Euskal Herria
Violencia policial en Euskadi: cuando las excepciones de Ander y Babacar se convierten en regla

La distancia entre el discurso oficial del Gobierno Vasco —que define a los cuerpos de seguridad del país como fuerzas de proximidad y garantes de derechos— y la realidad de los hechos se ha ensanchado hasta límites críticos con los acontecimientos de los últimos meses. Las muertes de Ander Sáenz en Santurtzi y de Babacar Welle en Hondarribia han desbordado la tesis del “hecho aislado” para abrir un debate estructural sobre la desproporción letal, el uso de armamento y la gestión de situaciones de crisis de salud mental en la vía pública de los cuerpos que dirige el consejero Bingen Zupiria.

Ander murió en el Hospital de Cruces, dos días después de una intervención en la calle Cervantes de Santurtzi donde actuaron al menos seis agentes. Uno de ellos, a pesar de haber sido reducido, empleó una pistola táser. Los hechos encendendieron la respuesta social con varios actos de denuncia que han cristalizado, este primer sábado de octubre, en una manifestación que ha reunido a más de 10.000 personas para pedir responsabilidades judiciales. Frente al relato policial e institucional inicial, la grabación y publicación de un vídeo que constató la violenta actuación policial terminó por encender la mecha de la indignación social.

El informe recoge que no se notificó de que Ander había sido reducido con un táser, lo que, en opinión de la familia del joven, provocó una actuación médica tardía

Tras la descarga por la Policía Municipal de Santurtzi con una pistola táser, Ander no fue trasladado al hospital hasta dos horas después de la primera llamada a Emergencias, según la cronología de los hechos presentada por el Departamento de Salud en el Parlamento Vasco. Además, el informe recoge que no se notificó que el joven había sido reducido con un táser, lo que, en opinión de la familia del joven, provocó una actuación médica tardía.

Existe una clara relación entre la respuesta policial vía taser y el perfil psiquiátrico del individuo contra el que se usa. Son varios casos los documentados en los que la persona que recibe la descarga es una persona con patologías, normalmente en estado de crisis nerviosa. La empresa que posee la patente de la psitola eléctrica lo desaconseja en su manual.

Durante la movilización del pasado sábado en la localidad de la Margen Izquierda, la portavoz de la plataforma vecinal Justizia Anderrentzat, Amaiur Renteria, remarcó la urgencia de “saber la verdad” y exigió medidas cautelares sobre los agentes implicados “hasta que se aclare lo ocurrido y para garantizar que no vuelva a suceder nada similar”. En la misma línea, la letrada de la familia de la víctima, Irati Agirre, advirtió de que la implicación ciudadana había sido “clave”, señalando sin rodeos que “sin el vídeo que salió a la luz, es posible que hoy no estuviésemos aquí”. A pesar de la opacidad y la mala praxis del ayuntamiento, el PNV ha vuelto a optar por la alcaldesa Itziar Carrocera como candidata para las elecciones municipales de 2027.

Un policía local abatió a tiros a un hombre senegalés de 42 años con un historial de problemas de salud mental

Hondarribia también fue escenario de otro desenlace violento de la Policía vasca cuando Babacar Welle, vecino de origen senegalés de 42 años con un historial de problemas de salud mental y que portaba un cuchillo en sus manos y amenazaba con usarlo, murió abatido por los disparos de un policía local en un operativo en el que intervino también la Ertzaintza. El caso activó de inmediato a la comunidad senegalesa, articulada en torno a colectivos como Mankosengal, y a organizaciones antirracistas de Gipuzkoa.

Desde SOS Racismo denunciaron que la muerte de Babacar pone directamente en cuestión tanto la actuación de los cuerpos policiales como las deficiencias de las políticas públicas de salud mental, reclamando una investigación independiente que esclarezca por qué un episodio de descompensación psíquica en la calle termina zanjado a tiros en lugar de con herramientas de desescalada. El eco de ambos casos cruzó el territorio, y la propia abogada de la familia Sáenz no dudó en trasladar su apoyo a los allegados de Welle afirmando que esta segunda muerte volvía a evidenciar que la impunidad policial se está generalizando. “Babacar ya no va a volver, ahora solo queremos justicia”, comentaba a Hordago, desde la organización Mankosengal, Awa Seck.

El espejismo del foam: proyectiles «menos lesivos» con secuelas irreparables

Pero la impunidad por el uso de la violencia en la Policía vasca ya se ha visto con anterioridad. La sustitución formal de las pelotas de goma convencionales por proyectiles de foam se vendió desde el Gobierno Vasco como la gran modernización tras el homicidio de Íñigo Cabacas en 2012. Sin embargo, la hemeroteca de los últimos años ha terminado por desmantelar el relato oficial de las armas “de letalidad reducida”. Lanzados a corta distancia o vulnerando las directrices técnicas que prohíben apuntar por encima de la cintura, estos proyectiles han seguido provocando mutilaciones y traumatismos de extrema gravedad. 

Uno de los episodios más alarmantes tuvo lugar durante los carnavales de Tolosa de 2024, cuando Xuhar Pazos, un joven de apenas 16 años, fue alcanzado en pleno rostro por un proyectil foam disparado por la Ertzaintza mientras se encontraba en una zona de ocio. El menor sufrió fracturas faciales, decenas de puntos de sutura y una lesión en la retina que lo dejó al borde de la pérdida total de visión en un ojo. Pese a la evidencia física del impacto en una zona vital, la investigación judicial y parlamentaria volvió a toparse con el habitual laberinto de números de identificación difusos y justificaciones sobre el “contexto operativo”. Es más, la investigación realizada por la Ertzaintza determinó que el proyectil había golpeado primero en el brazo del menor y que tras ese rebote le había golpeado en la cara. Una versión más que dudosa. 

Los casos de Xuhar Pazos, Amaya Zabarte e Iker Arana son otra mancha negra en el mandato de Zupiria, esta vez por el cuestionable uso de las balas foam

Apenas unas semanas después, en marzo de 2024, el escenario de otra polémica actuación policial se trasladó a los aledaños del estadio de Anoeta, en Donostia. En el marco de un dispositivo antidisturbios previo a un partido europeo de la Real Sociedad contra el PSG, una mujer de 44 años, Amaya Zabarte, terminó ingresada en la UCI de urgencia con traumatismo craneoencefálico y hemorragia cerebral tras una carga policial. Tanto el parte facultativo como los testimonios y grabaciones de testigos apuntaron a un impacto directo en la cabeza, reabriendo una vez más la denuncia ciudadana sobre disparos directos  en áreas donde confluyen multitudes. La Justicia dio la espalda a Zabarte.

A estas lesiones se suma el caso de Iker Arana, quien perdió un testículo tras ser alcanzado en la zona genital por un proyectil de foam durante las movilizaciones contra el desalojo del gaztetxe Etxarri, en el barrio bilbaíno de Rekalde. Aquel caso volvió a evidenciar la impunidad judicial y corporativa de las cadenas de mando. Mientras la acusación popular y la plataforma de apoyo reclamaban depurar responsabilidades sobre los mandos de la Brigada Móvil que dieron la orden de abrir fuego, el recorrido penal volvió a encallarse en la exoneración, consolidando la doctrina de que los daños irreversibles causados por el foam quedan relegados a la categoría de “efectos no deseados” de una policía que dispara primero y audita nunca. La jueza encargada del caso ha decidido no investigar al ertzaina que dirigía el operativo, que solo acudirá al juicio como testigo. Lo ha dado a conocer esta semana, a las puertas de los juzgados, la plataforma Justizia Aranarentzat, en el marco de la investigación judicial abierta por estos hechos.

Los porrazos en Loiu

Otro de los momentos claves del mandato de Zupiria al frente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se produjo el pasado mes de mayo en el aeropuerto de Loiu. Decenas de personas se habían concentrado allí para recibir a los activistas vascos de la Flotilla que habían tratado de llegar a Palestina. Lo que debía ser un acto pacífico de bienvenida y solidaridad derivó en una violenta intervención de la Ertzaintza en el interior del propio recinto aeroportuario. Las grabaciones difundidas por los presentes reflejaron una actuación marcada por el exceso de unos agentes cargando en un espacio cerrado y concurrido, propinando porrazos directos a la cabeza a manifestantes que no mostraban resistencia alguna e increpando con insultos y amenazas a quienes registraban los abusos con sus teléfonos móviles. Varios heridos necesitaron atención hospitalaria por traumatismos.

Lejos de asumir responsabilidades o depurar la cadena de mando que ordenó cargar con semejante brutalidad, el departamento de Seguridad encabezado por Bingen Zupiria volvió a recurrir al manual de exculpación habitual: parapetarse tras supuestos desórdenes públicos e iniciar la vía judicial acusando a los propios concentrados de atentado a la autoridad. Eso sí, el consejero decidió entonar un pequeño discurso en inglés en comisión parlamentaria para limpiar la imagen de Euskadi ante unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. 

El desembarco de Bingen Zupiria al frente de Seguridad se presentó como un intento de desinflar el clima de tensión heredado de la etapa de Josu Erkoreka y la agitación de los colectivos policiales asindicales como 'Ertzainas en Lucha'. Sin embargo, a la hora de fiscalizar las actuaciones letales, la respuesta política ha sido de cerrojazo absoluto. En sede parlamentaria y ante los medios, Zupiria ha optado por el blindaje de su gobierno y el parapeto tras las diligencias judiciales abiertas para eludir cualquier autocrítica de calado.

No se han planteado moratorias en el uso de táser, ni una revisión pública de las maniobras de inmovilización mecánica que el propio Ararteko ha advertido como de alto riesgo, ni la apertura hacia mecanismos independientes de control policial. Cuando la contención violenta o el fuego real sustituyen a la mediación ante la exclusión o la enfermedad mental, el debate deja de ser una mera cuestión técnica para convertirse en la radiografía de un fallo sistémico.