Incendios
El PP agita el mito del pirómano mientras los territorios que más arden los gobierna la derecha

La frase es de una anotación olvidada en el Plan integral de ayuda, recuperación y prevención para el medio rural y forestal del Partido Popular: “Ya se hacen, hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos”. Los redactores lo escriben como aviso, siguiendo el método marianista, para exigir programas excepcionales de empleo para limpieza de montes, reparación y reconstrucción de viviendas tras los desgarradores incendios forestales. Unos programas que, efectivamente, ya existen: ‘excepcional’ significa ‘excepcional’. Fin de la cita.

Sin embargo, el descuido del equipo de comunicación del PP es solo anecdótico en el cómputo global de la escenificación que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ejecutó en la tarde del lunes desde una sala del edificio 13 de la calle Génova de Madrid. La atención mediática, por la contra, se fue a la idea estrella: “Crear un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales”. En esencia, punitivismo para unos presuntos delincuentes —en todo caso, personas enfermas— a los que los registros policiales apenas achacan el 7% de los incendios intencionados resueltos como tal.

Esos mismos datos, basados en investigaciones policiales y sentencias judiciales, amparados también en las exploraciones sobre el terreno quemado de los gobiernos de las comunidades autónomas, los publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) periódicamente en su Estadística General de Incendios Forestales. Cada autonomía, dirigida por su mano política, pero avalada por su mano técnica, los añade. Lo hace Galicia, gobernada por el PP durante 35 años; y lo hace también Castilla y León, donde la derecha ha tenido el control político durante otros 38 ejercicios. Ambos territorios lideran el ranking con el mayor porcentaje de terreno calcinado en el contexto del Estado español.

Esos mismo informes, sustentados por todas las administraciones, dibujan la multicausalidad de los grandes incendios forestales de las últimas décadas. Un abanico complejo y detallado que no responde a un único perfil. La gran mayoría de los incendiarios —personas que incendian premeditadamente— actúan siendo plenamente conscientes de sus acciones y con una motivación detrás. Es importante subrayar que no existen tramas organizadas ni grupos terroristas dedicados a provocar incendios. En todos estos años de investigación nunca se ha hallado una sola prueba que indique la existencia de alguna organización, a pesar de que Feijóo durante sus años en la Xunta también los haya señalado como principales responsables. Allí se ha quemado el 40% del total del terreno calcinado este año en todo el Estado.

Como bien profundizaba Antón Lois en su análisis Del fuego al futuro, repetir o cambiar, la variedad de perfiles es amplia en lo que se refiere a la motivación de la llama. Vamos con los datos recopilados por la estadística oficial durante los últimos años: campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas 26,8%, pastores y ganaderos para regenerar el pasto 18,3%, pirómanos 5,9%, otras motivaciones 5,2%, vandalismo 3,6%, cazadores para facilitar la caza 2,0%, venganzas 1,2%, ahuyentar animales (lobos, jabalíes) 1,1%, modificación en el uso del suelo 0,3%, contra el acotamiento de la caza 0,2%, animadversión contra repoblaciones forestales 0,1%, delincuentes para distraer a la Guardia Civil o Policía 0,1%, disensiones en cuanto a la titularidad de los montes públicos o privados 0,1%, rechazo a la creación o existencia de espacios naturales protegidos 0,1%, favorecer la producción de productos del monte 0,1%, venganzas por multas impuestas 0,1%, para contemplar las labores de extinción 0,1%, ritos pseudoreligiosos 0,1% y bajar el precio de la madera 0,1%.

Ya en porcentajes menores encontramos motivaciones por resentimiento por expropiaciones, obtención de salarios en la extinción de los mismos o en la restauración; otras por grupos políticos para crear malestar social, represalias al reducirse las inversiones públicas en los montes, forzar resoluciones de consorcios o convenios y un largo y poco significativo etcétera.

Y a pesar de todo, el Partido Popular promete lo que incumple sistemáticamente. En el apartado dedicado a la prevención en el contexto autonómico de su plan garantiza —o exige—: “Dignificar la labor de los profesionales que trabajan en el monte, reconociendo su papel esencial, reforzando su formación y cualificación profesional y situándolos en el centro de una nueva visión de la gestión forestal”. Los hechos en una de sus autonomías estrella: los bomberos forestales de Galicia apenas cobran 21.000 euros al año, el peor salario de servicios de bomberos de todo el Estado a pesar de ser el territorio en el que más incendios hay.

Hay otro punto singular que habla de su visión sobre los bosques: “Incentivar la gestión forestal, con apoyo a la planificación y a los aprovechamientos sostenibles: el monte que se utiliza arde menos”. El monte es, en última instancia, un medio para un fin económico. De hecho, en las escasas doce páginas del plan —más bien es una ristra de propuestas enunciadas— no se hace referencia en ningún momento a los Parques Nacionales o a la Red Natura 2000. Así, una de las dos veces que hace referencia al término “patrimonio natural” es solamente para vincularlos a una “línea específica de apoyo a autónomos vinculados al turismo”.

Mientras tanto, los datos provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios (EFFIS) reflejan que el 40% de toda la superficie quemada en la UE en 2025 está en el Estado español. En total, en este año se han quemado más de 400.000 hectáreas, las peores cifras en dos décadas y los cuartos peores datos en cincuenta años. Una situación anómala, tal y como se observa en el siguiente gráfico, que demuestra el despunte de 2025 que lidera ampliamente una media que rondaba las 100.000 hectáreas entre 2006 y 2024.

La oposición política y social de Galicia y Castillas y León aprietan

Tras las multitudinarias protestas de la semana pasada en Galicia contra la gestión forestal de la Xunta y en Castilla y León contra la de el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, se avecina un comienzo de curso político con el conflicto forestal en un primer plano.

Ana Pontón, dirigente del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha comunicado su intención de presentar ante el Parlamento de Galicia una petición para constituir una comisión de investigación parlamentaria que examine la actuación del gobierno autonómico durante los graves incendios forestales que han impactado especialmente la provincia de Ourense: “Alfonso Rueda ha hecho la peor gestión de la historia” ha criticado la máxima representante de la formación nacionalista.

“Los gallegos y gallegas necesitamos esta comisión de investigación porque hay muchas preguntas que nos tienen que responder”, ha enfatizado Pontón después de la reunión grupal que presidió este lunes en la cámara autonómica. Conforme ha explicado, la finalidad principal del establecimiento de dicho órgano investigador debe centrarse en examinar “qué errores se cometieron” con el propósito de evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

La líder del BNG ha agregado que “cuando hay más de 100.000 hectáreas ardidas, cientos de casas quemadas, espacios de gran valor ambiental calcinados, cientos de explotaciones afectadas y pérdidas millonarias, alguien hizo algo mal y alguien tiene que responsabilizarse”. La representante nacionalista también ha adelantado algunos de los interrogantes que se formularán respecto a los siniestros, tales como: “¿Por qué no se hicieron las labores de prevención necesarias y por qué, incluso con el máximo riesgo, no se desplegaron todos los operativos contra los incendios?”.

Sin embargo, hay partidas millonarias de presupuesto contra incendios sin ejecutadar este mismo año por la Consellería de Medio Rural. Son 5,4 millones de euros lo que el departamento de Gómez Rodríguez ha invertido en “subvenciones para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes en montes vecinales en mano común y agrupaciones forestales de gestión conjunta”, según se refleja en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 24 de enero de este año. Todavía no los ha ejecutado, según han denunciado BNG y PSdeG. 

La información que ha facilitado Medio Rural a la oposición es que, a pesar de que 480 comunidades de montes han solicitado la ayuda, todavía siguen esperándola. La Xunta estableció la nueva orden reguladora con el objetivo de fomentar la prevención de incendios forestales mediante subvenciones dirigidas a los titulares de Montes Vecinales en Mano Común (MVMC) y las agrupaciones forestales de gestión conjunta con el mismo presupuesto. Sin embargo, los incendios han llegado y arrasado la provincia de Ourense sin que las comunidades hayan podido acceder a esos fondos.

Por su parte, Pedro González, secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, comunicó a finales de la semana pasada que el PSOE ha presentado 40 cuestiones parlamentarias dirigidas a que la administración autonómica dé explicaciones sobre su “nefasta” gestión de los incendios forestales que devastan la región y que ya han superado las 150.000 hectáreas afectadas.

Las cuestiones planteadas abordan aspectos relacionados con el dispositivo operativo, incluyendo las unidades terrestres y aéreas que han permanecido inactivas en sus instalaciones base, tal como han señalado los profesionales del sector forestal y se ha difundido ampliamente en diversos medios informativos, así como las determinaciones tomadas por la Consejería de Medio Ambiente.

González destacó que el Partido Popular mantiene 38 empresas privadas dentro del Operativo de Extinción de Incendios, cuya coordinación con los recursos públicos de la Comunidad y del Estado ha resultado un “desastre”. El propio González narró que durante el último Pleno de junio consultó al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sobre el Operativo, quien le respondió que estaba “reforzado en personal, en medios, en organización, en infraestructuras, en formación y en tecnología”.