Huelva
Dos semanas sin respuesta por la muerte de Salim Traoré, temporero disparado por la Guardia Civil en Huelva

Salim Traoré llevaba ocho años en España, trabajando principalmente en la temporada de fresas y frutos rojos en Huelva. El temporero tenía como objetivo construir una vida en su país, Mali, gracias al dinero conseguido con su trabajo en el campo onubense. Un proyecto truncado el pasado 11 de febrero, cuando varios tiros ejecutados por la Guardia Civil acabaron con su vida. “Salim estaba construyendo una casa en Mali que nunca podrá acabar”, explica un familiar.

El joven maliense en los pocos momentos que tenía libre tras un trabajo tan duro como el del campo onubense hacía deporte, le gustaba especialmente el boxeo, sus amigos hablan con cariño de la bondad que tenía, acababa de ser padre. La Federación de Asociaciones malienses de Andalucía junto a otras organizaciones y familiares y amigos exigen que se esclarezca la muerte de Salim y que se haga justicia.

Todo sucedió durante la madrugada en una finca agrícola de Almonte (Huelva) en los barracones donde duermen los trabajadores del campo. Según relatan los compañeros de Salim, alrededor de las dos de la mañana Salim sufrió un “brote psicótico”  y en ese estado “amenazó a sus compañeros de cuarto con un cuchillo”. Los compañeros, como relatan, se escaparon y consiguieron “encerrarlo en un cuarto y llamar a la policía”. Tras que Salim se encontrara en la habitación aislado, ninguna persona corría peligro. “Hasta hace dos meses no lo noté raro, estaba un poco regular últimamente, pero nada más”, sostiene un familiar.

Los trabajadores relatan que tras la entrada de los agentes escucharon “cuatro o cinco disparos”. Un testigo expone que el cuerpo de Salim tenía tres señales de tiros: en el pecho, en el costado y en una pierna

Cuando llegó la Guardia Civil, los agentes aislaron al resto de sus compañeros en otro habitáculo. Los trabajadores relatan que tras la llegada de los agentes escucharon  “cuatro o cinco disparos”. El resto de trabajadores salió un rato después exponiendo que Salim  “ya estaba muerto”. Un testigo explica que el cuerpo de Salim tenía tres señales de disparos: en el pecho, en el costado y en una pierna.

Según la versión oficial de la Guardia Civil, Salim les amenazó con un “arma blanca” y no atendió a los “disparos disuasorios al aire”. “Salim perdió la vida bajo el fuego de los que debían salvarle la vida”, han expuesto sus compañeros.  Familiares, amigos y asociaciones ponen en duda la acción de la benemérita, ya que cuentan con un protocolo para reducir a una persona sin recurrir a la violencia. Los compañeros, como indican a través de un comunicado, llamaron a los agentes “pensando o contando con su protección y con que disponen de las herramientas para ayudarles y protegerles a todos”.

Las fuerzas de seguridad del Estado tienen protocolos en los que se indica que la reducción de personas tiene que realizarse intentando minimizar los daños que puedan ocasionar, para ello deben contar con una formación específica para evitar escenarios como el que propició la muerte de Salim.

Estas actuaciones, están amparadas legalmente por distintas obligaciones,  la Ley Orgánica 2/1986 recoge que las actuaciones policiales deben regirse por los principios de “proporcionalidad” y “congruencia”. La Constitución Española expone en diversos artículos el derecho a la “vida e integridad física” de las personas, un derecho que tienen que proteger los agentes.

En el Manual del procedimientos operativos de defensa personal en la Guardia Civil se recoge un protocolo especifico para la reducción de personas “con graves trastornos psicológicos”.

Transparencia en la investigación

La Federación de Asociaciones Malienses de Andalucía insiste en que se investigue el caso con “transparencia” y que se “esclarezca de forma completa” lo que ocurrió aquella noche. Desde Asnuci, exponen que “Salim Traoré debería estar hoy vivo” y hacen hincapié en que “defender la verdad no es atacar, es fortalecer el Estado de derecho”.

En el último año al menos 22 personas han muerto a causa de actuaciones policiales en un año, ocho de ellas racializadas.

Seydou Diop, representante de la Asociación multicultural de Mazagón muestra su preocupación “No sería la primera vez que se archiva la causa y los hechos de la muerte de personas migrantes en situaciones de violencia”. Desde la organización exigen además de una investigación independiente, la justicia y asegurar los derechos de la familia de la víctima. “Necesitamos el apoyo de todo el mundo para que se haga justicia”, sostienen sus familiares que siguen sin apenas noticias por parte de las instituciones.

En el último año al menos 22 personas han muerto a causa de actuaciones policiales en un año, ocho de ellas racializadas. Según los datos extraídos por El Salto a partir de una investigación del experto Jorge del Cura.

La última antes de Salim Traoré fue Haitam Mejri, en diciembre de 2025. Mejri, de 35 años, moría tras recibir dos descargas de pistola táser de cinco agentes de la Policía Nacional en Torremolinos. Una muerte que sigue sin esclarecer, a pesar de la denuncia de los familiares y su búsqueda de justicia.