Se suspende el desahucio de Mari Carmen, la mujer de 87 años que decidió plantar cara a los fondos buitre

La empresa inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que adquirió en 2020 la propiedad de su vivienda, le ofrece quedarse aceptando un incremento de la renta del 275%, una cuantía de 1.650 inasumible para la pensionista. Desde hace meses tiene claro que resistirá con arrojo hasta el final en el piso donde reside desde que tiene 17 años.
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Álvaro Minguito El desahucio de Mari Carmen ha quedado aplazado hasta el próximo 31 de diciembre, fecha que brinda a la inquilina un tiempo extra para negociar con la propiedad. .
29 oct 2025 15:00

Mari Carmen podrá por fin dormir esta noche sin miedo ni ansiedad. Lo hará después de meses encarando una batalla titánica por resistir con dignidad en la que lleva siendo su casa desde que tiene 17 años, en el madrileño barrio de Ibiza, cercano al parque del Retiro. La misma en la que fallecieron sus padres, donde atesora la mayor parte de sus recuerdos y donde espera terminar sus días si nadie se lo impide. Estaba previsto que un gran tenedor inmobiliario la desalojara este miércoles, sin embargo, el juzgado que instruye su caso ha comunicado hace menos de 24 horas la suspensión del desalojo a falta de que las administraciones puedan proveerle una alternativa habitacional.

Se trata de una paralización temporal, previsiblemente hasta el próximo 31 de diciembre, que sin embargo brinda a la inquilina un tiempo extra para negociar con la propiedad y quedarse definitivamente en su domicilio. “Yo llevo en esta casa viviendo 69 años y tengo muy claro que a mí no me van a echar porque tengo un derecho, por tanto voy a seguir luchando para que ese derecho me lo respeten. Mi casa no son solamente las paredes, mi casa es mi vida. Se luchó mucho para conseguir lo que tenemos ahora y no debemos dejar que se pierda”, ha defendido con determinación  la inquilina de 87 años en frente de decenas de vecinas del barrio, en la rueda de prensa de este miércoles.

“Mi casa no son solamente las paredes, mi casa es mi vida. Se luchó mucho para conseguir lo que tenemos ahora y no debemos dejar que se pierda”, ha defendido Mari Carmen esta mañana

69 años de recuerdos en una misma vivienda

Maricarmen entró a vivir en el inmueble cuando su padre firmó un contrato de renta antigua en 1956, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en uno de los barrios más caros de Madrid, actualmente. Pocos años después, en 1962 cuando murió, el contrato se subrogó en su mujer y madre de Mari Carmen, que continuó viviendo en el mismo domicilio junto a su hija hasta su fallecimiento en 2005. Maricarmen heredó el contrato, subrogándose en las mismas condiciones durante casi 20 años.

“Entre 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento de vivienda tenían carácter vitalicio y podían ser heredados por el cónyuge y los descendientes que habitasen el domicilio. El decreto Boyer de 1985 acabó con esta medida de protección en los alquileres suscritos a partir de tal fecha, si bien se mantuvo el régimen indefinido para los contratos firmados con anterioridad”, explica en un comunicado emitido por el Sindicato de Inquilinas, organización con la que Mari Carmen lleva meses acompañada.

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El Sindicato de inquilinas de Madrid ha venido acompañando a Mari Carmen durante todo el proceso de lucha por permanecer en su actual domicilio. Álvaro Minguito

Después de que distintos propietarios la obligaban a pagar un precio irrisorio por la compra de su casa, en 2020 el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias, adquirió finalmente la vivienda. Dicha entidad está en manos de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, titulares de más de una docena de empresas según datos de la mencionada organización inquilina. Ambos, en aras de echar a Mari Carmen de su piso para vaciarlo y especular con él, llevaron su caso ante los tribunales y el Supremo acabó dándoles la razón el pasado mes de marzo tras varios recursos.

En aras de echar a Mari Carmen de su piso, el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, en manos de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, llevaron su caso ante los tribunales y el Supremo acabó dándoles la razón

¿El motivo de la decisión judicial? Cuando se subroga por segunda vez un contrato, éste solo puede durar dos años excepto que la inquilina tenga una discapacidad superior al 65%. Ella solo tiene reconocida la discapacidad al 50% debido a varias operaciones de cadera que le han reducido la movilidad. La defensa de Mari Carmen solicitó la suspensión del desahucio acogiéndose al Real Decreto 11-2020, que preveía la suspensión de desahucios en determinadas circunstancias de vulnerabilidad. El problema estiba en que esta suspensión está prevista para aquellos contratos que se formalizaron de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). No obstante, el contrato de Mari Carmen es de renta antigua, es decir, muy anterior a esta ley. Tampoco puede acogerse a la moratoria porque para ello debería haber percibido una reducción de sus ingresos con motivo de la pandemia, algo que en su caso no ha ocurrido al ser pensionista. Ante este mar grietas legales impuestas por el marco legislativo vigente, la defensa de la inquilina en lucha busca la ampliación de los supuestos contemplados para casos como el de Mari Carmen puedan acogerse a esta suspensión.

Un símbolo de resistencia colectiva frente a la especulación

“Es clave denunciar los fallos que tienen las leyes y que son evidentes cuando se permite que una persona con sus características se pueda ver en la calle. El miedo y la vergüenza de las personas que sufren estos procedimientos deben cambiar de bando”, ha expresado este miércoles Beatriz Duro, la letrada de Mari Carmen, que lleva asistiéndola legalmente desde hace cinco años, cuando comenzó su periplo judicial. Actualmente, la única alternativa que Urbagestión ha ofrecido hasta la fecha a Mari Carmen ha sido ofrecerle un alquiler mensual de 2.650 euros, que tiempo después aceptaron rebajarle a 1.650 (cuando actualmente paga 500 por la renta, lo que supone un incremento del 275%), ambas cuantías completamente inasumibles para una pensionista cuya retribución mensual es de 1.450 euros. Ella seguirá pagando religiosamente el precio habitual del alquiler y resistirá en el edificio hasta el último momento.

“Mari Carmen somos todas, al final también se ha convertido en un hito de resistencia y de decir hasta aquí hemos llegado, ha optado por la organización colectiva, por lucha sindical y por la resistencia...”

“Aquí se ve la realidad que es la de los fondos que es forrarse a costa de nuestra necesidad y de que tenemos las personas una necesidad básica como es la de tener una vivienda para vivir. Mari Carmen somos todas, al final también se ha convertido en un hito de resistencia y de decir hasta aquí hemos llegado, ha optado por la organización colectiva, por lucha sindical y por la resistencia. Como ella dice, ‘a mí me sacan con los pies por delante de mi casa. Si me quieren cortar el cuello que me lo corten, pero yo no me voy a ahorcar sola’”, defiende Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a Mari Carmen durante el proceso de intento de desahucio.

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Mari Carmen ofreció la mañana de este miércoles una rueda de prensa. Álvaro Minguito

Estas últimas semanas, Mari Carmen se ha convertido en un símbolo de resistencia inquilina contra el poder de los grandes fondos de inversión en España. “Ha demostrado que la movilización social sirve, en este caso para parar y frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que una persona pueda permanecer en su vivienda”, ha clamado Duro. Tras conocerse la decisión judicial, Valeria Racu, portavoz del Sindicato, ha cargado contra las operaciones de compra de bloques enteros de vivienda que mes a mes dejan en la calle a miles de familias: “Tenemos una ciudad que está hecha para echarnos, vivimos en un lugar donde se premia mucho más el rentismo y los beneficios de unos pocos que el derecho a la vivienda y a la ciudad”, ha protestado.

Desde que los fondos buitres llegaran a España durante el gobierno regional de Ana Botella y ésta vendió a Blackstone (el mayor casero del mundo) un paquete de 1.860 viviendas públicas, “se les ha ido invitando a venir a nuestro país y a hacer negocio con nuestras viviendas y hoy, más de diez años después, gestionan cientos de miles de viviendas y son la punta de lanza de que el rentismo cada vez se haga con más partes de nuestras vidas”, ha señalado. Los movimientos de vivienda han aprovechado la noticia de la suspensión para apuntar algunas de sus demandas históricas: alquileres indefinidos para todo el mundo sin importar el tipo de contrato y la expropiación a todos los fondos buitre para que el acceso universal a la vivienda quede garantizado también en la práctica. “Las leyes injustas hay que desobedecerlas juntas, vamos a resistir, vamos a defender nuestras ciudades”, ha reivindicado.

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