Consultoras
La Autoridad Vasca de la Competencia encargó su plan estratégico a una consultora investigada por amañar contratos

Tres semanas después de llegar al cargo, la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia adjudicó un contrato menor para la elaboración de su Plan Estratégico 2018-2022 a la consultora de Sabin Azua, hermano del ex vicelehendakari. Se trata de dos contratos de 30.432 euros por un documento de 16 páginas y su despliegue técnico. Esta consultora, Bmasi Strategy está siendo investigada por cártel. 

La adjudicación se produjo antes de que se incluyera oficialmente a Bmasi Strategy en la investigación, aunque el contrato está firmado en la fecha cubierta por ésta. La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) adjudicó esos dos contratos públicos a una de las empresas sancionadas con 153.529 euros por formar parte del “cártel norte” en el expediente iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra 22 firmas de consultoría. Una de las incógnitas principales del expediente de la CNMC, según señala la oposición al lehendakari Iñigo Urkullu es saber si las administraciones públicas participaron o no en el proceso de amaño de contratos. La prueba que sustenta esta posición es la exigencia de la CNMC para prohibir a la administración pública contratar con las empresas sancionadas, lo cual apunta a la “connivencia” entre ambas.  

El primer contrato con Bmasi se firmó el 10 de octubre, unas semanas después de que la actual presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, Alba Urresola Clavero, llegara a su cargo. Este movimiento ocurrió poco después de que la antigua presidenta de la AVC iniciara el caso, lo cual ha sido visto desde EH Bildu y Elkarrekin Podemos, así como el Partido Popular, como un cierre en banda por parte del Ejecutivo vasco en lo que a depurar responsabilidades se refiere. La presidenta saliente era María Pilar Canedo Arrillaga, una de las vocales de la CNMC encargada de firmar la resolución final sobre el cártel norte del organismo. 

Más allá de la investigación de la CNMC, una trama que de momento se ha saldado con multas de 6,3 millones de euros y que sigue abierta, los datos revelados por Hordago-El Salto apuntan a que existen 765 contratos con las firmas de consultoría multadas. La suma asciende a 189 millones, y en el 60% de los casos se trata de contratos con un único ofertante. No así el contrato con la Autoridad Vasca de la Competencia, que se limita a mencionar que existieron tres ofertas presentadas. 

En enero de 2017, la AVC realizó inspecciones en las sedes de varias empresas que prestan servicios de consultoría para las administraciones vascas ante los indicios de que podrían estar alterando las ofertas públicas en beneficio propio

En respuesta a El Salto, fuentes del ente vasco especifican que esas empresas fueron Pricewaterhousecoopers (PwC) y Scheiner. La investigación de la CNMC muestra cómo Sabin Azua Mendia, CEO de la empresa adjudicataria que se llevó dicho contrato, y Maryam Luzarraga Monasterio, socia de PwC, se pusieron de acuerdo para realizar lo que la CNMC denominó “ofertas de cobertura” para simular competir sabiendo que empresa resultaría elegida. El administrador de la consultora Bmasi Strategy y hermano del ex vicelehendakari Jon Azua, fue multado con 35.000 euros. Luzarraga fue multada en una cantidad similar, por su “participación activa, constante y autónoma” en la “manipulación de contratos públicos”.

Las mismas fuentes de la agencia vasca de Competencia señalan que estos contratos se formalizaron antes de que la CNMC los incluyera en el expediente sancionador. “Desde septiembre de 2017, que se asignó el expediente a la CNMC, la Autoridad Vasca de la Competencia perdió todo el conocimiento e información sobre los detalles del asunto, dado que se trasladó a la CNMC por ser el organismo competente en exclusiva para instruir y resolver de acuerdo con la Ley 1/2002, de 21 de febrero de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia”.

El caso del cártel norte

Apenas habían pasado dos semanas desde el comienzo del año 2017 cuando la presunta existencia de un “cártel de empresas consultoras” asentadas en la zona Norte comenzó a tomar forma en el País Vasco. El día 11 de enero, la AVC realizó inspecciones en las sedes de varias empresas que prestan servicios de consultoría para las administraciones vascas ante los indicios de que podrían estar alterando las ofertas públicas en beneficio propio. En aquella redada intervinieron la Autoridad Catalana de la Competencia, con una dilatada experiencia en estos procedimientos, especialistas informáticos y la Ertzaintza.

De acuerdo al comunicado de la AVC, cuyo contenido ha sido borrado de la web, la investigación de este tipo de prácticas constituían una de las prioridades del organismo “dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores vascos y el correcto funcionamiento de los mercados en Euskadi”. Al menos, esa era la idea de María Pilar Canedo Arrillaga, nombrada por Patxi Lopez cuando se aprobó la Ley 1/2012 de la Autoridad Vasca de la Competencia. Definida desde los círculos parlamentario como un azote de las redes clientelares y prácticas anticompetitivas, durante su mandato destapó otro importante cartel, el de la empresas de “catering”, que se repartieron durante años los contratos de servicio de comedor de la escuela pública. Canedo fue sustituida por Alba Urresola, nombrada por Pedro Azpiazu en 2017, medio año después del inicio de la investigación por la AVC.

El Plan Estratégico de la AVC

Aquello que en los contratos se denomina “Plan Estratégico” resultó en un documento de 16 páginas en formato horizontal, incluyendo tanto la diapositiva principal y final como el índice. En total, 2.898 palabras (equivalente a cinco páginas en Word), con un significativo coste para el erario público (30.432 ambas acciones), entre las que podemos leer “vigilancia proactiva de mercados”, “gestión avanzada e innovadora” o “revisión y mejora de herramientas y sistemas TIC”. El segundo contrato, según afirma la AVC, “se dirigía a desplegar la ejecución del plan estratégico que se había elaborado el año anterior, con el fin de establecer un sistema de medición y evaluación de las acciones estratégicas”. El documento de evaluación de dicho plan realizado en 2019 fue poco más que un copia y pega del Plan Estratégico.

A juzgar por este contrato, la necesidad de un plan estratégico muestra la voluntad por impulsar el trabajo estratégico del organismo, que les ha llevado incluso a alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

No obstante, aludiendo a que “investigar de oficio es complicado”, la entidad reguladora ha ido descendiendo los expedientes iniciados. Desde los 41 en 2017 hasta los 32 el año pasado, de los que solamente uno terminó en una resolución con propuesta de sanción. Por otro lado, cuando la trama de consultoras golpeó a Euskal Herria (casi la mitad de las 200 irregularidades detectadas en toda España ocurrieron en este territorio), Urresola dudó de si es “la decisión más correcta” era ampliar la investigación del cártel de las consultoras a los años 2018-2021, como proponía la oposición. Este tipo de relación entre el sector público y privado, añadió, es “muy difícil” de detectar debido a “indicios suficientes para iniciar un expediente”.

Nombrada a dedo por el Gobierno Vasco, la actual directora de la Autoridad Vasca de la Competencia ha sido subdirectora de Asesoría Jurídica y Control Interno de la Fundación del Museo Guggenheim desde 2011, según explica su currículum. También formó parte de la Delegación del Gobierno Vasco en Bruselas durante un año y trabajó para el despacho de Cuatrecasas en sus despachos de Bruselas, Barcelona y Bilbao. Por otro lado, Joseba Andoni Bikandi, el Director de Investigación de la AVC, es un hombre fuerte del Gobierno de Iñigo Urkullu desde que en el 86 iniciara su carrera jurídica como asesor en el Parlamento Vasco en Bruselas. Enara Venturini Álvarez, Vocal Autoridad Vasca, fue auditora financiera en Deloitte entre 2001 y 2002 antes de pasar por distintas empresas y cargos institucionales.

Una de las empresas que sí estaba siendo investigada por la CNMC cuando la Autoridad Vasca de Competencia contrató con ella era KPMG, quien se adjudicó la creación de un informe por un valor de 17.424 euros

Sea como fuera, Urresola conoce bien el mundo de las consultorías. De hecho, PwC es uno de los patronos de la Fundación del Museo Guggenheim, un habitual en los actos culturales y corporativos que organiza la institución en la metrópoli vasca y quien mejores cargos públicos ha conseguido para sus filas. Recientemente pudo verse a Asier Atutxa, a los miembros de la AVC Alba Urresola, Enara Venturini y a otro alto cargo del Puerto de Bilbao, Luis Gabiola, posar felizmente en un evento. Asier Atutxa, ex-presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, presente en la imagen, que se incorporó despues a PWC, es hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV).

Un año antes, esta firma ganó un contrato para la asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao en el periodo 2018-2022 (150.000 euros). Entre las 16 empresas que manejan la familia Atutxa, cinco de ellas han recibido 200 contratos públicos con un monto total de 68 millones de euros entre los años 1998 y 2015.

De acuerdo a la documentación del organismo regulador,  los días 23, 24 y 25 de octubre de 2018 la CNMC realizó inspecciones simultáneas en las empresas en las sedes de Madrid y Bilbao de Pricewaterhousecoopers debido al amaño de contratos.

La familia Atutxa (PNV): empresas y contratos públicos de Asier e Iskander

Ahoztar Zelaieta

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PNV

La familia Atutxa (PNV): empresas y contratos públicos de Asier e Iskander

Ahoztar Zelaieta

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Los hijos de Juan Mari Atutxa, Asier e Iskander han creado múltiples sociedades y obtenido millonarios contratos de la administración pública. Además, estas empresas han estado ligadas a casos de irregularidades ligadas al clientelismo en ayuntamientos vizcaínos

Respecto a la Autoridad Vasca de la Competencia, en 2018 se adjudicó a PwC un contrato para el “soporte en la estructuración y diseño de la Guía práctica de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017)” por 12.100 euros. Sólo hubo una empresa ofertante. Tres meses después, en junio, esta firma ganó un contrato de 18.029 euros para realizar un análisis económico para el estudio sobre pisos turísticos. De nuevo, nadie más se presentó. Orientado a eliminar la regulación en el mercado de la vivienda, el contrato sobre el informe se formalizó en un momento en el que PwC no era parte del expediente sancionador. 

La Autoridad Vasca de la Competencia responde a este medio que “fueron incluidas por la CNMC en el expediente en febrero 2019, es decir meses después de que la AVC contratara con estas empresas.” En cuanto al primer contrato con PwC, la AVC aclara que se diseñó para dar “soporte y estructuración de la Guía de Contratación Pública y Competencia”, y que “el trabajo consistió en diseñar en un formato inteligible para el público general la guía de contratación que internamente se había elaborado por parte de los técnicos de la AVC”.

Respecto al otro contrato, el objetivo “fue realizar una labor de benchmarking para identificar las mejores prácticas mundiales en cuanto a la regulación de pisos turísticos que fue parte del Estudio elaborado y publicado por la AVC en esta materia en 2018.” ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? “En determinados casos se ha observado que las regulaciones muy endurecidas, y que en caso de ser injustificadas pudieran vulnerar la competencia, podrían ser regulaciones poco efectivas y producir un incremento de la oferta clandestina de las viviendas de uso turístico” En palabras de Urresola, quien redactó la introducción: “confíamos en que este trabajo resulte útil para identificar un marco regulatorio idóneo”.   

Una de las empresas que sí estaba siendo investigada por la CNMC cuando la Autoridad Vasca de Competencia contrató con ella era KPMG, quien se adjudicó la creación de un “informe pericial sobre condiciones de explotación de condiciones de prestación de arrendamiento de vehículos con conductor” por un valor de 17.424 euros. Con respecto a esta empresa, la AVC declara a esta revista que fue incluida por la CNMC en el expediente sancionador en julio de 2019, “sin que hubiera nota de prensa por lo que no tuvimos conocimiento.” Y añade un dato que no aparece en la Plataforma de Contratación de Euskadi. “De todas formas, respecto del trabajo que se contrató a KPMG se solicitaron dos presupuestos (a KPMG y a Leber) siendo una materia sensible y urgente por tratarse de un informe pericial para un juicio.”

Tensión entre la autoridad vasca y el organismo de competencia nacional 

Una mirada más de fondo permite ilustrar algunos choques entre la autoridad nacional de competencia, quien continuó la investigación iniciada por el organismo vasco. Otro dato, considerado “absurdo” por la AVC, apunta incluso a posibles interferencias del organismo regulador vasco en la investigación. Como explicó Cronica Vasca, fuentes de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) señalan que el expediente comenzó a instruirse de oficio, mientras las escasas declaraciones que ha realizado Alba Urresola sobre el caso han apuntado a que la investigación iniciada por la AVC, cuando ella todavía no había llegado al cargo, fue fruto de una denuncia.

Esta no es una diferencia baladí, como indica el periódico citado, pues las reiteradas declaraciones de la AVC como su intento de que la propia nota de prensa de la CNMC recogiera la existencia de una denuncia inicial podrían dar a las consultoras sancionadas un argumento para recurrir, alegando indefensión por no conocer la denuncia original, lo que a su vez podría hacer encallar toda la investigación.

En este sentido, según recoge un fallo del Tribunal Superior publicado por Iker Rioja, cuando Deloitte y algunas filiales, 97S&F y Gestiona XXI Consulting acudieron a los tribunales para anular los registros en sus sedes, estas apuntaron “a la connivencia de las entidades públicas licitantes con las empresas adjudicatarias al referir que si la AVC hubiera realizado requerimientos de información previos hubiera podido observar cómo eran las propias entidades públicas licitantes las que solicitaban a la futura empresa adjudicataria el nombre de empresas a invitar para cumplir con las condiciones que impone la ley”.

De acuerdo al periodista, las consultoras aseguran que no estaban solas y que la Administración vasca dejaba a la firma preseleccionada que pusiera precio a su oferta y la diseñara a la carta: “Incluyendo en ocasiones el importe máximo de licitación o la preparación de los pliegos de licitación”. Esto es, las empresas argumentaron que “eran las entidades públicas licitantes las causantes de las conductas investigadas” y que “cada empresa consultora adjudicataria ofrecía por petición de las entidades públicas el nombre de empresas competidoras”. De ello también se desprende la dejadez de la AVC a la hora de continuar el caso, sino su posible connivencia. 

Mención aparte merece la práctica administrativa de contratación que ha posibilitado el modus operandi ilegal de las consultoras: el uso intensivo de los contratos negociados sin publicidad. Expertos en cuentas públicas constatan a Hordago El Salto un mal funcionamiento de los sistemas de control interno y del control externo competencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Ante esas decenas de contratos adjudicados de manera opaca, hay que preguntarse por el papel del organismo fiscalizador de designación parlamentaria, presidido por el exdiputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao. El ahora encargado de auditar a las administraciones vacas dejó la institución foral brindando un recordado discurso para “los presentes y los ausentes” a los que tranquilizaba diciendo “nunca escribiré mis memorias,” en relación con aquellos que “pagaban con fajos de billetes sin demostrar su origen”.

La investigación de la CNMC ha destapado las lógicas intrínsecas del capitalismo de consultoría: sólo importa que las empresas privadas se lucren y aumenten su rentabilidad; el Estado, sus administraciones y organismos reguladores, son sólo facilitadores (lícitos o no es lo de menos) de ésta “muy arraigada” práctica —como señalaba la propia Alba Urresola en una entrevista con El Correo— de transmisión del poder público al privado. Si los cargos públicos participaron de manera consciente o no en estos cárteles es menester de una investigación mucho más profunda, pero un mes antes de que el organismo vasco diera su veredicto nadie parecía muy preocupado.

Entonces, el Museo Guggenheim acogió una jornada para reflexionar sobre política industrial y competencia en la que destacan varios nombres que pueden resultar familiares para el lector: Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente del Gobierno vasco; Sabin Azua, CEO de Bmasi; y Alba Urresola, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia. “Para que haya competitividad se requiere garantizar la competencia de los mercados”, expresó esta última. Qué se comentó durante el catering de aquel acto o a quién se le adjudicó dicho contrato, es una más de las miles de incógnitas que esconde la gestión pública del Partido Nacionalista Vasco.