Madrid
El movimiento de vivienda detiene el primero de los dos desahucios de CaixaBank previstos para esta semana
Este martes CaixaBank ha estado a punto de desahuciar a una familia con tres hijos menores. Jasbir ha sido un afectado más de las hipotecas. Después de quitarle su casa por la crisis, CaixaBank le subió el alquiler al segundo año de contrato. Una práctica que sistemáticamente aplica esta entidad bancaria con sus supuestos “alquileres sociales”, denuncia el sindicato de vivienda de PAH Vallekas que esta mañana ha acompañado a Jasbir a parar el desalojo. “Detrás del desahucio de Vallecas están una vez más las cláusulas abusivas en los alquileres sociales, un mal precedente para las políticas de vivienda del gobierno progresista”, señalan desde la PAH.
Aunque CaixaBank registró un nuevo aumento record del 3,5% de su beneficio hasta septiembre de 2025, alcanzando los 4.397 millones, y en estas fechas presume de su campaña navideña “el árbol de los sueños”, que proporciona regalos a niños de familias pobres, los desahucios se producen sin negociación alguna por parte de la entidad. Así lo aseguran tanto PAH Vallekas como la Organización de Vivienda de Tetúan (OVT), quienes el 11 de diciembre intentarán parar otro desahucio de Caixabank, el de Yassine. En ambos casos, las familias no tienen alternativa alguna y pese a los intentos de las organizaciones de vivienda de llegar a una solución negociada con la entidad.
PAH Vallekas, insiste en que los desahucios siguen produciéndose como parte de “la hipocresía y fracaso de las políticas paliativas de la crisis de vivienda aplicadas por las administraciones y entidades bancarias con apoyo del Estado –con una participación del 18%- como Caixabank”. Aunque se ha parado hasta el 14 de enero próximo, este banco, mantiene el desahucio Jasbir por impago de alquiler producido después de que les subiera el alquiler un 400%, en el segundo año de contrato, Una práctica habitual en los supuestos alquileres sociales que la entidad firma con algunos de los hogares a los que previamente había arrebatado la casa en un procedimiento hipotecario, como es el caso de esta familia inquilina en Vallecas.
Jasbir y Kamlesh perdieron su vivienda en 2011 en medio de la crisis masiva de impagos hipotecarios. Después fueron incluidos en el programa Impulsa de alquileres sociales de Caixabank, al firmar un nuevo contrato en 2021 y que dos años después, en 2023 les impuso una inexplicable subida, una práctica habitual en los llamados alquileres sociales. El movimiento de vivienda de Madrid ha venido denunciando éstas prácticas y llevado a los tribunales los casos de los fondos buitre Azora y Fidere, así como el caso de la Sareb, que se convertirá en la anunciada empresa pública de vivienda Casa 47.
“Detrás del desahucio de Vallecas están una vez más las cláusulas abusivas en los alquileres sociales, un mal precedente para las políticas de vivienda del gobierno progresista”, sostienen PAH Vallekas
“De poco sirve que el gobierno hable de alquileres de 14 años para Casa 47, cuando su germen Sareb y otras entidades asociadas al Estado como Caixabank nos imponen alquileres con bonificaciones-fantasma que convierten en papel mojado la propia idea de contrato de alquiler y que solo benefician a las entidades del tercer sector que nos hacen el seguimiento y el control a los inquilinos”, argumentan desde PAH Vallekas. Y ponen como ejemplo el desahucio, de iguales características, que Sareb tiene previsto para el 15 de diciembre en el barrio de Entrevías, después de subirles el alquiler a una familia que forma parte desde 2015 de sus programas de alquiler social.
Desahucio en Tetúan el 11 de diciembre
En días en que, paradójicamente, CaixaBank lanza sus mensajes de caridad navideña el próximo miércoles este mismo banco quiere dejar en la calle a Yassine y el resto de personas que habitan una vivienda, en el barrio de Tetuán, pero bajo el paraguas de Livingcenter (Building Center/La Caixa). Los habitantes de esta casa, todas personas migrantes y racializadas, acudieron a la Organización de Vivienda de Tetuán como única alternativa para que no les echen de donde han residido los últimos tres años.
El racismo inmobiliario persiste de manera estructural a la hora de acceder a una vivienda digna y la entidad responsable de esta vivienda es un banco que dice contar Plan de Acción Social que incluye, entre sus objetivos, la plena inclusión de la migración. “Ejecutar esta orden de desalojo en tales circunstancias pone de manifiesto la profunda incoherencia entre sus supuestos valores corporativos y sus acciones reales, generando una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad que es inaceptable”, acusan desde OVT, que este 11 de diciembre intentarán por todos los medios detener un desahucio más de CaixaBank.
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