Extremadura
Alertan de la “preocupante falta de seguridad” en la central de Almaraz

Una nueva avería en la Central Nuclear de Almaraz (CNA) ha vuelto a encender los pilotos de alerta sobre la seguridad de la planta extremeña. El pasado lunes 25 de mayo, en el reactor I de la central falló una válvula de retención (un componente crítico del circuito primario), lo que pùede derivar en la pérdida de refrigerante del núcleo del reactor. Este es el accidente más grave que puede producirse en una central nuclear, por lo que la central tuvo que parar de emergencia. La gravedad del incidente fue tal que la Delegación del Gobierno llegó a valorar la activación del Plan de Emergencia Exterior (PENCA). Sin embargo, la gravedad del accidente apenas ha trascendido a la población.

Ante este escenario, Ecologistas en Acción de Extremadura ha elevado una contundente denuncia pública. La organización, a través de una nota de prensa, recuerda que un fallo de esta naturaleza podría derivar en una pérdida masiva de refrigerante en el núcleo del reactor, abriendo la puerta a un grave accidente nuclear. El suceso se produce, además, en un momento político crucial: cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) evalúa la posibilidad de extender hasta 10 años más la vida útil de la central, que debió haber cerrado en 2010 por terminar sus 40 años de vida util aquel año.

Beneficios privados y el limbo de los residuos nucleares

Para el colectivo ecologista, la evaluación del CSN está completamente “fuera de lugar” y sostienen que el Ministerio para la Transición Ecológica no debería contemplar prórroga alguna. Insisten en que la central ha superado con creces su tiempo de vida útil y que dado el estado de la misma representa un peligro permanente para la población extremeña ante accidentes cada vez más frecuentes que pueden aumentar en gravedad.

La organización señala directamente a las empresas operadoras, Iberdrola, Endesa y Naturgy, por enriquecerse a costa de la ciudadanía mientras externalizan los costes del desmantelamiento y la gestión de los desechos radioactivos. “Van a eludir sus responsabilidades en la construcción del Almacén Geológico en Profundidad (AGP) previsto para 2073. Esto ocurrirá apenas tres años después del cese legal de las responsabilidades de los operadores en materia de residuos, fijado para 2070. Una maniobra que cuenta con la complicidad del Gobierno”.

El mito del empleo frente a una transición justa para la comarca

Frente al recurrente argumento de la pérdida de puestos de trabajo para defender la continuidad de la planta, Ecologistas en Acción contrapone los datos demográficos y la realidad laboral del sector. Explican que el proceso de desmantelamiento de la central se prolongará durante al menos 15 años, lo que garantizará el mantenimiento del empleo durante la transición si los trabajadores logran negociar acuerdos ventajosos.

Asimismo, desmontan el relato del desarrollo económico asociado a la energía nuclear. Desde la construcción de la central en la década de los 70, la población de la comarca de Campo Arañuelo ha sufrido una caída drástica del 37%. El colectivo también se muestra sumamente crítico con las alternativas industriales que se están promoviendo en la zona con dinero público. Por un lado, critican la fábrica de componentes militares de Rheinmetall, financiada con fondos europeos gestionados por la Junta de Extremadura, calificando este modelo de empleo como “vergonzoso”. Por otro lado, denuncian que los terrenos de Expacio Navalmoral, más de 330 hectáreas de suelo industrial público, se han utilizado hasta ahora para lanzar “falsas promesas” sobre macrofactorías de baterías o centros de datos que no benefician al tejido local.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura exige un giro de timón inmediato. Al Gobierno central le piden que descarte cualquier prórroga y que rompa los lazos de servidumbre con el oligopolio energético. Por su parte, instan a la Junta de Extremadura a abandonar la defensa de la energía nuclear y a aprovechar el potencial del polígono Expacio Navalmoral para impulsar un modelo productivo sostenible, descentralizado y basado en la economía real.

Entre las alternativas propuestas por la organización para generar empleo verde y arraigado al territorio destacan el apoyo a pymes y cooperativas dedicadas al envasado y transformación de productos locales en sinergia con la agricultura de la comarca. También proponen la creación de industrias destinadas a la producción de materiales aislantes para la rehabilitación de viviendas y la mejora de la eficiencia energética, así como el fomento de la manufactura textil o de herramientas de proximidad para reducir la dependencia de las largas cadenas de transporte globales.

“El cierre de la CNA es inevitable y todas las administraciones ya llegan tarde a la hora de plantear alternativas”, concluyen desde el colectivo, sentenciando que, ante la emergencia ecológica y de seguridad, “más vale tarde que nunca”.