Menores tutelados
Exigen que el servicio sea público en la protección de los menores tutelados

Con el pensamiento aún en el fallecimiento de la educadora social en un piso tutelado en Badajoz, el sector reclama medidas concretas que eviten situaciones así y consecuencias que viven en el día a día. Empezando por el número de personas contratadas, en los perfiles que reclaman unos, en las medidas de contención que se deben aplicar y también centrando el modelo económico del sistema de protección de menores.

Desde CNT Plasencia denuncian “una alarmante falta de personal y descoordinación en su gestión”. El sindicato extremeño asegura que es resultado de “la precariedad laboral que sufren a manos de las empresas gestoras, así como la dejadez de funciones por parte de la Junta de Extremadura”. Entre otros problemas señalan el exceso de trabajo, con un ratio de jóvenes a atender muy alto y con perfiles muy diferentes entre ellos. algo que exigiría un tratado individualizado mayor que los ratios no permiten.

CNT Plasencia denuncia “la precariedad laboral que sufren a manos de las empresas gestoras, así como la dejadez de funciones por parte de la Junta de Extremadura”

“Deben atender a jóvenes con problemas de conducta —explican—, con trastornos psicológicos o discapacidad intelectual que conviven con chicos y chicas que no presenta ninguna de esas problemáticas. Esta falta de atención individualizada pone en riesgo el bienestar y desarrollo integral de los y las menores”.

Una situación muy parecida describe Eva, trabajadora social que prefiere no dar su apellido. Ella trabajó en un centro de protección de menores, tanto como trabajadora social como auxiliar técnica educativa (ATE), la figura que más tiempo está con los menores en su día a día. “Tenemos sueldos horribles”, indica, y amplia que ella casi siempre trabajó en el turno de noche. “Éramos tres personas para atender a 32 chicos y chicas, entre 12 y 18 años, en un edificio de tres plantas”, comenta y explica que como se pusiera malo un niño o hubiera que atender a otro, alguna planta se queda sin supervisión ninguna.

No es lo mismo menores en protección que con medidas cautelares

Además, Eva explica que en este centro se mezclaban niños en protección —cuando sus padres o tutores no se pueden hacer cargo de sus cuidados y están en desamparo— y en medidas cautelares —cuando es el niño el que ha cometido un delito—. Durante el día, comenta Eva, había más perfiles como enfermera o psicóloga, pero el psiquiatra no venía tanto como lo necesitaban. “Todos o casi todos se disociaban en algún momento”, recuerda la trabajadora social.

Esto está muy ligado al comportamiento de los menores más inestables, que necesitan más atención y un vínculo con el cuidador mayor. Algo que se rompe, cuando los trabajadores tienen que contener físicamente a un menor. Se trata de una medida de último recurso que está muy puesta en duda. En opinión de Eva, debería haber personal de seguridad en los centros, al igual que hay celadores en los centros sanitarios o psiquiátricos. “Es imposible que, a nivel profesional, puedas hacer una contención y seguir con el vínculo que tan difícil es hacer con los chicos en situaciones tan vulnerables”, explica.

“Es imposible que, a nivel profesional, puedas hacer una contención y seguir con el vínculo que tan difícil es hacer con los chicos en situaciones tan vulnerables”, explica una trabajadora social

No está de acuerdo con la figura de seguridad en estos centros la psicóloga de un Centro de Atención a la Infancia (CAI) de Madrid. Ella explica a El Salto que cuando ellos valoran a un menor tienen muy difícil enviarle a un centro de protección porque la Comunidad de Madrid pone muchos problemas ya que su insistencia es que los menores vuelvan con sus padres. “Incluso habiendo riesgo”, denuncia la psicóloga. Para ella, “no debería haber guardas de seguridad, no debería haber contenciones físicas y debería estar bien trabajado el vínculo con el menor”. Algo que con las condiciones laborales actuales es imposible, apunta: mucha rotación de plantilla, un salario mileurista, inestabilidad laboral. “¿Cómo vas a trabajar con un chico con problemas si estás tú hecha polvo? ¿Cómo te va a contar bien su historia cuando es al décimo que se la cuenta en el centro?”, se pregunta la profesional.

Para ella, situaciones como la vivida en Badajoz, no se resuelve “como en Estados Unidos” ni con un control de armas ni con exámenes de drogas o alcohol continuos. “Hay que trabajar con terapia para que no se lleguen a esas situaciones, pero este requiere presupuesto”, explica e indica que antes que usar contenciones físicas, están las verbales o llamar a la policía. “Nunca una persona sola, siempre con la puerta abierta y gestionar el conflicto para que no escale”, concluye.

“Atendemos a los chavales, les acompañamos en sus procesos emocionales y también para poner límites”, explica un auxiliar técnico educativo

Ella reconoce que cuando los chicos provienen de medidas judiciales y han sido internados por un juez es más complejo. “No llega con apelar al apego, hay que instaurar una figura de autoridad, de referencia”, explica. Esta figura puede ser un educador o un auxiliar. Para un auxiliar técnico educativo de un centro madrileño, que prefiere no dar su nombre, su trabajo consiste en ese punto. “Atendemos a los chavales, les acompañamos en sus procesos emocionales y también para poner límites. No creo que nuestra labor sea solo de limpieza o cocina, se carga muchas veces, pero no es solo eso. En mi experiencia ha sido bastante parecida al de un educador, quitando los informes”, explica este profesional que ha trabajado en ambos perfiles durante casi una década.

Indica que en los pisos de régimen abierto, donde los menores pueden salir y entrar, “una contención física es el último recurso. “Antes —indica— debe haber un momento de calma o una contención verbal. Es una situación muy agresiva, tanto para el menor que lo sufre, para sus compañeros que lo ven como para el educador. No estamos ahí para eso”. Siempre que se hace debe ser por mantener la integridad del menor, de los demás chavales o de los empleados.

Este ATE explica que cuando es el primer caso, cuando el menor se puede hacer daño, se debe sujetarle para que se calme, con la menor fuerza posible siempre. “Otra circunstancia es cuando el menor intenta agredir a otro compañero, que suele bastar con separarle”, explica e indica que aunque hace años que no ve una situación así, si el menor quiere herir a un trabajador, este debe marcharse. Así el menor verá cómo acabar con un conflicto y se queda con otro educador o auxiliar calmándose.

Pliegos que se sacan a concurso como “botes de champú”

Todo esto se puede hacer si hay el personal suficiente, algo que pasa, en opinión de los trabajadores cuando se deja la gestión en un pliego externo. “En mi centro ha habido mejoras en los últimos cuatro años, pero no es lo habitual en el sector”, explica el auxiliar que cree que las “empresas grandes absorben a las empresas pequeñas y esto perjudica a los menores, porque solo buscan rendimiento económico con la reducción de costes”. Algo similar denuncian desde el centro de menores de Picón del Jarama. Marina, delegada sindical del centro de menores y trabajadora del mismo centro, indica que viven una situación de incertidumbre desde agosto del pasado año cuando salieron los pliegos y dos de los tres quedaron desiertos.

“En el centro conviven diariamente 50 niños y niñas con diagnóstico de trastorno de conducta desde hace 20 años y actualmente con 89 trabajadores que aseguran su bienestar y cubren todas sus necesidades”, indican. Los pliegos se dividían en tres: un bloque con niñas, otro de niños y otro mixto. “Como si de lotes de champús se tratase, en lugar de tener en cuenta sus dificultades individuales”, denuncian.

“Ya está afectando a los menores por la enorme rotación de personal que se está produciendo”, explica una trabajadora del centro Picón del Jarama

Con el concurso desierto de dos de ellos, los trabajadores temen por su estabilidad laboral, por la subrogación de sus empleos y por la incertidumbre que conlleva en el trato con los menores. “Ya está afectando a los menores por la enorme rotación de personal que se está produciendo”, denuncian y explican que, de la mano de CCOO, ya han pedido ayuda a la Comunidad de Madrid y ante la falta de respuestas se concentraron el pasado 26 de marzo frente a la Dirección General de infancia. “Recibiendo únicamente silencio y rechazo institucional”, lamentan. 

Esto refuerza lo que opinan los trabajadores preguntados. “Creo que la manera de que funcionara bien el sistema de protección es que fuera totalmente público, que en lugar de mirar cada céntimo para ganancias se mirara el bienestar de los menores, que al final son niños de entornos muy difíciles”, opina el ATE entrevistado. Para la psicóloga, es un error dejar en manos de ONG y asociaciones “a nuestra infancia más vulnerable solo por ahorrar dinero”. Para Eva, trabajadora social, los ratios y el presupuesto tienen que subir. “El problema —indica— es que son empresas privadas. Yo he tenido la orden, para recortar gastos, de poner una loncha de embutido por bocadillo para las meriendas. Algo que como madre y educadora no he podido consentir”.