitudes de asilo por violencia de género aquí en España cuando el país de origen reconoce y persigue la violencia de género, aunque esa protección nunca les acabe llegando. Los casos que vemos de asilo por violencia machista son muy contados y se dan sobre todo cuando el agresor tiene mucho poder, cuando los agresores son funcionarios públicos o tienen algún cargo de poder dentro de los gobiernos, que ahí sí se entiende que hay un riesgo. En el resto de supuestos no vemos que funcionen de forma efectiva esos mecanismos”, subrayan en Por ti Mujer.

También entran en juego, asegura, numerosos intereses políticos a la hora de considerar seguros terceros países donde se han documentado violaciones flagrantes de derechos humanos: Amisnitía Internacional

En esta línea ahonda también Virginia Álvarez, responsable del Área de Investigación en Derechos Humanos, Justicia e Interior de Amnistía Internacional. “Si aquí en España encontramos muchos obstáculos hasta obtener justicia, esto se exacerba en otros contextos donde la protección está mucho menos desarrollada, donde hay muchísima más corrupción en la justicia, y donde hay una cultura patriarcal muchísimo más asentada”, refiere la experta. Pero también entran en juego, asegura, numerosos intereses políticos a la hora de considerar seguros terceros países donde se han documentado violaciones flagrantes de derechos humanos. “Europa lleva muchos años obsesionada con externalizar el control de sus fronteras y se ha considerado Marruecos, Argelia, Libia, entre otros, como países seguros, de manera que Europa sigue considerando zonas seguras a países en los que clarísimamente se están probando vulneraciones de derechos humanos”, destaca.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo profundiza en este retroceso en derechos para las víctimas en lugar de extender sus esquemas de protección tras cruzar la frontera. “Hay una persecución permanente contra la migración en general y contra las mujeres, el pacto europeo no viene a aportar un control de las fronteras de manera legítima, sino a limitar el ejercicio de una migración libre y realmente segura que garantice la protección de las personas que han huido de otros países”, concluye Tutistar-Rosero sobre la naturaleza securitista y deshumanizante del pacto migratorio.