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De vuelta, otra vez, con las listas negras en el activismo LGTIBQ andaluz

Unas listas que vienen de antiguo

Llamamos listas negras de activistas a los ficheros policiales ilegales, o no, donde se recogen los datos de ciudadanos y ciudadanas en base a su ideología, activismo o militancia política en movimientos u organizaciones críticas con el sistema socioeconómico y que proponen alternativas transformadoras. En dichas bases, se recogen campos tales como la militancia social, política o sindical, la asistencia a reuniones, manifestaciones, etc. Con estos campos se clasifican o sistematizan a los sujetos y grupos en determinados cajones ideológicos.

Estos ficheros o bases no son nuevos. Los Estados o protoestados (desde la Corona de Castilla, pasando por la II República, la dictadura y la democracia) siempre han utilizado listas o clasificaciones para determinar la peligrosidad social e informarse de las actividades que realizaban sus súbditos o la ciudadanía disidente con las normas y usos. Así, eran manifiestas las listas de personas convertidas al cristianismo de las que se sospechaba que conspirarían contra la Corona, listas de moriscos, las listas de mendigos, listas de gitanos o personas que vivían como tal y a las que se obligaba a vigilar sus comportamientos (Ley de Vagos y Maleantes)… hasta los ficheros de trabajadoras sexuales en Granada y Barcelona en la actualidad, amparados por las ordenanzas cívicas y por la propia Ley Mordaza. Incluso su existencia ha sido reconocida por funcionarios de policía en el ámbito de procesos penales, como el de la Red de Estudiantes Anti Lou en Sevilla en 2011.

Una herramienta con triple finalidad: control, información y represión

La finalidad y objetivos de la elaboración de dichas listas negras de activistas, realizadas por los servicios de información de los distintos cuerpos policiales y bajo amparo jurídico y político por los distintos gobiernos parecen claros:

• Son un mecanismo de control social, tanto en su prevención general como especial. Cualquier sistema de represión debe basarse en la disuasión y en el castigo. El objetivo inmediato es disuadir a los posibles “criminales” y, si esto no es posible, castigarlos.
• Son un mecanismo de información y monitorización por parte del aparato del Estado para considerar si hay que hacer determinadas reformas legislativas o incluso aplicar ciertas políticas criminales en momentos determinados (nuevas infracciones en la ley de seguridad ciudadana, ordenanzas cívicas, reforma del código penal, etc.).
• Son un mecanismo de represión contra las personas disidentes: juicios, multas y, en último extremo, desapariciones y torturas. Muchas veces únicamente intentar intervenir en la voluntad judicial para contaminarla y provocar una sentencia acorde con los intereses de las instancias de poder del Estado o de determinadas mafias de extrema derecha policial.

La utilización de las listas en los últimos 20 años en Andalucía

En Andalucía tenemos buenas muestras de ellos a lo largo de la historia y por supuesto en los últimos 20 años en “democracia”, durante los gobiernos del PP, del PSOE, este último tanto en solitario como en coalición. Dichas listas han afectado a los grupos de apoyo a inmigrantes en Huelva, a activistas por la vivienda y los espacios públicos en Granada, Córdoba y Sevilla, a estudiantes que luchaban contra la LOU, a sindicalistas de CGT y el SAT, a movimientos sociales combativos como el Movimiento de Resistencia Global (MRG), activistas anti Cumbres, movimientos anarquistas, antifascistas e incluso también a asociaciones de juristas como el Grupo 17 de Marzo. Encontrarse de repente con una multa o con un proceso penal sin ni siquiera haber sido identificado, o a veces sin ni siquiera estar allí. Que además en el procedimiento penal en el que estás acusada, existan informes policiales sobre tu actividad política de los últimos 20 años (asistencia a reuniones, manifestaciones, charlas, talleres…etc.) y por último la plasmación concreta de tu ideología para que el funcionario que dicte sentencia o resolución sancionadora lo haga por lo que se piensa y no por lo que se hace.

Es de sobra conocido que en los últimos años que el movimiento feminista ha sido uno de los más perseguidos y criminalizados por los distintos gobiernos y sus policías. Basta recordar el caso del “coño insumiso”, pero pocos años anteriores la investigación de unas pintadas contra el aborto en una iglesia de Sevilla, llevó al banquillo de las acusadas a varias activistas feministas de la ciudad, no una sino varias veces. Y casualmente la Brigada de Información siempre apuntaba a los sectores del feminismo más combativo y a las personas más activas.

La persecución de la policía de Marlaska al movimiento LGTBIQ

Es necesario tener siempre presente que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como en el Poder Judicial, no se dio ni la mal llamada Transición, lo que facilita que muchos de sus miembros tengan actitudes abiertamente antidemocráticas, que si hace unos años estaban más o menos ocultas, ahora gracias al auge de Vox, se manifiestan de forma pública y reiterada. Incluso en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con independencia de quién gobierne o con el consentimiento tácito de dichos gobernantes. La utilización de dichos ficheros ha sido una de las herramientas básicas más utilizadas del Estado español para el ejercicio de la represión política a la persona disidente.

El último ejemplo de la utilización de dichos ficheros ha sido el caso del autobús Hazte Oír en la ciudad de Sevilla el pasado 29 de marzo de 2017. En dicha fecha el autobús del odio y la transfobia se encontraba haciendo campaña en Sevilla, y a raíz de una convocatoria de los movimientos LGTBIQ, al igual que en otras ciudades del Estado, cientos de personas se concentraron durante su recorrido para decir que no era bienvenido. Incluso el Ayuntamiento de Sevilla acordó realizar una moción en la que se les instaba a no pasear sus lemas homófobos por la ciudad. Sin embargo y lejos de eso, y amparados en una interpretación liberal del derecho a la libertad de expresión, el Gobierno del PP les permitió el recorrido. El resultado de esa fatal provocación contra los derechos humanos, y consentida por las autoridades, fue una denuncia por daños al vehículo presuntamente realizados por los manifestantes pro derechos humanos. Posteriormente, el juez archiva el procedimiento por falta de autor conocido.

Ese archivo daba la razón a los manifestantes que tenían la obligación de autotutelar sus derechos si la administración no lo hacía, como en el presente caso. Pero el mundo al revés: manifestantes pro derechos humanos acusados y manifestantes con discursos de odios presentados como víctimas.

En este momento, ya con un Gobierno de PSOE-UP, es cuando la Brigada de Información, en el marco de la investigación, elabora un listado de personas “identificadas” para presentarlo ante el juez y evitar el archivo definitivo del caso. Presenta una lista de activistas a los que identifica como los agresores del autobús, o simpatizantes que se encontraban allí, y en la que “casualmente “se encuentran periodistas, feministas, activistas sociales, antifascistas, andalucistas, activistas en derechos humanos, y destacadas personas del movimiento LGTBIQ más transformador de Sevilla. Incluso se permiten señalar a un activista del movimiento libertario fallecido recientemente. En ese informe además, y da para otro debate, la policía se atreve a calificar jurídicamente como delito de odio la actitud de dichos manifestantes, (¿?!), incluso tilda la declaración institucional del Ayuntamiento como provocación, y por supuesto para corroborar lo malos y lo rojas que son, insertan las reuniones y colectivos a los que pertenecen o han pertenecido durante los últimos años. Todo ello con el ánimo de influir el juzgador y dictar una sentencia acorde con los fines de los sectores tránsfobos que existen en nuestra ciudad y que no soportan la defensa de las libertades. Todo esto se permite; y se permite por el actual Gobierno de España y su Ministro de Interior que no puede decir que desconoce la situación por su condición de ex juez: el Sr Marlaska. Tampoco creo que miembros destacados de UP que en su día fueron activistas desconozcan el asunto porque seguro lo han sufrido en primera persona. Pero ya no es una urgencia en las atareadas agendas de nuestros gobernantes.

A modo de conclusión: denuncia, autotulela y movilización

Por supuesto que durante años distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos han denunciado ante distintas instancias ejecutivas y judiciales andaluzas, españolas e internacionales la existencia de las mismas, sin éxito. Sin una voluntad clara de los gobiernos de acabar con ésto, e investigar las conexiones de sectores policiales con la ultraderecha, continuarán dichas prácticas.

El uso de dichas listas muchas veces les ha salido mal por la utilización torticera por parte de las policías en los diferentes procedimientos judiciales. Pero en cualquier caso someten a las personas activistas a un fuerte sufrimiento y estrés sometido por la incertidumbre de soportar, algunas veces durante años y lustros, procedimientos penales que nunca saben cómo van a acabar y en los que se enfrentan a fuertes multas y penas de privación de libertad.

El propio Gobierno y el Ministerio de Interior deben reordenar e investigar al sector de la nueva extrema derecha policial que surgen en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y expulsar de los mismos a quienes incumplan de manera reiterada con los Derechos Humanos. Saben quiénes son y están perfectamente identificados. Tal y como se recogió en distintos medios de información es público que muchos de los militantes de Jusapol (sindicato mayoritario de la policía nacional) tampoco escondieron su pertenencia a Vox y ayudaron a difundir su propaganda para empujar al partido antieuropeo, machista, homófobo y xenófobo de Santiago Abascal.

De cualquier forma, la visibilización es fundamental para atajar con esta herramienta de dolor por lo que es necesario seguir denunciando y mostrando su existencia, y combatirlo tanto a nivel institucional como en las calles. Es obligación de cada persona autotulelarse y protegerse de los ataques a los derechos humanos individuales y colectivos si los poderes públicos no cumplen con la obligación de hacerlo.