Medios de comunicación
La Xunta destinó más de 70.000 euros diarios a campañas en medios el mes que convocó elecciones

La Xunta repartió, desde las semanas previas a la convocatoria de elecciones y al margen de los planes de medios, un mínimo de 711.457 euros a medios de comunicación afines. Son datos obtenidos por El Salto tras hallar los contratos menores de cada Consellería, Secretarías Xerais y organismos públicos del Gobierno gallego. En poco más de mes y medio, fueron contraídos un mínimo de 105 contratos con cuantías que oscilan entre los 850 y los 18.000 euros y de los que no hay más información que la publicada en el portal de la Xunta entre millares de contratos menores. Solo los títulos. Los objetos de los mismos son diversos: inserciones publicitarias, contenidos patrocinados o “acciones divulgativas”, entre otros. Todos ellos, contratos a dedo sin negociación pública acordados y firmados entre los grupos mediáticos y las diferentes Consellerías gobernadas por el Partido Popular. Los beneficiados son, en casi todos los casos, medios y grupos mediáticos afines a la Xunta. La Voz de Galicia es, como siempre, la cabecera que más dinero ha recibido, con 156.309 euros. Es decir, más de 3.000 euros al día solo en estos pequeños contratos.

El grupo Prensa Ibérica (Faro de Vigo, La Opinión de A Coruña, El Correo Gallego) recibió en este tiempo algo más de 170.000 euros; La Región (a través de Outro SL) casi 100.000 euros; el Grupo El Progreso, que incluye al Diario de Pontevedra casi 90.000 euros; y Editorial La Capital (que publica El Ideal Gallego) poco más de 60.000 euros.

Además, son significativos los 57.120 euros que se embolsó el medio español ABC y los 15.520 euros del medio de ultraderecha Libertad Digital. Todas estas cifras, recordemos, sólo en un mes y medio y contando sólo los contratos menores, que no es el método principal que emplea el Partido Popular desde la Xunta para mantener financiados a los medios de comunicación aliados con su gestión.

La estrategia de los planes de medios

Cada Consellería u organismo público suele externalizar el grueso de la gestión de su publicidad institucional. A través de un procedimiento público, presupuestan y licitan esa tarea llamada “plan de medios” a la agencia de medios que presente mejor oferta o que mejor se ajuste a sus intereses.

Excluyendo las licitaciones que incluyen campañas para 2024 y sin contar las licitaciones de la elaboración de creatividades, la Xunta destinó, sólo para ejecutar en 2023, 19,3 millones de euros en campañas, “elaboración y producción de planes de medios” y “servicios de agencias de noticias”, entre otros objetos similares. Es decir, unos 50.000 euros diarios que agencias de medios como Reclam, Proximia Havas, Quattro, Avance, Canal Uno o Indico reparten entre los medios de comunicación gallegos siguiendo las instrucciones del Gobierno de Alfonso Rueda.

Por otra parte, la Secretaría Xeral de Medios concede anualmente ayudas a empresas periodísticas y de radiodifusión en las que, cada diciembre, salen beneficiados principalmente los medios aliados antes mencionados. En la convocatoria de 2023, 1,97 millones. Sólo entre estas ayudas, planes de medios y campañas, la Xunta invirtió más de 21 millones de euros en 2023. A esta cantidad se le suman los contratos menores hallados en esta investigación y acordados directamente entre las consellerías y los grupos mediáticos y que ascienden, como mínimo, a 711.457 euros en estas últimas semanas.

No es posible saber la cantidad exacta total del reparto a medios, ya que las negociaciones entre las agencias y los grupos mediáticos no son públicas y algunos de los objetos de los contratos menores son confusos o incluso no son definidos en la plataforma pública de la Xunta. Con todo, habida cuenta de los datos obtenidos en diciembre y sumados al costo medio diario de las licitaciones, se estima la Xunta pagó en diciembre y, como mínimo, un promedio de 72.812 euros al día en publicidad y contenidos pagados.

El reparto a dedo todavía es perfectamente legal

La Xunta de Feijóo adquirió en 2010 el compromiso de elaborar una ley de publicidad institucional que sigue sin existir. En 2014, la Asociación de Medios en Galego presentó en el Parlamento de Galicia su propuesta a través de AGE y el BNG, y que también recogía propuestas del Colexio de Xornalistas de Galicia. Reclamaban “transparencia en el reparto de las ayudas públicas y de la publicidad a los medios de comunicación”. La mayoría absoluta del PPdeG rechazó la propuesta.

A día de hoy, ni Xunta ni diputaciones provinciales ni grandes ayuntamientos gallegos aceptan regular la publicidad institucional y continúan repartiendo el dinero público sin transparencia y sin seguir criterios objetivos de interés público. Tan sólo el Concello de Ames, en 2017, presentó unas “bases orientadoras" para la contratación de su publicidad institucional. Dicho de otro modo, sigue sin haber ninguna regulación ni mecanismo de control o monitorización de los acuerdos entre administraciones, grupos mediáticos y agencias de medios. La compra de espacios publicitarios, espacios informativos y las motivaciones que haya podido haber detrás de ellas quedan, en todos casos, sin revisión ni control de ningún tipo.