Antigitanismo
El auge de la extrema derecha intensifica el antigitanismo institucional en toda Europa

La Red de Derechos Romaníes acaba de publicar un informe en la revista Roma Rights Review en el que analiza la situación de los derechos humanos de la población gitana que vive en Europa. Se trata de un análisis llevado a cabo con testimonios en primera persona y análisis documental de casos concretos fruto del trabajo directo de 34 organizaciones distribuidas por 18 países de la Unión Europea,en coordinación con el Centro Europeo de Derechos Romaníes (European Roma Rights Center, ERRC).

La conclusión es clara: “La situación ha entrado en un estado de crisis aguda para los romaníes en Europa”. Según documentan las organizaciones, “el panorama de derechos se ha deteriorado bruscamente” en diferentes países de la UE. “La persecución de la población gitana ya no es una cuestión de falla política o negligencia, sino un proyecto político deliberado”, se puede leer en el citado informe. Las organizaciones piden “derogar leyes que criminalizan las comunidades gitanas, hacer cumplir la rendición de cuentas por la violencia patrocinada por el Estado, defender la protección de derechos fundamentales —sin importar cuán impopulares sean— y proteger el espacio operativo de los defensores de los derechos humanos antes de que sea demasiado tarde”. 

“A través del continente, el pueblo romaní es cada vez más percibido no como una ciudadanía con derechos, sino como una amenaza interna a la seguridad”, se asegura en el informe. Las organizaciones hablan de un racismo antigitano propiciado tanto por actores estatales como no estatales, dentro de un contexto del auge de la extrema derecha en suelo europeo. “El resurgimiento de fuerzas antidemocráticas, la creación de redes transfronterizas entre partidos políticos nacionalistas y autoritarios, y el intercambio de ‘mejores prácticas’ entre extremistas políticos y militantes, ha difuminado las líneas entre partidos nominalmente constitucionales, movimientos callejeros y extremistas paramilitares criminales”, reza el texto. El resurgimiento del fascismo trae consigo “la búsqueda incesante de chivos expiatorios y enemigos” y es ahí donde surgen teorías como las del “gran reemplazo”, entre otras. Si a esto se le suma el desmantelamiento de las protecciones a los colectivos más vulnerables —como el pueblo gitano—, la securitización y el desfinanciamiento de los movimientos antirracistas, el resultado se traduce en un la socavación de los derechos de las peronas. 

El arraigo del racismo antigitano en los cuerpos policiales continúa siendo una realidad

Cuando se habla de violencia institucional contra los gitanos no se puede dejar de mirar hacia los cuerpos policiales. Las decenas de casos de violencia policial ejercida contra las comunidades gitanas confirman que “los viejos y brutales hábitos” de los uniformados “son difíciles de erradicar”. El racismo antigitano dentro de los cuerpos policiales de los Estados continúa siendo una realidad, así como “la connivencia y complicidad de las instituciones oficiales en su negación de dicho racismo” y “el arraigo de una cultura de ‘omertá’ e impunidad entre los organismos policiales en lo que respecta a los ‘excesos operativos’ en la vigilancia de la población romaní”. 

Si bien la Estrategia Antirracista de la UE 2026-2030 pide que “las fuerzas del orden garanticen una protección igualitaria y un trato justo para todos” como pilar clave de la democracia y el Estado de derecho, eso continúa sin cumplirse, ya que “el racismo en la vigilancia policial incluye prácticas discriminatorias de perfilamiento, comunicación racista inapropiada y uso excesivo de la fuerza”. 

A lo largo de los últimos meses, también se han dado una serie de victorias ante los tribunales que han permitido reparar mínimamente el daño de aquellas personas cuyos derechos fueron vulnerados

A pesar de lo descrito, las organizaciones trabajan de manera constante para que todas estas vulneraciones no queden impunes. De este modo, y a lo largo de los últimos meses, también se han dado una serie de victorias ante los tribunales que han permitido reparar mínimamente el daño de aquellas personas cuyos derechos fueron vulnerados; al tiempo que han creado nueva jurisprudencia “que hace cada vez más difícil para las autoridades ignorar que, en materia de justicia y vigilancia policial, el problema que debe abordarse es el del racismo institucional profundamente arraigado”. 

En los últimos meses, las actuaciones de cuerpos del Estado contra el pueblo gitano en países europeos como Eslovaquia, Bulgaria o Serbia se han topado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quien ha dictaminado sentencia contra los países mencionados por haber vulnerado los derechos de la población gitana. 

En febrero de este año, por ejemplo, el Tribunal Europeo falló a favor de una pareja gitana torturada por la policía serbia en la celda de una comisaría de Belgrado. Los hechos ocurrieron en 2017 después de que la pareja denunciara el robo del coche. “Obligaron a Marko [uno de los componentes de la pareja] a arrodillarse en una habitación rodeado de ocho agentes, quienes lo abofetearon repetidamente, lo insultaron racialmente y lo patearon para intentar forzarlo a confesar que él mismo había robado el coche y cometido fraude de seguros. Le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, le azotaron las manos con un látigo de cuero y lo amenazaron con electrocutarlo. Uno de sus interrogadores amartilló su arma, se la apuntó y le dijo que le dispararía en la mano para darle “un recuerdo que le duraría toda la vida’”, se relata en el informe. No solo eso: los agentes serbios amenazaron a la pareja con quitarles las hijas para llevarlas a una institución. La pareja fue indemnizada con 7.500 euros. Ese mismo mes, en Italia, agentes de policía eran condenados por el caso de Hasib Omerovic, un hombre romaní con discapacidad que “cayó” desde una ventana en un segundo piso durante una redada.

Un mes después, en marzo, se dio el caso de una victoria en el TEDH para dos hermanas gitanas que en 2019 fueron detenidas y golpeadas por la policía eslovaca. La Justicia europea determinó que la investigación sobre los hechos había sido “deficiente” y que las dos hermanas habían recibido un “trato inhumano”, lo que viola el Artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal ordenó a Eslovaquia pagar un total de 28.560 euros por lo ocurrido. 

También países como Croacia, Irlanda, Rumanía o Portugal han recibido toques de atención por parte de Bruselas por perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza y otras prácticas discriminatorias  

También en Eslovaquia, un padre y su hijo obtuvieron un fallo favorable por parte del TEDH tras haber sufrido un ataque por parte de la policía durante el confinamiento por Covid, en 2020. En la golpiza, uno de los hombres acabó con el cráneo fracturado y otro con conmoción cerebral. La investigación que se llevó a cabo también fue inadecuada y el Estado eslovaco tuvo que pagar 16.500 euros€ en concepto de daños, más 6.410 euros en gastos legales. 

Respecto a Hungría, que recientemente ha salido de las garras de Viktor Orbán, en abril de este año, el organismo del Consejo de Europa encargado de la protección de las minorías nacionales expresaba su preocupación por “la prevalencia de incidentes de discriminación, mala conducta y malos tratos hacia la población romaní por parte de la policía húngara”. También países como Croacia, Irlanda, Rumanía o Portugal han recibido toques de atención por parte de Bruselas respecto a la gran presencia de perfilamiento racial, malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otras prácticas discriminatorias para con la población gitana. 

Grecia, más de 100 redadas contra la población gitana desde septiembre de 2025

El país heleno es uno de los que más perjudicados sale en el informe. Las continuas redadas —más de 100 desde septiembre de 2025; es decir, más de dos incursiones policiales por semana— en barrios donde vive una  mayoría de población gitana han hecho que las organizaciones pongan el ojo para saber qué está pasando. ERRC y su socio en la Red de Derechos Romaníes, el Greek Helsinki Monitor, han descubierto recientemente la mayor campaña de acoso policial y perfilamiento étnico de la población gitana que jamás se ha documentado en cualquier parte de Europa en décadas. 

El informe no deja lugar a dudas: desde finales de 2025, el gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis ha movilizado a cientos de agentes de policía “para llevar a cabo redadas semanales y militarizadas en barrios de mayoría romaní, en nombre de la lucha contra el crimen organizado”. Una investigación conjunta entre el ERRC y el Greek Helsinki Monitor ha destapado recientemente la Operación ENTOS: “una campaña sistemática de castigo colectivo disfrazada de ‘vigilancia preventiva’ que no muestra evidencia de actividad delictiva organizada y generalizada”. 

El gobierno conservador de Nueva Democracia busca “una opinión pública favorable”; posiblemente ya con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, previstas para 2027

Entre septiembre de 2025 y julio de 2026, se han monitorizado al menos 105 redadas. La mayoría de estas se han producido desde abril de 2026, con incursiones casi diarias en todo el país heleno. Al acecho de las comunidades gitanas griegas por parte de la policía se les ha sumado un buen puñado de medios de comunicación del país. Panayote Dimitras, del Greek Helsinki Monitor, señala que “tras cada comunicado policial ‘neutral’, numerosos medios griegos informan rápidamente la noticia añadiendo la palabra ‘romaní’ al comunicado oficial. Es un secreto a voces que la policía envía mensajes de texto a los periodistas para indicarles que la redada más reciente tuvo como objetivo a la población romaní”. Con esto el gobierno conservador de Nueva Democracia busca “una opinión pública favorable”; posiblemente ya con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, previstas para 2027.

En las redadas que se han producido en el marco de la operación ENTOS, barrios enteros en diferentes partes del país han sido sometidos a una vigilancia extraordinaria, con “controles masivos de identidad, registros domiciliarios y extensas operaciones de detención e inspección”. En el informe se destaca que en la mayoría de estas operaciones se han desplegado drones de vigilancia y unidades caninas.

El racismo del Estado griego contra la población gitana no es algo nuevo: en enero de 2025, el TEDH falló contra la policía griega sobre unos hechos que se remontan a 2016, cuando los uniformados golpearon y torturaron a tres gitanos. Los hombres recibieron 52.240 euros en concepto de daños.

Discursos racistas en el margen que se han convertido en la política oficial

Que la extrema derecha constituye una amenaza para las democracias y los derechos de las personas no es algo nuevo; sin embargo, es en las poblaciones más vulnerabilizadas donde más se nota la violencia de los ultras. En el informe quedan documentados decenas de casos a lo largo y ancho del continente europeo de acciones contra la población gitana, como marchas racistas, ataques con bombas incendiarias en hogares gitanos o la formación de “grupos de vigilancia” que patrullan los barrios. Todo ello con el consentimiento y beneplácito de los partidos de extrema derecha y de centro-derecha. “Los gobiernos en Italia, Eslovenia y Hungría han aprobado legislación anti-romaní que criminaliza las comunidades gitanas, permite la vigilancia masiva, permite el desalojo de niños antes del nacimiento y permite a los municipios excluir a los Romaníes de establecer residencia”, se explica en el informe. En el ascenso imparable de los ultras, el racismo antigitano “es un elemento integral, y no incidental”. 

Quizás lo más destacable de este punto no sea la perpetuación del odio a las comunidades gitanas por parte de los grupos ultras o su uso como chivo expiatorio de “los males de la sociedad”, sino el acercamiento de los grupos políticos considerados “moderados” a esta ideología. “Medidas que antes solo defendían quienes estaban en el margen político se han convertido en política oficial”, lamentan las organizaciones que escriben el informe y concluye: “A medida que la opinión pública se desplaza aún más hacia la derecha en temas como la inmigración y la protección de las minorías, los partidos moderados de centro se inclinan cada vez más hacia la derecha, pero en lugar de captar esos votos, el proceso de acomodación simplemente termina con su ‘canibalización’ por parte de la extrema derecha”.

Violencia contra la infancia las mujeres gitanas

El informe que documenta la expansión de la violencia institucional contra la población gitana también pone el foco en las mujeres y la infancia gitana. A este efecto, la violencia contra la población gitana también toma la forma de segregación en la escuelas o la violencia obstétrica que se produce contra las mujeres gitanas —a menudo despojadas de sus derechos parentales—, quienes también sufren las barreras del sistema cuando se trata de las denuncias por violencia de género.

“Las mujeres romaníes tienen una larga historia de ser tratadas como menos creíbles, menos urgentes y menos merecedoras de atención institucional”

A menudo, la violencia de género contra las mujeres gitanas se aborda como un hecho aislado en lugar de algo acumulativo. Se han documentado casos en los que se fomenta la reconciliación entre víctima y agresor o se desalienta a la presentación de denuncias formales. “Las evaluaciones de riesgo son inconsistentes, y la documentación y la intervención son opcionales o se retrasan. De manera habitual, las advertencias sustituyen a las investigaciones, el peligro se minimiza sistemáticamente, y el seguimiento institucional es limitado o inexistente”, reza el informe. “Las mujeres romaníes tienen una larga historia de ser tratadas como menos creíbles, menos urgentes y menos merecedoras de atención institucional. Los estereotipos arraigados en su contra, como las suposiciones sobre su falta de fiabilidad, los conflictos, o la ‘normalización’ de la violencia dentro de las comunidades romaníes, influyen en cómo se evalúa el riesgo y con qué urgencia se atienden”.

Por lo que a los menores gitanos respecta, la investigación es clara: “Cientos de miles de niños romaníes sufren las consecuencias de la violencia institucional que compone el ‘racismo cotidiano’, y continúan soportando el peso de la exclusión social, la segregación educativa y una multitud de formas de discriminación que arruinan sus oportunidades de vida y dañan su bienestar”. Los derechos de niños y niñas gitanas constituye una cotidianidad 

La vivienda, el caballo de Troya de la exclusión

Otra de las puntas de lanza en la discriminación contra el pueblo gitano es la vivienda. Decenas de gitanos y gitanas son desalojados diariamente de sus hogares en todos los países europeos. Que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema para una gran mayoría de las personas que conforman la sociedad es algo evidente; sin embargo, siguen siendo las comunidades más vulnerabilizadas las que sufren la situación en todo su alcance. 

Decenas de comunidades a lo largo y ancho del continente viven cerca de vertederos o sitios tóxicos

A este respecto, las conclusiones de la Red de Derechos Romaníes también son contundentes: “La vivienda sigue siendo, y probablemente seguirá siendo en el futuro previsible, el área de política menos exitosa dentro del marco de la UE para la inclusión romaní [...] El fracaso de los Estados miembros en erradicar la segregación habitacional y mejorar la infraestructura de servicios esenciales ha perpetuado el círculo vicioso de la pobreza intergeneracional y las violaciones de los derechos humanos. Esto limita la esperanza de vida e impide la cohesión social”. Decenas de comunidades a lo largo y ancho del continente viven cerca de vertederos o sitios tóxicos.

Un pueblo amenazado y violentado

Tal y como se concluye en el informe, “la evidencia recopilada no deja lugar a ambigüedades: los derechos de la población romaní en toda Europa no solo están amenazados; están siendo desmantelados de manera sistemática [...] Estamos siendo testigos de una erosión coordinada del Estado de derecho y de la dignidad humana”. 

Desde las organizaciones advierten que esto no se puede concebir “como una serie de fracasos aislados de política pública, sino como un proyecto político deliberado, impulsado por la normalización del extremismo de extrema derecha y la acomodación del odio por parte de las instituciones convencionales” y se hace un llamado a la “resistencia activa”.