Especulación urbanística
El Tribunal Supremo ordena demoler Marina Isla Valdecañas por completo

Un auto del Tribunal Supremo da la razón al recurso de Ecologistas en Acción y corrige al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que había ordenado únicamente el derribo de lo construido sin concluir.
Marina Isla Valdecañas
Urbanización de lujo Marina Isla Valdecañas.
8 feb 2022 15:40

Marina Isla de Valdecañas, ubicada en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, junto al embalse de Valdecañas, tendrá que ser derribada por completo, y no únicamente en aquellas partes inconclusas del mismo, como estimó en su polémica sentencia de julio de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Fruto del recurso presentado a dicha sentencia por Ecologistas en Acción de Extremadura, el Tribunal Supremo ha fallado atendiendo a las razones de la organización ecologista y, ahora, se abre un periodo en el que tendrá que ponerse en ejecución el derribo de la polémica urbanización de lujo. En su momento, el TSJEx estimó el coste de la demolición total en 34 millones de euros, a los que habría que sumar otros 111 en indemnizaciones.

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Parece así ponerse fin, al menos en sede judicial, a la llamada en su día “isla de los millonarios, la Marina de agua dulce, la Marbella extremeña”. En total, un proyecto de 180 villas de lujo con un coste medio de 550.000 euros, con playa privada, un hotel de cuatro estrellas, campo de golf de 18 hoyos y un club náutico. Una urbanización VIP construida en un espacio protegido por la Red Natura 2000. En palabras de Adenex: “una muestra de lo que se denomina ciudades de muros que privatizan el suelo para una minoría”.

A salvo de conocer el contenido íntegro de la sentencia, que se hará público en los próximos días, el Tribunal Supremo daba a conocer esta mañana su fallo a través de un comunicado de su oficina de prensa que no dejaba lugar a dudas: “La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación 7128/2020 interpuesto por la entidad Ecologistas en Acción-CODA contra el auto que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en ejecución de las sentencias que declararon nulo el Decreto 55/2007 de la Junta extremeña por el que se aprobaba definitivamente el Proyecto de Interés Regional promovido por Marina Isla de Valdecañas S.A. Dicho auto, de 2020, acordaba la conservación del hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones que actualmente están construidas y en funcionamiento. El Supremo anula este extremo y acuerda que deberán ser demolidas como el resto de las obras e instalaciones cuya demolición determinaba el propio auto de ejecución”.

Un proyecto de 180 villas de lujo con un coste medio de 550.000 euros, con playa privada, un hotel de cuatro estrellas, campo de golf de 18 hoyos y un club náutico. Una urbanización VIP construida en un espacio protegido por la Red Natura 2000

El largo periplo judicial que ha llegado hasta hoy (a salvo de recurso de casación ante el Tribunal Constitucional) ha estado jalonado de irregularidades y polémicas, incluso con varios reajustes normativos como fueron la aprobación del Proyecto de Interés Regional (PIR) y la modificación de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX) cuyo propósito evidente era el de allanar el tránsito legal del proyecto inmobiliario. El PIR fue el que facilitó la construcción de la urbanización en un espacio incluido en la Red Natura 2000 y declarado Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) mientras que la modificación de la LSOTEX resolvía que “la mera inclusión de unos terrenos en la Red Ecológica Natura 2000 no determinará, por sí sola, su clasificación como suelo no urbanizable”. Ese párrafo clave, piedra angular de la reforma, sería después declarado inconstitucional.

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Un auto del alto tribunal dictaen contra de lo que señaló en una sentencia anterior, que los edificios terminados de la polémica urbanización de lujo, construida en terreno protegido, podrán quedar en pie.

En cualquier caso, en la actualidad se está hablando, en todo momento, de una urbanización fuera de la ley, habida cuenta de que el TSJEx en el año 2011 y, con posterioridad, el TS, en 2014, declararon ilegal el Proyecto de Interés Regional (PIR) que, en lo concreto, posibilitó su construcción. Fue la propia Junta de Extremadura la que, entonces, alegó la imposibilidad de ejecución del fallo judicial, dando pie a un incidente de inejecución que, en primera instancia, el TSJEx resolvió dando orden de mantener lo ya levantado y que hoy ha rebatido el Tribunal Supremo.

Tras darse a conocer la noticia, en el movimiento ecologista se respira satisfacción. Ecologistas en Acción “se felicita porque la sentencia aborta un peligroso precedente: el uso de argucias para no ejecutar sentencias de demolición de obras nítidamente contrarias a la legislación urbanística y ambiental”. Y añade que “todo este largo proceso judicial y todos los gastos que va a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo disparatadamente fuera de su alcance”.

El largo periplo judicial [...] ha estado jalonado de irregularidades y polémicas, incluso con varios reajustes normativos como fueron la aprobación del Proyecto de Interés Regional (PIR) y la modificación de la Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura (LSOTEX)

Ecologistas en Acción espera que “esta sentencia sea un aviso para navegantes de cara a la proyectada construcción de un complejo de ocio en La Serena, Elysium City, donde también se pretende urbanizar varias zonas protegidas”. Del mismo modo, también exige a la Junta de Extremadura que “pida disculpas por su nefasta y cuasi prevaricadora gestión de este asunto. Y desde luego, que atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas”.

La organización ecologista también quiere destacar que “siempre ha actuado con el único afán de que se cumpliera la legalidad y de bloquear un peligroso precedente en un país dónde el urbanismo salvaje ha arrasado gran cantidad de espacios naturales. Por eso renunció a la indemnización de 250.000 euros que fijó el TSJEx y se mantuvo firme en sus denuncias”.

Paca Blanco, histórica opositora a la urbanización ha manifestado sentirse “encantada con la resolución, porque nos lo merecemos, ya era hora de que se hiciera justicia, la verdad es que han sido más de doce años de una lucha intensiva en la que nos hemos dejado la piel y algunos de nosotros hemos pagado unas consecuencias terribles ”, añadiendo, en relación al coste económico del fallo judicial que “a mí me parece un despropósito que un presidente diga que van a pagar sus errores los extremeños, yo creo que si ha dado una licencia de obras que no tenía que haber dado, que lo pague de su patrimonio”, concluyendo que “se sienta un precedente para que se les quiten las ganas a los especuladores que vienen a quedarse con el suelo barato a hacer su agosto. Estamos espantando a los especuladores”.

Nino Trillo, abogado que ha seguido la causa con las organizaciones ecologistas, en declaraciones a El Salto Extremadura, ha destacado cómo se encuentran “muy contentos y satisfechos con el auto del Tribunal Supremo, en el sentido de que nos da la razón en que no concurrían las razones de imposibilidad material que expresaba el TSJEx, y en nuestra interpretación del informe pericial de la Estación Biológica de Doñana, que venía a decir que el escenario de la urbanización era mucho peor que el de la demolición. En definitiva nos congratulamos de la restauración de un espacio natural afectado por la especulación urbanística y el mal hacer de la Administración extremeña”.

Ecologistas en Acción espera que “esta sentencia sea un aviso para navegantes de cara a la proyectada construcción de un complejo de ocio en La Serena, Elysium City, donde también se pretende urbanizar varias zonas protegidas”

Desde Ecologistas en Acción Extremadura exigen responsabilidades políticas sobre quienes tomaron las decisiones para construir a toda costa la urbanización de lujo. “Estas personas insistieron repetidas veces durante años para hacer posible Marina Isla Valdecañas, a sabiendas de que era una tremenda irresponsabilidad y un ataque hacia un espacio natural como es la isla de Valdecañas, posiblemente por transigir con intereses privados y de especulación urbanística”. Y añaden “algunos de ellos son los mismos que en televisión se llenan la boca hablando de el patrimonio natural de Extremadura y de sostenibilidad”. La organización ecologista también ha pedido responsabilidades respecto a los técnicos que lo avalaron.

Hacen notar que las personas que se embarcaron en comprar las viviendas en la urbanización de lujo [muchos de los cuales pertenecen a importantes familias del país, como ya publicamos en El Salto Extremadura] conocían los riesgos y la situación judicial a la que podían enfrentarse”. Se refieren a que en 2007 todos firmaron que eximían de responsabilidad a la promotora en caso de que algo así ocurriera. “No es aceptable en ningún caso que sean los extremeños y extremeñas, mediante sus impuestos, quienes tengan que cargar con un solo euro por los costes que pueda acarrear arreglar este delirio urbanístico” afirman. Ecologistas en Acción cree que la ilegalidad que supone esta “aventura privada” deben asumirla sus responsables, incluidos los promotores, “la especulación urbanística no puede salirles gratis”.

“No es aceptable en ningún caso que sean los extremeños y extremeñas, mediante sus impuestos, quienes tengan que cargar con un solo euro por los costes que pueda acarrear arreglar este delirio urbanístico” afirma Ecologistas en Acción

En ese sentido, lamentan las declaraciones institucionales oídas recientemente sobre el proyecto para construir el complejo Elysium City en La Siberia. Aseveran que se trata de “un despropósito” contra “la increíble riqueza natural que tiene Extremadura”. Y afirman que “lejos de aportar empleo bien remunerado y digno, solo ahondaría en el trabajo temporal y precario, un modelo del que Extremadura necesita salir desesperadamente, sobre todo si queremos que los jóvenes se queden en la región”. Este complejo incluiría por ejemplo dos mil viviendas, que por sus características ya hay voces que señalan que servirían a la venta especulativa. Ecologistas en Acción de Extremadura concluye: “Esperamos que la Junta haya aprendido de los errores con la lección histórica que ha recibido hoy con el caso Valdecañas. Que la historia no se repita con otros proyectos disparatados e insostenibles como el Elysium”. Y sentencia: “ya basta de jugar con Extremadura como si fuera un monopoly”.

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Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha remarcado que “la sentencia de Valdecañas nos viene a dar la razón a aquellos que decíamos que no se pueden hacer las cosas así, saltándose la ley a la torera con el conchabeo del PP y del PSOE y esperar que las leyes, que los tribunales, miren para otro lado. Ahora bien: hay responsables directos de lo sucedido, responsables políticos que aprobaron esto y nosotros queremos exigirles responsabilidades porque el derribo no va a salir gratis a los extremeños y a las extremeñas; el derribo va a salir de las arcas públicas. Hablan de inseguridad jurídica a las inversiones y la única inseguridad jurídica peor que puede haber es la ineptitud de los políticos que se creen por encima de las leyes”.

La Junta de Extremadura, estrechamente comprometida en la conclusión del proyecto, ha declarado que no valorará la sentencia hasta que pueda conocerla en su integridad.

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Marina Isla de Valdecañas: PRINCIPALES HITOS JUDICIALES
 – Marzo de 2009: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) anula el decreto de ciudades mixtas (una justificación para poder instalar determinadas infraestructuras sanitarias en la isla de Valdecañas).
 – Marzo de 2011: el TSJEx anula el Decreto que permitía el PIR de Marina Isla de Valdecañas, destacando “la más absoluta falta de motivación de la justificación del interés regional, de la utilidad pública y, lo que es más decisivo a los efectos de la naturaleza del Proyecto aprobado”, por lo que la isla no era urbanizable. Sin embargo, a causa de la desproporcionada fianza de 41 millones de euros, las organizaciones denunciantes (Ecologistas en Acción y Adenex) no pudieron paralizar cautelarmente las obras de urbanización.
 – Enero de 2014: el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJEx.
 – Enero de 2019: el rotundo informe de la Estación Biológica de Doñana determina que la mejor opción ambiental es el desmantelamiento de lo construido, y destacan la ínfima calidad de la evaluación ambiental realizada.
 – Noviembre de 2019: el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cambio de la Ley de Suelo extremeña, que intentaba legalizar la urbanización a posteriori. La Red Natura 2000 no es urbanizable.
 – Junio de 2020: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dicta ejecución de sentencia: se demolerá todo lo que está a medio construir y se mantendrá lo terminado por “imposibilidad material” de demolerlo.
 – Febrero de 2022: el Supremo dicta la demolición de todo lo construido en el complejo turístico.
Fuente: Ecologistas en Acción.
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