Opinión
Crónica de un desmantelamiento anunciado de la EHU

Nuestra universidad pública, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), se encuentra en una encrucijada crítica. Avanza de un modo acelerado, no hacia la excelencia, sino hacia los intereses del mercado, la precarización y una peligrosa pérdida de competitividad y desconexión con el resto de universidades públicas del Estado. Esta deriva no es fruto del azar o la incompetencia, sino el resultado de un proyecto político deliberado, ejecutado por sucesivos equipos rectorales y acelerado por el actual. La EHU aguanta, de momento, a costa de la negación de derechos a su personal, deshaciéndose de su PDI titular y de cátedra y bloqueando la carrera profesional del resto, en un tránsito acelerado hacia un modelo más propio de una universidad privada.

El diseño de la Oferta de Empleo Público (OPE) para 2025 es la prueba irrefutable de esta agenda. Durante años, la excusa para limitar la promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) fue la tasa de reposición impuesta por el Estado. Sin embargo, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha dinamitado esa coartada. Su artículo 71.2 permite, de forma clara, ofertar tantas plazas de promoción —tanto para el PDI funcionario como para el laboral— como plazas de nuevo ingreso. Para 2025, esto significa que la EHU tiene la capacidad legal de convocar hasta 169 plazas de promoción.

La aprobación de un reglamento de la promoción del PDI de la EHU la supedita a la disponibilidad presupuestaria y la autorización de gasto del Gobierno Vasco

¿La decisión del Rectorado? La aprobación de un reglamento de promoción que, lejos de garantizar el derecho constitucional a la promoción del PDI de la EHU, la supedita a la disponibilidad presupuestaria y la autorización de gasto del Gobierno Vasco. Para el caso de la OPE 2024 hablamos de apenas un tercio de las plazas posibles, 56, y queda por ver cuántas se permiten para 2025.

Resulta paradójico que el mismo Equipo Rectoral que presume de la posición de la EHU en los rankings internacionales, lograda gracias al trabajo de este personal, sea el que les niega el reconocimiento y la promoción. La acreditación del PDI, que certifica su excelencia, se convierte en una mera hoja de papel. La EHU niega a estas personas su derecho a la promoción profesional, imponiendo cupos arbitrarios que condenan a cientos de profesores e investigadores a esperas de años, incluso décadas, para acceder a la categoría que ya han ganado por mérito propio.

Esta política restrictiva no es un hecho aislado, sino la punta de lanza de una tendencia mucho más peligrosa: la progresiva laboralización del PDI y la desaparición del profesorado funcionario. Los datos oficiales del propio Consejo de Gobierno de la EHU son demoledores y no dejan lugar a dudas: el porcentaje de PDI funcionario se ha desplomado del 51,17% en 2015 al 27,98% previsto para finales de 2025. En términos absolutos, la universidad ha perdido 894 funcionarios en una década (de 2.005 a 1.111), una sangría que representa una reducción del 44,6%. El número de Cátedras ha caído un 22% y el de Titulares de Universidad un 39% en el mismo periodo.

La progresiva laboralización del PDI ha llevado a la EHU a la bochornosa posición de ser la segunda universidad pública del Estado con menor porcentaje de profesorado funcionario

Esta estrategia ha llevado a la EHU a la bochornosa posición de ser la segunda universidad pública del Estado con menor porcentaje de profesorado funcionario. Para agravar la situación, se obvia que la exigencia en la acreditación para las figuras funcionariales (Catedrático y Titular de Universidad) es mayor que la de sus equivalentes laborales (Pleno y Agregado), fomentando una vía laboral más laxa y precaria.

Esta agenda de laboralización cuenta con el respaldo ideológico de los sindicatos nacionalistas. Su defensa de un “marco propio” vasco les lleva a una contradicción flagrante: cuando la ley estatal era restrictiva, el culpable era el Estado; ahora que una ley estatal ofrece una solución expansiva y beneficiosa, la rechazan para no depender de “marcos opresores”, aunque esto perjudique directamente al personal.

Esta postura se apoya en el falaz discurso de que solo el PDI laboral es personal “propio” de la EHU, una distinción que debe rechazarse de plano, pues tanto el PDI funcionario como el laboral son, sin excepción, personal de la EHU y decir lo contrario es, sencillamente, absurdo y malintencionado. Esta postura sirve de escudo para un Rectorado que, al no aplicar la LOSU en toda su extensión, coincide con su agenda de debilitar los lazos con el marco estatal, con el resultado final de una mayor precariedad.

La estrategia se completa con la supresión de facto llevada a cabo por el actual equipo rectoral de la vía de acceso de Profesorado Agregado a Titular y de Pleno a Catedrático, un ataque directo a la carrera funcionarial. Para justificarlo, se presenta un falso conflicto entre la estabilización del personal más joven y la promoción de los más veteranos, una falacia que CCOO ha denunciado repetidamente ya que esta dicotomía desapareció con la entrada en vigor de la LOSU. Es un conflicto creado artificialmente para justificar una decisión restrictiva que enfrenta injustificadamente a distintos colectivos del PDI. La realidad es que una OPE ambiciosa, que aprovechara al máximo la LOSU, permitiría tanto estabilizar como promocionar, pero se ha optado por la escasez.

Resulta incomprensible que los salarios del profesorado universitario, al que se le exige el doctorado, tareas de investigación y transferencia y duros procesos de acreditación, sean inferiores a los del profesorado de etapas educativas anteriores

Todo este proceso se enmarca en un modelo universitario fundamentado en la precariedad salarial del PDI. Resulta incomprensible que los salarios del profesorado universitario, al que se le exige la máxima titulación académica —el doctorado— se le encomiendan complejas tareas de investigación y transferencia de conocimiento y se le obliga a pasar por duros procesos de acreditación, sean inferiores a los del profesorado de etapas educativas anteriores.

Es en este contexto de agravio salarial donde entra en juego el sistema “Jardun”, un parche que se ha convertido en una compensación perversa. En lugar de abordar una dignificación salarial real, se permite al profesorado más experimentado reducir su carga docente a cambio de acreditar diversos méritos. Este mecanismo no solo enmascara el problema de fondo, sino que además descapitaliza la función principal de la universidad —la docencia—, retirando de las aulas al personal más cualificado y empobreciendo la formación del alumnado, mientras se nos convierte en una 'agencia de investigación'.

Este desmantelamiento interno no ocurre en el vacío. Se alinea con una estrategia más amplia de promoción del Sistema Universitario Vasco (SUV), un concepto que el Rector y el Gobierno Vasco utilizan para incluir y, en la práctica, impulsar a las universidades privadas. Resulta alarmante la sintonía del Rector con el Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, en el impulso de una normativa más laxa que la planteada desde el Estado, diseñada para allanar el camino a la creación de nuevas universidades privadas en Euskadi.

El Rector carece de la ambición necesaria para defender a la universidad pública, precisamente en un contexto donde dispone de más herramientas que nunca. La LOSU establece un suelo de financiación mínimo del 1% del PIB y contempla fondos adicionales por el bilingüismo, pero no tenemos constancia de que el Rector esté exigiendo su cumplimiento al Gobierno Vasco. Al contrario, como él mismo afirmó en la Cadena SER, alcanzar ese 1% “no es su obsesión”. Esta rendición política choca frontalmente con sus discursos sobre el “cuidado de las personas” y “la prioridad de la promoción del PDI”, mientras sus propuestas en la mesa de negociación condenan a cientos de ellas a una espera injusta.

Desde CCOO reclamamos una financiación justa que parta del mínimo del 1% del PIB que impone la LOSU, y que contemple la financiación adicional por bilingüismo

Frente a este modelo, desde CCOO reivindicamos un proyecto alternativo basado en la exigencia de legalidad y ambición. Reclamamos una financiación justa que parta del mínimo del 1% del PIB que impone la LOSU, y que contemple la financiación adicional por bilingüismo para que la EHU no quede en situación de inferioridad respecto al resto de universidades monolingües del Estado. Exigimos unos salarios para el PDI acordes a los requisitos (doctorado y acreditación) y funciones (investigación, transferencia) que sean coherentes con los del resto del profesorado en Euskadi. Demandamos la aplicación en sus máximos del artículo 71.2 de la LOSU para garantizar el derecho constitucional a la promoción de todo el PDI, tanto funcionario como laboral, y la puesta en marcha de medidas urgentes de fomento de la vía funcionarial para cumplir con las ratios que establece la propia ley.

Esta es una lucha en defensa de nuestra universidad pública, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Es decidir si queremos una universidad pública, fuerte, con personal reconocido y una carrera profesional justa, capaz de formar en la excelencia a las nuevas generaciones, o un modelo precarizado que allane el camino a los intereses privados. La renuncia a aplicar la ley en su máximo potencial es una renuncia a nuestro futuro como institución pública de referencia.