Educación
Un informe jurídico del Gobierno vasco tumba la principal base del Pacto Educativo: solo lo público es público

El informe realizado por la asesoría jurídica del Gobierno vasco, fechado el 9 de junio de 2022, es claro: el “servicio vasco de educación” es una “expresión mencionada en la Ponencia para definir las bases del acuerdo sobre el futuro sistema educativo”, aprobada por el Parlamento Vasco el 7 de abril, que “no tiene valor normativo alguno” y, por tanto, “a fecha de la futura aprobación del proyecto de decreto del mapa escolar, no existirá jurídicamente dicho servicio y, en consecuencia, no puede mencionarse”. 

En lenguaje coloquial significa que la titularidad jurídica de una escuela importa porque, además, la administración debe “garantizar la existencia de plazas públicas suficientes y promover un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”, tal y como exige el artículo 109 de la Ley Orgánica de Educación —la Lomloe, la norma estatal—.

Si bien Gobierno vasco ha respetado la nomenclatura que exige el informe, en el decreto de planificación no ha integrado las exigencias de la Lomloe: ni asegura plaza pública ni promueve su incremento progresivo

Más de 10.000 personas recuerdan en Bilbao que “lo privado no es lo público”

Gessamí Forner

País Vasco

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Gessamí Forner

La plataforma Eskola Publikoaz Harro organizó la manifestación en defensa de la escuela pública en la que se criticó sin ambages el anteproyecto de de la Ley de Educación elaborado por el Gobierno vasco, que equipara la educación concertada con la pública.

El Consejo de Gobierno presenta hoy la propuesta del Proyecto de Ley de Educación del País Vasco. El Salto ha tenido acceso a la redacción final, del 18 de abril, y al informe jurídico elaborado antes del decreto de la Planificación Escolar, publicado en el BOPV el pasado 13 de marzo, y que influye en el proyecto de ley. 

Si bien Gobierno vasco ha respetado la nomenclatura que exige el informe, no ha integrado las exigencias de la Lomloe, tal y como indicaba el texto jurídico: ni asegura plaza pública para todo el alumnado que la solicite ni promueve un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros públicos. El sindicato Steilas ya advirtió de ambos puntos tras publicarse el decreto.

El “servicio vasco de educación” ha mutado en el “servicio público vasco de educación”, tal y como indica el gabinete jurídico del Gobierno vasco

Steilas muestra su rechazo al reparto de alumnos vulnerables propuesto por el Departamento de Educación

Gessamí Forner

País Vasco

Pacto Educativo Vasco Steilas muestra su rechazo al reparto de alumnos vulnerables propuesto por el Departamento de Educación

Gessamí Forner

Los decretos de admisión del alumnado y planificación del mapa escolar, que desarrollan el Pacto Educativo Vasco, salvaguardan los “intereses de las patronales educativas”, considera el sindicato.

De los deseos políticos al texto legal

El Pacto Educativo es el texto acordado por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos sobre el que asentaron las bases políticas de la futura ley. Si el Parlamento Vasco aprueba el proyecto de ley que hoy presenta públicamente, renovará la conocida como Ley de la Escuela Pública Vasca, de 1993. 

Desde las asociaciones de la educación pública y desde los sindicatos Steilas y ELA—, el Pacto Educativo ha sido criticado: en el mejor de los casos, es una carta a los Reyes Magos donde cada formación hizo hincapié en sus deseos, algunos contradictorios entre sí. En el peor, un pasaporte diplomático para la educación concertada: la incluía de facto en el servicio público educativo vasco, tratando de desdibujar la línea que separa lo público de lo privado. 

Concretamente, el texto dice: “El derecho a la educación se atenderá por el servicio vasco de educación que acogerá a todos los centros públicos y todos los concertados considerados de interés social que cumplan con los principios y objetivos establecidos por la ley”. El “servicio vasco de educación” como concepto se utiliza en diez ocasiones a lo largo de las 51 páginas del Pacto Educativo que publicó el Boletín Oficial del País Vasco. En el decreto del mapa escolar desparece y, siguiendo las recomendaciones del informe jurídico, aparece el “servicio público vasco de educación”—siete ocasiones— y, aunque aspira a recoger la vieja definición de lo público que permitía la ley estatal de 2006, asume que prevalece la de 2020, a pesar de que no la respeta. En el proyecto de ley se nombra en doce ocasiones “servicio público vasco de educación”, y solo una al “servicio vasco de educación”, cuando se refiere al Instituto de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación. No hay rastro del “interés social” que debían aportar los centros concertados.

Catalunya elimina el 11% de las plazas escolares públicas y fuerza a las familias a matricular a sus hijos en la concertada

Emma Zafón Gessamí Forner

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Educación

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Catalunya no cubre la demanda existente de plazas en la red pública en el periodo de preinscripción para el curso 2022/23.

El proyecto de ley ya utiliza conceptos legales: la universalidad de la educación corre exclusivamente a cuenta de los centros públicos. Son los que no marginan a ningún alumnado —ni sexo, ni raza, ni creencias, ni pobreza, etc.—. Se desprende que los concertados aportan “innovación” educativa o pedagógica. A estos les asegura la financiación necesaria para que sean gratuitos y no cobren cuotas a las familias—vuelven a estar expresamente prohibidas, con la diferencia de que estarán financiados al 100%—. Sí cobrarán las extraescolares y el precio de estas deberá publicarse en la página web de educación, por lo que las familias podrán quedar disuadidas ante el precio habitual de las clases de robótica, chino, arquitectura, etc. 

Las escuelas públicas serán “inspeccionadas”, mientras que las concertadas solo recibirán “auditorías”

Contratos programa, 26 menciones

Las escuelas públicas serán “inspeccionadas”, mientras que las concertadas solo recibirán “auditorías”. Pero todos los centros competirán entre sí para recibir una mejor financiación a través de los “contratos programa” —26 menciones—, que se renovarán cada cuatro años. Educación respetará la “autonomía” de cada centro y valorará positivamente la innovación educativa y pedagógica, la cual se puede desarrollar con más recursos en los centros concertados, los cuales disponen de unas instalaciones más amplias y versátiles —por ejemplo, con tierra para llevar a cabo huertos escolares—.

El concepto “Servicio Vasco de Educación” —en mayúsculas—, impulsado por PNV y EH Bildu para afianzar la posición hegemónica de la escuela concertada, tanto la cristiana como las ikastolas, ha sido jurídicamente puesto en duda. La inmersión lingüística a través de la prevalencia del modelo D se ha perdido en el Pacto Educativo y en el proyecto de ley. Y la financiación completa de la mayor red concertada del Estado queda asegurada en esta ley que no hace de la red pública el eje transversal. Incluye una disposición para desarrollar en un futuro la publificación de centros privados.

Tras la presentación de hoy del proyecto de ley en Consejo de Gobierno, el texto inicia su trámite parlamentario.