Junta de Andalucía
La Junta pretende crear una partida presupuestaria para retornar niñas y niños migrantes en Andalucía

El programa político de la extrema derecha de Vox ha entrado de lleno en los presupuestos andaluces para 2027. El pasado 30 de octubre el Gobierno andaluz presentó sus presupuestos para el próximo año, el primero en el que la alianza PP-Vox entra de lleno en cuestiones económicas.

Entre las medidas que reflejan la hora de ruta de los ultras se encuentra además de la congelación de las partidas destinadas a cooperación se encuentra la proyección de destinar el dinero que no se invierte en esta cuestión a la creación de “una nueva partida orientada a promover planes de retorno de menores no acompañados para que puedan regresar con sus familias a los países de origen”.

Ello viene acompañado del “mantenimiento de los recursos existentes, con la actualización de costes que proceda y de acuerdo con lo dispuesto en el marco legal vigente, sin incrementar la creación de nuevas plazas o centros para menores extranjeros no acompañados”.

En diversas ocasiones el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha expuesto que se “trata de un manoseo político los discursos de odio” contra estas infancias

La medida de un presupuesto propio para el “retorno” de estas niñas y niños que se encuentran solas en el Estado español no es solo una medida inédita en una comunidad autónoma, también es el reflejo del discurso de odio de la extrema derecha transformado en hechos.

La decisión de la Junta de Andalucía busca cumplir uno de los ejes centrales del pacto entre ambas formaciones de derecha “no más menores extranjeros no acompañados desde el primer día del gobierno”.

Límites legales

La propuesta del Gobierno andaluz cuenta con límites legales ya que las competencias relativas a inmigración, nacionalidad, extranjería y derecho de asilo pertenecen al Gobierno central como se recoge en la Constitución.

En el artículo 35 de la Ley de Extranjería se recoge que será “la Administración del Estado” quien “solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación”. 

También expone los requisitos para valorar el retorno de estos niñas y niños  “haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España”. Unas condiciones amparadas por “el principio de interés superior del menor” al que la Junta de Andalucía no hace referencia en su propuesta.

En diversas ocasiones el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha expuesto que se “trata de un manoseo político los discursos de odio” contra estas infancias. Maeztu recuerda que “los niños son sagrados” y que es una “obligatoriedad” acogerlos.

Recortes en atención a la violencia de género 

Otro arista social que ha recibido un varapalo en estas cuentas para 2027 ha sido la atención a la violencia machista. En la partida de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo se expone una disminución de los proyectos contra la violencia de género, que bajan del 20% al 10% para el próximo año. La promoción de la igualdad también pasa de un 20% a un 10%.

Esto se une a lo que lleva semanas denunciado la Marea Violeta de Andalucía, la decisión de la Junta de “situar bajo competencias gestionadas por Vox servicios como las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género y el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía”.

Este movimiento señala el “riesgo” que supone que “estos recursos dependan políticamente de quien cuestiona la violencia de género”. El próximo 8 de noviembre la Marea Violeta de Andalucía ha organizado una gran manifestación en repulsa a que la extrema derecha decida en cuestiones de violencia machista.