Argentina
La casta eran las mujeres: Milei amenaza con sanciones penales a quienes denuncian violencia de género y abuso

El presidente de la Argentina, Javier Milei, mintió. No una, sino varias veces. Mintió, por ejemplo, cuando en su discurso inaugural de gobierno aseguró tajante que “dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, como aviso de lo mucho que su gestión pensaba ajustarse a las normativas vigentes. Lo mismo repitieron y siguen repitiendo ministros, asesores y funcionarios que insisten en declararse respetuosos de la República. Pero mienten también. Porque al rato de asumir se abalanzaron contra lo que les molestaba, con un encono especial por las conquistas legislativas de los movimientos feministas y de las diversidades sexuales.

Así es que eliminaron por decreto el DNI no binario; desmantelaron la Línea 144 —destinada a brindar contención e información a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia por razones de género—; prohibieron la utilización del lenguaje inclusivo en la administración pública; modificaron la Ley Micaela —que establecía la formación obligatoria en género para trabajadores y trabajadoras del Estado—; dieron de baja un 10% de las contrataciones realizadas a través de la Ley de Cupo Trans; o dejaron de garantizar la implementación de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable y la 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

El primer mandatario y sus ministros mintieron y se llevaron puesto el derecho argentino para erradicar la “ideología de género” y garantizar “los valores de la familia tradicional y la perpetuación de la especie”.

“La amenaza penal para quienes planteen una denuncia o declaren en un juicio por delitos contra menores de edad que eventualmente no puedan ser probados por la justicia, aumenta la desprotección de niños, niñas y adolescentes”

El último batacazo fue el reciente dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación —con el explícito visto bueno del ministro de Justicia— al Proyecto de Ley S-0228/2025 para aumentar las penas por “falsa denuncia”, “falso testimonio” y “encubrimiento” solamente en causas de violencia de género, abuso o acoso sexual, y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Inmediatamente resonaron las alertas de la sociedad civil.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se pronunciaron con informes, comunicados y post urgentes en las redes sociales: “Cualquier denuncia falsa es un problema atendible por los perjuicios que podría generar a las personas afectadas. Sin embargo, al enfocarse este proyecto únicamente en ‘falsas denuncias’ que involucran violencia por razones de género, la reforma refuerza prejuicios históricos sobre las mujeres y suma una barrera adicional a las innumerables dificultades que enfrentan en el acceso a la justicia cuando deciden pedir ayuda ante situaciones de violencia por razones de género. Además, la amenaza penal para quienes planteen una denuncia o declaren en un juicio por delitos contra menores de edad que eventualmente no puedan ser probados por la justicia, aumenta la desprotección de niños, niñas y adolescentes”.

En la misma línea se manifestó Paula Wachter, directora ejecutiva de la fundación Red por la infancia: “Ningún profesional que esté trabajando en violencias contra niños, niñas y adolescentes va a alentar una falsa denuncia de violencia intrafamiliar o de abuso sexual porque atentaría contra lo que hacemos. Y no debemos olvidar que en Argentina el delito contra la integridad sexual es el segundo delito menos denunciado y el más subreportado. Entonces, habría que poder diferenciar entre una denuncia deliberadamente falsa de una denuncia insustanciada. De ahí, la importancia de fortalecer, entre los adultos en contacto con niños, los conocimientos sobre los indicadores de violencia intrafamiliar y/o de abuso sexual. Si además tuviéramos una justicia especializada, que diera curso rápido a cualquier sospecha y actuara en pos de resguardar al niño y su interés superior, creo que no habría tanto descontento. El accionar lento de los procesos judiciales destruye vínculos, destruye infancias, es revictimizante y una nueva fuente de trauma”.

En Argentina no hay números oficiales sobre denuncias falsas en general, ni específicas en casos que involucren violencia por razones de género. En cambio, sí hay evidencia que comprueba que son muy pocas las mujeres que denuncian o buscan ayuda cuando se encuentran atravesando situaciones de violencia en sus vínculos de pareja.

El 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar

En 2022, la Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea señaló que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero solo una de cada cuatro buscó ayuda o llegó a denunciar. Y entre las historias más extremas, los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema muestran que el 18% de las 228 mujeres asesinadas en 2024 había denunciado al victimario y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento de la agresión.

Todavía más siniestras son las cifras aportadas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses: estiman que en Argentina de cada 1.000 abusos sexuales en la infancia, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena.

Como la propuesta legislativa que acaba de obtener dictamen en el Senado no argumenta con pruebas que las falsas denuncias por violencia de género sean un problema extendido en el país, integrantes de ELA se ocuparon de buscar jurisprudencia en el portal web de la Corte Suprema de Justicia. Entre los resultados surge que las causas por denuncias falsas suelen estar principalmente vinculadas a delitos económicos, de falsificación y aduaneros —estafas, defraudaciones a seguros, contrabando—; la proporción de mujeres imputadas es muy baja; y ninguno fue por denuncias de violencia de género.

“Si la verdadera intención fuera limitar las denuncias falsas sería razonable abordarlas a todas y no las que se enfocan en un grupo específico de causas que, como se ha visto, están muy lejos de ser una parte significativa. En ese sentido, el proyecto de ley antes que contribuir a resolver un problema que podría ser legítimamente preocupante, agrava otro: la mayoría de las mujeres que atraviesa situaciones de violencia de género ya no busca la asistencia del Estado y menos lo harán en el futuro si pesa sobre ellas la amenaza de persecución penal si no demuestran lo que denuncian”, explica la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva en ELA.

“La mayoría de las mujeres que atraviesa situaciones de violencia de género ya no busca la asistencia del Estado y menos lo harán en el futuro si pesa sobre ellas la amenaza de persecución penal”, explica la abogada Natalia Gherardi

Punto aparte merece la demostración, teniendo en cuenta que no debería abordarse de igual manera el robo de un auto que un abuso sexual, por ejemplo. En consecuencia, Virginia Berlinerblau, médica especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil y en Medicina Legal, divide en tres los tipos de denuncias y distingue las sustanciadas (o probadas), las insustanciadas y las falsas. Las denuncias insustanciadas incluyen aquellas donde la evidencia es insuficiente, según el criterio de quien lleva el caso, sin que necesariamente refleje una denuncia falsa.

Berlinerblau pone sobre la mesa la complejidad del asunto: “Las denuncias de incesto y abuso sexual infantil son particularmente difíciles de adjudicar. La naturaleza del hecho lo convierte en un evento privado, raramente hay testigos más allá del acusado y de la niña o niño, frecuentemente involucra a niños pequeños con habilidades verbales y cognitivas limitadas, no suele haber lesiones físicas —o si las hay no suelen identificar al perpetrador— y no existen criterios diagnósticos y/o algún síndrome de abuso sexual infantil unívoco y formalmente reconocido. Tampoco hay un perfil psiquiátrico o test psicológicos que permitan identificar al abusador sexual de niños o excluirlo con certeza de dicha categoría. Por eso es clave contar con profesionales forenses que incorporen la perspectiva de infancia y de género en las investigaciones”.

Así las cosas, la reforma del Proyecto de Ley S-0228/2025 parece indicar más una intención de amedrentar a las mujeres que sufran violencia de género o a quienes acompañen la denuncia de niños, niñas y adolescentes, antes que perseguir una mejora en el acceso a la justicia y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

“Una nueva era en la Argentina”

“La casta tiene miedo”, grita Javier Milei desde que apareció en la escena pública con un discurso antisistema que prometía perseguir y terminar con políticos privilegiados y corruptos. Ellos y sus “chanchullos” asumirían el ajuste para dar comienzo a “una nueva era en la Argentina”. 

Pero Milei mintió de nuevo. Un año y siete meses después, su famosa motosierra arrasó con los haberes jubilatorios, la educación y la salud pública, el sistema de ciencia y tecnología nacional, las comunidades indígenas, campesinas y campesinos, las personas con discapacidad, el presupuesto para la búsqueda de los y las 300 nietas apropiadas durante el terrorismo de Estado, y con decenas de empresas estatales que alistaron para privatizar. 

La “casta” terminaron siendo también los y las adolescentes de los 36 departamentos de las 12 provincias en las que se implementó hasta fines de 2023 el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA), una política pública inédita que planteó una intervención integral e intersectorial sobre el embarazo no intencional en la adolescencia, con articulación de áreas de salud, educación y desarrollo social. 

La “casta” terminaron siendo también los y las adolescentes de los 36 departamentos de las 12 provincias en las que se implementó hasta fines de 2023 el Plan Nacional de Prevención de Embarazo

El ENIA fue diseñado en base a la evidencia científica y experiencias de otros países, lo que permitió identificar las intervenciones más costo-efectivas para reducir el embarazo en la adolescencia. Se lanzó en 2017 en el gobierno de Mauricio Macri y se sostuvo durante dos gestiones nacionales diferentes. Milei lo desarmó ni bien asumió la presidencia.

“Desde el Plan ENIA logramos lo que a veces parece imposible: articular sectores y niveles de gobierno en una estrategia concreta, con resultados medibles, que transformó la vida de muchas adolescentes. Lamentamos el desmantelamiento del Plan porque con ello la población adolescente pierde oportunidades y el país se perjudica”, señala Silvina Ramos, socióloga del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y coordinadora técnica del Plan ENIA.

El resultado más destacado de la implementación fue la reducción del 50% en la tasa específica de fecundidad adolescente entre 2018 y 2023. Además, se evitaron aproximadamente 94.000 embarazos no intencionales y se redujo un 52% la brecha en la fecundidad adolescente entre las provincias que participaron del Plan y las que no lo hicieron, mejorando la equidad en el acceso a derechos.

Cabe mencionar que estas cifras argentinas a la baja se enmarcan en un contexto regional que ubica a América Latina como la segunda tasa de fecundidad adolescente más elevada a nivel mundial, luego de África subsahariana.

Pero no fue magia. Para lograr estos resultados se ejecutaron más de 260.000 asesorías en salud integral en escuelas, centros de salud y espacios comunitarios, y cerca de 250.000 adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración. A la vez, la política pública fortaleció la formación de equipos: se capacitaron más de 20.000 docentes y 23.000 profesionales de salud.

“El ENIA no solo redujo la tasa de fecundidad en la adolescencia sino que achicó desigualdades entre provincias. El embarazo en esa etapa de la vida se asocia con mayores riesgos de complicaciones de la salud, e impacta negativamente sobre las oportunidades de desarrollo personal e inserción social a través de la educación y el trabajo y, con ello, contribuye a reproducir el ciclo intergeneracional de la pobreza”, describe Valeria Isla, ex coordinadora general del Plan ENIA.

De acuerdo con el estudio Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia publicado en 2020 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la Argentina solo el 38% de las mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia completó la educación secundaria, el 3% accedió a la educación terciaria y el 1% a la universidad.

Que es lo mismo que decir que la maternidad temprana profundiza las brechas de formación y la movilidad social: quienes tienen un hijo en la adolescencia suelen dedicar más tiempo y esfuerzo a las tareas domésticas y de cuidados que a su capacitación; cuando buscan trabajar fuera de sus casas, registran tasas de desempleo superiores a quienes fueron madres en edad adulta; y si, finalmente, consiguen empleo perciben remuneraciones inferiores. 

El informe de UNFPA refleja, encima, que el sistema público de salud destina 200 millones de dólares al año para la atención de embarazos y partos en adolescentes, mientras que el financiamiento del Plan ENIA representaba 17,7 millones de dólares. “Lo que arroja una relación costo-beneficio del Plan muy positiva desde la perspectiva de los recursos invertidos y el ahorro fiscal que generan los embarazos no intencionales prevenidos”, cierra uno de los capítulos.

Para La Libertad Avanza, no obstante, al déficit fiscal cero se llega ajustando a los y las adolescentes más vulnerables.

La crueldad de moda

Como si no alcanzara con gestionar crueldades, el Gobierno ultraliberal justifica con declaraciones crueles el mayor ajuste económico de la historia.

Bajo estos nuevos bríos circuló la frase que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad le respondió a una mujer que reclamaba por la suspensión del tratamiento de su hijo con autismo: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? ¿Por qué tengo que pagar estacionamiento y vos no?”.

O el posteo en X de un diputado oficialista para festejar su presentación de un proyecto que modifica la Ley de Identidad de Género al impedir el uso de fondos públicos para intervenciones hormonales o quirúrgicas: “Que vuelva el sentido común. Toda persona mayor de 18 años puede decidir sobre su cuerpo, pero no con la plata de todos”.

El director de la Agencia Nacional de Discapacidad le respondió a una mujer que reclamaba por la suspensión del tratamiento de su hijo con autismo: “Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”

Para Diana Maffía, doctora en Filosofía, somos parte de un cambio moral y cultural, y no solo político: “Ciertas características de las personas como el color de piel, el sexo, la belleza física, los rasgos, dados los estereotipos sociales pueden tornarse en privilegios. También la clase social, la nacionalidad, el idioma y la religión pueden ubicarnos en lugares centrales o en los márgenes de la estratificación social, e incluso tornarse motivo de persecución. El liberalismo, desde sus orígenes, aclara que el desarrollo de los intereses individuales no puede prescindir de responsabilidades para garantizar un mínimo piso de dignidad y derechos a los grupos desfavorecidos. Pero el neoliberalismo conservador unido al capitalismo extractivista no quiere hacerse cargo de ese piso de ciudadanía. No consideran obligatorio un sostén solidario de ese piso de dignidad y las propias personas que lo requieran serán competidoras por el uso de los recursos, despreciadas y liberadas a sus propias capacidades”.

Pero el 44% de la población no eligió este modelo de sociedad ni de país. Tampoco el voto a la LLA significa necesariamente la firma de un cheque en blanco. Urge entonces que a la crueldad que se instala como nueva moda y disfraza el egoísmo de naturaleza humana responda una ciudadanía vintage que pregone responsabilidad colectiva y amorosa frente a la vulnerabilidad de los y las demás.

Nunca es demasiado tarde.