Junta de Andalucía
El PP se niega a debatir sobre sanidad en el Parlamento andaluz mientras una nueva investigación señala al SAS

Una tercera investigación señala irregularidades en contratos menores emitidos por el Servicio Andaluz de Salud durante los años 2020 y 2021. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación contra el organismo sanitario andaluz por unas supuestas contrataciones a dedo con varias empresas sanitarias privadas sin convocatoria alguna para que otras empresas pudieran optar a la oferta. Estos contratos menores están puestos bajo la lupa del juez José Luis Rodríguez Lainz, ya que podrían suponer delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude.

El proceso judicial se ha iniciado tras la denuncia el pasado octubre del PSOE contra el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por el abuso de este tipo de contratación menor. Esta nueva investigación se une a las puestas en marcha en distintas provincias andaluzas.

Una diligencia abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por los posibles delitos de fraude de fondos públicos y malversación, una causa que proviene de la denuncia presentada por Podemos Andalucía. Y otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en el que se han imputado a altos cargos del SAS, como la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; en esta causa declaró como testigo la que fuera consejera de Sanidad, Catalina García. Al conocer la tercera investigación en actual consejero de Sanidad, Antonio Sanz ha expuesto que “esta denuncia tendrá el mismo palo que han recibido cuando han querido hacer otras denuncias, como las de Fiscalía en relación con la manipulación o la desaparición de pruebas”.

Todas las causas forman parte de un entramado que, según apunta el informe elaborado por la Intervención de la Junta de Andalucía, habría repartido 458 millones de euros a empresas vinculadas a la sanidad privada, especialmente a farmacéuticas, a través de miles de contratos fraccionados en fraude de ley, la mayoría durante el año 2021.

La apertura de la nueva causa se ha dado a conocer en el contexto en el que el PP andaluz ha impedido que en el Parlamento territorial se realice un debate sobre sanidad. Una propuesta de los partidos de oposición Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE-A que los votos de la agrupación en el Gobierno andaluz han rechazado.

El PP se ha negado también al debate sobre financiación autonómica. Desde la coalición de partidos de izquierda, Por Andalucía exponen la incomprensión ante esta decisión: “Nos parece absurdo o desde luego poco comprensible que un tema del que se está hablando en toda España, en todos los medios de comunicación, no lo abordemos en el Parlamento de Andalucía”, ha expuesto su portavoz Inma Nieto.