Opinión
La sentencia al fiscal general y un cursillo acelerado sobre la historia del poder en España

Como en una especie de catarsis o de cursillo acelerado de primero de España, el anuncio del fallo del Supremo contra el ya casi exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado el 20 de noviembre en el que se cumplen 50 años de la muerte de Franco. El curso incluye una asignatura que durante muchos años pareció estar fuera del temario: la supervivencia del franquismo en la alta magistratura. 

Para eso, primero es importante acotar el concepto de franquismo; entenderlo no como un culto a la persona (algún juez habrá que esta noche rece una oración por su alma, pero ese no es el asunto) sino como el seguimiento con fe ciega de un sistema de valores (ideológico) y de intereses (políticos) para el que el dictador fue fundamental.

Es necesario recordar que ese sistema de valores fue impuesto por la vía de la sangre después de un golpe de Estado ideado desde el minuto uno de la proclamación de la II República; edificado a partir de la represión de todas aquellas personas que lo hubieran puesto en duda; y remodelado, con concesiones quizá imprevistas, pero sin un cuestionamiento profundo, durante y después de la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Franco es la figura histórica fundamental, pero se trata de un colectivo mucho más amplio y, hasta cierto punto, diverso, que se mantiene y se ha mantenido durante siglos unido por varios puntos. El primero de esos puntos, el más importante, es que no se aceptan intrusos en los cuadros de mandos del Estado. Esto es, que el poder les pertenece a ellos y el Estado, como engranaje fundamental para el control y usufructo del poder, pues también. 

El fallo del caso del Fiscal General del Estado, filtrado, no unánime, es decir, proclamado de forma cutre, viene con un sopapo al periodismo libre de regalo

El segundo es que, aunque pueda colarse algún intruso de vez en cuando, el poder no se distribuye y el Estado no es moldeable. La única manera de entrar en ese colectivo, sea en su rama política, judicial, militar, en la nobleza del Estado, o en la nobleza a secas, es la asimilación, ser adoptado como premio a un ejercicio de adaptación y sumisión previo. Las redes del poder, como las definió Andrés Villena Oliver, atrapan, no pueden ser perforadas ni admiten patrones fantasiosos.

Tanto el caso de Álvaro García Ortiz como, con carácter más trascendental, el caso Pedro Sánchez —o el caso “institucionalidad post-movimiento 15M y post 1 de octubre de 2017”, siendo más precisos—, han puesto en evidencia los problemas que acontecen cuando un intruso choca con los intereses de ese colectivo en el ejercicio permanente del poder. Incluso cuando su intención es no chocar.

García Ortiz ha sido un eslabón débil a través del cual ha sido posible abrir otro frente contra Sánchez. El fiscal se ha plantado, con una armadura de cartón pluma y una cuchara, contra un aparato social y mediático (por tanto, también judicial) incrustado en la zona noble del poder y en plena euforia gracias a Isabel Díaz Ayuso, ese acelerador de partículas del Madrid sistémico. Como consecuencia, ha sido vapuleado durante más de un año y, finalmente, derrotado sin esfuerzo. En el caso de Sánchez no está siendo sin esfuerzo, pero pasos como el de hoy señalan que el momento de su derrota está un poco más cerca.

El fallo del caso del Fiscal General del Estado, filtrado, no unánime, es decir, proclamado de forma cutre, viene con un sopapo al periodismo libre de regalo. Todos los testigos de la profesión corroboraron que la fuente primigenia de la información por la que ha sido condenado García Ortiz era un tercero. El Supremo ha decidido que todos mienten y que las pruebas poco concluyentes o, directamente, inútiles, presentadas por la UCO de la Guardia Civil, sirven para el objetivo principal. Un objetivo que dista mucho de ser salvar la cara de la justicia española, sino que tiene que ver con esa eliminación de intrusos en los cuadros de mando del Estado. Intrusos, también, como los periodistas independientes.

Puede que no haya que llamar franquista a la justicia que ha despachado en un pispás y sin complejo alguno al fiscal general del Estado, pero la cuestión no está tanto en saber cómo llamarla sino en cómo desmontarla. Porque hasta ahora nadie ha tenido ni idea de cómo hacerlo.