Estados Unidos
Mapaches y ranas inflables contra Trump, el hombre que quiere reinar en EEUU

De una parte, varios millones de personas horrorizadas por las imágenes de redadas violentas, registros y maltrato a inmigrantes que está protagonizando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). De otra, un Gobierno decidido a sostener una estrategia de la tensión que ha llevado a la militarización de algunas de las ciudades más importantes del país y a invocar una ley establecida para dar plenos poderes al presidente en momentos de “insurrección, rebelión o disturbios civiles generalizados”. EEUU se divide desde hace semanas entre Trump y sus partidarios y las organizaciones, militantes y movimientos que han convocado el día No Kings “sin reyes” que tiene lugar hoy, 18 de octubre.

Sin reyes y sin “payasos con corona”, como dicen algunos de los participantes. La movilización del 18 de octubre en Estados Unidos apunta a ser una de las más masivas de este siglo junto a las provocadas por el asesinato policial de George Floyd en 2020, que fueron encabezadas por Black Lives Matter.

La marea de protestas contra Donald Trump vivió una primera oleada el 14 de junio y a lo largo del día de hoy se espera que entre cuatro y cinco millones de personas salgan a la calle en más de 2.500 ciudades y localidades del país. La consigna principal es la no violencia, pero aquello es EEUU y las últimas semanas de despliegue militar y policial hablan de un contexto de alto voltaje, de persecución y criminalización de la disidencia.

Pam Bondi y la criminalización de una idea

Dentro del inagotable nuevo bestiario del trumpismo, una de las figuras más destacadas en los últimos tiempos ha sido Pam Bondi. La fiscal general de Estados Unidos ha sido noticia por tratar de llevar a la realidad procesal la orden ejecutiva de Trump que, en septiembre, designó como organización terrorista nacional al supuesto movimiento de izquierda Antifa —en realidad, una ideología, conjunto de creencias e incluso una estética antes que una organización—.

Como desglosaba el historiador Mark Bray, recientemente exiliado a España, en una entrevista con El Salto, no existe un mecanismo legal para que grupos nacionales sean designados oficialmente como organizaciones terroristas.

La asociación entre la fantasmagórica Antifa y el movimiento No Kings, ha sido inmediata y una constante en la semana previa a la celebración de las manifestaciones

El 8 de octubre, Bondi explicó que su Administración adoptará el mismo modus operandi con Antifa que se ha aplicado contra varias embarcaciones acusadas de “narcoterrorismo” en el Caribe, en una serie de ataques que ya han causado 27 asesinatos extrajudiciales.“No nos vamos a limitar a arrestar a los delincuentes violentos que vemos en las calles. Combatir el crimen es más que simplemente sacar al delincuente de las calles; es desmantelar la organización ladrillo a ladrillo, tal como hicimos con los cárteles”, bramó Bondi en una conferencia de prensa que realizó junto a Trump. Ese es el contexto en el que se ha querido enmarcar la manifestación “No Kings” de hoy, 18 de octubre, y las protestas que, desde Chicago a Portland, están teniendo lugar contra el despliegue del ICE.

Tras la orden ejecutiva de septiembre, la Casa Blanca emitió un memorándum, llamado Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7), menos divulgado, pero que profundiza en una batalla “contra el Terrorismo Doméstico y la Violencia Política Organizada”. El texto ordena a los funcionarios federales tomar medidas enérgicas contra “la violencia política organizada”, en una revisión que incluye actitudes como el “anticristianismo”, “anticapitalismo” y, según una serie de congresistas demócratas, promueve la hostilidad de esos mismos funcionarios “hacia quienes mantienen opiniones tradicionales estadounidenses sobre la familia, la religión y la moralidad”.

La asociación entre la fantasmagórica Antifa, los sospechosos de constituir al enemigo interior de la orden NSPM-7, y el movimiento No Kings, ha sido inmediata y una constante en la semana previa a la celebración de las manifestaciones. Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha sido una de las voces más altas en calificar de enemigos de Estados Unidos, marxistas y terroristas a las participantes de las protestas: “Van a participar todos los partidarios de Hamás y los antifa”, dijo con relación a las marchas del día 18.

La doctrina de la guerra contra el enemigo interior fue lanzada por el propio Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una soflama a altos mandos militares el pasado 30 de septiembre. "Vamos a enderezar eso paso a paso, y esto va a ser un papel importante para algunas de las personas en esta sala”, añadió, refiriéndose a la plana mayor del Ejército.

El despliegue militar en las ciudades “azules”

En un artículo de The New Republicde esta misma semana. se sugería que la estrategia de criminalización del movimiento parte de Stephen Miller. Este californiano, asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue el encargado de la agenda antimigración durante el primer mandato de Trump (2016-2020) y, en el segundo advenimiento del republicano, en la persecución del “enemigo interior”.

La “autoridad plena” a la que se ha referido Miller implica el posible despliegue de la fuerza militar en el interior del país

Un posible lapsus en antena, mientras daba una entrevista para CNN, ha generado un intenso debate sobre la superación de los límites constitucionales de Trump y, sobre todo, la conciencia de que esos límites se están superando con conocimiento. Miller se refirió en esa entrevista a la “autoridad plena” del presidente, algo que ha alarmado en el propio Washington DC, dado que hasta ahora esa autoridad solo se ha justificado el uso de las fuerzas armadas en otros países.

El contexto de esa expresión es el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades del país. Hasta la fecha, Los Ángeles, Washington DC, Chicago, Portland, Oregón, y Memphis, y próximamente San Francisco. La autoridad plena a la que se ha referido Miller implica el posible despliegue de la fuerza militar en el interior del país cuando “la rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos hace impracticable hacer cumplir las leyes”, pero los tribunales han declarado el uso de esa prerrogativa como ilegal en el caso del despliegue en varias de estas ciudades.

El miércoles 15 de octubre, el presidente Trump recibió otro varapalo en la estrategia de militarizar las ciudades “azules” del país. Una juez de distrito emitió ese día una orden de restricción temporal que bloquea el despliegue tropas de la Guardia Nacional en Portland.

Este mismo jueves, 16 de octubre, la Corte de Apelaciones ratificó el fallo de la jueza April Perry que prohíbe a la administración Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois

El 27 de septiembre, Trump comunicó a través de Truth Social que ordenaba el despliegue de la guardia nacional en la principal ciudad del tranquilo Estado de Oregon. La justificación fueron las protestas de miles de personas contra las prácticas represivas delServicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La invocación de una situación de caos por parte de Trump fue seguida de una serie de vídeos con imágenes de disturbios ocurridos hace años y otra serie de fake news. De hecho, las propias fuerzas de seguridad habían calificado de “sin incidentes” las protestas contra el ICE. La realidad, de nuevo, no ha sido un impedimento para que Trump declarase que Portland se ha convertido en una “zona de guerra” por la acción de “radicales asociados con el grupo terrorista doméstico Antifa”.

En Chicago la situación es similar. Este mismo jueves, 16 de octubre, la Corte de Apelaciones ratificó el fallo de la jueza April Perry que prohíbe a la administración Trump desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois. Perry determinó a comienzos de mes que “no ha habido evidencia creíble de que haya habido rebelión en el estado de Illinois” y consideró que el presidente ha pretendido “equiparar las protestas con disturbios”. La Guardia Nacional podrá permanecer en el Estado, según el tribunal de apelaciones, pero no ser desplegada.

La agencia ProPublica ha emitido un informe en el que detalla más de 170 casos en los que ciudadanos con papeles de EEUU han sido detenidos ilegalmente

Hasta ahora, la jurisprudencia está actuando en contra de Trump. Los jueces de distrito se amparan en la Ley Posse Comitatus, aprobadaen el siglo XIX, prohíbe el uso de las fuerzas armadas estadounidenses para ejecutar leyes nacionales o para asistir en su ejecución. A medida que los fallos judiciales han invocado la Posse Comitatus, el entorno de la Casa Blanca ha reclamado que se declare la Ley de Insurrección de 1807, parte del Código de los Estados Unidos que otorgan la prerrogativa al presidente de intervenir en caso de quela “rebelión u obstrucción” hagan “impracticable la aplicación de la ley federal”.

El ICE, en el centro de la contestación

La agencia ProPublica ha emitido este viernes un informe en el que detalla más de 170 casos en los que ciudadanos con papeles de EEUU han sido detenidos ilegalmente, golpeados, humillados, electrocutados y disparados en el marco de las razzias autorizadas por el Gobierno contra la población migrante. Entre ellos se cuentan 20 niños y niñas, dos de estas criaturas afectadas por cáncer, retenidos durante semanas junto a sus madres sin papeles.

Si bien, como indica esta entidad, la práctica de las detenciones se ha llevado a cabo por otros gobiernos —incluidos los de Barack Obama y Joe Biden, ambos demócratas— ha cambiado el tipo de operaciones, basado ahora en acciones indiscriminadas poco selectivas que, a menudo, vulneran los derechos de las personas detenidas.

ICE, el proyecto estrella de la Ley “Grande y Bella” presentada por Trump en julio de este año, recibirá hasta75 mil millones de dólares en fondos federales hasta 2029. A pesar de que la retórica de la Casa Blanca insiste en que se trata de un cuerpo dedicado a perseguir la delincuencia, un informe de CNN de junio señaló que tres de cada cuatro personas detenidas no tenían ningún antecedente penal y que solo un 10% había sido condenado por delitos graves.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado recientemente que se ha deportado a dos millones de personas. La complicidad de los tribunales a la hora de aprobar procedimientos abreviados para la deportación acelerada, en menoscabo de las garantías legales, es uno de los factores fundamentales de ese incremento, ya que la denegación de recursos ha aumentado “de manera dramática” desde mayo, según ha señalado el American Inmigration Council. Además, los llamados en España “vuelos de la vergüenza” en los que se llevan a cabo estas deportaciones a países de origen, al penal de Guantánamo (Cuba) o a terceros países, ha crecido un 62% en los primeros nueve meses del año.

No Kings: disfraces de animales al alcance de todos

Algunas de las organizaciones más activas en la convocatoria de No Kings se encuentran en el listado de entidades sospechosas de formar la nebulosa Antifa. Indivisible, una organización nacida durante el primer mandato de Trump, es también un movimiento en permanente crecimiento de afiliación, y una de las señaladas por la Casa Blanca por alentar, supuestamente, manifestaciones violentas. La lista de esas organizaciones fue obtenida por Reuters a finales de la pasada semana. Incluye también a Jewish Voices for Peace, uno de los grupos más destacados en la lucha contra el genocidio de Gaza en el contexto estadounidense, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) o la Open Society Foundation, de la millonaria familia Soros, que recientemente se ha convertido en uno de los objetos de los ataques de Trump por la supuesta financiación de grupos antisistema.

A los movimientos proderechos humanos, en la manifestación No Kings, se le sumarán también sindicatos de empleados públicos, en pie de guerra contra las políticas de recortes de Trump

Junto a la acción judicial, las protestas de Portland han marcado un precedente a la hora de abordar la criminalización con la que la Administración Trump tratan de generar el estado de ánimo para el despliegue del Estado policial. Las imágenes de manifestantes disfrazados con trajes inflables —de ranas, vacas, mapaches y otros animales— y manifestaciones como la bicicletada nudista llevada a cabo esta semana tratan de confrontar la (falsa) afirmación de que la ciudad del Estado de Oregon está en llamas.

Las organizaciones sociales y de derechos humanos de esa ciudad han lanzado la “Operación Inflación”, que consiste en una recaudación de fondos a través de microdonaciones para comprar decenas de disfraces y ponerlos a disposición de quienes quieran protestar.

El debate entre el activismo estadounidense, en cualquier caso, se centra en si esta forma naíf de respuesta, que pretende poner en evidencia lo ridículo de la escalada belicista que la Casa Blanca está llevando a cabo, está a la altura de la ofensiva autoritaria. En un artículo en el portal Salon, el crítico cultural Andi Zeisler explicaba: “Sí, probablemente habrá muchas ranas en las protestas de No Kings de este fin de semana. No, no son en sí mismas pruebas de que hay poco activismo ”real“. Se necesita la participación de todos, pero eso no significa que se requieran las mismas tácticas”.

De hecho, la manifestación No Kings también batirá récords en cuanto a organizaciones implicadas. A los movimientos proderechos humanos se le sumarán también sindicatos de empleados públicos, en pie de guerra contra las políticas de recortes de Trump. El Gobierno de EEUU permanece “cerrado” desde el pasado 1 de octubre. Esto implica que no funcionan los servicios y operaciones no esenciales prestados por agencias federales, y está provocado por la falta de acuerdo sobre el presupuesto para la financiación del Gobierno no es aprobado en el Senado. La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), con 820.000 miembros, ha convocado a sus miembros a participar en la protesta de hoy sábado.

El manifiesto No Kings señala en pocos puntos los motivos de movilización: “El presidente Trump se comporta como si tuviera el poder absoluto, pero en Estados Unidos no queremos reyes”. Sostenido por cientos de organizaciones y asociaciones, se denuncia a un Gobierno que “ataca a familias inmigrantes, deteniendo y arrestando a personas sin orden judicial, solo por su apariencia. Amenazan con manipular las elecciones, llevan a cabo recortes al acceso a la salud médica, eliminan protecciones al medio ambiente y a la educación, justo cuando más lo necesitamos. Además, están manipulando los mapas electorales para silenciar al pueblo; ignoran los tiroteos masivos en nuestras escuelas y comunidades. Y mientras nuestras familias luchan por cubrir sus gastos básicos, todo sigue subiendo de precio y ellos solo ayudan a sus amigos millonarios”.

No Kings además ofrece cursos de entrenamiento en técnicas de seguridad para las personas que se manifiesten, también en mediación de conflictos, así como otros recursos ante lo que el Gobierno estadounidense considera una batalla encabezada por el “enemigo interior” contra el que se ha volcado en estos nueve años de ejercicio absolutista de Trump.