Laboral
El sindicato ELA alerta sobre la salud mental de las trabajadoras en intervención social

“¿Es normal que me pueda sentir insegura en mi puesto de trabajo?”. Esta es una de las preguntas que quiere hacer el sindicato ELA a más de 3.800 trabajadoras de intervención social en Euskadi para poner de relieve la falta de atención sobre la salud mental en este sector. Las trabajadoras, que lidian cada día con problemas de adicciones, agresividad, enfermedad mental y muchas otras situaciones, rara vez denuncian su propia situación. Denunciar esa normalización del malestar laboral y revertirlo es el objetivo del sindicato vasco. 

A esta tensión laboral que se ha puesto de manifiesto en situaciones como la de la muerte de una educadora social en Extremadura, se unen situaciones como jornadas de diez horas diarias, con nocturnidad, sin que se cubran bajas, con alta rotación o la propia temporalidad. Circunstancias que, junto con la supuesta vocación y la subcontratación, hace que muchas trabajadoras no denuncien un problema en su salud mental. “Los riesgos psicosociales van unidos a las cargas de trabajo, que son excesivos, hay falta de participación en la toma de decisiones, continuos cambios organizativos, mucha movilidad geográfica”, añade Andrea González Lavin, educadora social y delegada de intervención social de ELA en Bilbao.  

Todo esto se une el acoso sexual, las agresiones o los insultos. “Las tenemos muy a menudo y las instituciones no se hacen cargo de ello”, denuncia González Lavin. Su sindicato, ELA, además de una investigación, ha creado una guía para ayudar a las educadoras, trabajadoras, auxiliares y demás perfiles de integración social para que sepan donde acudir cuando hay un problema. “Somos un sector con muy poca presencia sindical, incluso se ha criminalizado que haya elecciones sindicales”, explica a El Salto Vanesa Núñez Moran, que trabaja en un centro con usuarios con enfermedades mentales, en riesgo de exclusión y/o con adicciones.

Cuidar mirando el Excel

Eunate Serrano

Cuidados

Trabajo de cuidados Cuidar mirando el Excel

Eunate Serrano

La precariedad y la mercantilización del sector de los cuidados y la intervención social son la regla en Euskal Herria, un territorio donde fondos de inversión y grandes empresas se han hecho con el control de un lucrativo negocio.

“Hemos luchado por los derechos de las personas a las que atendemos y ya no somos voluntarias, este sector está profesionalizado: con ratios adecuados, cubriendo las bajas el primer día, con formaciones específicas, con prevención”, completa Núñez Moran. Preguntas como “¿habrá una persona de referencia en mi centro? ¿existen protocolos?” o “he tenido un accidente laboral y la empresa no me da el parte para ir a la mutua, me dicen que vaya al médico de cabecera”, pretenden hacer que las trabajadoras no normalicen estas situaciones de estrés laboral. 

Ante esta situación, estos pasos: denunciar frente a un delegado sindical, un representante laboral o acercarse al local de un sindicato. Unas indicaciones que no haría falta hacer si hubiera protocolos en favor de la salud mental. “Hay que intentar elaborar un relato sobre las situaciones que te han acontecido, para ver si hay riesgos psicosociales”, comenta González Lavin, que explica que en muchas empresas hay protocolos de acoso sexual pero no sobre riesgos psicosociales. 

Protocolos sobre riesgos psicosociales inexistente

Estos riesgos, según indica la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), “surgen de una mala concepción, organización y gestión del trabajo, así como de un contexto social deficiente del trabajo, y pueden entrañar resultados psicológicos, físicos y sociales negativos”. “Cuando has vivido una agresión o una situación de acoso, te afecta en lo personal, en la conciliación familiar, en el sueño y además les implica a las personas que atendemos”, explica la educadora social de Bilbao. 

Preguntada sobre si hay un respaldo a una trabajadora que reclama ayuda por su salud mental, la respuesta es que “depende” de los equipos de trabajo. “Debería haber un seguimiento exhaustivo, un espacio para ser escuchados, una supervisiones de equipo e individuales”, explica González Lavin, que puntualiza que nunca se actúa de manera preventiva. 

“No es lo mismo en una ludoteca que en el trabajo de calle”, comenta Vanesa Núñez Moran, ya que ella en 20 años ha visto muchas situaciones en las que se pone en riesgo la salud de las trabajadoras

Esta es una de las propuestas que ELA llevó al sexto convenio de intervención social de Bizkaia. “Pusimos sobre la mesa una batería de propuestas y solo se cogieron unas pocas”, comenta Vanesa Núñez Moran, que espera que sí se tengan en cuenta en 2026, cuando se vuelva a revisar el convenio. “Es que no es lo mismo en una ludoteca que en trabajo de calle”, explica, ya que ella en 20 años de carrera ha visto muchas situaciones en las que se pone en riesgo la salud de las trabajadoras, tanto física como mental. 

Como otras de las reivindicaciones de la trabajadora del sector social, no solo miran por su bienestar. “La salud mental tiene un impacto en las personas que acompañamos, porque al final la calidad del trabajo se ve resentida”, explica y continúa diciendo: “Las cargas de trabajo tienen que ver con las ratios, nuestro cuerpo es nuestra máquina de trabajo y tenemos una sobreexposición que hace mella, en primera instancia en nosotras y de forma colateral en las personas que acompañamos”. 

Esa “mochila personal” que aprenden a relegar y ponerse una coraza frente a las situaciones que presencian es parte de la formación que reciben. Una cualificación que, según denuncian, cada vez es menor. “Veo que cada vez se está convirtiendo en un asistencialismo, con menos personal, con menos formación, y esto hará que situaciones limites se den cada vez más”, concluyen. 

Piden volver a hacer públicos los servicios, que se acabe la figura del fijo-discontinuo y advierten del negocio que supone para “empresas sin escrúpulos” la intervención social

Para estas dos delegadas de ELA el responsable último es la Administración. Ya sea a través de un ayuntamiento, una diputación o una comunidad autónoma, entienden que es la Administración la responsable última de los beneficiarios y el estado de las trabajadoras. Por eso piden volver a hacer públicos los servicios, que se acabe la figura del fijo-discontinuo y advierten del negocio que supone para empresas sin escrúpulos la intervención social. “Ya estamos viendo empresas, incluso extranjeras, queriéndose hacer cargo de pisos tutelados de menores con medidas judiciales”, apunta Núñez Moran que lo considera un nuevo negocio.

Esta educadora social advierte que las empresas o asociaciones que ganan los pliegos muchas veces no quieren reportar los incidentes. Por un lado, las trabajadoras tienen miedo de hacerlo y que prescindan de ellas y, por otro, las empresas no quieren generar problemas y perder concursos públicos. “Se está luchando porque haya reconocimiento de accidentes y enfermedades laborales por estos motivos”, explica Núñez Moran, que apunta a que las trabajadoras en intervención social se sienten “instrumentos de contención de cara a la sociedad, trabajadoras esenciales porque tratamos con población muy dañada y nosotras estamos en mitad del sándwich”.

Stop Subcontratación: por un sector de Intervención Social público

Ederra Zabala Urrutia Silvia Urquijo Ortega

Tribuna

Integración Social Stop Subcontratación: por un sector de Intervención Social público

Ederra Zabala Urrutia ,  Silvia Urquijo Ortega

La lucha de dos años de trabajadoras y trabajadores de Intervención Social de Bizkaia culmina con la firma del convenio. ESK destaca la movilización y apoya la publificación para equiparar condiciones laborales al ámbito público.