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Gobierno vasco
Alba Urresola no detectó un desfalco de medio millón cuando era encargada de control interno en la Fundación Guggenheim
“Lo que ha fallado es que el controlador estaba sin controlar”, explicaba a El País en 2008 un censor jurado de cuentas sobre cómo el subdirector de Administración y Finanzas del Museo Guggenheim Bilbao, Roberto Cearsolo, pudo apropiarse de medio millón de euros (750.000 doláres, si leyéramos el NYT) a lo largo de diez años (1998-2008) sin que semejante desfalco a las arcas públicas fuera detectado por parte de sus superiores u órganos de control interno. La actual Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola, figuraba entonces como subdirectora de Asesora Jurídica y Control Interno, cargo que ejerció entre junio 2001 y septiembre 2017. Urresola, cuyas funciones estuvieron estrechamente ligadas a la prevención de la corrupción intramuros y al diseño de informes sobre el Código Ético o a la vigilancia de la Contratación Pública, tampoco advirtió que la Fundación Guggenheim se convertía en un colador que perdía miles de euros y empañaba la impoluta imagen internacional sobre la gestión del museo. Tras su paso por el mismo, fue elegida por Pedro Azpiazu, actual Consejero de Economía y Hacienda, para presidir el órgano que inició la investigación del llamado “Cartel Zona Norte”.
Urresola, cuyas funciones estuvieron estrechamente ligadas a la prevención de la corrupción intramuros y al diseño de informes sobre el Código Ético o a la vigilancia de la Contratación Pública, tampoco advirtió que la Fundación Guggenheim se convertía en un colador que perdía miles de euros
El desvío de fondos mediante apropiaciones en las que se falsificaban talones y transferencias bancarias de las sociedades Tenedora, encargada de la adquisición de fondos para la colección permanente, e Inmobiliaria del museo, fue descubierto gracias el Tribunal Vasco de Cuentas (TVCP) presidido por aquel entonces por Jesús Álvarez Galdós. En el marco de un informe sobre la legalidad de las adquisiciones de obras de arte del Guggenheim, este organismo solicitó una serie de documentos para fiscalizar las operaciones. Fue entonces cuando el TVCP sospechó del fraude de Cearsolo y, ante la falta de controles internos, abrió una investigación al respecto.
En 2008, año en que se conoció el fraude, el TVCP publicó el informe fiscalizador citado sobre la actividad del Guggenheim donde exponían que “las desviaciones económicas de contratos” no eran tales, sino que, tras la supuesta exhaustiva fiscalización, esas desviaciones se debían a contratos menores externalizados e “independientes”. Añadía el informe que, estos “son el resultado de otros trabajos independientes encargados a los mismos proveedores, tramitados como contratos menores... se trata de ampliaciones al alcance del objeto del contrato, reguladas a través de la oportuna modificación”. Meses después, la auditoría externa, exigida de manera unilateral en el Ayuntamiento de Bilbao, descubrió que más medio millón de euros se almacenaban en el bolsillo de una de las cabezas de la Fundación, el citado Roberto Cearsolo.
Esta suerte de mano negra, como lo definía El Diario Vasco, es paradójicamente parte del modus operandi que ha ido desarrollándose con posterioridad por parte de las instituciones vascas en manos del Partido Nacionalista Vasco: la manipulación de contratos públicos como sustituto de la mano libre del mercado. Si bien no existen pruebas de esta conducta delictiva en la externalización de servicios y la adjudicación de contratos menores a consultoras que denunció la CNMC y que la Fiscalía está a punto de investigar, sí que fue una práctica extendida entre los jeltzales durante el caso De Miguel, una de las más sonadas tramas de corrupción del partido del Gobierno.
Consultoras
La Autoridad Vasca de la Competencia encargó su plan estratégico a una consultora investigada por amañar contratos
Corrupción: PNV>PP
En cualquier caso, el uso de los instrumentos de contratación como vía para el enriquecimiento corporativo (fuera de manera legal o no) se encuentra en el ADN neoliberal de las administraciones públicas vacas. Resulta llamativo la centralidad que ha tenido este asunto en el accionar de los organismos regulatorios vascos, con direcciones vinculadas al Partido Popular, al menos hasta que fueron controlados de manera directa por parte de los nacionalistas vascos. Ello nos cuenta una realidad particular sobre el modelo vasco: es la corriente jurídica más cercana al partido más corrupto de Europa, el Partido Popular, quien exige fiscalización al Partido Nacionalista Vasco.
una realidad particular sobre el modelo vasco: es la corriente jurídica más cercana al partido más corrupto de Europa, el Partido Popular, quien exige fiscalización al Partido Nacionalista Vasco.
El caso más paradigmático, hasta el escándalo del “Cártel Zona Norte”, de profesionales independientes cercanos a la derecha española que cortocircuitan redes clientelares en País Vasco es el del anterior presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque. Churiaque, que fue objeto de vehementes críticas por parte de hombres fuertes del nacionalismo vasco, afirmó ostentando el cargo que la Administración vasca no atiende las “medidas correctoras” que proponía el órgano, algo que hubiera evitado “algunas de las consecuencias” de, por ejemplo, el proyecto automovilístico Hiriko. Un proyecto estrella de la modernización jeltzale que, según la abogada del Estado y la fiscalía general, dilapidó dinero público por gestión negligente. “Hemos fracasado”, lamentó Chiriaque en 2015 por no haber podido 'modernizar', una institución en el punto de mira por su 'politización'. “Euskadi apuesta por un modelo viejo,” expresaba antes de dejar el cargo.
Actualmente el presidente del TVCP es José Luis Bilbao, exdiputado General de la Diputación Foral de Bizkaia, inseparable de la figura de Iñigo Urkullu desde las juventudes jeltzales, mano derecha de Andoni Ortuzar, Koldo Meidavilla o Aitor Esteban. No es objeto de este artículo valorar si una personalidad política así puede hacer frente a sus competencias encabezando un organismo que debe vigilar a un partido cuyos casos de corrupción comienzan a llegar a los tribunales. Sin embargo, como escribía Iker Rioja en El Mundo, lo que ocurrió en Euskadi en aquella época (que un cargo político pasara a uno fiscalizador, poniendo en duda hasta la división de poderes) no hubiera sido posible en ninguna otra comunidad autónoma del Estado.
Del caso Churiaque-Bilbao hasta el Canedo-Urresola
El movimiento por el cual el partido en el Gobierno coloca a un cargo cercano en el cargo, bloqueando a quienes hacen más preguntas de las que aparentemente gustan en las filas del nacionalismo vasco ha ido más allá del caso Churiaque-Bilbao. Tan sólo unos meses después de que Pilar Canedo iniciara desde la Autoridad Vasca de la Competencia el expediente que desembocó en la multa de la CNMC, de la cual ella es vocal, unas de las personas cercanas al PNV fue nombrada como su sucesora: Alba Urresola. Tres semanas más tarde de este hecho, según ha revelado Hordago, este organismo de control democrático encargó su plan estratégico a la consultoría de Sabin Azua, condenado por la trama del “cártel norte.” A este documento de 16 páginas, que fue adjudicado por un precio de 30.432 al hermano del exvicelehendakari, le siguieron otros contratos con empresas sancionadas. Una práctica del todo corriente, como también ha contado esta revista, a la que se debe sumar la Consejería de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, quien adjudicó a esta firma, Bamsi Strategy, un contrato días después de que fuera expedientada.
Ciertamente, el papel de la Autoridad Vasca de la Competencia en la trama de las consultoras sigue dejando más sombras que luces. La sustitución de la máxima autoridad del organismo coincide con la adjudicación de contratos a tres investigadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero también con el enorme descenso los expedientes iniciados de oficio: desde los 41 en 2017 hasta los 32 el año pasado, de los que solamente uno terminó en una resolución con propuesta de sanción. A todo ello se deben sumarse las declaraciones de Urresola, quien admitió que técnicamente sería posible incoar una nueva investigación, pero que no era oportuno. “Podríamos ampliar el expediente pero, bueno, me parece que por economía de medios no sé si es la decisión más correcta o [habría que] esperar a ver qué pasa con la resolución y con las posibles impugnaciones en los tribunales”.
Aunque parezca anecdótico, paradójicamente, Alba Urresola participó como invitada un encuentro empresarial de 'Los Viernes de la Cámara (de Bilbao)', con una ponencia que versaba sobre la cultura del cumplimiento normativo y la Ley de Defensa de la Competencia. El encuentro tuvo lugar en el mes de noviembre de 2019, es decir, con las investigaciones sobre el cártel ya iniciadas y once años después del desfalco de Cearsolo, en un claro intento por legitimarse en la presidencia de la AVC. La descripción del evento rezaba lo siguiente: “La cultura del cumplimiento normativo es ya una realidad en la gestión empresarial. Sin embargo, la detección de los riesgos para su prevención debe ir a más y, en ese sentido, la posible infracción de la normativa de competencia puede originar importantes contingencias”.
En efecto, pocos meses después la CNMC destapó una trampa que ahora nadie quiere ver en Euskadi y dio lugar a una plétora de multas, sanciones a directivos, posible prohibición para contratar con las administraciones públicas. A todo ello, además, un daño reputacional a la credibilidad de las instituciones vascas similar al que infligió el escándalo del Museo Guggenheim de Bilbao en su imagen internacional.
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Es imposible acabar con esta situación, cuando gran parte de la población se ve beneficiada por conductas inmorales,léase colocaciones,txiringuitos,empresas,dependientes de la contratación pública, la corrupción queda incrustada en todos los ámbitos políticos y sociales
normal, yo el otro día iba a ir a por el pan y no sé dónde dejé mil millones de euros
Tras el paso de EH Bildu por la Diputación foral de Gipuzkoa, el nuevo ejecutivo se afanó en realizar un exhaustivo análisis de las cuentas que habían dejado los jeltzales -Dios y la Vieja Ley: miedo, sumisión, autoridad, deuda... Semiótica de la psicopatología.
Una vez realizado, convocaron a una reunión a todos los departamentos en los que habían encontrado irregularidades contables: en total faltaban por justificar 960 mil euros. Lxs técnicxs concernidos tuvieron acceso a la documentación y no pudieron hacer más que confirmar esa falta de dinero público, no justificado. Lxs representantes políticos que encontraron este agujero, fueron sometidxs a un hostigamiento personal mediático que lxs llevó a dejar la política.
Dinero público: el 76% de la financiación de las administraciones públicas procede de rentas de trabajadorxs por cuenta ajena y pensionistas. Por primera vez en la historia las rentas de capital superan a las rentas de trabajo. Latrocinio.
PVN -Presencia de vulneración de normas, Universidad de Groninga 2008- es el acrónimo empleado en un estudio destinado a medir el grado de deshonestidad en un país determinado en función de la corrupción política. Los resultados se publicaron en Science: a mayor corrupción política mayor deshonestidad social, por decirlo en una frase.
Se da la graciosa coincidencia de que el acrónimo empleado en el estudio comparte siglas con las del Partido.
El PNV es el referente histórico de la privatización del sector público a nivel europeo mediante la fórmula eufemística convenio público privado. O dicho claramente, financiación de empresas privadas con dinero público.
Este mismo medio, en una serie de trabajos de incalculable valor periodístico y sociopolítico, viene informando del recurso ilegal a las grandes consultoras para organizar de administración pública, lo que ha supuesto una multa de la CNMV.
Tanto de este artículo como de los mencionados se puede inferir, al menos, que se sigue practicando el desmantelamiento del sector público por la vía de los hechos y que se engrasan generosamente los goznes de las puertas giratorias.
Pero vayamos más allá. Para que un latrocinio como el que se viene produciendo se lleve a efecto sin apenas oposición social, ha sido necesario un silencio de lxs testigxs, una omertá generalizada. La existencia de grandes y cultivadas redes clientelares puede dar buena cuenta de este fenómeno. Sirva como ejemplo paradigmático el sistema de selección de personal del servicio vasco de salud y las represalias que sufren quienes denunciaron el secreto a voces del nepotismo. El pecado original compartido genera lealtades férreas y sádicas.
Tal vez el problema tenga mayor alcance del que queremos admitir. Y tal vez la solución pase por no guardar silencio, que la mano izquierda sepa qué hace la derecha. Entre tanto, sigamos delirando con los estereotipos de "hombres de palabra", y mitos de matriarcados feministas.
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