Derecho a la vivienda
La parálisis del Gobierno en materia de vivienda complica el ‘coliving’ con Sumar

Parecía una gran idea y el número de teléfono elegido para ello era perfecto: el 047, el artículo de la Constitución que habla sobre el derecho a la vivienda, para una línea gratuita de atención ciudadana. Pero el anuncio no se llevó los aplausos esperados y hasta su socio en el Gobierno reaccionó pidiendo la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. La portavoz en el Congreso de Sumar, Verónica Martínez Barbero, sugirió el 21 de octubre que la ministra debería “dejar paso” a quien esté dispuesto a tomar “medidas valientes” para afrontar la crisis de vivienda. 

Similar reflexión hacían desde Podemos, quienes veían este martes cómo PSOE, PP y Vox sumaban sus votos para tumbar una proposición no de ley que planteaba reducir los alquileres en un 40%, prohibir las ventas especulativas y convertir en indefinidos los contratos de arrendamiento. El PSOE, señalaba la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha convertido en el “núcleo de protección de los intereses inmobiliarios de este país”, un partido que “no puede ser parte de la solución, porque es parte del problema”. La única salida a esta crisis, apunta Belarra, pasa por prohibir que los grandes propietarios y los fondos buitre puedan comprar vivienda, una propuesta que no sintoniza con las iniciativas y apuestas del Gobierno.

Además de la propuesta del 047, el 17 de octubre el Ministerio de Vivienda lanzaba una polémica campaña de publicidad que incluye un vídeo situado en 2055 en el que tres personas mayores comparten piso desde hace 30 años. Días antes, el PSOE había presentado un plan para potenciar el teletrabajo rural, una apuesta por repoblar y dar salida a jóvenes que no pueden ni soñar con tener un piso propio y formar una familia en el lugar donde residen. Sumar calificó la propuesta de “tomadura de pelo” y el PP le recordó al Gobierno que ya están en el gobierno.

Sumar lleva dos semanas aumentando la presión para que el PSOE tome medidas para afrontar una crisis que ha duplicado el precio del alquiler en una década y ha llevado el precio de la vivienda a cotas que no se veían desde la anterior burbuja. El pasado 13 de octubre, el partido de Yolanda Díaz proponía un nuevo Real Decreto Ley (RDL) de urgencia, presentado como una “gran reforma de la vivienda”. La propuesta de decreto, que tiene que ser aún negociada con el PSOE, incluye como medida principal la congelación y moratoria de todos los contratos de alquiler, a los que se les aplicaría tres años adicionales. Esta disposición afectaría especialmente a 300.000 hogares inquilinos, aquellos que firmaron poco después de la pandemia, que se enfrentan a la renovación de sus contratos en los siguientes meses en un contexto de precios imposibles, discriminación inmobiliaria y escasez de oferta por el desvío de pisos a los mercados de vivienda temporal, turística y por habitaciones.

La única salida a esta crisis, apunta Belarra, pasa por prohibir que los grandes propietarios y los fondos buitre puedan comprar vivienda, una propuesta que no sintoniza con las iniciativas y apuestas del Gobierno

La otra “gran reforma” que presenta este RDL es limitar la compra especulativa. La norma propuesta por Sumar contempla que solo podrá comprarse viviendas destinadas al alquiler si la renta ofrecida no supera los precios de referencia del Ministerio de Vivienda. En el caso de los grandes tenedores, el RDL de Sumar propone que se pueda “obligar a reducir rentas de alquiler existentes”. La propuesta incluye también más impuestos para los pisos turísticos, más regulación y control de los alquileres temporales.

El PSOE todavía no ha respondido formalmente a la propuesta de Sumar, partido que ha intentado distanciarse de su socio de Gobierno desde que estalló el escándalo de corrupción que afecta al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. “No se puede venir a proponer como medida estrella teléfonos de la esperanza”, criticaba la portavoz de Sumar en el Congreso.

La campaña que lanzó el Ministerio de Vivienda con el lema de “En tu futuro debería haber una vivienda” ha cerrado el círculo de la indignación. La portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, calificaba en un vídeo la campaña de “ridícula” y recordaba que Isabel Rodríguez es la ministra de Vivienda: “Literalmente es responsabilidad suya que no lleguemos a fin de mes, que no podamos ahorrar un duro y que hayamos normalizado dejarnos la vida y trabajar para nuestros caseros”.

La activista continuaba diciendo que no hace falta una “ficción cutre” de personas mayores sin derecho a una vivienda digna, porque es lo que está ocurriendo ahora mismo en miles y miles de casos, entre ellos el de Mari Carmen, mujer de 87 años que ha vivido 70 en su vivienda en Retiro (Madrid) y que ahora el casero, un fondo buitre, pretende echarla aumentando el alquiler un 250% hasta los 2.650 euros. ¿El Ministerio de Vivienda, el Gobierno, Ayuso. Almeida… ¿Alguien va a hacer algo? ¿O seguirán dejando que nos maten en vida mientras siguen escribiendo maravillosos guiones”, se pregunta. El sindicato de inquilinos ha convocado una concentración el 29 de octubre a las 8:30h para impedir el desahucio en la calle Alcalde de Saínz de Baranda, 46. 

La portavoz del Sindicato de Llogaters de Catalunya, Carme Arcarazo, calificaba de “burla” el spot lanzado  por el Ministerio: “Es un vídeo donde se están riendo de gente inquilina mayor que tiene que compartir piso precisamente porque su gobierno no toma medidas”. Para que ese futuro de 2055 no llegue a materializarse, explica Arcarazo, se necesitaría una legislación sin “agujeros”, en referencia a los alquileres de temporada y por habitaciones, “la vía de escape que utilizan los especuladores” para seguir subiendo los precios, así como liberar la vivienda “secuestrada” por los fondos buitre y por el uso turístico, que ha vaciado el mercado residencial.

El Plan Estatal de Vivienda, otra oportunidad perdida

Carlos Martín Urriza, diputado en el Congreso y portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, comparte las críticas de Martínez Barbero y sitúa el problema en el propio PSOE. “No existe un problema de vivienda, sino una falta de voluntad política para solucionarlo”, explica a El Salto. 

Según el Banco de España, faltarían 700.000 viviendas para satisfacer la demanda. Esta no es una cifra inalcanzable ni mucho menos para Martín Urriza: en los años de la burbuja se construían 600.000 viviendas al año, cuenta, hay más de un millón de viviendas vacías en las siete provincias más pobladas y “se han dejado que aparezcan” más de 370.000 pisos turísticos en zonas tensionadas. Una combinado de construcción en suelo público, movilización de viviendas vacías y restricciones a AirBnb debería bastar para llegar a esa cifra. Ayudaría mucho para conseguir este objetivo, explica, contar con los 83.000 millones de euros en créditos blandos de Next Generation concedidos a 30 años que el Gobierno “no va a gastar y va a devolver” a Europa. No es una cuestión de dinero, ni de suelo —algo que los municipios y la Sareb tienen de sobra—, sino de “voluntad”, insiste este economista, de unos partidos políticos “atravesados de intereses”. 

“No existe un problema de vivienda, sino una falta de voluntad política para solucionarlo”, explica a El Salto el diputado de Sumar Carlos Martín Urriza

Las soluciones existen, dice Martín Urriza, pero no figuran en el Plan Estatal de Vivienda, lanzado el pasado 17 de septiembre, que debe marcar la estrategia para los siguientes cinco años, un documento que ha sido calificado por los sindicatos de inquilinos como “un chollo para rentistas y fondos buitre”. Para Martín Urriza el plan es una “decepción” y una “oportunidad perdida”, especialmente porque  no debe pasar por un Congreso con mayoría de derecha al tratarse de un desarrollo de la ley de vivienda. 

Uno de sus principales problemas, comenta este economista a El Salto, es su falta de ambición: apenas contempla gastar 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado central solo aporta el 60%, unos 4.200 millones. Solo en el último Consejo de Ministros de este martes 21 de octubre el Gobierno aprobó gastos en armamento de 2.342 millones de euros, la mayoría para comprar helicópteros militares. “Está clara la preferencia del PSOE entre viviendas y cañones”, resume el diputado de Sumar.