Una asociación denuncia ante la Fiscalía las situaciones de desamparo que provoca el sistema de protección

Desde Aprodeme denuncian que, con la excusa de la protección al menor, la Administración quita custodias de manera injusta y son más de mil las familias afectadas.

Aprodeme
Jesús Salido Navarro y Francisco Cárdenas, secretario y presidente de Aprodeme. David Fernández

publicado
2018-05-10 18:26:00

“El actual sistema de protección del menor es un medio viciado y kafkiano”, afirman desde la Asociación para la Defensa del Menor APRODEME. Esta organización, junto a otras como la Fundación Raíces y Derechos o Adenicat, ha presentado hoy, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia colectiva en la que ponen sobre la mesa las situaciones de desamparo producidas por el sistema de protección de menores.

"Se cuestiona el sistema general, tanto de protección de menores, de servicios sociales como administrativo, basándonos en casos particulares", explica Jesús Salido, secretario de Aprodeme. Está basada en casos privados y particulares.

Salido señala que con su organización han contactado más de 850 personas afectadas por el sistema de protección del menor. "Es la punta del iceberg, en nuestra página hay gente que solo quiere desahogarse y otros que buscan asesoramiento, pero en España hay más de 40.000 menores tutelados. ¿De verdad hay 40.000 familias que no saben cuidar de los niños?", se pregunta tras destacar que ellos no están contra los técnicos, sino contra quien hace mal su trabajo, emitiendo resoluciones injustas.

La denuncia presentada cuestiona que, mediante una resolución administrativa, se están apartando menores de sus familias. "Sin intervención judicial, un técnico de menores decide enviar un informe en el que se propone la retirada de un menor por apreciaciones subjetivas", detalla. "En la mayoría de los casos, la familia no tiene en constancia de que ese proceso está en marcha y, de repente, se le convoca a una reunión con sus hijos en la que hay un 'cambio de cromos': los niños se quedan allí y ellos se quedan con el procedimiento".

"Ni siquiera les escuchan o les plantean que les están investigando o que hay un problema para que intenten arreglarlo o aleguen. Son los casos que nos llegan, y en ellos los argumentos que da la Administración son subjetivos y no contrastados, y las familias son la que tienen que demostrar que todo eso no es cierto. Y aunque lo demuestren en los dos meses que hay de plazo, se recurre ante el mismo ente, por lo que no suele servir para nada y se entrar en el ámbito judicial, que tarda años", continúa Salido.

"Estas familias entran en una vorágine en la que ven a su hijo una hora a la semana o al mes, ni siquiera se tienen en cuenta a otros parientes que se puedan hacer cargo del menor, van a los centros o familias de acogida", concluye Jesús Salido.

Desde Aprodeme  añaden que, “en muchos casos, aunque los tribunales dan la razón a los padres, no se puede recuperar al niño porque ya ha pasado mucho tiempo fuera del seno familiar original. Esto convierte al sistema en viciado y grave, ya que deja a la justicia inoperativa y sin efecto”.

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Desde esta asociación denuncian que el sistema de protección del menor incumple tanto la normativa nacional como internacional, al no dar prioridad a la familia de origen con respecto a la custodia del menor.

Un desmadre

“Los servicios sociales son un desmadre y yo doy fe de ello”, afirma a El Salto, por su parte, María Soledad Maestro. Ella ha sido durante años familia de acogida para menores tutelados en un pueblo cerca de Sepúlveda (Segovia, Castilla y León). Actualmente cuida de dos niños, además de uno más que acaba de cumplir la mayoría de edad. “Estoy de acuerdo en que debe haber familias de acogida, por una sencilla razón, este niño que yo me he quedado, si no, no tendría dónde ir —dice en referencia al joven de 18 años—, pero en otros casos, las madres y padres se dejan la piel y me parece injusto que se encuentren con que solo les dejen ver dos horas al mes a sus hijos, están destruyendo el vínculo familiar”.

También denuncia que a las familias adoptivas las remuneren, en su caso con 500 euros por menor —“ese dinero debería ir destinado a apoyar a esas familias para que salgan adelante”— y que a las familias biológicas le dejen tiempos de visita tan cortos como dos horas al mes.

Tras presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, el próximo paso anuncian que será presentar la denuncia también ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

2 Comentarios
#19490 9:03 28/6/2018

De mi parte no tengo armas para creer en la justicia ya , me ah sucedido un sin número de situaciones en la que no recibi ni recibo ayuda, no se ya a quien dirigirme, es desesperante cuando veo que ETF de Málaga hace un informe en mi contra y un juez no le pide pruebas ninguna y yo presento las pruebas para desacreditar lo que pusieron en ese informe y no caso ninguno , ellas eran las superiores y punto. Así decidieron dar el desamparo a mis niños. Ahora los veo cada 2 findes unas horas.

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#15981 0:10 13/5/2018

A nosotras también nos esta pasando estamos viviendo un infierno y no se que hacer ayudennos por favor

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