Infancia
El segundo informe del OVIM vuelve a señalar al sector judicial como principal foco de violencia institucional

“El Ministerio Fiscal centró las preguntas de mi declaración en lo que yo había hecho, en vez de cuestionar la actitud agresiva del imputado”, se puede leer en el informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM). “La jueza empieza a decir que yo lo provoco siempre, echándome la culpa a mí de todo”, dice otro testimonio. “El juez admite que hay mucho rechazo, dice que es influido por la madre [...] Me atacan el juez y la fiscal en el juicio, alegando que estoy alejando al padre de la niña. Amplían las visitas y le devuelven la patria potestad que se había suspendido en dos instancias”.

Son algunos de los testimonios que recoge el segundo informe de esta entidad, conformada por 20 organizaciones de la sociedad civil y cinco expertas especializadas en la atención, el acompañamiento y la defensa de los derechos de mujeres, adolescencias e infancias, así como en la incidencia social y política orientada a la erradicación de todas las formas de violencias machistas, incluida la violencia institucional, y que a lo largo de 2025 ha identificado un total de 139 de estos de violencias institucionales machistas (casos VIM) en las denuncias recibidas a través de su formulario, una estudio que amplía y da continuidad al que ya realizó el año pasado.

La violencias institucionales machistas (VIM) sería aquella derivada de actos y omisiones atribuibles a instituciones, servicios o agentes del sector público que dañan a mujeres, infancia o adolescencia

Este formulario, que pueden responder mujeres y adolescentes, personas del entorno y organizaciones, ha permitido recoger los datos que dibujan un panorama de qué es y cómo opera este tipo de violencia, que engloba acciones u omisiones atribuibles a instituciones, servicios o agentes del sector público (o en ejercicio de funciones públicas) que generan daño, desprotección, revictimización o vulneración de derechos en contextos atravesados por desigualdades de género, afectando a mujeres, adolescentes, niñas y niños.

El total de instituciones concretas señaladas en los casos —ya que un mismo caso puede involucrar a más de una institución o servicio público— asciende a 252.  El informe incorpora un análisis específico de los agentes señalados en los casos, entendidos como los perfiles profesionales a los que se atribuye la comisión de las violencias institucionales machistas. El resultado es que un total de 299 agentes fueron señalados como responsables.

Patrones de la violencia institucional machista

El informe incorpora en su segunda edición un análisis cuantitativo de lo que considera “patrones de violencias institucionales machistas” que se configura a partir de acciones u omisiones que se repiten en servicios e instituciones, porque provienen de lógicas, normas, criterios interpretativos, prácticas profesionales, protocolos o criterios organizativos que tienen como efecto retardar, obstaculizar o impedir el acceso a las políticas públicas y al ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.

Esos patrones adoptan diferentes formas. Así, en un 58,3 % del total de casos “no se cree a la víctima y se pone evidentemente a favor del hombre agresor”, en un 48,2 % se identifica un “abuso de poder”, en un 34,5 % las personas encuestadas responden que “las pruebas presentadas por las mujeres no se toman en cuenta, en cambio las presentadas por los hombres agresores sí”. Además, en un  20,1 % del total se percibe una “falta de imparcialidad motivada por prejuicios racistas” y un 19,4% responde que su caso se archivó sin llegar a juicio. “Se utilizan argumentos vinculados al falso síndrome de alienación parental (SAP)”, aparece en un 17,9 % del total y “no se cree a la persona menor de edad” se da en un 17,3 % del total de casos. Retiradas de custodias arbitrarias (arrancamientos), denegación de cautelares, inexistencia de acompañamiento letrado o falta de información son los otros items señalados.

Los patrones detectados con mayor frecuencia tienen que ver con la falta de credibilidad hacia las mujeres y la persistencia en aplicar estereotipos de género

La valoración del informe es que “el patrón más extendido se vincula con la falta de credibilidad hacia las mujeres y la inclinación institucional hacia la versión del agresor”, lo que “evidencia la persistencia de estereotipos de género en la valoración de los hechos y los sesgos patriarcales y machistas de las instituciones”. También se valora como significativa la percepción de racismo en las decisiones judiciales: !Que uno de cada cinco casos incorpore esta dimensión confirma la necesidad de un análisis interseccional que permita comprender cómo interactúan distintos sistemas de opresión y desigualdad en la producción de las violencias institucionales machistas”, dice el informe, ya que de otra forma se estaría invisibilizando “experiencias específicas de mujeres e infancias migrantes y racializadas”.

El informe también alerta de cómo operan los prejuicios sexistas que se concreta en la aplicación de preceptos asociación al falso síndrome de alienación parental, que ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad científica.

Una violencia expansiva

Por edades, los resultados del análisis muestran que la distribución de los casos de violencia institucional machista por franjas de edad muestra, al igual que en 2024, una mayor concentración en las etapas centrales de la vida adulta. El porcentaje más elevado se sitúa en el grupo de 31 a 40 años (27,3 %), seguido muy de cerca por el de 41 a 50 años (26,6 %). A continuación, destaca la franja de 21 a 30 años (20,1 %), y la de 51 a 60 años (14,4 %).

Al igual que en el primer informe, estos datos evidencian que la mayor incidencia registrada se concentra entre mujeres de 31 y 50 años, sin embargo, advierte, la forma de recogida de información a través de internet condiciona el perfil de la muestra.

En el 87,1 % de los casos se señala que existe más de una persona impactada por las VIM. Entre las personas afectadas se mencionan hijas e hijos, madres o padres, hermanas, amigas, parejas o cónyuges 

Si bien las franjas más jóvenes representan porcentajes inferiores, las consecuencias de las violencias institucionales machistas no se circunscriben exclusivamente a la persona que las experimenta de forma directa, sino que se extienden a su entorno cercano. En el 87,1 % de los casos se señala que existe más de una persona impactada por las VIM. Entre las personas afectadas se mencionan hijas e hijos, madres o padres, hermanas, amigas, parejas o cónyuges y compañeras de clase o de trabajo, lo que evidencia el carácter relacional y expansivo de estas violencias.

Cabe señalar que el análisis del presente informe también ha permitido identificar casos en los que niñas, niños y adolescentes no fueron registrados inicialmente como víctimas centrales en el formulario del canal denuncia, pero cuya afectación pudo ser claramente reconocida a partir de la información facilitada. En estas situaciones, aunque la denuncia estuviera centrada en la experiencia de la mujer, el contenido del testimonio evidenciaba que las actuaciones o decisiones institucionales impactaban directamente en las infancias y adolescencias implicadas. A partir de esta lectura analítica se han identificado 44 casos en los que niñas, niños y adolescentes pueden considerarse víctimas centrales de las violencias institucionales machistas relatadas, lo que representa el 31,7 % del total de casos VIM analizados. 

El análisis del perfil de mujeres, niñas, niños y adolescentes cuyos casos de violencias institucionales machistas han sido registrados en el OVIM muestra que el 71,2 % ha nacido en la Unión Europea y el 69,1 % en el Estado español. Estos datos representan un aumento respecto del año 2024, cuando el porcentaje de personas nacidas en la Unión Europea fue de 66,7 % y de personas nacidas en el Estado español de 62,9 %. Al igual que en el Primer Informe OVIM (OVIM, 2025), encontramos una sobrerrepresentación de las mujeres migradas en los casos VIM registrados. En este informe, representan un 28,8 % del total, una cifra muy superior a su peso en el conjunto de mujeres que viven en el Estado español, donde, según los últimos datos disponibles, constituyen el 13,7 % del total de mujeres (INE, 2024). 

Otro dato relevante indica que, del total de personas no nacidas en la Unión Europea, el 52,5 % sí tiene nacionalidad española, el 30 % no la tiene y el 17,5 % está en trámite, una consi deración importante a la hora de analizar las VIM, ya que la situación administrativa incide de manera directa en la forma en que las personas interactúan con los servicios públicos, en el acceso efectivo a derechos y en el trato recibido por parte de las instituciones.

La forma de discriminación más señalada continúa siendo “por machismo”, seguida por la discriminación “por racismo u origen”

Al igual que en el primer informe, la forma de discriminación más señalada continúa siendo “por machismo”, presente en el 77 % de los casos. Este dato reafirma la raíz patriarcal percibida que sostiene y reproduce las violencias institucionales machistas. En segundo lugar, se sitúa la discriminación “por racismo/origen”, que alcanza el 62,6 % de las menciones y experimenta un aumento especialmente significativo de 19,9 puntos porcentuales en comparación con 2024 (42,7 %). 

En tercer lugar, se encuentra la discriminación por clase social, mencionada en un 22,3 % de los casos. Le sigue la discriminación por edad, que alcanza el 20,1 % y muestra un incremento notable respecto al 12,8 % registrado el año anterior. En quinto lugar, se sitúa el capacitismo, en un 16,5 %. En proporciones menores se menciona la discriminación vinculada al consumo de drogas y el estigma asociado al trabajo sexual, ambas en un 1,4 %, y finalmente la discriminación relacionada con la privación de libertad y la orientación sexual, en el 0,7 % cada una.

En conjunto, estos datos no solo confirman la persistencia de múltiples ejes de discriminación en la configuración de las VIM, sino que muestran una intensificación particular de las dimensiones asociadas al racismo y la edad, de forma que refuerza la necesidad de un análisis que articule de manera consistente género, origen, clase y otros factores de jerarquización social.

Consecuencias

En el conjunto de los casos VIM, las consecuencias económicas de alto impacto se sitúan en el 69,8 %. Pero, además, los datos muestran que las consecuencias económicas de las violencias institucionales machistas no se distribuyen de manera homogénea, sino que tienden a intensificarse cuando la mujer es racializada. En este sentido, las VIM pueden agravar situaciones de vulnerabilidad económica preexistentes, particularmente en el caso de mujeres migradas y mujeres gitanas, valora el estudio.

En el conjunto de casos VIM, se han identificado 252 instituciones concretas que ejercen violencias institucionales machistas. Esta cifra no equivale al número de casos, ya que en cada relato pueden señalarse hasta cinco instituciones diferentes implicadas en una misma situación. Se trata de unidades institucionales específicas —por ejemplo, un juzgado determinado, una comisaría concreta o un centro sanitario concreto— que aparecen señaladas en los testimonios.

La mayor parte de las instituciones señaladas corresponde al sector judicial (60,7 %), que ya ocupaba el primer lugar en el informe del año pasado

La mayor parte de estas instituciones señaladas corresponde al sector judicial (60,7 %), seguido del sector policial (11,5 %), el sanitario (7,5 %), el sector social (6,7%) y el sector de protección a las infancias y adolescencias (6,3 %).

En comparación con 2024, se observa una variación relevante: el sector judicial ya ocupaba entonces el primer lugar, concentrando el 52 % de las instituciones concretas señaladas. En 2025 concentra el 60,7 % de las instituciones señaladas lo que implica un incremento de 8,7 puntos porcentuales. Por su parte, los sectores policial, sanitario y social mantienen posiciones similares respecto al año anterior. La incorporación del sector de protección a las infancias y adolescencia en el quinto lugar en 2025 se relaciona con el aumento de casos en los que también se identifican como afectadas niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, los datos analizados muestran que un 94 % de las instituciones que ejercen violencias institucionales machistas, impiden u obstaculizan directamente el ejercicio de derechos humanos o el acceso a políticas públicas. Por su parte, un 11,9 % de estas instituciones dilatan o retrasan el acceso a derechos y recursos. Aunque estas situaciones pueden no suponer una negativa explícita, también tienen un impacto significativo, ya que la demora en contextos de violencias puede agravar la vulnerabilidad y profundizar el daño.

Por otra parte, también ponemos en el centro las obligaciones incumplidas por parte de las instituciones, ya que es clave identificar que las VIM no son hechos aislados, o malas prácticas individuales, sino que son un fallo en las obligaciones de las instituciones y en el cumplimiento de la diligencia debida, que implica prevenir, erradicar y proteger a las víctimas de violencias machistas, además de investigar los hechos, sancionar y garantizar una reparación integral del daño sufrido, y garantizar la no repetición.

Apariencia neutral, consecuencias de género

La violencia institucional machista, desde este enfoque, “no se limita a un ámbito concreto, sino que puede desplegarse en múltiples escenarios: el sistema judicial, los servicios sociales, las instituciones de protección a las infancias, las políticas públicas, los sistemas de atención y cuidado o los procedimientos administrativos que afectan a la vida, la integridad y los derechos de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes”. Son las palabras de la experta en Infancia Violeta Assiego en la introducción del informe.

“En todos estos contextos, la violencia institucional machista se expresa a través de decisiones aparentemente neutras o técnicas que, en realidad, están atravesadas por mitos y estereotipos de género sobre las mujeres, las infancias, los agresores y sobre las violencias machistas en sí. Prácticas institucionales que perpetúan la discriminación y revictimización de las mujeres, pero también de las niñas, niños y adolescentes”, sigue.

Assiego llamar desarrollar una mirada donde la intersección entre género y origen migrante ha mostrado un patrón específico de intervención institucional caracterizado por una mayor activación de procedimientos de riesgo o desamparo, una menor consideración del contexto de violencia de género sufrido por la madre y una tendencia a interpretar la precariedad socioeconómica como negligencia parental”. “Ambos marcos —el de los derechos de las mujeres y el de los derechos de las infancias y adolescencias— no solo son compatibles, sino que se refuerzan mutuamente. Puede y debe haber una perspectiva de género en la protección de las infancias, del mismo modo que resulta imprescindible incorporar una perspectiva de infancia en el análisis de las violencias machistas”, valora Assiego.