Fondos buitre
El Sindicato de Inquilinas demanda al fondo buitre Néstar-Azora por las cláusulas abusivas de sus contratos

El Sindicato de Inquilinas sentará al fondo buitre Néstar-Azora (anteriormente Lazora) en el banquillo. Este jueves, las militantes en lucha han interpuesto ante los juzgados de Plaza Castilla la primera demanda judicial contra esta empresa por las clausulas abusivas e ilegales que se incluyen en los contratos de alquiler al tercer año de arrendamiento.

Las vecinas afectadas por los atropellos inmobiliarios del que hoy constituye el tercer fondo más grande de España, cuyas empresas matrices cuentan con un total de 13.000 viviendas en todo el país y 42 bloques solo en la Comunidad de Madrid, están obligadas a abonar injustamente el pago del IBI, la comunidad o el seguro de impago (este último ronda los 250 euros). Además, y como resultado de todos estos gastos extraordinarios que por ley corren a cuenta de los propietarios, sus rentas han experimentado un aumento de hasta un 40% en los últimos años. De hecho las vecinas destacan que “mucha gente entra pagando 1.100 o 1.200 euros sabiendo que en tres años va a pagar 1.400 o 1.500”. Por todo ello, el pasado mes de septiembre, más de 900 familias víctimas de Néstar-Azora, iniciaron su primera huelga de alquileres en el marco de la estrategia #NosQuedamos del movimiento inquilino.

Huelga de alquileres: “Es muy triste que teniendo dos trabajos mi familia me tenga que ayudar económicamente”

Alejandra Mateo Fano

Alquiler

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Cuatro mujeres que se plantan ante las subidas de su casero, Nestar-Azora, antes Lazora, relatan sus historias de abusos inmobiliarios e ilegalidades por parte de este fondo buitre, desde que se mudaron a su actual edificio.

La mayoría de estas vecinas residen en barrios y áreas de la periferia de Madrid como Parla, Móstoles, Pinto, Villaverde, Carabanchel y Vallecas, epicentro de la lucha. Pese al triunfo de las acciones de resistencia por parte de las afectadas, ya que se estima que la empresa propietaria ya ha perdido más de 40.000 euros desde que las arrendadas dejaron de abonar los gastos abusivos y desproporcionados a todas luces de sus viviendas, el fondo buitre se niega a negociar con el inquilinato unas condiciones dignas. Esta oposición permanente de cara a establecer un acuerdo que satisfaga a ambas partes y garantice contratos justos ha llevado a las vecinas organizadas a dar el siguiente paso y optar por la vía judicial.

Han presentado la demanda “porque ya intentamos hacer una negociación, ya les presentamos una reclamación extrajudicial, no nos han hecho ni puñetero caso”, destaca Rodrigo, inquilino de un bloque en Villa de Vallecas

“Estamos haciendo esto porque nosotros ya intentamos hacer una negociación, ya les presentamos una reclamación extrajudicial, no nos han hecho ni puñetero caso”, destaca a este medio Rodrigo, portavoz del bloque de vecinas situado en Villa de Vallecas. “Lo ideal es que los fondos de inversión sean conscientes de su ilegalidad y de que no vamos a parar hasta que ellos den su brazo a torcer y podamos al menos reducir los abusos que se están dando”, añade Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas. El letrado alega igualmente que son también denunciables “los incumplimientos que tienen los profesionales inmobiliarios como pueda ser falta de información, falta de diligencia profesional, además de las cláusulas abusivas”.

Aunque desde esta organización por la vivienda digna estiman como muy probable que la propiedad recurra la sentencia, lo que supuestamente alargaría a más de año y medio todo el proceso judicial, las vecinas se muestran optimistas ante el fructífero recorrido de su lucha: “Hemos pasado de ser cuatro gatas cuando empezamos a hacer huelga, a ver que ahora se han sumado muchos más bloques. De alguna manera sentimos que somos pioneros en esto eso”, alega, en conversación con El Salto, Isabel Ruiz, portavoz del sindicato y vecina del bloque Martín Muñoz de las Posadas, 7 (en Villa de Vallecas).

Ni la lentitud de la Justicia ni las sucesivas amenazas de la propiedad para frenar su activismo desde que hicieron estallar la huelga de alquileres han logrado amedrentarlas. Sara, vecina de Isabel, quien recientemente narró ante este medio el calvario que vive desde que se mudó al bloque vallecano, ha recibido una orden de desahucio pese a que tan solo debe el importe del seguro de impago. A otras compañeras de militancia del mismo bloque se las ha llegado a intimidar con el mensaje de que serían incluidas en la lista de morosas.

La insalubridad de las áreas comunes y la negativa de la propiedad a arreglar hasta el más mínimo desperfecto son las piedras angulares de la demanda

Además de la inclusión de requisitos disparatados en los contratos de las arrendadas, la insalubridad de las áreas comunes y la negativa de la propiedad a arreglar hasta el más mínimo desperfecto son las piedras angulares de la demanda. Las familias que componen los bloques de Néstar, en su mayoría con hijos o personas mayores bajo sus cuidados, siguen sufriendo cortes en los suministros de agua caliente, facturas desproporcionadas en la calefacción y toda clase de desperfectos como ventanas que no pueden cerrarse, humedades y goteras en los garajes y zonas del interior de las viviendas. No es simple negligencia ni falta de iniciativa de la propiedad: se trata de una calculada estrategia de desgaste, extendida desde hace años entre los grandes tenedores inmobiliarios, en aras de conseguir que los actuales inquilinos abandonen a la mayor brevedad posible sus viviendas y así poder venderlas o alquilarlas a precios desorbitados creando nuevos contratos. “Yo ahora mismo estoy pagando 948, pero mi piso, el siguiente que se lo alquilen, se lo van a alquilar por 1.350 euros, o sea, 400 euros más. No les interesa, no les compensa que los más antiguos nos quedemos”, declara una vecina del bloque Muñoz de Posadas.

Capitalismo, vivienda y salud: la precariedad habitacional como problema de salud pública

Carmen Iranzo

Derecho a la vivienda

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Carmen Iranzo

La mercantilización del derecho a la vivienda penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, afectando también a nuestra salud de forma devastadora.

Cuando los medios de comunicación se empezaron a hacer eco de las paupérrimas condiciones de los edificios, indica Sara con indignación, Néstar decidió realizar algunos cambios superficiales para maquillar su imagen pública, como pequeñas mejoras en los exteriores de los inmuebles. Sin embargo, subsisten los problemas de base que las vecinas llevan meses denunciando. “Tenemos una piscina, sí, tenemos una fachada nueva por dentro, pero las ventanas siguen sin cerrar y entra aire todo el tiempo dentro de casa”, denuncia la inquilina. Isa, por su parte, lleva 15 días sufriendo cortes de calefacción durante un mínimo de tres días por semana. “Si resulta que llegan a las ocho de la noche y te quedas sin calefacción, te tienes que abrigar pero tampoco vas a tener 3 o 4 radiadores por si se va la calefacción. ¿Por qué tengo yo que invertir ese dinero en unos radiadores cuando yo entré aquí con un contrato que tenía calefacción?”, protesta.

A una vecina catalana, Néstar llegó a imponer una actualización de la renta de un 30%, lo que hizo que su alquiler pasara de los 690 euros a los 1.100 en tan solo tres años. Fue la primera vez que un juzgado español condenaba la inclusión de cláusulas abusivas

Desde el Sindicato cuentan con el precedente victorioso de sus compañeras del Sindicat de Llogateres de Catalunya, quienes en enero del año pasado ganaron el juicio contra este buitre. A una vecina catalana, Néstar llegó a imponer una actualización de la renta de un 30%, lo que hizo que su alquiler pasara de los 690 euros a los 1.100 en tan solo tres años. Fue la primera vez que un juzgado español condenaba la inclusión de cláusulas abusivas en los alquileres (en ese caso 9 de cada 10 requisitos fueron declarados fraudulentos) por vulneración de derechos de los arrendados. Más reciente es el triunfo judicial de las inquilinas de Parla que consiguieron, el pasado mes de octubre, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del municipio anulara la cláusula de seguro de impago en alquileres, considerándola abusiva. El fallo del tribunal establecía que la empresa inmobiliaria estaba trasladando el riesgo de su negocio a las vecinas.

La lucha contra la crisis habitacional crece como la espuma

Del mismo modo, se espera que este tsunami antiespeculación alcance también a víctimas de muchos otros buitres que operan con total impunidad en la Comunidad de Madrid, pero también en otros territorios del Estado español, como Blackstone, Vitruvio o Élix. Por el momento, en el marco de la lucha colectiva contra Néstar, cada vez son más los bloques que se han sumado a la huelga y se espera que esta tendencia crezca en adelante. “Va a haber más edificios en los próximos meses que demanden así que lo que tenemos que hacer es aunar todavía más fuerzas e ir todos a una aún más”, relatan convencidas las vecinas de los diez bloques en pie de guerra. Actualmente más de 8.000 familias que viven en pisos gestionados por el fondo Néstar-Azora. “Si aquí en Vallecas somos actualmente 200 familias viviendo, si dejáramos todas de pagarles un promedio de 500 euros, mira el dinero que perderán”, afirma Isa, animando al resto de inquilinas a sumarse a la lucha.

“En Vallecas somos actualmente 200 familias viviendo, si dejáramos todas de pagarles un promedio de 500 euros, mira el dinero que perderán”

“Hay que desmercantilizar Sareb”: una vecina presenta la primera demanda al banco malo por cláusulas abusivas

Susana Albarrán Méndez

Sareb

Derecho a la vivienda “Hay que desmercantilizar Sareb”: una vecina presenta la primera demanda al banco malo por cláusulas abusivas

Susana Albarrán Méndez

Tras años sufriendo las condiciones leoninas que impone la Sareb en sus contratos de alquiler social, el movimiento de vivienda mueve ficha e inicia la batalla judicial para pelear por contratos apegados, como mínimo, a la LAU.

La manifestación contra la precariedad habitacional en plena crisis de la vivienda, celebrada el pasado día 13 de octubre bajo el lema “Se acabó. Bajemos los alquileres” y donde se congregaron más de 15.000 personas es tan solo el principio de lo que está cociéndose en la capital. La inacción institucional del Gobierno estatal, que sigue sin establecer regulaciones a los alquileres turísticos y de temporada ni fijar topes a los precios de los alquileres, mientras implementa medidas estéticas como el bono joven de alquiler, no hace más que agravar la frustración generalizada.

Desde el Sindicato abogan por una bajada del 50% del precio de las rentas que ponga freno a la especulación inmobiliaria y garantice el acceso universal a un techo en condiciones, como reza el artículo 47 de la Constitución, pero también una aplicación de la actual Ley estatal de Vivienda. Sobre esta legislación, que pretende servir de instrumento protector hacia las miles de inquilinas que hoy viven ahogadas por los aumentos desorbitados del alquiler, las activistas son especialmente críticas. En un comunicado lanzado meses atrás, denunciaban la “ineficacia de la norma”: “Es una ley diseñada para ser ignorada por la mayoría de las comunidades autónomas, esquivada por los rentistas, incluso en los territorios donde supuestamente se aplica, e incumplida por las inmobiliarias, todo ello con completa impunidad mientras se sigue cargando el peso de esta situación insostenible sobre las espaldas de las inquilinas”, destacan. Además, añaden, “el uso antisocial de las viviendas, ya sea dedicadas al turismo, a la especulación rentista o a mantenerlas vacías, es el principal problema estructural al que nos enfrentamos como sociedad”.

De igual modo, rechazan la laxitud de medidas reguladoras por parte del Ejecutivo estatal, como el registro online de pisos turísticos, que en cumplimiento de la normativa marcada por el nuevo Reglamento Europeo, supone la obtención de un número identificativo para la apertura y funcionamiento una vivienda en alquiler turístico y de temporada. Esto, según se describe en un informe reciente de Provivienda, permitirá “ hacer frente a los desafíos generados por la proliferación de alojamientos de alquiler turístico y de temporada”. Según esta entidad, 5,5 millones de hogares se enfrentan a situaciones de exclusión residencial y donde alquilar empobrece a 4 de cada 10 familias debido a la falta de vivienda asequible y a la constante subida de los precios del alquiler.

Vecinas víctimas de la especulación de Élix Rental Housing se plantan contra la compra de tres bloques

Alejandra Mateo Fano

Especulación inmobiliaria

Especulación inmobiliaria en Madrid Vecinas víctimas de la especulación de Élix Rental Housing se plantan contra la compra de tres bloques

Alejandra Mateo Fano

Las inquilinas de los bloques Tribulete 7, Galileo 22, Salvia 1 y Baldano 5 siguen con su campaña #NosQuedamos y se niegan a abandonar sus viviendas voluntariamente si se produce el desalojo.

Sin embargo, estos datos contrastan con la presencia de 3,8 millones de viviendas vacías (1,1 millones en capitales y grandes ciudades) en toda España que, sumadas a las viviendas de uso turístico, podrían destinarse al alquiler residencial, como detallan desde Comisiones Obreras. Sobre estas últimas, el INE estima que al inicio de 2024 había 350 mil viviendas extendidas por todo el país, sin contar todas aquellas ilegales. Por ello, movilizar las millones de viviendas vacías, la expropiación de las viviendas de fondos buitre, la desarticulación de todo grupo de desokupación y la prohibición de los pisos turísticos son algunas de las medidas urgentes del Sindicato para paliar la actual crisis habitacional que se cierne sobre la clase trabajadora en España.

Por todo esto, el abogado del Sindicato hace hincapié en la necesidad de abordar el problema de las inquilinas de Azora, pero también el del conjunto de las vecinas de distintos fondos buitres, desde un enfoque sistémico. “Hemos planteado la demanda colectiva también para que los jueces sean conscientes de que esto es un problema social, esto no es un problema contractual de una persona o dos, sino que tiene que ver con el modelo estructural, de que los fondos imponen estas cláusulas abusivas a los relatores y así se pueden seguir lucrando”, establece Palomo con rotundidad en la puerta de los Juzgados. Insiste en que la manifestación multitudinaria fue tan solo el “pistoletazo de salida” o la antesala de una futura huelga general todavía en cocción y pone el acento en “lo que estamos organizando ahora, que es una tarea más silenciosa como es la de creación de comités para que la huelga pueda ser efectiva, que esto no pueda ser solamente lanzar un mensaje de lanzar a la gente a la huelga, sino que haya grupos organizados”.