Frontera sur
900 millones de euros no evitan los 3.444 muertos y desaparecidos en la Frontera Sur
Entre los años 2007 y 2017, España destinó 896,3 millones de euros procedentes de fondos públicos a una serie de empresas para llevar a cabo actividades de control migratorio. En el mismo periodo en el que esta industria desplegaba sus armas, las personas que han muerto o desaparecido en el Estrecho son 3.444.
Las actividades de control migratorio las realizan una serie de corporaciones que blindan las fronteras exteriores de la UE haciendo uso de un variado catálogo de bienes y servicios: vallas, concertinas, sistemas de vigilancia, centros de detención, vuelos de deportación o proyectos de cooperación destinados a retener a la gente en origen. España, como país limítrofe con el continente africano y frontera sur de Europa, ha jugado un papel fundamental desde hace décadas en querer controlar y frenar a toda costa los flujos migratorios. España, precursora de las políticas de control migratorio, recibe una cuantiosa suma de dinero para implementar unos costosos dispositivos de control con una eficacia, cuanto menos, dudosa.
Los actores fundamentales que se enriquecen y ponen en funcionamiento la industria son una miríada de empresas y organizaciones que obtienen una contraprestación económica a cambio de desempeñar un papel especializado en poner en marcha la maquinaria. De las 350 compañías españolas que forman el entramado de la industria de control migratorio, hay diez que acumulan más de la mitad de los recursos concedidos a través de contratos públicos. Según el Informe de la industria del control migratorio elaborado por porCausa, Indra, Amper, Atos, Dragados, Ferrovial, Siemens y Telefónica son las empresas que mayores beneficios económicos obtienen.
De las 350 compañías españolas que forman el entramado de la industria de control migratorio, hay diez que acumulan más de la mitad de los recursos concedidos a través de contratos públicos.
La inmensa mayoría de los recursos económicos invertidos en España en este lucrativo negocio proviene de fondos europeos, de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (anteriormente llamada Frontex) y de las inversiones realizadas por el propio Gobierno español a través de la cofinanciación de fondos europeos y la construcción de infraestructuras. En el periodo de 2007 a 2016 las partidas comunitarias destinadas a esta colosal y lucrativa industria contaron con 564 millones de euros (cofinanciados por España), Frontex destinó 73,6 millones de euros y el gobierno español invirtió en infraestructuras 258,7 millones de euros.
El 97% de los recursos empleados en este negocio se destinaron al aumento del control en los perímetros fronterizos y a la detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular. Tan solo el 3% se destinó a la acogida e integración de inmigrantes y a externalizar el control de los flujos migratorios. Las actividades más costosas serían las relativas al desarrollo tecnológico de vigilancia de fronteras y acceso a la UE a través de ellas. También se lleva un importante bocado la contratación de vuelos destinados a la deportación de inmigrantes y a la gestión y mantenimiento de los CIES y CETIS.
En lo que va de año, se estima que las muertes y desapariciones en el Mediterráneo ascienden a 2.055, de las cuales 431 se han producido en el Estrecho.
A pesar del aumento de la inversión en seguridad y control de perímetros fronterizos, de la construcción de muros, del despliegue de dispositivos de vigilancia de tecnología de última generación y de destinar el 97% de los recursos en frenar la llegada y en vuelos de retorno, lo cierto es que en lo que va de año, se estima que las muertes y desapariciones en el Mediterráneo ascienden a 2.055, de las cuales 431 se han producido en el Estrecho. Según Pascale Moreau, directora de la Oficina Acnur en Europa, el Mediterráneo es uno de los puntos marítimos de cruce más letales del mundo y, a pesar del descenso de llegadas a través de este mar, la tasa de mortalidad ha aumentado pronunciadamente.
La eficacia de estas tremendas inversiones es cuestionable, puesto que su aplicación obliga a los migrantes a buscar otras vías de acceso. No es en vano que, a pesar del considerable descenso de intentos de cruce, las cifras de muertes en el Estrecho pasaran de 3.771 en 2015 a 5.096 en 2016, año en el que se firmó el acuerdo UE-Turquía, conocido como “el acuerdo de la vergüenza”. Esta Declaración avalaba la devolución a Turquía de los migrantes irregulares que llegaran a las costas griegas a partir del día 20 de marzo de dicho año y tenía como objetivo frenar los flujos migratorios que atravesaban esta ruta marítima. A pesar de que la Comisión Europea se refiriera a este pacto como “una de las claves en la gestión de la crisis de los refugiados”, una de las consecuencias de cerrar esta vía fue la reapertura de la ruta del Mediterráneo central, cuyo destino es Italia, y es mucho más peligrosa y mortífera que la anterior.
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Frontera sur
Las balsas de la muerte inundan el Mediterráneo
30 años han pasado desde que la ausencia de vías seguras comenzara a ser sinónimo de personas fallecidas por intentar atravesar el Estrecho de Gibraltar. Tres décadas después, la tragedia ha aumentado su dimensión y contabiliza casi 7.000 muertes.
La historia se repite, no olvidemos que en 2005 estalló la “crisis de las vallas”, una serie de intentos de cruce por la frontera hispano-marroquí que dio lugar a que la valla de Melilla aumentase su altura hasta 6 metros y se instalasen las famosas y letales concertinas —made in Spain, por cierto— producto estrella de esta industria. Una vez blindada esta vía, se reabrió la ruta por mar hacia las islas Canarias y entre el 2005 y el 2006 la llegada de pateras aumentó en un 564%. En 2006 la crisis cambió de nombre a “crisis de las pateras”, con un total de 31.678 personas que llegaban al archipiélago canario. Se contabilizaron 6.000 muertos y desaparecidos, de los cuales se recuperaron tan sólo un 10% de los cadáveres.
La ruta del Mediterráneo occidental con destino España es donde la mortalidad ha aumentado
En 2018, las entradas a España por mar representaban el 45% del total de las personas que atravesaron el Mediterráneo, convirtiéndose en el principal punto de llegada. Al finalizar el año, 56.187 personas habían llegado a España a través del Estrecho, y 6.106 por tierra. A Grecia llegaron 28.687 y a Italia 22.473, lo que representa globalmente una disminución de entradas con respecto a los años anteriores. Acnur lo atribuye en parte a los esfuerzos que realizan los gobiernos europeos por reducir la inmigración irregular, aunque critica que lo hagan sin aumentar el acceso a medios seguros y legales para las personas que requieren protección internacional. La ruta del Mediterráneo occidental con destino España es donde la mortalidad ha aumentado más al pasar de 295 casos a 431 en el periodo de 2017 y 2018, respectivamente.
¿Por qué destinar entonces tantos esfuerzos en controlar y frenar los flujos migratorios? Eva Garzón, responsable de desplazamiento global en Oxfam Intermón, refiere que los estados tienen más experiencia en aplicar enfoques securitarios y cortoplacistas que en enfoques que supongan unas políticas a largo plazo que promuevan el vínculo entre desarrollo y migración. Apunta que se ha extendido una sensación de amenaza a pesar de que las cifras -sólo el 3,3% de la población vive fuera de sus países- no justifiquen este temor. Un miedo que se ha extendido en Europa que, además de ser políticamente rentable, implica el despliegue de unas medidas de control que no tienen otro resultado que “la apertura de rutas más peligrosas, la violación de derechos y la pérdida de vidas”.
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