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Derecho a la vivienda
Desokupa y la policía, mano a mano en un desahucio en Carabanchel
Todo comenzó a mediodía con una visita nada amigable de Desokupa. Ocho personas viven en este piso ocupado de Carabanchel (Madrid), en la calle Duquesa de Tamames. Fueron los propios trabajadores de la empresa dirigida por el mediático Daniel Esteve quienes llamaron a la Policía Nacional, según el abogado que asiste a los jóvenes, Luis Ignacio López Arranz.
Un dispositivo intentó entrar en la vivienda a la fuerza, pero los habitantes “han puesto en medio todo lo que tenían para que no pudieran abrir la puerta” y consiguieron frenar el desahucio el tiempo suficiente para que llegara el abogado y consiguiera negociar la presencia de los bomberos para asegurarse de que no existe un daño estructural en el edificio.
Según cuenta López Arranz a El Salto, alrededor del bloque de Duquesa de Tamames hay dos controles policiales, en el primero y más alejado una treintena de agentes contenían a los vecinos y personas que habían acudido para solidarizarse con los jóvenes. Un segundo frente consistía en un policía municipal y 15 trabajadores de Desokupa dentro del cordón policial. “Es una discriminación bastante gorda”, resume el abogado.
En contraste con la “colaboración total” entre Desokupa y la policía, el abogado denuncia que fue sacado del cordón policial de “malas maneras”
En contraste con la “colaboración total” entre Desokupa y la policía, el abogado denuncia que fue sacado del cordón policial de “malas maneras” sin permitirle, después de los primeros momentos, asistir a sus clientes dentro del piso.
El abogado López Arranz denuncia irregularidades en todo el proceso: todo comenzó con una ordenanza del Ayuntamiento de Madrid para demoler el bloque por el mal estado de conservación. Ante una orden de este tipo, explica a El Salto, debe ser la Policía Municipal la encargada de presentarse para cumplir con ella, no un grupo de Desokupa ni la Policía Nacional, quien fue la primera en acudir “sin que nadie la haya llamado” ni tener ningún tipo de competencia en este tipo de asuntos, según el letrado. La intervención policial terminó con una planta tapiada por los bomberos y el desalojo suspendido. El abogado no tiene dudas de que los trabajadores de Desokupa volverán en los siguientes días.
La colaboración entre las empresas de desocupaciones y la policía, especialmente la dirigida por Esteve, saltó al debate público después de que en agosto el Sindicato Unificado de Policía firmara un acuerdo con Desokupa para brindar formación a 30.000 agentes. La colaboración y puertas giratorias entre las fuerzas de seguridad y las empresas desokupas, con prácticas que van desde la intimidación a la violencia física, han sido denunciadas en incontables ocasiones. Las prácticas intimidatorias de estas empresas han merecido varias condenas de la justicia, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid contra los trabajadores de la empresa Bastión Desokupa en 2022.
La prohibición de los desahucios extrajudiciales y las empresas que ganan dinero con ellos es una demanda repetida por el movimiento de vivienda y por los aliados de izquierda del Gobierno central. Sin embargo, no hay todavía ninguna propuesta en firme del Gobierno de Pedro Sánchez para prohibir estas prácticas que tantas veces se ven amparadas por la propia policía.
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