Justicia
El Supremo publica por fin la sentencia a García Ortiz y cierra un proceso repleto de anomalías

Finalmente, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia que ratifica la condena al exfiscal general Álvaro García Ortiz. La Sala de lo Penal confirma lo anunciado hace 19 días en el fallo: una pena de dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros, y la obligación de indemnizar con 10.000 a Alberto González Amador —el novio de Isabel Díaz Ayuso—“por daños morales”.

El fallo —respaldado por una mayoría de cinco magistrados, con dos votos particulares en contra— le atribuye a García Ortiz, “o alguien de su entorno” la filtración del correo electrónico del abogado de González Amador donde éste admite que cometió varios delitos fiscales. El Tribunal asegura que el exfiscal vulneró su “reforzado deber de reserva”, incumpliendo así la obligación fundamental de confidencialidad inherente a su cargo. El correo, la nota y la confirmación de la filtración fueron suficientes, según el Supremo, para acreditar la autoría o, al menos, la responsabilidad directa del titular del Ministerio Público.

Todo el proceso ha estado salpicado por la sombra de la irregularidad y la polémica. Desde que se conoció la acusación y durante el juicio, hubo críticas acerca de los pasos dados por la Fiscalía para convertir esa filtración en un pronunciamiento mediático. En concreto, la nota informativa difundida por la Fiscalía la mañana posterior al correo fue señalada desde el inicio como una segunda vía para hacer público un contenido estrictamente reservado. Ahora el Supremo avala que ambas acciones constituyen delito.

Las primeras reacciones

Para la bancada del Partido Popular (PP), la condena confirma lo que llevaban denunciando desde hacía meses, y han calificado a García Ortiz como “el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente”. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha sostenido que no han necesitado leer la sentencia para constatar la gravedad del fallo: “Con sentencia firme, ya puede considerarse delincuente”.

Frente a esta postura, sectores de la izquierda han advertido de lo que consideran un “golpe a la presunción de inocencia” y un uso político de la justicia. La ministra de Sanidad y diputada de Más Madrid, Mónica García, ha sido especialmente dura al afirmar que la condena “pone a los pies de los caballos a toda la ciudadanía” y que supone un “golpe letal” al derecho a la defensa.

Desde la coalición del Gobierno, los socios encabezados por Sumar ya denunciaron en el impasse entre la sentencia dada a conocer este martes y el fallo del 20 de noviembre, que éste se apoyaba en indicios débiles, contradicciones internas y una interpretación excesivamente amplia del deber de reserva —sobre todo en lo relativo a la nota de prensa difundida por la Fiscalía—. Ya entonces afirmaron que el proceso evidencia una politización del poder judicial y un intento de “interferir en la vida democrática del país”.

Los jueces del fallo cobraron de la acusación

Las irregularidades también han estado presentes después de que acabara el juicio. En pleno proceso de deliberación, tres de los magistrados del Tribunal Supremo que condenaron a García Ortiz impartieron un curso pagado por Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una de las entidades que ejerció la acusación popular contra el ex fiscal general. Los magistrados implicados —Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal; Juan Ramón Berdugo; y Antonio del Moral— ofrecieron ponencias los días 17, 18 y 19 de noviembre dentro del “Curso de casación y turno especial”, una formación dirigida a abogados del turno de oficio que aspiran a litigar en el Supremo.

Para Comuns, el objetivo de la querella no era únicamente depurar responsabilidades individuales, sino abrir un debate más amplio sobre los límites del poder judicial

Según se supo después, al finalizar su intervención en el curso, Martínez Arrieta se despidió ante los alumnos diciendo: “Y con esto, señores, concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general”. Apenas 48 horas después, el tribunal emitió el fallo condenatorio, lo que podría suponer la comisión de un delito de revelación de datos reservados, el mismo por el que fue condenado el propio fiscal general.

Además de la retribución y la organización del curso, el caso de Martínez Arrieta destaca por su papel central en la causa contra García Ortiz. Como presidente de la Sala, fue el ponente encargado de redactar la sentencia, debido a que la magistrada designada, Susana Polo, renunció y anunció que presentaría uno de los dos votos particulares.

La querella de Comuns

Pocos días después de que se conociese la participación de los magistrados en el curso del ICAM, Comuns presentó una querella por revelación de secretos contra Andrés Martínez Arrieta por adelantar el contenido del fallo fuera de sede judicial.

En su argumentación, los querellantes sostuvieron que las palabras del magistrado suponían una revelación de secretos en la medida en que hacen público un hecho protegido por el deber de reserva, como son el estado y la dirección de las deliberaciones. En un tribunal colegiado, recordaban en el texto de la querella, las deliberaciones deben mantenerse en absoluto secreto, tanto para preservar la independencia de cada magistrado como para evitar presiones externas o internas. Que el presidente de la Sala indicara públicamente que tenía que “poner la sentencia” mientras el proceso seguía formalmente abierto supone, a juicio de Comuns, una infracción grave que compromete la credibilidad del fallo y afecta a la apariencia de imparcialidad que debe guiar a cualquier órgano judicial.

Para Comuns, el objetivo de la querella no era únicamente depurar responsabilidades individuales, sino abrir un debate más amplio sobre los límites del poder judicial y sobre la necesidad de reforzar mecanismos de control y transparencia. Con esta iniciativa, la formación busca forzar una investigación que permita esclarecer si hubo vulneración del secreto de las deliberaciones y si la actuación del presidente del tribunal puede haber afectado la validez del fallo.

La dimisión del fiscal general

Álvaro García Ortiz presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del Estado. En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz justificaba su dimisión como un acto de “profundo respeto a las resoluciones judiciales” y una voluntad de “proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales”. Según sus palabras, su decisión no obedecía a una exigencia externa concreta, sino a un imperativo moral tras una condena que consideraba incompatible con la continuidad en un cargo de máxima responsabilidad.

La ley no obliga a un cese inmediato tras la condena, pero el propio fiscal general reconoció en su misiva que mantener el cargo en estas circunstancias podría afectar a la credibilidad de la institución y enturbiar la percepción pública de su independencia. En palabras del propio García Ortiz, se trató de un acto de responsabilidad para garantizar que la Fiscalía siga funcionando con normalidad y con plena legitimidad.

El Gobierno reaccionó con rapidez, asegurando que respetaba la decisión del ya exfiscal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deseó suerte al García Ortiz, y el puesto bajo la responsabilidad de la teniente fiscal del Tribunal Supremo hasta que se conociera al sustituto.

Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado

El pasado 25 de noviembre, el Gobierno propuso a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. Peramato, fiscal de carrera con más de 30 años de trayectoria, era la jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, y hasta hace pocos meses ocupaba el cargo de fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

La propuesta de Peramato fue bien recibida por muchas de las asociaciones de fiscales. La Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que ella misma formó parte y presidió, emitió un comunicado destacando su “solvencia técnica”, “rigor profesional”, “sentido institucional” y su defensa consistente de los derechos fundamentales, especialmente en materia de violencia de género y protección de víctimas.

En la misma línea se pronunció la Asociación de Fiscales (AF), que valoró la designación como un “imprescindible relevo” y reclamó a Peramato que trabaje para “recuperar la imagen” de la Fiscalía y su imparcialidad, tras la polémica provocada por el fallo contra su predecesor.

Desde el Gobierno, Bolaños justificó la propuesta subrayando la idoneidad de Peramato, un perfil técnico, con experiencia, “sin ataduras políticas” y con una larga trayectoria en derechos fundamentales, que encaja con los retos de modernización y recuperación institucional de la Fiscalía. Entre las voces críticas, la de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que señaló que la propuesta “mantiene el mismo perfil” que el de su antecesor, lo que plantea dudas sobre un cambio real de fondo.

La carrera profesional de Peramato ha estado marcada por la especialización en violencia de género. Entre 2005 y 2021 pasó por diversos destinos: fue fiscal delegada en la Sección de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, participó en el primer informe del Observatorio Estatal contra la Violencia Machista, y desde 2021 hasta 2025 ejerció como fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. El Ejecutivo subraya que su designación busca devolver “normalidad institucional” a la Fiscalía tras la crisis abierta por la condena de su predecesor.