LGTBIAQ+
Horizonte LGTBI+ 2026: hacer cumplir derechos conquistados mientras se frena el avance del odio

A finales de 2025, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena de 24 años de prisión para Diego M.M. por un delito de asesinato con agravante de discriminación por motivo de orientación sexual. La sentencia era la culminación de un proceso de cuatro años, un final que la asociación ALAS A Coruña, colectivo que ha ejercido la acusación popular, valoraba como positivo y que la Federación Estatal de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y más (FELGTBI+) aprovechaba para apuntar a 2026 como el año en el que dar un paso definitivo para la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad como “una herramienta imprescindible para salvar vidas”, tal como decía entones Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+.

Ya en 2026 y preguntada por este medio, Iglesias vuelve a mencionar este pacto como una herramienta crucial. “En un contexto donde los discursos de odio tienen numerosos altavoces y plataformas de difusión es necesario establecer herramientas que frenen esta situación”, explica. Porque “los discursos de odio son la semilla que hace crecer la violencia, la discriminación y el odio que sufrimos a diario”, argumenta.

La organización que lidera ha sido muy concreta en sus demandas: pide que se habilite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda ejercer sus funciones de supervisión y sanción de las plataformas digitales. El reciente debate público sobre el uso de Grok, la IA integrada en X, para crear imágenes sexuales no consentidas de mujeres y menores de edad ha puesto en el centro la necesidad de un mecanismo de control de las plataformas digitales.

Paula Iglesias (FELGTBI+): “Los bulos y la desinformación que se vierte a través de los discursos de odio son el origen del acoso, los insultos, la discriminación, la intimidación y las agresiones a las que estamos expuestas constantemente”

Para Iglesias, el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales y el Código de Conducta sobre la lucha contra el discurso de odio en línea son medidas urgentes en el contexto también de la lucha contra los discursos de odio. “Existe una clara correlación entre los discursos y los mensajes de odio en las redes sociales y los incidentes de odio. Los bulos y la desinformación que se vierte a través de los discursos de odio son el origen del acoso, los insultos, la discriminación, la intimidación y las agresiones a las que estamos expuestas constantemente”, dice.

La difusión impune de este tipo de discursos es también una de las preocupaciones que menciona Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans, que pide que se aborde la transfobia como cualquier otra discriminación, y no como una de segunda. 

La lucha contra los discursos de odio es una línea en la que continuar trabajando como estratégica en un contexto estatal y global preocupante, como apunta Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA Mundo, federación global de más de 2.000 organizaciones de más de 170 países que trabajan por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Para Ehrt, este 2026 viene influido por “los recortes de financiación y la creciente hostilidad hacia el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos”. “Como consecuencia de un devastador 2025, las comunidades LGBTI son menos dinámicas, más pobres y están menos preparadas para resistir y documentar las violaciones de los derechos humanos”, añade.

Iglesias: es urgente desarrollar la ley LGTBI

“Los retos para el colectivo LGTBI+ en 2026 son, desgraciadamente, oportunidades perdidas que ha dejado el año 2025 y que llevamos arrastrando desde la aprobación de la Ley LGTBI+”, dice Iglesias.  El marzo de este año se cumplirán tres años de la publicación en el BOE de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Por eso, para la FELGTBI+ es hora de apostar por el desarrollo completo de esta norma. 

Iglesias señala dos medidas de forma muy específica: el desarrollo de los protocolos específicos de asistencia sanitaria a personas trans e intersex que establece la Ley LGTBI+, que está trabajando la Federación con el Ministerio de Sanidad, y el protocolo de acompañamiento para las personas trans en el ámbito laboral, que emana del Real Decreto para la igualdad de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral y que involucra el Ministerio de Trabajo.

“Es urgente entender que las leyes aprobadas quedan en papel mojado si no se implementan y se desarrollan”, dice, porque “aunque hayamos avanzando en derechos, la igualdad real, social y económica del colectivo, lejos de ser una situación de privilegio, se dirige hacia el empeoramiento de nuestra calidad de vida, con cifras alarmantes de desempleo y sinhogarismo que, además, van en aumento”. De hecho, apunta, así lo reflejan los datos del informe delEstado Socioeconómico LGTBI+ 2025, que indica que las personas LGTBIQA+ sufren, entre otras cosas, mayores tasas de desempleo y altos porcentajes de situaciones de sinhogarismo.

Seguir trabajando por una educación inclusiva y respetuosa con la diversidad, erradicar el sexilio y proteger el Orgullo como herramienta de visibilidad son otros de los retos para este año.

Cambrollé: ley de memoria trans y un protocolo para personas trans migrantes

Mar Cambrollé, desde Plataforma Trans, denuncia una parálisis institucional que califica de “grave”. En cuanto al cumplimiento de la ley LGTBI y trans, son dos los aspectos que su organización entiende como estratégicos para el 2026. Uno tiene que ver con la atención sanitaria: se hace urgente acabar con las listas de espera en la sanidad pública, que a menudo actúan como un motor para favorecer el lucro de la sanidad privada a costa de las necesidades de salud de las personas trans, señala. Plataforma Trans ha pedido hasta en dos ocasiones una reunión con la ministra de Sanidad que aun no se ha producido.

En el ámbito de la Sanidad, dice Cambrollé, “hay que cambiar dinámicas que vienen de antaño, de la exclusión total del sistema de salud aprobado en 1995 por la ministra socialista Ángeles Amador, y vienen desde esa sobre hipocresía donde en el papel tenemos derecho a tratamientos médicos y quirúrgicos que precisan las personas trans mientras las listas de espera sirven de embudo para favorecer que la sanidad privada siga haciendo caja con nuestras necesidades de salud”. 

Además, Plataforma Trans viene reclamando desde hace más de un año que se creen las instrucciones que hagan posible que las personas migrantes adecúen su nombre y género en documentos como el NIE o la tarjeta sanitaria. De este retraso culpa al Ministerio de Interior, a quien acusa de exponer a un colectivo ya vulnerable a una mayor violencia institucional y trabas burocráticas. La Plataforma ha pedido en este asunto amparo al Defensor del Pueblo, que en una respuesta el 6 de enero informaba de que se había puesto en contacto con Interior para señalar este problema.

La ley reconoce el derecho de las personas trans extranjeras que no puedan realizar la rectificación registral de nombre y mención al sexo en sus países de origen a adecuar sus documentos en España. Sin embargo, la normativa insta a crear unas instrucciones que no existen, lo que de hecho supone una barrera para el ejercicio de este derecho.

Mar Cambrollé, presidenta de Plataforma Trans, recuerda que Ley de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura sigue guardada en un cajón tras su registro en noviembre de 2024

Cambrollé señala otro asunto sobre el que espera avances en este 2026: laLey de Memoria y Justicia para la Reparación de las Personas trans y LGTBI víctimas de la dictadura por motivos de Orientación Sexual, Identidad y/o Expresión de Género. Registrada por Sumar, Bildu, ERC, Junts, Podemos y también BNG a iniciativa de Plataforma Trans en noviembre de 2024 en el Congreso, el texto no ha visto avances significativos en más de un año, una seña de que las personas trans “somos los parias de los parias”, lamenta Cambrollé. “Se ha quedado en el cajón y nos duele bastante. Sin justicia no hay democracia y hasta que no haya reparación no hay democracia para nosotras”.

Además, entre las líneas de trabajo de la federación va a estar el exigir políticas públicas de empleo para las personas trans. En ese sentido, Cambrollé apunta también a la necesidad de hacer seguimiento de la ley trans y LGTBI, que contempla medidas para fomentar el empleo. “Este Gobierno debería pasar de titulares y de promesas a políticas concretas, porque no solamente será bueno para el colectivo LGTBI. Este Gobierno tiene la responsabilidad de hacer políticas para no entregarnos a las manos de la extrema derecha”.

Ehrt: un frente común e interseccional por los derechos

A nivel internacional, Julia Ehrt (ILGA Mundo) ofrece una perspectiva preocupante pero combativa. El año 2025 fue, dice, “devastador” debido a los recortes de financiación y la hostilidad gubernamental hacia los defensores de derechos humanos.

Esta federación describe 2025 como un año de graves reveses por la presencia de “fuerzas políticas que retroceden sin descanso en materia de igualdad, reconocimiento y protección”. Algunos ejemplos de estos retrocesos son los de Burkina Faso, que decidió por primera vez llevar a cabo la criminalización de las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo; Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei emitió un decreto que modifica la histórica Ley de Identidad de Género que se basaba en el principiode autoidentificación, o Reino Unido, cuyo Tribunal Supremo restringió la definición de mujer para la Ley de Igualdad. En la Unión Europea, Hungría y Eslovaquia aprobaron enmiendas a la Constitución que socavan los derechos, llegando la primera incluso a prohibir las marchas del Orgullo.

Julia Ehrt (ILGA Mundo): “Es más importante que nunca recordar a todos los actores estatales y no estatales su responsabilidad de proteger, respetar y cumplir los derechos humanos y la justicia social para todas las personas”.

Pese a ello, 2025 también trajo avances positivos, como la renovación por parte del Consejo de Derechos Humanos del mandato del único experto en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas que se dedica específicamente a abordar la violencia y la discriminación contra las personas LGBT y de género diverso, explica Ehrt.

Sobre avances en 2026, ILGA mira a una decena de países que tienen pendientes algunas medidas. Uno de ellos es Australia, donde se espera la aprobación de un proyecto de ley para prohibir los tratamientos aplazables en menores intersex. En Chile, se espera que se implemente un nuevo protocolo para exigir a los centros educativos que adopten medidas de prevención del acoso escolar, incluso por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. Otro ejemplo es México, donde podrían aprobarse diferentes medidas sobre delitos de odio relacionados con el delito de “transfemicidio” ha estado en la agenda legislativa.

Ehrt espera que en 2026 una unión de fuerzas entre personas LGBTI con otros movimientos como el feminista o los colectivos por los derechos sexuales y reproductivos y de justicia social sea el frente para “seguir trabajando por un mundo en el que todas las personas sean libres de amar a quien quieran y de decidir sobre sus cuerpos”. 

“Las comunidades LGBTI siempre han estado al margen de la sociedad y, con el aumento de la inestabilidad mundial, debemos reconocer que muchas comunidades que son discriminadas y privadas de sus derechos corren un mayor riesgo de quedarse atrás —ya sea por su raza, condición de migrantes, género, clase, situación económica, orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales, entre otras cosas”, explica a El Salto. “Es más importante que nunca recordar a todos los actores estatales y no estatales su responsabilidad de proteger, respetar y cumplir los derechos humanos y la justicia social para todas las personas”, finaliza.