Opinión
Una experiencia personal y colectiva

Cuando te invitan a participar a formar parte de las aportaciones de un proyecto de ley, te vienen varios pensamientos y sensaciones. La primera es tomar tierra y meditar si hay fuerza y energía en el colectivo desde el que vas a tomar parte. O si será una oportunidad para activar un proceso empoderador sumando reivindicaciones y generando sinergias en torno a demandas a las que no se pueden renunciar.

Eso es algo que, de manera  inevitable, es objeto de reflexión si has tenido experiencias anteriores en las que la institución desconoce cómo articular y poner andamiajes honestos cuidando a los colectivos en estos recorridos que suelen durar años. O quizás, y pensando de manera más suspicaz, convierte a las organizaciones en escuderas y banderas vacías bajo el lema de “procesos participativos” con los que organizar ruedas de prensa y anunciar avances legislativos en períodos preelectorales. Para luego también arrojar al fuego de las mentiras políticas burocracias expiatorias ante expectativas y esfuerzos realizados por parte de la ciudadanía.

El Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía nace de campañas y actividades por la democratización de la comunicación con objetivos muy claros de aportar al debate sobre la necesidad de ejercicio y legitimación del derecho a comunicar. Y teniendo como adalid el mantra de que ese derecho es bidireccional, y que es la gente —y no el sistema organizado de medios de comunicación— la que urge que asalte los medios y cuente su relato. Un relato propio que se convierta en la contraagenda y aporte un crisol de formas de ver el mundo de manera crítica y en el que la ciudadanía sea la protagonista.

Pero volvamos al proyecto de ley. El foro lo valoró como una oportunidad y, a pesar de los activismos apasionantes en los que estábamos las organizaciones que formamos parte de él, leímos con sabiduría la capacidad de incidencia que podíamos hacer en el proceso. Podíamos, por tanto, sumar más colectivos a la red. Y, sobre todo, podíamos debatir qué nos unía, y qué nos parecía irrenunciable en defensa de ese derecho humano y, en definitiva, consensuamos un sí colectivo. Y desde luego mereció la pena en dos aspectos clave.

El primero, aprender mucho unas de otras en formas de gestionar lo común, y en contenidos y preocupaciones prioritarias en cada colectivo. El segundo, crecer juntas y hacer paradas en el camino para ponernos en alerta ante un proceso carente de las mínimas bases participativas, y a pesar de ello seguir queriendo estar.

Han pasado cuatro años. Tras un acuerdo de todos los actores de la Mesa de Ordenación del Sector Audiovisual (MOISA) de este supuesto proceso “participado”, en 2014 nos hicimos una foto en el Palacio de San Telmo, con la plana mayor de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Y con un director de Comunicación Social en esa consejería que aún hoy pienso que estaba convencido y puso todo lo posible encima de la mesa para innovar. Una de esas personas que han crecido en valores democráticos participando en la radio de su pueblo.

El Foro había aportado más de cien enmiendas en todo tipo de cuestiones. Accesibilidad, igualdad, alfabetización mediática, acceso a los medios públicos, regulación y protección de los medios comunitarios dentro del espacio radioeléctrico. Finalmente, un porcentaje significativo había quedado plasmado en ese documento final donde firmamos todos las organizaciones. Y por disponibilidad fui yo la que firmó en nombre del Foro.

Hubo una multitudinaria rueda de prensa, con presencia del vicepresidente de la Junta. Al día siguiente hasta salió en los medios, a pesar de ser un tema que, en general, no suscita un gran interés social. Nos fuimos a casa contentas. Y lo que vino a continuación fue la deriva comentada al inicio. Coyunturas políticas de candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía de aspirar a un cargo estatal provocaron una parálisis en la tramitación del anteproyecto de ley. Y luego vinieron las tijeras.

Recortes en el documento ante la posibilidad de un recurso del Gobierno central por disposiciones adicionales que posibilitaban autorizaciones provisionales a los medios comunitarios, sentando un precedente ausente en ninguna norma autonómica, e interpelando al Estado ante el incumplimiento de su obligación de conceder licencias a estos medios. Pero hubo más recortes. También en materia de derecho de acceso a la RTVA de la ciudadanía y sobre algo fundamental como la alfabetización y desarrollo del espíritu crítico ante los medios. Tremenda decepción.

Ahora estamos en la última fase de la tramitación del proyecto. Apenas quedan meses. Una vez más hemos decidido participar y ponernos de acuerdo desde ReMC, SPA y Foro en un documento común con enmiendas prioritarias. Nosotras lo hemos hecho a través de documentos colaborativos. Y hemos conseguido algo histórico, que nos llamen a intervenir en el Parlamento. Hace unas semanas de eso.

No sé si ha generado impacto en los grupos parlamentarios de los distintos partidos comparecientes que la ONU haya exigido explicaciones al Gobierno, a instancias de la ReMC, de que ningún medio comunitario tenga licencia en nuestro país, o nuestra insistencia en que hay vericuetos administrativos y no recurribles por el Estado para proteger y dar legitimidad a las emisiones de nuestras radios participativas. O quizás sea que vienen curvas preelectorales.

O puede que el descrédito creciente del Partido Popular en materia de libertad de expresión haya posibilitado que puedan plasmar nuestras enmiendas en favor de alguna jugada de ajedrez conveniente. Lo sabremos pronto. Y seguiremos instando a reuniones hasta el final del trámite legislativo. Pero las dudas ante la institución siempre son las mismas. Muchas dudas de utilitarismo. Y mucho aprendizaje colectivo. Cuando finalmente se apruebe el proyecto de ley audiovisual quedará el reto más importante: el debate social. Y ese es nuestro.