Análisis
La pobreza estratégica: como el Kremlin repone el ejército ruso

“En una guerra, Ucrania durará dos días”, dijo Margarita Simonyán, redactora jefe de Russia Today, el principal órgano de propaganda internacional del Kremlin, dos días antes del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania.

“Ocupar Kiev en dos días”, “dos días para tener a toda Ucrania”, repetían los políticos y presentadores de la televisión estatal. Ese era el plan cuando unos 150.000 soldados profesionales rusos cruzaron la frontera ucraniana el 24 de febrero de 2022, 50.000 de los cuales marcharon sobre Kiev. Pero tomar la capital al asalto no entraba en sus planes. Nadie sabe con certeza con qué contaba el Kremlin: con que Zelensky accedería rápidamente a negociar, con que los militares ucranianos lo destituirían con un golpe de estado, o con que la población ucraniana apoyaría a los invasores. Ninguna de las tres cosas pasó y el blitzkrieg prometido se convirtió en una interminable guerra de posiciones. Pronto quedó patente que esta no se podría sostener con los efectivos disponibles y los mandatarios rusos recurrieron a la movilización forzosa en septiembre de 2022.

La movilización

Aquella movilización supuso una extraordinaria prueba de estrés para el régimen. Solo se llegaron a movilizar 302.503 personas (datos del Ministerio de Defensa), pero el caos organizativo fue mayúsculo y episodios abiertamente insurreccionales, con tropas movilizadas apresando a sus oficiales y parando trenes, se contaron por decenas. Por otro lado, cientos de miles de jóvenes, con frecuencia altamente cualificados, huyeron del país dejando descapitalizada una economía de por sí caracterizada por un grave déficit de recursos humanos y agravando el pozo demográfico cavado por la propia guerra.

 La movilización se convirtió al momento en una cacería basada en redadas de dudosa legalidad. Iván Chuviliaev, el portavoz de la ONG “Idite Lésom” (“Huid por el bosque”) que ayuda a las personas tanto a evitar el reclutamiento forzoso, como a huir o desertar a quienes ya han sido reclutados, lo explica así:

“Literalmente desde el primer día, el propio procedimiento de movilización empezó a ser violado en todas partes. En una movilización la persona recibe una citación por la que debe presentarse en el centro de reclutamiento. Esta citación, según la ley, solo puede ser entregada personalmente al sujeto por los funcionarios del comité militar. Pero en la práctica se fueron entregando a sus madres, abuelas, amigos, novias, vecinos y jefes en el trabajo. Es más, a menudo, en lugar de citaciones en papel, la gente recibía mensajes de texto, de WhatsApp, de Telegram o llamadas telefónicas. La movilización tomaba forma de redadas. Llegaban a las cinco de la madrugada a un hostal en Moscú, encendían la luz, reunían a todos los hombres, les quitaban los pasaportes, y —sin importar si estaban sujetos a la ley de movilización— se los llevaban al centro de reclutamiento, y de allí a Ucrania”.

Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que las bajas definitivas, entre muertos y heridos, se elevan a cientos de miles

Quedó probado que, si bien los rusos no estaban en condiciones de organizar una resistencia activa a la guerra, los ánimos, desde luego, tampoco eran muy beligerantes. A pesar de todos los recursos dirigidos hacia la promoción de la guerra contra Ucrania como una “guerra popular”, nunca llegó a acercarse a la tan deseada imagen de la “Gran Guerra Patria”. El régimen leyó bien las señales de peligro de un estallido social y desde entonces la consigna ha venido siendo evitar a toda costa la movilización forzosa.

Si bien es difícil contar las bajas de una forma fiable, sabemos que solo el recuento realizado por periodistas de la BBC y Mediazona ha contabilizado con fuentes abiertas (como esquelas, homenajes, condecoraciones, publicaciones en redes sociales e indemnizaciones para las familias de los fallecidos), más de 135.100 militares rusos que han perdido la vida en Ucrania (para el 10 de octubre de 2025). Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que las bajas definitivas, entre muertos y heridos, se elevan a cientos de miles. Para sostener un reemplazo de esa magnitud sin recurrir a una nueva movilización, el Kremlin ha activado todos los recursos a su alcance.

La ruleta rusa del servicio militar obligatorio

El 31 de marzo de 2025 Vladimir Putin firmó la orden sobre el reclutamiento de 160.000 ciudadanos para el servicio militar obligatorio. No es un hecho extraordinario. Se trata del reclutamiento regular que se realiza cada año en primavera y otoño. El presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal Andrei Kartapolov declaró en 2022 que los reclutas no iban a ser enviados a la zona de “la operación militar especial” en Ucrania, pero ¿qué tan cierto es?

En Rusia, la edad de reclutamiento para el servicio militar obligatorio está establecida entre los 18 y los 30 años. Antes la edad máxima era de 27 años, pero aumentó a partir del 1 de enero de 2024. Su duración es de un año. El proceso de reclutamiento incluye: la entrega de una citación, un examen médico; la presentación en el lugar y la hora indicados para ser trasladado al lugar donde se va a prestar el servicio. Los criterios de aptitud vienen especificados en el “Catálogo de enfermedades” del Ministerio de Defensa. Además, según la Constitución, los objetores de conciencia tienen derecho a realizar un servicio civil alternativo.

Su comentario para El Salto ha dado Artyom Klyga, el defensor de Derechos Humanos del Movimiento de Objetores de Conciencia de Rusia y coordinador de Connection e.V., ONG alemana que defiende los derechos de los objetores de conciencia y desertores, principalmente de Rusia, Ucrania y la República de Bielorrusia. Nos comenta que la mayoría de las normas para los reclutas en Rusia solo existen sobre el papel:

“A partir de 2022 pusieron en marcha una serie de reformas que han cambiado por completo el formato de reclutamiento para el servicio militar en Rusia. En primer lugar está la digitalización de todo el proceso. Desde abril de 2023, además de las citaciones a través de las sedes electrónicas de los servicios públicos, existe un registro electrónico que interactúa con todos los organismos estatales y municipales, como hospitales, organizaciones educativas y controles fronterizos. Si una persona no se presenta en la oficina de reclutamiento, en primer lugar se le impide salir del país y, en segundo lugar, se le imponen restricciones económicas, se le bloquea el acceso a la sanidad pública y a la educación u otras prestaciones. Antes podíamos recurrir a los tribunales para suspender el proceso de reclutamiento. Ahora tienes que iniciar el servicio mientras esperas el resultado del recurso”.

Tras encontrarse con unos recursos enormes a su disposición, los responsables del servicio militar obligatorio se dedicaron a modificar el reclutamiento de forma deliberada y sin demasiado control por parte de los órganos centrales del Estado, más interesados en la eficacia que en la legalidad del proceso. Como comenta Artyom:

“En toda Rusia y en Moscú se empezaron a introducir prácticas arbitrarias de reclutamiento, redadas violentas. Moscú tiene una policía especial que trabaja para la comisión militar. También disponen de la Rosgvardia (guardia nacional) y unidades móviles que recorren viviendas y oficinas. Las redadas violan numerosas normas federales. Los reconocimientos médicos tienden a sobrevalorar la categoría de aptitud. Una persona tiene todos los documentos médicos y aún así se esfuerzan por declararla apta. Dicen: ‘Sí, estás enfermo, pero no tan enfermo. Creemos que tu enfermedad no te exime del servicio militar. La ley lo considera así, pero nosotros no’”.

Como si de un distópico experimento neoliberal se tratara, el reclutamiento se ha convertido en un dinámico mercado. “Reclutador” ha acabado siendo una profesión

El servicio civil alternativo se ha convertido en una trampa para objetores de conciencia poco informados. Muchas personas se presentan ante la comisión pensando que pueden acceder al servicio civil y así evitar tanto el servicio militar como la movilización. Pero, como explica Artyom, “no se ofrece servicio alternativo a demanda. En Moscú te lo rechazan y punto. En otras partes el porcentaje de éxito no es nulo pero casi. Para rechazar la solicitud habitualmente te dicen: ‘no has demostrado tus convicciones, que eres pacifista o que crees en Dios. No nos has convencido’”.

 Una de las tesis que promueve el Ministerio de Defensa y el propio Vladímir Putin es que los reclutas que prestan servicio militar obligatorio no son enviados al frente y no entran en contacto con la zona del conflicto. La respuesta de Artyom es categórica:

“Es mentira. Los reclutas eran y siguen siendo enviados a zonas fronterizas, especialmente a Bélgorod y Kursk. La situación allí es tan complicada, que tuvimos que elaborar unas instrucciones con consejos ilegales, como que, si intentaban enviarte a una zona fronteriza, desertes porque es mejor ir a la cárcel que a la guerra. Por otro lado, el Estado ruso ha encontrado en los reclutas a un grupo de población vulnerable sobre el que ejercer cómodamente presión física y psicológica para obligarlos a firmar el contrato con el Ministerio de Defensa. Intimidación, amenazas, torturas… esas son las principales denuncias que atiendo. Muchos firman por miedo. Y a veces, si no firman, alguien lo hace por ellos. El recluta se entera del contrato cuando un día recibe en su cuenta los pagos del Ministerio de Defensa y ya no hay vuelta atrás: será trasladado a Ucrania de inmediato. El 20 de enero de 2025 el Tribunal Administrativo de Berlín dictó la primera sentencia por la que se reconoce que el servicio militar en Rusia representa un peligro para la vida y la integridad física, y que los objetores de conciencia rusos pueden solicitar protección internacional. En España, a día de hoy, hemos tenido dos casos de objetores de conciencia de Rusia y a ambos se les ha denegado el asilo”.

Las autoridades también prefieren buscar contratistas a la movilización forzosa por algunos aspectos legales. El contrato no tiene una duración determinada y puede ser prorrogado indefinidamente, ya que rescindirlo antes de tiempo supone una multa que puede llegar a ser superior a los ingresos de una familia durante los próximos 20 años. Eso convierte a cualquier contratista en un deudor sin derechos. “Evidentemente, no encontrarás allí a moscovitas de clase media alta, asalariados de grandes empresas o empresarios de éxito,” comenta Artyom.

La guerra es cosa de pobres

La búsqueda de contratistas es constante y desesperada más allá de los jóvenes obligados al servicio militar y se centra en los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora. Así, el Ministerio del Trabajo colabora con Defensa desde agosto de 2024 ofreciendo el alistamiento como un empleo cualquiera a los parados. Dos rechazos suponen la baja en la demanda de empleo y el cese de las prestaciones.

La mayoría de quienes acceden a la firma del contrato lo hacen por motivos económicos, y no es de extrañar, ya que los militares rusos cobran en promedio unos 2.300 euros, cantidad extraordinaria considerando que el salario mediano en Rusia es de unos 640 euros, y en las regiones más pobres (como Ingusetia) se reduce hasta los 400.

Como resultado, las regiones con más bajas mortales en términos relativos son Tyvá (342 muertos por cada 100.000 habitantes) y Buriatia (264), regiones cuyos pueblos autóctonos pertenecen a etnias túrquicas y mongólicas. A modo de comparación, la opulenta y occidentalizada Moscú, cuya población vive de espaldas a la guerra, solo presenta 11 muertos por cada 100.000 habitantes. En términos absolutos lideran el macabro ránking Tatarstán y Bashkortostán, curiosamente también pertenecientes a lo que en Rusia se llama repúblicas “étnicas”. En este caso se trata de pueblos túrquicos de religión musulmana.

Como si de un distópico experimento neoliberal se tratara, el reclutamiento se ha convertido en un dinámico mercado. “Reclutador” ha acabado siendo una profesión. La cadena de intermediarios se estira en varios eslabones desde el Ministerio de Defensa hasta los reclutadores de a pie (comerciales en paro, amas de casa que buscan un sobresueldo…), pasando por empresas públicas, agencias de colocación, campos de entrenamiento. Todo el mundo se lleva un porcentaje a cambio de conducir a varones en edad militar, acosados normalmente por problemas financieros, legales o adicciones, a centros de reclutamiento. Lo que gana el intermediario va desde los 50 hasta 3.500 euros en función del lugar ocupado en la cadena. Como no podía ser de otra forma, el fraude y la corrupción ya han hecho acto de presencia con varios escándalos de falsos reclutamientos.

El enrolamiento de condenados a cambio de indultos, impensable hasta entonces, se permitió en 2022

Uno de los fraudes más populares es el esquema de las así llamadas “viudas negras”: mujeres que se casan con hombres que están a punto de firmar el contrato e ir al frente. Los contactos de esos hombres se venden dentro de la cadena mencionada. Según la investigación de Svoboda es un negocio popular tanto entre las mujeres solteras como entre las casadas, ya que el primer ingreso instantáneo se recibe el mismo día que traes a un “voluntario” hasta el centro de reclutamiento. A partir de ahí todos los ingresos del Ministerio van a la cuenta de la familia, sea ésta real o ficticia. Y el premio mayor: la “pensión estatal por pérdida del sostén familiar” que empieza con un pago inicial único de hasta 50.000 euros y sigue con una pensión vitalicia para la “viuda del militar”.

Cada mes decenas de familias en Rusia denuncian estafas tras no percibir el primer pago de la pensión por un familiar fallecido en la guerra, porque éste se había casado el día antes de firmar el contrato. La percepción de las pérdidas en la guerra en Ucrania está muy bien reflejada en las palabras de una de las “viudas negras“ que publicó en su red social: “Si la muerte se paga, sería un desperdicio que nadie la cobrara”.

Por su parte, las regiones tienen que cumplir con KPI que incluyen las cifras de reclutas enviados al frente. Para cumplir con esos objetivos y al ser el salario una motivación insuficiente en un empleo tan incierto, fue cobrando cada vez más importancia la paga inicial: el ingreso único que se hace al firmar el contrato. Este cobro permite al contratista liquidar de un plumazo sus deudas o pagar la educación de sus hijos. Las regiones compiten entre sí por ofrecer la cantidad más elevada y los hombres migran de un lado a otro en busca de la mejor oferta. En Rostov o Krasnodar esas pagas se multiplicaron por 10 a lo largo de 2024 (de 1.100 a 11.000 euros). Tatarstán lideraba con 23.200 euros hasta hace poco, pero acaba de ser superada por Jantý-Mansí, con sus 33.700 euros, una región siberiana muy poco poblada con una economía dedicada en un 81% a la extracción de hidrocarburos. La elevada renta per capita de la industria petrolera ha obligado a sus autoridades a mejorar la oferta a los contratistas para poder cumplir con las cuotas de reclutamiento exigidas desde el Kremlin.

Indultos a cambio de matar

Otra gran fuente de reclutamiento ha sido la población reclusa. El enrolamiento de condenados a cambio de indultos, impensable hasta entonces, se permitió en 2022 y en 2024 se dio el siguiente paso: ahora un acusado se puede librar de la condena (y por tanto, de los antecedentes penales) si en la misma fase de investigación se ofrece como voluntario para la guerra. Uno de los primeros en acogerse a esa gracia fue Serguey Trifánov, ex líder local de las juventudes de Rusia Unida, el partido del gobierno, que en 2022 había robado, matado y decapitado a un discapacitado pero logró la suspensión del juicio al alistarse para la guerra de Ucrania.

“Los migrantes son el segundo grupo más vulnerable en Rusia después de los reclutas del servicio militar obligatorio”, dice Artyom Klyga

Según las estimaciones más modestas al menos 48.000 convictos han pasado o siguen prestando sus servicios en el frente a cambio de un indulto. Hasta la asonada de Yevguény Prigozhin en junio de 2023 unos 40.000 habían pasado por el ejército paramilitar Wagner. Más tarde distintas unidades del Ministerio de Defensa y otras empresas asumieron ese rol. Según los investigadores de Mediazona y BBC, más de 17.000 murieron solo en la carnicería de Bajmut. Muchos de los que consiguen sobrevivir y volver a la vida civil protagonizan homicidios y otros episodios de extrema violencia que se han convertido en un apartado habitual de las crónicas de sucesos. Incluso se han documentado casos de un segundo enrolamiento por parte de sujetos que, liberados del presidio y cumplidos sus servicios en el frente, habían vuelto a delinquir al retornar a la vida civil.

Soldados de importación

“No tenemos necesidad de traer a nadie de fuera para la operación militar", afirmaba Vladímir Putin en 2023. El mercenariazgo está formalmente prohibido en Rusia, no obstante miles de soldados se han importado de todas partes del mundo.

Los inmigrantes, al pasar por una oficina de extranjería, reciben bajo acuse de recibo notificaciones sobre la obligatoriedad de acudir al centro de alistamiento. “Los migrantes son el segundo grupo más vulnerable en Rusia después de los reclutas del servicio militar obligatorio”, dice Artyom Klyga, “es fácil detenerlos, acusarlos de infringir la legislación migratoria, imponerles a ellos y a sus familias la expulsión del país, pero, a continuación, ofrecerles un contrato que resuelve todos esos problemas. Entre otras cosas, les permite obtener la ciudadanía rusa en el plazo de un año sin pasar por los requisitos de idioma, duración de la estancia en el país, conocimiento de la legislación, etc. Human Rights Watch nos informa de que ha habido casos en que, con el pretexto de rellenar los documentos para obtener la ciudadanía, se les ha hecho firmar un contrato militar. Debido a la barrera lingüística, algunas personas caen en esa trampa y los reclutadores se aprovechan”.

También han sido sonados los escándalos relacionados con el trabajo de agentes rusos en países de origen. Estados como Cuba, Nepal, India o Tayikistán se han tenido que pronunciar públicamente, abrir investigaciones sobre redes rusas de reclutamiento y perseguir a sus propios ciudadanos por el delito de mercenariazgo para evitar verse implicados en el conflicto. Investigadores del medio digital ruso IStories revelaron que, solo entre abril de 2023 y mayo de 2024, más de 1.300 mercenarios extranjeros de 43 países fueron dados de alta por una oficina de reclutamiento de Moscú. Muchos otros fueron redirigidos a Ucrania a través de empresas paramilitares y campos de entrenamiento privados. Mención aparte merecen los miles de soldados norcoreanos cuya presencia en las filas rusas se negó durante meses hasta que fue finalmente reconocida por el presidente Putin en la cumbre BRICS de abril de este año, y que causó preocupación incluso en Pekín.

Condiciones perfectas

No cabe duda de que entre las personas que van a la guerra contra Ucrania también hay personas ideológicamente motivadas, dado que la poderosa máquina de la propaganda lleva preparando, desde hace muchos años y con una intensidad creciente, a los rusos para la violencia que estamos viviendo. Aún así, queda claro que solo el empobrecimiento de la población ha permitido construir y reponer el ejército ruso, en mucha mayor medida que el adoctrinamiento ideológico, patriotero, imperialista o nacionalista.

Lo curioso es que, al parecer, los propios mandatarios rusos no eran plenamente conscientes de ello al principio. Al igual que parecían creer que los ucranianos recibirían con los brazos abiertos sus tanques, también sobreestimaron el grado de compromiso de los rusos con sus objetivos. Prueba de ello ha sido la evolución de las estrategias de reclutamiento desde 2022 hasta hoy. Atrás quedan la defensa del “mundo ruso”, la “desnazificación” y la recuperación del orgullo patrio, quedándonos con un día a día de banal estimulación económica y brutal coerción.