Exclusión sanitaria
Los pediatras claman contra la exclusión sanitaria de la infancia migrante en Madrid

“Una carrera de obstáculos”. Así definen un conjunto de sociedades médicas, que incluyen a la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) y la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria (AMPap), entre otras, al acceso a la sanidad de las personas que se encuentra en situación irregular, especialmente en la Comunidad de Madrid. Situación que no entiende de vulnerabilidad y que se replica entre niños y niñas, mujeres embarazadas o personas con enfermedades graves “cuya atención no debería demorarse”.

Estas sociedades manifiestan, en un comunicado conjunto, su “preocupación” ya que “desde el 10 de noviembre de 2021, las personas sin permiso de residencia (migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional) sufren una exclusión sanitaria de facto: los cuidados hospitalarios les son facturados y la atención en centros de salud solo se realiza previa derivación a las unidades de tramitación, donde el acceso sanitario es concedido únicamente al presentar prueba de unos requisitos estrictos", aseguran. 

“Se han incrementado los casos de recién nacidos de madres que no han podido tener ninguna cita prenatal o de niños migrantes que no han podido ser vacunados en sus centros de salud”

Destacan la situación de la Comunidad de Madrid, donde las personas migrantes son derivadas a estas unidades de tramitación, siete oficinas que gestionan el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas en situación irregular y de todas las que han solicitado protección internacional. Así, estos migrantes se ven desplazados de los cauces generales hasta oficinas que están actuando como cuellos de botella. Desde el colectivo Yo Sí Sanidad Universal denunciaban en abril que algunas estaban dando citas para octubre.

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Exclusión sanitaria

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Trece entidades se concentran frente al Centro de Salud Paseo Imperial para denunciar esta exclusión y la creación de Unidades de Tramitación para extranjeros que se han erigido como centros de “segregación” y “cuellos de botella” para la tramitación del derecho a la sanidad de estas personas.

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En este sentido, los pediatras de Madrid alertan de que tanto en el ámbito hospitalario como en atención primaria, “se han incrementado los casos de recién nacidos de madres que no han podido tener ninguna cita prenatal a pesar de llevar varios meses en Madrid o de niños migrantes que no han podido ser vacunados en sus centros de salud o bien se los atiende puntualmente, pero no pueden realizarse un seguimiento adecuado”.

Este es el caso de Desirée Dávila, que llegó hace cuatro años desde Venezuela y acaba de reagrupar a sus dos hijas, de cinco y siete años.  Dávila explicaba a El Salto durante un acto contra la exclusión sanitaria organizado frente al Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril, que sus hijas no tienen acceso a la sanidad y, si alguna vez se ponen malas, ya le han dicho que en urgencias recibirá una factura. Factura que, posiblemente, no pueda costear. “Las he tratado de incluir y me han dicho que no y que tengo que esperar tres meses. Tras los tres meses tendremos que esperar la cita para que tramiten su permiso”, explicaba Dávila. 

Los pediatras de Madrid, que han enviado una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, reiteran que es urgente abordar esta cuestión, “porque está en juego la salud de niños, niñas y adolescentes en la región”.

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Maikol, las hijas de Desirée, los padres de Alejandra o Valentina representan solo cuatro de las miles de historias de exclusión sanitaria que se reproducen en el país. Los colectivos sociales piden que vuelva la atención universal previa a 2012.

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Acabar con la exclusión por ley

Durante el pasado mes de abril, 300 organizaciones y 1.400 profesionales sanitarios firmaban un manifiesto  que exige el Gobierno que ponga fin definitivamente a la exclusión sanitaria en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Por el momento, su anteproyecto perpetúa esta situación, ya que exige una estancia mínima de 90 días en el Estado para tener derecho a asistencia sanitaria gratuita. 

En 2012 el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomarla, pero aún no lo ha hecho al 100%

En 2012 el gobierno de Mariano Rajoy acabó con la universalidad en la atención sanitaria. El PSOE, desde su llegada al poder, se comprometió a retomarla, pero aún no lo ha hecho al 100%. Lo intentó con el Real Decreto 7/ 2018, pero lo hizo de manera incompleta, tal y como denuncian los colectivos sociales. Esta norma establece que las personas que se encuentran de manera “temporal” en nuestro país necesitan un informe de servicios sociales para recibir atención sanitaria. Las Comunidades Autónomas hicieron una lectura restrictiva y comenzaron a exigir empadronamientos de más de 90 días para recibir asistencia. Hoy, con el nuevo anteproyecto de ley, queda fijado este requerimiento.

Y, entre las visiones restrictivas destaca la de la Comunidad de Madrid, donde esta exclusión sanitaria acabó con una “depuración” de las bases de datos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en noviembre, y según documentó una plataforma de trece organizaciones, encabezada por Yo Sí Sanidad Universal, se produjeron hasta 27.000 expulsiones del sistema sanitario.