Opinión
Alquileres indefinidos como solución para el problema de acceso a la vivienda

Los contratos de alquiler residencial actuales —de entre 5 y 7 años de duración— están diseñados para favorecer la especulación inmobiliaria. Actualmente, nos encontramos con alquileres abusivos o directamente imposibles, que incrementan drásticamente el precio una vez expira la duración del contrato.

El resultado lo vemos cada día en nuestros barrios: desahucios judiciales por impago del alquiler, desahucios invisibles donde los inquilinos se ven forzados a abandonar el piso “amistosamente” por no poder afrontar la renta o, en algunos casos, la aceptación de un alquiler desproporcionado que engordará los bolsillos del propietario a costa de empobrecer las ya de por sí precarias vidas de los inquilinos.

Defendemos la propuesta de los contratos de alquiler indefinidos como una medida urgente no solo para hacer frente a la situación precaria de la población inquilina, sino también como una herramienta legal imprescindible para disputar el poder político y económico que ostentan los rentistas.

El alquiler indefinido refuerza el poder de los inquilinos frente a los rentistas

En comparación con el omnipresente tope de precios o con el aumento del parque de vivienda pública, la propuesta de los alquileres indefinidos ha pasado más desapercibida en el panorama mediático. Esta medida se encuentra entre las demandas de la gran movilización estatal por la vivienda del pasado 5 de abril, pero se ha hablado poco de ella desde entonces. ¿En qué sentido una sustitución de los alquileres residenciales fijos por alquileres indefinidos contribuiría a desequilibrar la balanza —aunque fuera un poco— a favor de los inquilinos?

En primer lugar, la implantación de los alquileres indefinidos con fuertes regulaciones de precios eliminaría los desahucios por finalización de contrato y evitaría las subidas abusivas de la renta una vez expiran los contratos de alquiler. Fijémonos en el caso de Alemania, que suele ponerse como ejemplo —tanto por su éxito como por las carencias de su aplicación— de país donde son comunes los alquileres indefinidos. Allí, el propietario solo puede recuperar la vivienda si la destina a uso personal o de un familiar directo, o por incumplimiento contractual por parte del inquilino. Si no es así, el inquilino tiene derecho a permanecer de por vida en el inmueble.

La implantación de los alquileres indefinidos con fuertes regulaciones de precios eliminaría los desahucios por finalización de contrato y evitaría las subidas abusivas de la renta una vez expiran los contratos

Además, el país cuenta con fuertes regulaciones de precios que impiden las astronómicas subidas de la renta que encontramos en nuestro territorio. Estas regulaciones, entre otras medidas, contribuyen a que los inquilinos alemanes estén en una situación significativamente mejor que la del Estado español, donde nuestra tasa de sobreesfuerzo económico para pagar el alquiler triplica la de Alemania. Recordemos, además, que el 45% de los inquilinos del Estado español se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, una cifra muy alejada de lo que ocurre en Alemania.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. En el caso alemán, la ley permite al propietario subir la renta de manera injustificada entre un 15% y un 20% cada tres años, siempre que la cantidad no supere la renta media de referencia local. También existe la posibilidad de que el propietario incremente la renta tras realizar reformas importantes en la vivienda —no simples reparaciones—, pero esta subida no puede superar el 8% del coste de la obra. Además, hecha la ley, hecha la trampa: a menudo los propietarios mienten sobre el uso que darán a su vivienda para poder recuperarla y firmar nuevos contratos a precios superiores.

La medida incrementaría la capacidad de negociación de los inquilinos al blindar la posesión legal de sus casas y debilitaría el poder de clase de los rentistas, que descansa sobre la posibilidad de decidir arbitrariamente qué hacer con su propiedad

La experiencia alemana, con sus éxitos y deficiencias, puede servirnos para idear un sistema de alquiler indefinido que no recaiga en los mismos errores que han llevado al país bávaro a tener un grave problema de vivienda en las grandes ciudades. Necesitamos personalizar, con las herramientas de nuestra propia ingeniería institucional, las propuestas macro que importamos del exterior, sin ceder a las presiones de los lobbies inmobiliarios y con la vista puesta en la desmercantilización total de la vivienda —y no en la simple “mejora” del estado de cosas—.

En segundo lugar, una propuesta de alquiler indefinido que no incurra en los errores de la ley alemana daría alas a la lucha sindical por la vivienda. La medida incrementaría, por un lado, la capacidad de negociación de los inquilinos al blindar la posesión legal de sus casas y debilitaría, al mismo tiempo, el poder de clase de los rentistas, un poder que descansa sobre la posibilidad de decidir arbitrariamente qué hacer con su propiedad. Los arrendadores no podrían abusar económicamente de los arrendatarios bajo la amenaza de no renovarles el contrato de alquiler y dejarlos en la calle. En resumen: se avanzaría en las posiciones políticas de los inquilinos frente a los rentistas y al capital inmobiliario.

La medida también sería beneficiosa para la lucha política desde un punto de vista espacial. El arraigo al territorio permite construir proyectos políticos estables y con proyección a largo plazo. Si nos vemos obligados a mudarnos constantemente porque se nos acaba el contrato o porque ya no podemos hacer frente a los precios del lugar donde vivimos, nuestra implicación política se convertirá en un intento desarticulado, fragmentario y torpe de incidencia social.

Una muestra de cómo el alquiler indefinido impacta directamente en los intereses de los rentistas la encontramos en la reacción de los principales portales inmobiliarios ante esta medida. Carlos Sánchez, responsable jurídico de Alquiler Seguro, publicaba recientemente un artículo en el portal Fotocasa donde criticaba que, de salir adelante la propuesta, acabaría “ahondando aún más en la inseguridad jurídica a la que se enfrentan los arrendadores”, y también que “el arrendador siempre perdería poder adquisitivo con un contrato de arrendamiento indefinido”.

El alquiler indefinido supondría un freno a la especulación inmobiliaria al desincentivar económicamente a los inversores que compran pisos para ponerlos en alquiler

En tercer lugar, el alquiler indefinido supondría un freno a la especulación inmobiliaria al desincentivar económicamente a los inversores que compran pisos para ponerlos en alquiler. Al capital inmobiliario le interesa especialmente mantener contratos de alquiler lo más cortos posible. La posibilidad de incrementar drásticamente el alquiler cada pocos años e incentivar la rotación de inquilinos augura grandes beneficios. La búsqueda de inquilinos más rentables —expats, funcionarios, directivos— demanda la expulsión continua de los inquilinos anteriores, que se ven obligados a desplazarse hacia la periferia de las ciudades o hacia zonas del interior donde las oportunidades laborales son más escasas. Además, con cada firma de un nuevo contrato se produce un beneficio directo para los intermediarios —principalmente, empresas inmobiliarias—.

El capital destruye los ritmos de vida para imponer su propio movimiento. Por lo tanto, la posibilidad de habitar permanentemente nuestras casas no es una cuestión intrascendente: se trata de un ejercicio de resistencia y lucha contra el capital. Disputar la dimensión temporal de los contratos de alquiler implica poner una barrera entre nuestra vida y sus beneficios.

Si el objetivo es abolir la renta, ¿por qué exigimos un alquiler indefinido?

Podríamos plantear que exigir alquileres indefinidos supone una aceptación tácita de la explotación rentista, que estamos asumiendo el arrendamiento como una forma legítima de acceder a la vivienda y que, por lo tanto, nos aferramos a una propuesta elaborada desde unas coordenadas mentales equivocadas. Sobre la base de esta sospecha, planteamos la siguiente reflexión: lo que se defiende con la medida de los alquileres indefinidos es la promulgación de un marco legal que atenúe la inseguridad jurídica que sufren los inquilinos y que, al mismo tiempo, obstaculice el negocio de los rentistas.

Insistir en que esta medida consolida la explotación rentista es como afirmar que el establecimiento de una jornada máxima de 8 horas de trabajo contribuye a consolidar la explotación del trabajo asalariado. Estaríamos haciendo pasar la lucha obrera por una supuesta resignación a no transformar el estado de cosas. Pero esta es una lectura idealista y cínica. Nadie tiene la receta para acabar con el rentismo, pero de lo que estamos seguros es de que, para avanzar posiciones políticas, es necesario disputar el marco legal en el que se consolidan tanto los derechos de los inquilinos como los privilegios de la clase rentista.