Laboral
El sector social de Madrid sale a la calle: “No es vocación sino explotación”

“Este modelo convierte el dinero público para la cobertura de necesidades básicas en un negocio para empresas y fondos buitre”. Así define la Plataforma del Sector Social de Madrid lo que ocurre con los servicios sociales en la Comunidad madrileña. Un sistema insostenible tanto para usuarios como para las y los trabajadores que ha hecho que se pongan en pie de guerra este sábado 21 de marzo. Una concentración en la Plaza de Callao que se celebra un año y unos pocos días después de que la educadora María Belen fuera asesinada en un piso de menores tutelados de Badajoz y menos de un año del asesinato de Teresa, empleada de ayuda a domicilio en O Porriño por el usuario al que atendía. 

Dos casos que están en la cima de la pirámide de violencia y precariedad que viven muchos profesionales del sector social. En Madrid, son muchas las denuncias por infrapresupuestar estos servicios, por las privatizaciones y por los concursos a la baja. “Desde la Plataforma denunciamos la mercantilización del sector social y exigimos servicios 100% públicos porque trasladar una lógica de mercado a servicios que son esenciales para las personas conlleva convertir lo que debería ser la cobertura de derechos básicos en un negocio, y como todo negocio, poner por delante los beneficios de las empresas adjudicatarias sobre la cobertura de estos derechos”, explica a El Salto Irene Ruiz, portavoz de la Plataforma del Sector Social de Madrid. 

Esta plataforma califica de “vergüenza” que se “prime la rentabilidad económica” lo que conlleva reducir costes. “Esto tiene una repercusión directa en la calidad de la atención que podemos ofrecer”, asegura Ruiz, que denuncia plantillas saturadas, sobrecarga laboral, rotación constante, falta de personal y de recursos, elevados ratios, precariedad salarial, temporalidad, puestos que no se ajustan a las categorías laborales, falta de prevención de riesgos laborales y una total imposibilidad de conciliar. “Esto conlleva que están aumentando como nunca las bajas por depresión y ansiedad en las plantillas, y el abandono del sector de muchos profesionales cualificados para buscar trabajo en otros sectores donde el trabajo no cueste la salud”, explica la portavoz de la plataforma. 

Esta unión que tiene como integrantes sindicatos como CGT, Co.bas, CNT Comarcal Sur, comités de empresa como el del Samur Social o Intress, y colectivos como la Red de Apoyo Laboral Vallecas, entre otros, cifra la gestión externalizada de los servicios sociales entre un 75% y un 90%. En su opinión, esta situación no solo depende de gobiernos autonómicos liberales si no de la legislación estatal que lo permite -como la Ley de Contratos del sector Público 9/2017 o el actual Régimen jurídico del sector público-. 

Entre otros problemas que supone dar los servicios más esenciales en el plano social a empresas que buscan beneficios es cuando no les sale rentable participar en concursos públicos y estos quedan desiertos. Algo que pasó con la Red de Violencia de Género en el Ayuntamiento de Madrid. “No podemos permitir que se cierren servicios porque no haya ninguna empresa que quiera hacerse cargo, cuando los servicios sociales, al igual que la sanidad y la educación, son conquistas históricas de la clase trabajadora y que nos están arrebatando”, explica Irene Ruiz. 

“La intervención social se está convirtiendo desde hace tiempo en una burbuja en la que invertir grandes empresas”, comenta a este medio Jara González Fernández, educadora social y militante de CNT Comarcal Sur. “En los baremos de puntuación para la adjudicación de los proyectos del sector social prima igual o más los factores económicos a los técnicos, lo que no tiene sentido como servicio público y menos si es para atender a los personas más precarizadas o con más necesidad de apoyo: infancias juventudes y adolescencias, personas con diversidad funcional, personas en situación de calle, salud mental, etc”. 

Desde CNT aseguran que se “está tendiendo a agrupar contratos para que la dotación económica sea mayor y solo puedan optar a concurso empresas con mucha solvencia”, lo que aumenta la presencia de empresas o fondos de inversión sin vocación social. “No es algo nuevo el hacer negocio a costa de las personas más vulnerabilizadas con caridad y asistencialismo, pero en este momento de más precariedad lo estamos viendo de una forma más sistematizada y desde las administraciones públicas”, explica la educadora social. 

Remunicipalización y convenios unificados

Para la Plataforma, muchos de estos problemas pasan para solucionarse por la remunicipalización. “Cualquier servicio en manos de una empresa que no esté dando una cobertura adecuada, incumpliendo pliegos, con ratios desmesuradas etc debería prestarse de manera pública para garantizar una cobertura y atención dignas como servicios públicos que son”, comenta Irene Ruiz y recuerda que ya se ha hecho en Irún, Chiclana, San Fernando, Cádiz, Jerez de la Frontera o Asturias con el servicio de ayuda a domicilio, por poner algunos ejemplos. “Para nosotras sin duda es hacia donde se debe avanzar”, concluye. 

Uno de los problemas más graves que señalan son las condiciones laborales. “Las trabajadoras del sector social tenemos actualmente cinco convenios distintos”, explican desde la plataforma que señalan que son estatales, lo que no responde en sus tablas salariales al precio de la vida en cada comunidad. “Por ejemplo, desde el convenio de Acción e Intervención Social de 2018, tras seis años de subidas hemos perdido un 1,4% de poder adquisitivo”, explica Irene Ruiz, que comenta que esto es especialmente grave en la Comunidad de Madrid, donde el precio de la vivienda supone el 47% de medio del salario de una familia. 

“En la mayoría de los convenios mejorando muy poco el salario mínimo interprofesional: algunas mejoras repartidas en diferentes convenios como trienios, plus de peligrosidad…”, indica Jara Fernández González, que pone de ejemplo “el salario base de una persona con un grado en el convenio de Ocio Educativo es 19.700 euros mientras que en el de Acción e Intervención social son 26.280 euros, aproximadamente”. Por eso, desde la Plataforma afirman que “no es vocación sino explotación”. “ Por mucha vocación que tengamos nosotras nos formamos y realizamos un trabajo de cuidados esencial para la reproducción de la vida y la sociedad en su conjunto que debe estar remunerado”, termina rotunda Ruiz. 

La portavoz de la plataforma cree que “existe toda una operación ideológica de la derecha y la extrema derecha para desfinanciar servicios hacia colectivos vulnerables que sufren violencia como las mujeres o las personas migrantes”. Algo que, paralelamente, enriquece a un sector muy claro de la población. “Trabajamos en un oxímoron constante: las mismas estructuras que genera desigualdades, que vulneran los derechos más básicos de la clase obrera, que desahucian, que perpetúan la violencia machista, el racismo y la sociedad de clases; son, a su vez, quienes financian -a través de fundaciones para lavar su imagen, por ejemplo- y/o gestionan los recursos externalizados provistos para reducir, supuestamente, esa brecha de desigualdad. Es una pescadilla que se muerde la cola… Gestionar esto emocionalmente es duro”, explica la militante de CNT Comarcal Sur. 

“Es un sector altamente feminizado, a las que se les exige cualificaciones pero no están remuneradas como en otros sectores más masculinizados”, recuerda Elena Fernández, de Co.Bas

Esta situación de precariedad y lucha contra la privatización se está viviendo actualmente en conflictos colectivos muy activos como los que se viven en la Red de centros de Salud Mental, en el Samur Social, en la citada Red de Violencia de Género o en los Espacios de Igualdad. “Es un sector altamente feminizado, a las que se les exige cualificaciones pero no están remuneradas como en otros sectores más masculinizados”, recuerda Elena Fernández, del sindicato Co.Bas. “Estamos trabajando para que en Madrid exista un solo Convenio Regional que abarque a todo el Tercer Sector, ya que una de las dificultades que encontramos es que dentro del sector se aplican innumerables convenios distintos, a cada cual peor”, comenta.

Ella pone de ejemplo otros conflictos como el que se vive en el Centro de Acogida Juan Luis Vives para personas sin hogar del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Grupo 5. “Este centro se encuentra en un polígono donde hay consumo de prostitución, siendo las trabajadoras acosadas por los puteros durante el camino desde la estación de metro hasta el centro de trabajo, siendo paradas por ellos, masturbándose delante de ellas, persiguiéndolas con el coche, etc”, denuncia la sindicalista, que añade que un tribunal les ha dado la razón en condenar a la empresa por la desprotección de las empleadas. Aunque esta sentencia ha sido recurrida, Grupo 5 podría tener que desembolsar hasta 200.000 euros. 

"Nuestra victoria sienta precedente y sirve para todos los centros que están como nosotras, una situación que se que está muy normalizada en todas partes”, indica Borja cañadas Martín de CCOO

Otro caso es el del centro de acogida para personas en situación de calle San Isidro, el mayor de la Comunidad de Madrid y gestionado por la entidad Asispa. “Para trabajar dentro de este proyecto te piden el título de integración social, pero sin embargo, el contrato que se te hace es de monitor o de monitora, que es un poco la realidad que ocurre en todos los centros que que te contratan de de una cosa, pero el título que te piden es de una categoría profesional que queda por encima del que te corresponde”, explica a El Salto Borja Cañadas Martín, delegado sindical de CCOO y trabajador del centro.

“Fue una cosa que desde el primer momento intentamos mediar con la empresa”, comenta pero ante la negativa de la empresa tuvieron que acudir a los tribunales. “Ya tuvo lugar el juicio y la resolución salió a primeros de este año dándonos la victoria judicial”, explica con satisfacción, ya que “sienta precedente y sirve de ejemplo para todos los centros que están como nosotras y nosotros, que ya digo, es una situación que se que está muy normalizada en todas partes”.