Crisis climática
Canarias muestra su precaria planificación ante la amenaza de la emergencia climática

La emergencia climática ya es a Canarias lo que un surfista a una ola: compañeros inseparables de viaje que convivirán, desde el pasado mes de agosto de forma oficial, en un escenario permanente. Los pasos que va dando el gobierno —el primero en 26 años que no está presidido por Coalición Canaria— hacia la preparación de esta nueva realidad van en una dirección clara. Primero fue la creación de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, dirigida por el socialista José Antonio Valbuena; después, la declaración oficial de emergencia climática por el Parlamento autonómico; y, por último, la tramitación del Proyecto de Ley de Cambio Climático, una herramienta que servirá para cimentar el marco normativo con el que las islas se adaptarán a las inclemencias meteorológicas que padecen en la actualidad y las que están por venir. 

Lo cierto es que los desastres naturales son una evidencia palpable que están generando consecuencias en la vida de los canarios y canarias. El pasado verano, Gran Canaria sufrió el peor incendio forestal de España de 2019. Los datos que publicó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en torno a este fuego resultaron alarmantes: en Canarias se produjo en torno al 0,6% de los fuegos de todo el año, pero el porcentaje de superficie quemada en relación a todo el territorio nacional fue del 11,83%. Más de 10.000 hectáreas se quemaron en la isla poniendo en grave peligro los ecosistemas naturales que en ella habitan.

Sin entrar en detalles de la investigación de las causas del siniestro —que apuntan a un cable de baja tensión propiedad de la Heredad de Agua de Arucas—, se comprobó que diversos factores, como el estado de la tierra, la falta de recursos de combate o la poca conciencia ciudadana fueron decisivos para el desarrollo y dificultades de extinción del fuego. Como ejemplo concreto está el hecho de que un grupo de personas subió a las montañas a ver el siniestro en contra de todas las recomendaciones, dejando sus coches aparcados en mitad de una vía e impidiendo con ello la evacuación de un barrio, que se estaba produciendo en ese mismo momento.

Recientemente, el archipiélago se ha visto expuesto a nuevas amenazas sin contar con la emergencia hídrica propiciada por la escasez de lluvias, que ha sido declarada en Fuerteventura y que a punto estuvo el ejecutivo canario de hacer lo propio. La peor tormenta de arena vivida en Canarias en décadas, combinada con un temporal de viento e inusuales temperaturas elevadas —32º en pleno febrero en puntos del sur de Gran Canaria—, supuso para el archipiélago un mal trago de varios días de duración en donde quedó evidenciado, una vez más, la precariedad en los planes de adaptación a la realidad de emergencia climática.

El día clave fue el pasado 23 de febrero, jornada en la que numerosos factores se mezclaron e hicieron de las islas una auténtica pesadilla para vivir. A la clausura del espacio aéreo, inédita hasta ahora, se sumó a una ola de incendios que azotó, por un lado y de nuevo, a la cumbre grancanaria, y por otro, a varios puntos urbanos del norte de Tenerife.

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Las cifras en torno al uso excesivo del vehículo privado evidencian un modelo insostenible de movilidad cuya solución es aún demasiado lenta.

La conciencia de la ciudadanía y de algunas administraciones por la situación excepcionalmente peligrosa que se estaba viviendo —se cortó al tráfico una de las autopistas más transitadas— se pusieron en evidencia nuevamente: mientras el Cabildo de Tenerife aconsejaba a la población no salir de sus casas, el Ayuntamiento de la capital de la isla decidió, en base al dictamen del comité de emergencias, no suspender la fiesta carnavalera del día, pese a que supone un motor de atracción de personas de todos los puntos de la isla en un momento en el que la integridad física se pone en serio riesgo al volante. Se ha preguntado al Ayuntamiento de Santa Cruz por qué se mantuvo la fiesta del Carnaval en contra de las recomendaciones del Cabildo de no salir de las casas, pero no se ha obtenido respuesta.

El aire más contaminado del mundo 

A la oleada de incendios, la intensa calima y los huracanados vientos, Canarias supo también, por primera vez, lo que es liderar la lista de regiones con el aire más contaminado del planeta, igualando el pasado día 23 en —nula— calidad del aire a la ciudad india de Bombay. A la mala calidad del aire que produce el polvo sahariano en suspensión, se sumaba la amenaza de tóxicos provenientes de Argelia o Marruecos, concretamente de instalaciones como petroquímicas o refinerías de petróleo. Lo que para estos países supone un incentivo —contaminante— de progreso, para las islas es un problema, ya que una variación del viento atrae esos tóxicos.

La formación de esta situación de extraordinaria envergadura no contó, sin embargo, con la suficiente responsabilidad de las administraciones canarias en cuanto a concienciación y protección ciudadanas. La Consejería de Sanidad del gobierno canario realizó una serie de recomendaciones a seguir por la población, ignorando la que quizá sea la más importante: protegerse con mascarillas del aire que se respiraba en las islas en ese momento. La falta de concreción se reflejó en los comunicados que la propia Consejería y la Dirección General de Salud Pública realizaron por redes sociales, que se limitaron a aconsejar “extremar las precauciones ante el episodio de calima a las personas más sensibles (ancianos, niños o personas con problemas respiratorios)”.

El caos que pudo haberse generado habría sido de mayor envergadura si este drástico episodio no se hubiese vivido en domingo, aunque sí lo fue por otros motivos: las fiestas del Carnaval que ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife se negaron a cancelar, lo que se tradujo en miles de personas sin la adecuada protección respirando aire envenenado, y produciéndose por tanto una situación de tensión sanitaria que pudo haberse evitado.

Pero habría sido peor en un día laboral. El tráfico en las Canarias es un problema severo a gestionar, siendo considerada la región como una de las más congestionadas del mundo —el Banco Mundial habla de que si el archipiélago fuese un Estado independiente, sería el sexto en número de vehículos por cada mil habitantes—, y aún así, las medidas para fomentar una movilidad alternativa sostenible siguen en un cajón.

Las dos capitales canarias se encuentran en el listado de urbes españolas que, de acuerdo al anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, deberán diseñar zonas de bajas emisiones, en el escenario de un marco normativo general que busca blindar la salud de los ciudadanos independientemente del color político que gobierne su ayuntamiento.

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El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica contempla la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. A pesar de que la ley se presentará en el Congreso en marzo, algunas urbes ya se están preparando.

Algunas alcaldías, como la de Las Palmas de Gran Canaria, presumen desde hace años de fomentar hábitos sostenibles en materia de movilidad que, atendiendo a diversos datos como la evolución del número de pasajeros del transporte público municipal, se podría deducir que van en el camino indicado. Pero no restringir el vehículo privado, más allá de las peatonalizaciones de algunas calles céntricas, no conlleva una disminución del mismo en beneficio del transporte colectivo. Como prueba, los datos que avalan la disminución de tráfico de Madrid tras la implantación de Madrid Central. A día de hoy, en Canarias solo Santa Cruz de Tenerife ha mostrado abiertamente su disposición a restringir el coche, aunque solo en días de intensa calima.

A este respecto, en el archipiélago tampoco se cuenta todavía con tecnología que permita identificar a los vehículos más contaminantes, como cámaras o sensores. El concejal de movilidad de la capital tinerfeña, no obstante, declaró hace poco en un medio local su disposición de “regular la cifra de vehículos que entran y salen” de la ciudad, que en 2019 rondó los 78 millones de movimientos. El problema, sin embargo, sigue siendo estructural: de poco sirve que por un lado se ejecuten tímidas políticas en materia de sostenibilidad y, por otro, grandes obras de carreteras que, paradójicamente, buscan el alivio del tráfico, saltándose de una sola vez la máxima en movilidad sostenible —conocida como “demanda inducida”— que afirma que a más carreteras, más coches.

El ahogamiento lento de la sequía

Las sequías en Canarias han sido más o menos recurrentes en el tiempo, pero la severidad de estos episodios se ha incrementado en el último cuarto de siglo. Se concluye de los datos de la AEMET, que vaticina un déficit estructural de lluvias en el archipiélago durante los próximos dos años. De hecho, esta realidad llega en un momento en el que el campo está reclamando medidas para su supervivencia, en riesgo por la alta vulnerabilidad hacia la crisis climática, especialmente en regiones con déficit hídrico como Murcia, Andalucía o los dos archipiélagos españoles.

Solo en la isla de Gran Canaria existen hasta 69 presas cuyo volumen embalsado ha disminuido drásticamente en el último año. Así, el volumen total embalsado, según datos del Consejo Insular de Aguas de la isla, ha pasado de 5.066.459m3 el 31 de enero de 2019, a 2.810.989m3 en la misma fecha de 2020, lo que supone una reducción de más del 55% de la capacidad acumulada en solo un año. Por ejemplificar algunas presas, Soria —la más grande— ha pasado de una capacidad del 8% al 3% en el mismo período de tiempo; Chira, del 27% al 16%; y Gambuesa, que estaba al 94% a principios de 2019, hoy está a menos del 69%.

La escasez de agua en el archipiélago, realidad más alarmante que en otros territorios debido a la insularidad e irregularidad del terreno, obliga al desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para paliar esta situación. Es el caso de la desalación del agua oceánica, un proyecto abocado a un profundo desarrollo, como muestra el estudio piloto que se llevará a cabo en Gran Canaria gracias a fondos provenientes de la Unión Europea y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, entidad adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. En un escenario como el actual, abaratar los costes de producción e incrementar el rendimiento de las plantas desaladoras —entre otros aspectos— es clave para las islas.

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La apuesta de Fernando Clavijo por el gas propanado choca con las políticas ecologistas que se impulsan desde otras administraciones.

Para garantizar su supervivencia, el futuro de Canarias debe pasar por un modelo de autoabastecimiento energético y por la creación de nuevas infraestructuras acordes a un desarrollo sostenible, además de aquellas que puedan garantizar una defensa contra calamidades futuras como la subida del nivel del mar. Proyectos como los trenes de las dos islas principales, plantas de energías alternativas como el salto de presa Chira-Soria, o el esfuerzo institucional para promover cambios radicales de hábitos en la ciudadanía son más necesarios que nunca y requieren del máximo consenso político para que salgan adelante y para que Canarias sea un lugar en el que se pueda vivir.