Montoro saca la regla. Golpes de austeridad y el gobierno de las finanzas

Los autores defienden que las fuerzas políticas que aspiren a la transformación, comenzando por el Ayuntamiento de Madrid, deben afrontar la batalla política relacionada con las políticas de austeridad y "deudocracia" que definen la zona Euro.

Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en una imagen de La Mocloa del último Consejo de MInistros
Pablo Carmona

Es concejal y portavoz en la Comisión de Economía por Ahora Madrid.

Isidro López

Es miembro del Instituto DM.


publicado
2017-11-08 15:47:00

Ayer martes 7 de noviembre se conoció la intervención –supervisión sería la palabra correcta–, de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministro Cristóbal Montoro. En el nombre de la Regla de Gasto, el golpe en la mesa del gobierno del PP llega en una coyuntura política marcada por la tensión territorial entre el Estado español y Cataluña. En este sentido, resulta tentador a bote pronto plantear la actuación del gobierno central como parte de una política de intervención generalizada de las entidades políticamente "incómodas" para el gobierno del PP. Siguiendo esa lógica, en el día de ayer habríamos vivido una suerte de primer episodio de la aplicación generalizada del artículo 155 de la Constitución, en este caso sobre la ciudad de Madrid.

Sin negar la arbitrariedad política de la decisión de Montoro, esta explicación en clave "nacional" y únicamente centrada en el PP se queda evidentemente corta, además de no ayudar en absoluto a la comprensión de los escenarios que se abren en el corto y medio plazo.

Todo ello obliga a recordar que la Regla de Gasto sólo juega en el campo de las imposiciones de la Unión Europea, siempre encomendada al gobierno de los poderes financieros y como desarrollo específico del artículo 135 de la Constitución que consagra el pago de la deuda como prioridad absoluta. Quizás el producto más acabado del espíritu que llevó a la reforma constitucional exprés votada por un parlamento mayoritariamente compuesto por PP y PSOE y que a duras penas se podía calificar de mínimamente representativo del “país real” en esos momentos posteriores al 15M.

El gobierno alemán, valedor de los intereses financieros continentales y cabeza visible de las políticas de austeridad, ha sido siempre consciente de la necesidad de una especie de principio de subsidiariedad que diera nuevos poderes de intervención a la administración central frente a unas entidades locales y regionales donde la "Troika" no llegaba con la misma eficacia en sus intervenciones. De hecho, es bajo esta rúbrica que las cuentas catalanas, entre muchas otras, llevan intervenidas por el Estado los últimos cinco años.

Con todas estas medidas, Bruselas impuso el control por parte del Estado del gasto en los niveles locales y autonómicos como precepto derivado del recién estrenado articulo 135 de la Constitución. Y la interpretación concreta de esta orden de Bruselas por parte del ministro Montoro fue La Ley de Estabilidad 2/2012, que ampara la Regla de Gasto y que posiblemente es una de las regulaciones económicas más brutales y contraproducentes de cuantas se inscriben en el irracional e injusto universo económico de la austeridad.

De reducirse el PEF como plantea el Ministerio, nos encontraríamos ante una paralización casi completa de las obras de escuelas Infantiles, Polideportivos, del arreglo de las calles o de los Centros de Mayores

Efectivamente, nos encontramos ante una norma anticíclica, es decir, que funciona en sentido contrario a la tendencia económica general, pero que curiosamente sólo produce sus peores efectos depresores del crecimiento a escala local cuando este es positivo. Como se ha demostrado en el caso madrileño, cuanto más alto es el superávit en las cuentas, más obliga a que el presupuesto disponible se dirija al pago de la deuda y no a gastos o inversiones sociales. Al contrario del resto de países europeos, donde no hay un procedimiento sancionador para los ayuntamientos y regiones que incumplan la regla de gasto, ésta no deja de ser un indicador y una recomendación, algo que en España se convierte en una espada de Damocles para los presupuestos públicos.

Madrid debe desobedecer a su destino 

En el caso de la ''intervención'' de ayer sobre el Ayuntamiento de Madrid, se establecen unos nuevos requerimientos que provocarían recortes de más de 238 y 243 millones de euros para 2017 y 2018, respectivamente. Semejantes recortes supondrían –por poner un ejemplo–, que el capítulo de inversiones para 2018, cuantificado en el Plan Presupuestario a Medio Plazo de Madrid en más de 575 millones de euros y que en el PEF ahora denegado se rebajaba a 377,95 millones, se quedaría en la escalofriante cifra de 134,95 millones de euros. De hecho, nos encontraríamos ante una paralización casi completa de las obras de escuelas Infantiles, Polideportivos, del arreglo de las calles o de los Centros de Mayores.

De alguna manera, se ha sobrepasado la línea roja de la proyección de unos presupuestos que cumplan la ley sin aplicar recortes. Ya en el PEF ahora rechazado se aplicaban recortes significativos en los capítulos 4 y 6, además de un aumento de ingresos basado en la venta de parcelas de uso industrial, algo que se vuelve ineficaz en la actual situación. De nuevo el PEF de Madrid no vale y nunca valdrá, porque nos enfrentamos a una batalla que no atiende a arreglos técnicos, sino a pautas políticas.

Los costes del cambio de coyuntura anunciado por el BCE serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los grandes ayuntamientos en forma de recortes de presupuesto

Todo ello nos lleva a la pregunta ¿Qué puede hacer Ahora Madrid? Sabemos que –para Montoro–, estamos ante uno de los mejores experimentos de sus reglas del juego, aquellas que deberán regir en el nuevo escenario de crisis que se avecina. Y es que la finalización de las políticas de estímulo del Banco Central Europeo nos llevarán a nuevos episodios de crisis de deuda, tanto lo que ya sobrevuelan con sus políticas de austeridad a los Ayuntamientos como aquellos que no tardarán en fijarse con más fuerza en las Comunidades Autónomas y los servicios esenciales que prestan.

En efecto, a partir de enero, el verdadero impulsor de la endeble recuperación económica del Estado español, la compra masiva de bonos por parte del BCE, se reducirá a la mitad en su vertiente de compra de activos públicos. Esto nos llevará con toda seguridad a un aumento de los costes del endeudamiento para todas las administraciones públicas que emiten deuda y, también con toda seguridad, hacia una nueva ronda de recortes y privatizaciones que Bruselas ya ha exigido que se incluyan en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Sin duda, como ha sucedido en otras ocasiones –y la Regla de Gasto es el mejor ejemplo–, los costes de este cambio de coyuntura serán trasladados a las Comunidades Autónomas y los grandes ayuntamientos.

Por este motivo, en este episodio de Madrid estamos pagando cara las renuncias a reconocer y encarar políticamente el poder financiero europeo sobre su provincia española. El PP sigue en el gobierno porque el BCE le ha mantenido ahí a base de mantener el grifo de estímulos financieros abierto. Montoro ataca a Madrid porque la UE le concedió al Estado central poderes discrecionales para hacerlo, incluso en una coyuntura de crecimiento económico. Por esta razón, el espectro político del cambio, y más en general cualquier fuerza política que aspire a una mínima transformación, no puede seguir sin afrontar esta batalla política relacionada con las políticas de austeridad y deudocracia que, hoy por hoy, siguen definiendo la zona Euro

Ante todo ello es clave remarcar que estamos ya fuera del marco de “respetar la ley sin aplicar recortes” el PEF anterior nos dejo ya en la última línea roja y con serios problemas para gestionar el presupuesto. Ahora Madrid se encuentra con el dilema que va entre armar una batalla que excede a la ciudad de Madrid para capitanear la rebeldía, o aplicar recortes que llevarían al presupuesto madrileño a retrotraerse a los peores años de la crisis, dejando así sin ejecutar una buena parte de los proyectos que se tenían programados. En consecuencia, estamos ante un dilema que excede las posiciones institucionales locales e implica al conjunto de los procesos y movimientos de cambio que llevaron a las candidaturas municipalistas al gobierno de muchas ciudades para buscar en común el camino de la desobediencia y la democratización de nuestras ciudades.

Relacionadas

Municipalismo
Cómo afecta a los ayuntamientos el acuerdo entre PSOE y Podemos

El acuerdo sellado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado también contiene medidas que afectarán a la autonomía de los gobiernos locales y los presupuestos de los municipios.

Tribuna
Infeliz aniversario
2

Siete años de una reforma constitucional profundamente antisocial

Constitución
Ocho maneras en las que te puede afectar el artículo 135

La modificación del artículo 135 de la Constitución Española pactada por Zapatero y Rajoy un día de agosto hace siete años afecta a muchos ámbitos de la vida cotidiana de la gran mayoría de la ciudadanía.

Comunidades autónomas
Volver a alimentar a los buitres con las comunidades
6

Hacienda anuncia que muchas comunidades podrán volver a pedir financiación a los mercados en un horizonte donde los tipos de interés van a subir y las cuentas siguen sin estar saneadas. 

1 Comentario
#2834 16:53 9/11/2017

up

Responder
0
2

Destacadas

Empresas autonómicas de capital riesgo
CRM destinó 1,5 millones de euros a una empresa cuando un primo de Esperanza Aguirre entró en su accionariado

La empresa de capital riesgo madrileña Capital Riesgo Madrid perdió 1,3 de los 1,5 millones de euros que invirtió en la empresa textil Suprasport coincidiendo con la entrada de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Industria
Reconversión industrial del automóvil, pero con mejores condiciones laborales

CGT denuncia la utilización por parte de la patronal de la transición hacia el coche eléctrico para una “reestructuración salvaje” de las plantillas, y plantea aprovechar la oportunidad para mejorar las condiciones laborales en las plantas. 

Catalunya
16 detenidos, entre ellos dos alcaldes, en una operación de la Policía Nacional en la comarca de Girona

Las detenciones no han sido ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona, que lleva la causa, sino ejecutadas directamente por las fuerzas de seguridad españolas. Las acusaciones de desórdenes públicos están relacionas con la ocupación de las vías del AVE durante el aniversario del 1 de octubre.

Chalecos amarillos
“La protesta de los chalecos amarillos tiene que ver con la vida, la gente dice: ‘No conseguimos vivir así’”

Conversamos con la filósofa francesa Judith Revel sobre los chalecos amarillos franceses, los movimientos sociales que les precedieron durante esta década y cómo Foucault puede ayudarnos a entender estos tiempos.

Últimas

Laboral
Konecta despidió a 92 personas discapacitadas con la aprobación de la Agenda Tributaria
La Justicia madrileña da la razón al sindicato CGT y considera nulo el despido de 92 trabajadores con discapacidad de la multinacional del call center Kontacta. El sindicato señala la responsabilidad de la Agencia Tributaria, cliente de la empresa, a la que acusa de “cómplice” de los despidos. 
Refugiados
¿A qué huele un refugiado?
1

Los pabellones que todavía se mantienen en pie en el campo de concentración franquista de Montijo son un monumento (no reconocido) a la memoria de las víctimas de la represión fascista. Estos días, el bloqueo en el puerto de Barcelona del barco de Open Arms devuelve al presente la indignidad del trato degradante a los refugiados.  

México
El perdón del Gobierno de Mexico a la periodista Lydia Cacho llega con 14 años de retraso

El Gobierno de México pide perdón a la periodista Lydia Cacho por la persecución, detención y tortura que sufrió en 2005 tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, una investigación sobre las mafias de la trata y la explotación infantil en el sur del país.

Pueblos recuperados
La Audiencia Provincial confirma la sentencia a los pobladores de Fraguas

Los seis jóvenes condenados afirman que no pagarán la demolición del pueblo, por lo que la pena de cárcel podría ampliarse a los dos años y tres meses.

Catalunya
Dos alcaldes y ocho activistas detenidos en una operación de la Policía Nacional en Girona

Los arrestos no han sido ordenados por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Girona, que lleva la causa, sino directamente por las fuerzas de seguridad españolas. Las acusaciones de desórdenes públicos están relacionadas con la ocupación de las vías del AVE durante el aniversario del 1 de octubre.