Galicia
Millones a dedo a la industria de los festivales: la estrategia del PP en Galicia para controlar la cultura

Tan solo en la última legislatura, la Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, ha repartido a dedo 19.131.514 euros de dinero público para financiar festivales, principalmente, de música y otros conciertos. Sin concurrencia competitiva, sin criterios objetivos de reparto y, sobre todo, dejando fuera de la ecuación a decenas de asociaciones, cooperativas y empresas culturales que, algunas desde hace décadas, sacan adelante algunos de los eventos culturales más valorados del país. Los adjudicatarios de las licitaciones más abultadas suelen ser los mismos en las 50 que han hecho públicas desde que Alberto Núñez Feijóo revalidó su mayoría absoluta en el verano de 2020 hasta hoy: Live Nation, Old Navy, Sweet Nocturna, Esmerarte e incluso uniones de trabajo temporal creadas entre las mismas sociedades, fundamentalmente.

Tras ellos, los festivales más convencionales, creados de la nada al calor de la Axencia de Turismo de Galicia y unas decisiones políticas de reparto: O Son do Camiño, O Gozo Festival, Latitudes o Morriña Fest, entre otros muchos. El último de ellos y el más cuantioso de la historia de Galicia lo ha dejado firmado la Xunta hace apenas un mes, con el Gobierno en funciones y con las elecciones ya convocadas. Nada menos que 3.388.000 euros en un contrato negociado sin publicidad para producir en 2024 la segunda edición de O Gozo Festival un festival surgido también de la nada en 2023 arropado por la Xunta y que, en su primera edición, ya se llevó el tercer contrato a dedo para un evento musical más grande de la historia gallega: otros 1.815.000 euros de dinero público. ¿La adjudicataria de ambas? La empresa Sweet Nocturna, una sociedad que se limita a hacer de recaudadora gallega para la multinacional que realmente produce el evento, Live Nation. Ambas fueron las empresas que estuvieron tras el polémico concierto de los Guns N' Roses en Vigo para el que el Ayuntamiento, liderado por Abel Caballero (PSOE), simuló un concurso público al que solo se podía presentar una empresa que reveló esta redacción y que, finalmente, reconoció haberlo pactado con el Gobierno local semanas antes. Hoy, el caso está siendo investigado por la Justicia. Otro de los gigantes que también ha pescado en las arcas públicas gallegas es el empresario Francisco Castroman Santos que, a través de su sociedad Zircozine, captó 2.480.500 euros con un contrato para producir el concierto de la banda Muse en 2022 en la ciudad de Vigo. Según los datos del Registro Mercantil, Castroman también está en el consejo de administración de otras grandes empresas que producen macrofestivales como el Mad Cool de Madrid.

Al mando de la Axencia de Turismo de Galicia está, desde el pasado verano, José Manuel Merelles Remy, un periodista vinculado a los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Xunta de Galicia desde tiempos de Manuel Fraga durante los primeros noventa, afín al actual presidente Alfonso Rueda. Trabajó en varios medios de comunicación hasta llegar a la Xunta de Galicia en el año 1991, donde fue redactor en el gabinete de comunicación de Presidencia, así como jefe de prensa en la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais y en Sogama. Desde enero de 1999 ocupaba la Jefatura del Área de Comunicación de la Axencia de Turismo de Galicia. Este domingo, dará el salto oficial a la política, ya que ocupa el puesto número 11 en las listas del PP por la provincia de Ourense.

Una estrategia que distorsiona el mercado en favor de los grandes

En festivales de artes escénica, festivales de cine e incluso algunos de música, generalmente, suelen existir, desde las administraciones más rigurosas, un cierto tipo de competiciones que pretenden acercarse a criterios objetivos que rijan el reparto de recursos públicos de forma lo más justa posible. Es decir, se presentan proyectos y proceden a evaluarse. Suelen existir partes puramente técnicas como los años de antigüedad, el número y tipo de actuaciones, los impactos en medios de comunicación, entre otras, y otra parte más subjetiva, en la que se realiza una valoración por parte de una comisión de profesionales externos. De hecho, es el método principal de reparto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, dependiente del Ministerio de Cultura, y una de las principales vías de financiación pública de cine en el Estado español. De hecho, hasta la propia Xunta sigue estos parámetros con la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic, el ICAA gallego) para el reparto de algunas de sus partidas. Sin embargo, el trozo grande del pastel, se reparte a dedo desde los despachos de San Caetano.

“Este tipo de prácticas distorsiona de una forma brutal el circuito de festivales y de la música en vivo en general”, reflexiona el periodista cultural Nando Cruz, que publicó en 2023 Macrofestivales (Península), un ensayo a fondo sobre el desarrollo de los grandes festivales de música en el Estado español durante el último cuarto de siglo y las consecuencias de su implantación. “Cuando una administración pública decide dar uno, dos, tres o incluso cuatro millones a un festival en su primera edición, ofrece una ventaja a esas empresas que les permiten pujar mucho más fuerte por las bandas más importantes del circuito”, añade. Esto, lógicamente, además de disparar los cachés de los artistas, instala un techo al crecimiento de los festivales no necesariamente más pequeños, que también, sino a todos los que no entran en esa red clientelar. “España, de hecho, ha sido durante mucho tiempo un país conocido internacionalmente por pagar cantidades extremadamente grandes en este tipo de festivales”, matiza Nando Cruz.

Hay una visión generalizada entre la clase política del Estado español, dice Cruz, en la que apoyar la cultura significa apoyar grandes eventos en detrimento de los más pequeños y arraigados a los territorios: “Aquí, la política es que cuanto más grande, más dinero se le da. Esto seca las arcas por culpa de un reparto injusto. A ojos de las pequeñas asociaciones debe ser escandaloso y deprimente y que, además, sigue una tendencia ascendente. En absoluto va a menos”.

Más allá de la música: cine sí, pero para quién la Xunta diga

Aunque hay mucho menos dinero para hacer cine que para los eventos musicales, el reparto de los recursos públicos que el Partido Popular domina con mano de hierro en Galicia es igual de arbitrario o favoritista, como se quiera enfocar. Le realidad de estos festivales independientes, algunos que llevan décadas en pie, es compleja de cara a conseguir recursos de la administración que, por otra parte, nunca son proporcionales a su repercusión social, cultural y económica en algunas de las comarcas gallegas. De entrada, cualquiera de ellos puede acceder a un tope de 40.000 euros de ayuda en Agadic y rara vez es la que se consigue la partida completa.

En cambio, otros festivales, afines a la órbita del Partido Popular, como el Festival de Cine Internacional de Ourense (OUFF) recibe partidas a dedo directamente de administraciones gobernadas por la derecha como la Xunta o la propia Deputación que doblan o incluso triplican los máximos a los que pueden acceder sus análogos en otros municipios. “Es una competencia desleal y un favoritismo muy claro hacia un festival. Desde Proxecta [coordinadora de festivales de cine de Galicia] se ha trasladado esta queja varias veces a la Xunta, sobre por qué un festival puede acceder a recursos, pero siempre ha habido evasivas”, lamenta un miembro destacado del circuito de festivales.