Junta de Andalucía
El presupuesto andaluz para 2023 aboga por ser una “economía líder” arrinconando la inversión social

“A los empresarios hay que tenderles alfombra roja, porque son los que generan empleo en la comunidad”, esto comentaba Carmen España, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, el pasado 31 de octubre, tras dar a conocer el proyecto de Presupuestos del gobierno andaluz para 2023. Una sentencia que, pese a estar relacionada con la eliminación del impuesto de Patrimonio el pasado octubre, define muy bien la vocación de estos presupuestos de la Junta de Andalucía, que buscan “dinamizar la economía para que vengan más empresas a invertir”, según considera la consejera.

El presupuesto presentado el pasado viernes 28 de octubre basa su propuesta en el crecimiento de la economía andaluza en el próximo año. El PP augura, a pesar del estado de la economía nacional e internacional, que apunta a una recesión, que la economía de la comunidad aumentará en un 1.9% a lo largo de 2023. Estas previsiones se basan en la confianza de Juanma Moreno Bonilla en que “Andalucía está decidida a consolidar una economía líder y quiere ocupar el espacio que le corresponde entre las comunidades más prósperas y dinámicas”. Por ello, la base de las inversiones en estos presupuestos van destinadas a sectores que consideran estratégicos de la economía andaluza: energía renovable, minería, turismo, además de la inversión para que Andalucía sea un punto estratégico para la inversión extranjera a través de facilidades a las grandes fortunas.

Las dotaciones señalan un aumento del 175% en la industria y energía, es decir un total de 361 millones de euros. En cuanto a la minería, se trataría de un aumento en más de 100 millones y se quiere alcanzar la cifra de 125,7 millones de euros, en un aumento que tiene el objetivo de “incrementar un 20% la producción actual de la minería metálica”. El coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, hace referencia a que el presupuesto solo beneficia a “aquellos que quieren hacer negocio con Andalucía”.

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La inversión en el sector turístico aumenta en un 68,4%, abogando por seguir siendo “líder en turismo nacional” según Moreno. Una actividad económica que lleva siendo la base de la comunidad en las últimas décadas, empleando a más de 3,12 millones de andaluzas en condiciones de precariedad, sueldos bajos y falta de derechos. Desde el grupo parlamentario Adelante Andalucía comentan que estos presupuestos no suponen un avance en el cambio estructural que necesita la economía andaluza, sino que perpetúa “un modelo donde ponemos mano de obra, y recursos naturales de forma gratuita, deteriorando el medio ambiente, siendo el basurero de otras comunidades autónomas y de Europa”, según comenta la portavoz Maribel Mora.

Desde el gobierno andaluz se ha anunciado como “el Presupuesto con menos impuestos y más gasto social de la historia”; sin embargo, en las partidas destinadas a los servicios públicos como sanidad y educación solo reciben un aumento en un 10,9% y 10,3 % respectivamente. Una subida que está más relacionada con las obligaciones para la comunidad por parte de los presupuestos generales del estado, así como con los fondos New Generation de la Unión Europea, recibidos hace unas semanas por la Junta de Andalucía, que por una vocación del gobierno popular.

Sin embargo, la oposición alerta de que el dinero destinado a las partidas presupuestarias de sanidad y educación no significa que se vaya a dar una inversión real en las infraestructuras de los servicios públicos, ya que puede suponer un aliciente en la creación de conciertos privados en materias sanitarias y educativas, una estrategia muy presente en la pasada legislatura de Moreno Bonilla. “Va mucho dinero a conciertos y pruebas médicas en empresas privadas, concertadas, desviando fondos públicos de manera externa”, comenta Maribel Mora, que cree que es esencial para la calidad de vida de las andaluzas que: “no se haga negocio con la financiación pública”.

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El informe de EAPN sitúa a Andalucía a la cabeza de la pobreza en el Estado. Esta semana, el Gobierno ha informado de que Andalucía ha recibido 5.681 millones de los fondos europeos Next Generation. Juanma Moreno ha reconocido que plantea reprogramar el dinero para su plan 'SOS contra la sequía', que incluye la privatización del agua.

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El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la ciudadanía andaluza. En los presupuestos se ha programado una subida del 49% en Vivienda y Urbanismo. Unas partidas que, unidas a la puesta en marcha de la Ley de vivienda, que no cuenta con una regulación del alquiler, y la Ley LISTA, que amplía el suelo en el que se puede construir en Andalucía, augura un impulso en el sector de la construcción que no tiene por qué repercutir de forma positiva en las necesidades habitacionales de la población.

En el presupuesto se habla de la puesta en marcha próxima del Bono de Alquiler joven en Andalucía, una propuesta estatal que llega con casi un año de retraso con respecto a otras comunidades autónomas. Además, ofrece la puesta en marcha de 6.000 viviendas a precios asequibles, una cifra insuficiente comparada con la demanda y la necesidad habitacional de la población de Andalucía, donde un 65% de la población menor de 35 años vive con sus padres por no poder emanciparse, según datos del instituto de la juventud.

Los presupuestos que se pondrán en marcha el próximo 1 de enero de 2023: “Serían unos presupuestos de recortes masivos si no fuera por las ingentes transferencias del Gobierno”, argumenta Valero. Este añade que se han realizado sin contar con el resto de grupos políticos ni con los agentes sociales “que tanto tienen que decir para transformar nuestra tierra”.