Justicia
El Supremo desoye a los periodistas que testificaron y condena al fiscal general a dos años de inhabilitación

No ha bastado el testimonio en sede judicial de varios periodistas que aseguraron que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no fue la fuente primigenia de la información confidencial del pacto de Alberto González Amador, defraudador confeso, estaba intentando llegar a un acuerdo con Hacienda a través de su abogado.

Después de oír esos testimonios en la vista del juicio contra García Ortiz, el Tribunal Supremo ha ratificado la tesis de la acusación particular y condena a García Ortiz por un delito de revelación de secretos. No entra en la cárcel, pero se entrega la cabeza de una figura que desde su entrada en la Fiscalía fue señalado por el sector conservador de la carrera judicial y asociado al “sanchismo” político.

Miguel Ángel Campos (Cadena Ser) defendió también que “en ningún momento fue el fiscal general quien me facilitó el correo”

El Fiscal General dejará de serlo, de este modo, y permanecerá inhabilitado los dos próximos años. Además, la Sala Segunda del TS le condena a una multa de 7.200 euros y a una indemnización de diez mil euros a González Amador. La sentencia tiene dos votos particulares en contra.

La causa ha girado en torno a determinar si García Ortiz, en su condición de responsable del Ministerio Fiscal, facilitó de forma indebida a un medio de comunicación el contenido confidencial del correo que el abogado de González Amador había remitido al fiscal instructor del caso.

Durante la vista, el testimonio más contundente fue el del periodista de El Diario.es José Precedo, que relató que él había tenido acceso al correo electrónico el 6 de marzo de 2024, seis días antes de que lo recibiera el Fiscal General. El periodista dio a entender que disponía de un “pantallazo en papel” de ese correo, pero agregó que su fuente no le había autorizado a publicarlo. Miguel Ángel Campos (Cadena Ser) defendió también que “en ningún momento fue el fiscal general quien me facilitó el correo”. 

La defensa de García Ortiz sostuvo durante el juicio que la actuación de la Guardia Civil vulneró sus derechos fundamentales por desproporción e indeterminación, y lanzó acusaciones sobre una acción prospectiva que dio lugar a un hecho insólito como la entrada en la Fiscalía de miembros de la UCO en un dispositivo más propio de las redadas contra el narcotráfico.

Sobre el fondo del asunto García Ortiz defendió que no había hecho llegar el contenido del mensaje que se filtró a la prensa. No ha sido suficiente que varios periodistas implicados en la divulgación de la información corroborasen que el fiscal general no fuese la fuente. Con su condena, el Supremo sitúa al Gobierno en una posición institucional aun más delicada, en cuanto Pedro Sánchez mantuvo al fiscal en el cargo pese a las reiteradas peticiones de cese por parte de la derecha. En una semana marcada por el informe de la UCO sobre la presunta corrupción de los secretarios de organización socialista, la condena de García Ortiz solo añade dificultades al superviviente Sánchez.