Junta de Andalucía
Del “trifachito” a Sevilla y Níjar: la influencia de Vox en Andalucía antes de la investidura de Moreno

Todo parece indicar que esta semana clave para la política andaluza acabará con la tercera investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Un hecho en el que la extrema derecha de Vox tiene el papel clave para la gobernanza, y aunque los partidos de la oposición han señalado en las últimas semanas que el pacto está más que sellado entre las derechas, Moreno se ha negado a confirmarlo, aunque tiende la mano a la formación; intentan hacer equilibrio para no perder su perfil moderado.

De hecho, en la primera sesión de investidura este lunes, centrada en el discurso del candidato a San Telmo, el varón del PP exponía que gobernará “para todos”. Mi carácter y mis valores son sólidos y no cambiarán por las coyunturas políticas”. Aunque ha buscado el guiño con los de Abascal con “lo que les une”: rebajas fiscales y ataque al Gobierno central.

En 2019 Moreno firmó en el pacto de gobierno con Vox su compromiso de evitar “el efecto llamada” en cuestiones migratorias.

El martes se realizarán unas votaciones que podrán extenderse hasta la jornada del jueves, y aunque se prevé que la extrema derecha apoye finalmente al candidato popular o que se abstenga en la segunda jornada, podría producirse un giro de los acontecimientos que llevase a las andaluzas y andaluces a volver a votar.

2019: La extrema derecha le da la primera presidencia a Moreno

No es la primera vez que nos encontramos en esta situación a las puertas de San Telmo. En 2018, año en el que el PSOE-A de Susana Díaz cayó en picado abriendo las puertas del Gobierno a la derecha. El flamante candidato del PP, Moreno Bonilla, apenas obtuvo 26 escaños (segunda posición, tras el PSOE); sin embargo, la matemática parlamentaria consiguió que, con los votos de Ciudadanos (21 escaños) y de Vox (12 escaños), el líder popular consiguiera su primera presidencia en 2019. El Gobierno de aquellos años, compuesto por PP y Ciudadanos y con apoyo de la extrema derecha, fue definido por la sociedad como “trifachito andaluz” y supuso no solo la primera incursión en la política de sillones de la formación ultra, sino el influjo de las mismas en las decisiones de esa legislatura.

Aquel periodo tuvo consecuencias en la política andaluza. Aunque Vox no estaba dentro del Gobierno autonómico, su injerencia se hizo patente en distintas decisiones. En 2020, la Junta de Andalucía dejó a 241 organizaciones que atendían a víctimas de la violencia de género sin subvención. En aquellos años, el discurso de la extrema derecha estaba enfocado en acabar con “los chiringuitos de género”, según su portavoz.

Otra de las concesiones que hizo el primer Gobierno de Moreno Bonilla a Vox en este sentido es la sustitución en distintos espacios y proyectos institucionales de “violencia de género” por “violencia intrafamiliar”; además, creó un teléfono a la atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, en el que más del 80% de las llamadas se derivaban a servicios como el teléfono de información a la mujer que ya existía antes. Ese mismo año la consejería sacó a concurso dos subvenciones de 1,5 millones de euros destinadas al “acompañamiento de mujeres embarazadas” que recayeron en organizaciones antiaborto como Redmadre.

En este reajuste presupuestario también cayó en picado el presupuesto destinado a la atención de personas migrantes. En el pacto de gobierno, el líder andaluz autodefinido como moderado firmó con la ultraderecha su compromiso de evitar “el efecto llamada” en cuestiones migratorias.

Otro de los compromisos que el PP tuvo con Vox fue el de ralentizar la implementación de la ley estatal de memoria democrática y desabastecer las labores memorialistas en Andalucía. En muchas ocasiones, sin llegar a ejecutar el presupuesto destinado por el Gobierno central para exhumaciones; además, se sustituyó el término memoria por concordia.

El hito que sin duda marcó esta legislatura, y tuvo coletazos en la siguiente, fue la propuesta de amnistiar (e incluso ampliar) los regadíos ilegales en el entorno del Parque Natural de Doñana. Una propuesta de la extrema derecha que casi se lleva a cabo en 2023. La presión social y la alarma de las instituciones europeas consiguieron paralizar la decisión.

Los laboratorios municipales de Vox 

Desde aquel 2019 hasta ahora, Vox ha aprovechado su fuerza en diversos municipios andaluces en los que ha permeado con sus políticas, formando parte de Gobiernos de coalición o siendo clave para la formación de los ejecutivos locales. El primero en el que la extrema derecha ahondó sus políticas fue el municipio almeriense de El Ejido; entre 2019 y 2021 los ultras gobernaron junto a los populares y sigue siendo uno de los territorios donde Vox tiene más fuerza. El partido de Abascal consiguió cambiar las palabras “igualdad” y “mujeres” de la concejalía de servicios sociales y paralizó las subvenciones a organizaciones que promovían la igualdad de género. Además, llevó al discurso institucional local su discurso antiinmigración.

En Sevilla llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2026 José Luis Sanz acordó con Vox “endurecer” el acceso al padrón para las personas migrantes.

Para ejemplos más recientes y concretados en medidas, el caso más paradigmático es el de la ciudad de Sevilla. El alcalde José Luis Sanz, del PP, aunque gobierna en solitario, tiene que hacer concesiones de forma recurrente a la extrema derecha para que los presupuestos locales salgan hacia adelante. En mayo de 2025 se creó la Oficina de Ayuda a la Maternidad, un departamento antiabortista dirigido por la activista provida María Pastor Pérez-Angulo, trabajo por el que cobra 50.000 euros anuales. Más de cuarenta organizaciones sociales sevillanas denunciaron que la creación de este espacio era “una agresión a los derechos fundamentales de las mujeres y de otras personas con capacidad gestante”. Ese mismo año, presionado por los ultras, el Ayuntamiento inauguraba una oficina antiokupación, que la propia líder de Vox definía como “un lobby para perseguir a estos delincuentes”.

Por otra parte los colectivos sociales denunciaban en 2025 que el presupuesto local había dejado a ONGS y otros colectivos sociales sin 857 mil euros en subvenciones. Un hecho que especialmente se refleja en la memoria histórica: “Es un desastre, no consignan ni un euro”, explicaba a El Salto Andalucía desde la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica.

Para llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2026 Sanz concedió a la extrema derecha algunas de sus peticiones en materia de inmigración. En este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a “endurecer” el acceso al padrón a las personas migrantes. Este documento, vigente actualmente, recoge además un aumento en la persecución institucional de los vendedores ambulantes. Sevilla puede ser uno de los paralelismos más cercanos a la situación que atraviesa Moreno Bonilla con Vox. Al igual que en Andalucía el PP gobierna en Sevilla desde 2023 sin mayoría absoluta y a tan solo dos escaños para alcanzarla.

En la localidad de Níjar (Almería), uno de los grandes focos agrícolas de la provincia, el PP también firmó un pacto de gobierno con la extrema derecha para acceder al Ayuntamiento. Entre las concesiones pactadas por escrito se encuentran el cambio de Concejalía de Igualdad a Concejalía de Familia, la derogación de la ordenanza animalista y el impulso de la caza y la tauromaquia. En febrero de 2026, Níjar aprobó la prohibición de que las personas que llevan burka o niqab puedan acceder a las dependencias municipales. 

Extremadura, Castilla y Aragón, los pactos que preceden a Andalucía

Moreno Bonilla será presidente gracias a la extrema derecha con tres casos recientes como precedentes: Extremadura, Aragón y Castilla y León. En las tres comunidades el PP ha llegado a pactos de gobierno y ha obtenido al menos una consejería. En Aragón y Castilla y León la extrema derecha tiene tres consejerías y la vicepresidencia del Gobierno autonómico.

Los ejes centrales en los que se han basado los acuerdos en todos los territorios han sido “la prioridad nacional”, que podrá incorporarse como criterio para la obtención de ayudas sociales y recursos institucionales en los próximos meses. También la sustitución de la leyes de memoria por la “Ley de Concordia” que ya está tramitándose legalmente en Aragón y Castilla y León. En esta última comunidad, además, se ha puesto en marcha un plan de choque contra “la inmigración irregular”.

El presidente andaluz tendrá que enfrentarse a las políticas que sus semejantes han aplicado en su territorio ante unos ultras que se niegan a bajar las exigencias. Si todo sale como lo esperado, Andalucía culminará un ciclo político que ha llevado a la extrema derecha a ser central en las instituciones. Andalucía iniciará un nuevo gobierno con resonancias del que supuso un cambio de paradigma, el de 2019 y Moreno tendrá una misión difícil: mantener un discurso moderado mientras abre la puerta a políticas contra los derechos humanos.