Euskal Herria
El concurso de acreedores deja a los trabajadores de Tubos Reunidos sin saber si cobrarán su siguiente nómina
El futuro de los casi 1400 trabajadores de Tubos Reunidos en Amurrio, Nanclares (Araba) y Trapagaran (Bizkaia) sigue en el aire casi un año después de protestas y maniobras de la dirección. El último capítulo, la apertura de la fase de liquidación de las sociedades que gestionan las tres plantas, acordada judicialmente el pasado 11 de noviembre, ha situado a la plantilla ante un nuevo escenario de incertidumbre. Mientras continúa el proceso para encontrar un comprador, los trabajadores reclaman transparencia sobre las negociaciones y garantías para mantener los puestos de trabajo. También piden una mayor implicación de las instituciones, especialmente del Gobierno vasco y del Ejecutivo estatal, al que reclaman que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) modifique su posición respecto a la deuda de la compañía para facilitar la venta.
El comité de empresa ha celebrado una concentración y una rueda de prensa para reclamar que las instituciones se impliquen en la búsqueda de una salida. Desde ESK, Gorka Abascal, representante sindical en Amurrio, también reclama explicaciones sobre las gestiones que se están realizando. “Dicen que están haciendo todo lo posible, pero no sabemos qué es exactamente lo que hacen en Madrid, nosotros no hemos sentido nada de eso”. Según explica, la plantilla recibe información indirectamente, a través del Gobierno vasco, la empresa o la administración concursal, pero no ha tenido interlocución directa con el Ejecutivo estatal. “Cuando se ha pedido al SEPI o a Hacienda una reunión con el comité de empresa no hemos recibido contestación”.
La deuda es uno de los principales puntos de fricción. La SEPI prestó a la compañía 112,8 millones de euros en 2021, a devolver en 2028. Abascal explica que tanto el crédito de la SEPI como el del BBVA han quedado clasificados como deuda subordinada, por detrás de otros créditos. Una decisión que permitiría dar prioridad a obligaciones como el pago de las nóminas, pero que no ha resuelto el desacuerdo sobre las condiciones que exige el organismo público. “El SEPI ha dicho que el comprador se tiene que comprometer a pagar su deuda, lo ha hecho en sus alegaciones”, señala. La administración concursal no habría aceptado esa exigencia al considerar que el compromiso de asumir los 150 millones (de los cerca de 300 millones totales) podría ahuyentar a los posibles compradores.
“Necesitamos implicación desde las instituciones para lograr un cambio de postura de la SEPI en cuanto a la deuda que acarrea la empresa porque, de no ser así, será difícil que se solucione y se mantengan los puestos de empleo”, explica Mikel Paños a Hordago-El Salto, representante de CCOO en Tubos Reunidos. Además, la posibilidad de una quita parcial o total se ha trasladado a las instituciones europeas, puesto que los fondos europeos están detrás del crédito. “Han dejado la decisión de poder hacer una quita parcial o total a Bruselas, porque como los fondos europeos están detrás del crédito, lo que retrasa todo más”, explica Abascal. Desde ESK sostienen que la reestructuración de la deuda que plantea la SEPI no convence a los interesados en hacerse con la compañía.
“Necesitamos implicación desde las instituciones, de no ser así, será difícil que se solucione y se mantengan los puestos de empleo”, explica Mikel Paños, representante de CCOO
La incertidumbre actual llega después de casi un año de conflicto laboral. El origen inmediato de las movilizaciones se sitúa en enero cuando la dirección anunció una reestructuración de la plantilla y en febrero un expediente de regulación de empleo (ERE) que inicialmente contemplaba 301 despidos. La empresa justificó el ajuste por causas económicas y productivas, entre ellas la deuda acumulada, el encarecimiento de los costes y las dificultades del mercado estadounidense por los aranceles al acero impuestos por Donald Trump.
El plan no se limitaba a reducir la plantilla. La dirección también planteaba cerrar progresivamente la acería, con el horizonte de 2027, y externalizar distintos departamentos y servicios. La logística, el mantenimiento y parte de los procesos de elaboración de palanquilla y lingote estaban entre las actividades afectadas. Para los sindicatos, aquello suponía mucho más que un recorte de empleo: significaba reducir la capacidad productiva de la empresa y comprometer su futuro industrial.
“Que cierre la acería es muy mala noticia porque resulta casi imposible volver a abrirla”, advertía entonces Mikel Paños, de CCOO. La preocupación sindical se centraba en que Tubos Reunidos perdiera una parte esencial de su proceso productivo y quedara más dependiente de proveedores externos. Desde CNT, Pedro Cano cuestionaba también el sentido del plan: “Con el cierre de la acería y la externalización, ¿qué quieren decir? ¿Que no va a buscar pedidos grandes? Porque con la acería podemos realizar un pedido sobre un tubo en concreto”. La respuesta de la plantilla fue inmediata. Desde febrero comenzaron los paros parciales y totales, con jornadas de 24 horas y concentraciones a las puertas de la fábrica. Uno de los primeros paros de jornada completa registró un seguimiento prácticamente total, según los sindicatos. Las movilizaciones se extendieron también fuera de las instalaciones, con concentraciones ante el Gobierno vasco y una marcha hasta el Ayuntamiento de Amurrio.
La protesta adquirió una dimensión comarcal. Aiaraldea, una zona que ya había sufrido cierres industriales y conflictos laborales, se movilizó junto a la plantilla de Tubos Reunidos. Trabajadores de Maderas de Llodio y otras empresas de la comarca participaron en las convocatorias para denunciar que los despidos no eran un problema aislado, sino una nueva amenaza para el tejido industrial de la zona. Los sindicatos advertían de que encontrar un empleo alternativo sería especialmente difícil en un territorio golpeado por procesos anteriores de desindustrialización.
Sin avances en la negociación del ERE, la producción de Amurrio permaneció prácticamente paralizada y la plantilla mantuvo los piquetes a las puertas de las instalaciones
La negociación del ERE terminó el 9 de marzo sin acuerdo. La representación sindical consideró que la dirección no había acreditado suficientemente las causas del expediente y que mantenía intacta su propuesta de 301 salidas. Entre las condiciones que reclamaban los representantes de los trabajadores estaban el mantenimiento de la acería y la logística, así como garantías de que no habría nuevos expedientes de regulación durante los siguientes cuatro o cinco años. “En un momento concreto, viendo que la empresa no ha bajado ni un solo despido de los 301 que quiere, se ha decidido no prorrogar el periodo de consultas y que termina sin acuerdo”, explicaba a Hordago entonces Mikel Etxebarria, responsable de Industria de ELA.
El desacuerdo dio paso a una huelga indefinida desde mediados de marzo hasta mediados de mayo. Cerca de 90 días de movilizaciones en total, entre los 61 días de huelga total y los 19 de paros parciales de ocho y cuatro horas. Durante ese tiempo, la producción de Amurrio permaneció prácticamente paralizada y la plantilla mantuvo los piquetes a las puertas de las instalaciones. La movilización se prolongó incluso después de que la empresa solicitara el concurso voluntario de acreedores, a comienzos de mayo. En aquel momento, los sindicatos cuestionaron que la empresa atribuyera a la huelga parte de sus dificultades económicas y reclamaron conocer toda la documentación que justificaba la insolvencia. “Lo único que tenemos claro es que todo lo hacen a espaldas de la plantilla y que estaba pensado ya en enero, cuando nos presentaron el ERE”, señalaba Abascal.
La huelga se desconvocó a mediados de mayo, después de casi dos meses de movilización y una consulta a la plantilla. La mayoría sindical entendió que se abría una nueva etapa y que el conflicto debía trasladarse al procedimiento concursal. No todas las organizaciones compartieron la decisión. CNT defendió que la huelga debía mantenerse hasta conocer las condiciones en las que se iba a producir la venta de las fábricas. Pedro Cano recuerda que su sindicato no era partidario de desconvocar los paros sin tener garantías sobre el futuro de las instalaciones. “No hablo de tener una huelga indefinida, pero sí mantener la presión, puesto que teníamos tres fábricas cerradas y era una oportunidad para aprovechar todas las herramientas que teníamos para que se retirara el ERE”, explica a Hordago-El Salto.
La crisis también ha reabierto el debate sobre la gestión empresarial de los últimos años. Desde ESK recuerdan que la deuda de Tubos Reunidos pasó de unos 30 millones a alrededor de 200 millones en 2007, después de una operación fallida para hacerse con el grupo Condesa. La fusión no salió adelante, pero la deuda permaneció en el balance de la compañía. A ello se sumaron sucesivos ajustes de plantilla (diez regulaciones de empleo en siete años, según ESK) y una deuda que la propia compañía situaba en 263 millones de euros al cierre de 2025.
“Engañaron burdamente a la gente porque esas indemnizaciones que prometieron era imposible que las pagaran con lo que había en caja”, denunciaron desde ESK
Los sindicatos cuestionaron que, después de varios expedientes de regulación de empleo, la dirección planteara nuevos recortes mientras la compañía había seguido repartiendo dividendos entre sus accionistas. ELA sitúa el origen de la deuda en el reparto de 170 millones de euros entre los accionistas en 2008. También criticaron que se presentara el convenio colectivo y los costes laborales como un obstáculo para la viabilidad, mientras no se asumían responsabilidades por las decisiones empresariales que habían conducido a la situación actual. “Engañaron burdamente a la gente porque esas indemnizaciones que prometieron era imposible que las pagaran con lo que había en caja y con la deuda que arrastraba la empresa”, denunciaban desde ESK durante la huelga, en referencia a los compromisos de salida planteados a parte de la plantilla de Trapagaran.
La entrada en concurso de acreedores abrió la puerta a una reordenación de la deuda y a la búsqueda de nuevos inversores. Sin embargo, también supuso que la gestión pasara a estar supervisada por la administración concursal. La plantilla esperaba que este proceso permitiera encontrar una solución industrial, pero los meses posteriores han estado marcados por la falta de información sobre las ofertas y las condiciones de una posible compra.
Catorce empresas interesadas
El proceso de venta de las unidades productivas se ha convertido en el principal horizonte para la continuidad de la actividad. Según explica Cano, hay 14 empresas que han mostrado interés por Tubos Reunidos, aunque la administración concursal seleccionó cinco ofertas para continuar en la siguiente fase. El representante de CNT muestra sus dudas sobre la experiencia industrial de algunos de los posibles compradores. “Se ve que no tienen ninguna experiencia en el sector, vimos en la reunión carencias de conocimientos”, afirma.
Entre las propuestas que preocupan al sindicato está la del fondo británico Cap Capital, por su intención de prescindir de la planta de Nanclares. Allí se realiza el roscado de los tubos, un proceso especializado que requiere homologaciones y una inversión importante. “Ahí se hacen las roscas de los tubos, que están homologadas, que cuesta mucho dinero, a ver cómo lo hacen”, advierte Cano. El sindicato teme que detrás de algunas ofertas haya operaciones de compra y venta de activos, más que un proyecto industrial con voluntad de mantener la actividad y el empleo.
“Tenemos que pelear contra la idea de que todo vale para salvar Tubos, que es un mal menor cómo salven la fábrica”, afirman desde CNT
CNT participa actualmente en las reuniones de seguimiento con la administración concursal y también estuvo presente en el único encuentro celebrado con posibles compradores. Cano critica la escasa información que han recibido durante este proceso. “En la primera reunión básicamente nos dieron las gracias por desconvocar la huelga y en la segunda para decirnos que estábamos recuperando la confianza de los clientes”, relata con ironía.
El sindicato advierte también de cambios que, a su juicio, pueden condicionar las condiciones laborales de la futura plantilla. Entre ellos, señala que las horas de trabajo acumuladas han quedado como una deuda pendiente de definir, algo que podría permitir que el futuro comprador eluda su reconocimiento, y la externalización del servicio médico a Quirón. “Tenemos que pelear contra la idea de que todo vale para salvar Tubos, que es un mal menor cómo salven la fábrica”, denuncia Cano.
Los sindicatos recuerdan el interés del Gobierno vasco por la entrada de un comprador vasco, como José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo.
Desde ESK hay también inquietud por el futuro de las instalaciones. Abascal considera que no existe suficiente transparencia y que la plantilla desconoce qué planes concretos se están negociando. “Intuimos que se está poniendo todo en bandeja para alguien concreto porque no estamos confiando en la transparencia del proceso”, señala. El representante sindical recuerda que el Gobierno vasco había defendido la entrada de un comprador vasco y que el nombre de José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y Talgo, había aparecido como principal candidato.
La preocupación se concentra especialmente en Nanclares, una fábrica de alrededor de 60 trabajadores. Abascal explica que entre la plantilla se ha extendido el temor a que sea la instalación que termine sacrificándose en la operación. “Imagínate, antes éramos los de Amurrio los que no quería nadie y ahora parece que es Nanclares, eso dicen”. El representante de ESK denuncia la falta de certezas sobre su futuro y teme que se termine optando por el cierre en lugar de plantear un expediente de regulación de empleo con garantías. “Parece un juego macabro porque si quisieran un ERE ya estaría presentado, pero solo quieren el cierre”.
En Amurrio, mientras tanto, la actividad continúa y han comenzado a entrar nuevos pedidos, algunos destinados al mercado estadounidense. Una circunstancia que, para Abascal, contradice parte de los argumentos que se habían utilizado para justificar el deterioro de la situación. “Y trabajo tenemos, eh, que estamos empezando a hacer pedidos a EEUU, en contra de lo que la dirección decía por los aranceles, curiosamente”, comenta. Ya durante el ERE, ESK había señalado que las ventas en Estados Unidos crecieron un 22,1 % en 2025 y la cifra de negocio total un 13 %.
El último capítulo de esta crisis llegó el 11 de noviembre, cuando el juzgado acordó abrir la fase de liquidación de las sociedades que gestionan las tres plantas. La decisión afecta a Tubos Reunidos Group, responsable de Amurrio y Trapagaran, y a Tubos Reunidos Premium Threads, que gestiona la fábrica de Nanclares. PKF Attest, hasta ahora administración concursal, asume las funciones de gestión en sustitución de los anteriores administradores. La apertura de esta fase no supone el cierre automático de las fábricas ni la desaparición inmediata de los puestos de trabajo. Sin embargo, la decisión judicial sitúa a las plantillas en una posición todavía más delicada, especialmente ante la falta de información sobre las condiciones que plantean los posibles compradores.
La situación de Nanclares es peor: la administración concursal ha planteado un ERE de extinción para sus alrededor de 60 trabajadores
La situación de Nanclares añade otro elemento de preocupación. La administración concursal ha planteado un ERE de extinción para sus alrededor de 60 trabajadores, una medida que ha sido rechazada por los sindicatos. También se ha puesto sobre la mesa como alternativa un ERTE de dos meses. Una perspectiva que contrasta con la situación de Amurrio y Trapagaran, donde no se ha planteado por el momento un nuevo expediente de extinción.
Abascal recuerda que la plantilla lleva meses soportando la incertidumbre y que ni siquiera conoce con seguridad si podrá cobrar sus próximas nóminas. “En Amurrio estamos algo más tranquilos, pero este mes tenemos una reunión el día 2 de diciembre sin saber si la nómina de ese mes lo vamos a cobrar”. Por eso reclama que la administración concursal informe con antelación de cualquier problema de tesorería, para que los trabajadores puedan organizar su economía doméstica. “Hemos pasado por mucho y estamos a punto de cumplir un año del inicio de todo esto”, recuerda. Para el representante de ESK, la plantilla lleva demasiado tiempo atrapada en una situación de deuda y amenaza de despidos que parece no tener fin.
El 2 de diciembre está prevista una nueva reunión, pero los trabajadores llegan a esa cita sin conocer qué ofertas siguen adelante ni si tendrán el salario del próximo mes garantizado
A las dudas sobre el futuro de las fábricas se suma el malestar por la ausencia de responsabilidades sobre la gestión que ha llevado a la empresa hasta esta situación. Abascal critica que se esté hablando de reestructurar la plantilla y de utilizar recursos públicos para facilitar una salida empresarial sin que, a su juicio, se depuren responsabilidades por las decisiones que han conducido a la crisis. También cuestiona que la administración concursal haya calificado el concurso como fortuito pese a las dudas que, según el sindicato, existen sobre la gestión de la deuda y las decisiones empresariales.
Mientras tanto, la plantilla sigue esperando respuestas. El 2 de diciembre está prevista una nueva reunión, pero los trabajadores llegan a esa cita sin conocer qué ofertas siguen adelante, qué futuro se plantea para cada fábrica ni qué garantías de empleo están dispuestos a asumir los posibles compradores. Después de meses de paros, una huelga indefinida y un ERE, la exigencia sigue siendo la misma: que la salida a la crisis no se construya a costa de los puestos de trabajo y de los derechos de quienes han sostenido la actividad de Tubos Reunidos.
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