Educación pública
El carpetazo de la Junta de Andalucía a las aulas bioclimatizadas

El dinero y la voluntad política de conseguirlo en pos de una educación sostenible. Sin rodeos ni subterfugios, estos han sido, y no otras excusas peregrinas, los motivos fundamentales por los que la comunidad educativa andaluza se ha quedado sin una ley de bioclimatización pionera para los más de 6.000 centros educativos públicos existentes en Andalucía, que beneficiaría a más de dos millones de niñas y niños escolarizados en la comunidad autónoma. Esta carencia tiene un responsable claro: el PSOE de Andalucía, que a través de su lideresa frenó de cuajo la implantación de una ley “muy novedosa”, en palabras de los propios letrados del Parlamento de Andalucía.

La ley abortada instaba a invertir unos cien millones de euros anuales en la bioclimatización progresiva de todos los centros educativos de la comunidad. La Consejería de Educación ha gastado en los dos últimos años apenas 14 millones en actuaciones puntuales. Para 2019 ha previsto otros 17 millones. Con la nueva normativa, que había recibido el visto bueno del Parlamento autonómico a la espera de su aprobación definitiva en pleno, esta cantidad se debería incrementar un 80%, algo que en ningún momento ha contemplado el Gobierno de Susana Díaz pese a que lo que está en juego es la propia salud del personal laboral de Educación y de dos millones de alumnos y alumnas.

El mal tiene un responsable claro: el PSOE de Andalucía, que a través de su lideresa frenó de cuajo la implantación de una ley “muy novedosa”, en palabras de los propios letrados del Parlamento de Andalucía

Pero Susana Díaz pulsó el pasado 8 de octubre el botón rojo del adelanto electoral y todo se paralizó, el proyecto de ley quedó en el limbo apenas unos días antes de que el Parlamento autonómico diera su respaldo mayoritario a la norma y dejara solo en contra al grupo socialista. Esta es la crónica de una muerte anunciada para un proyecto que nació desde, por y para la ciudadanía y murió en sede parlamentaria por intereses puramente partidistas y espurios.

Libertad Benítez, la exdiputada de Podemos que ha impulsado esta iniciativa aplaudida por toda la oposición parlamentaria, tiene muy claros los motivos por los que el PSOE ha frenado la ley contra viento y marea. El primero de ellos es que la norma obliga a bioclimatizar todos los centros educativos públicos andaluces “sin distinción alguna y ajustado a las necesidades que cada centro presente, obligando al gobierno de turno a realizar una inversión considerable”. Benítez está convencida de que esta exigencia “torpedea las políticas de ‘las migajas’ a las que este régimen monopartidista nos quiere acostumbrar”, en alusión al ejecutivo de Susana Díaz.

El segundo motivo que ha enrocado al PSOE en contra de la ley de bioclimatización de los colegios públicos es que la norma aprobada en dictamen final por PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, es el fruto de un proceso “emancipatorio y de empoderamiento” de las familias andaluzas. “Si algo no soporta este régimen es que la ciudadanía haga política de verdad, alejada de la lógica de la política como profesión y una oportunidad para trepar. Esta ley es peligrosa porque nace de un ejercicio honesto de la labor política, y un partido como el PSOE que se mantiene en el poder haciendo un uso del mismo tramposo y poco ético hará todo lo posible por cortar de raíz cualquier iniciativa que sea testimonio de lo contrario. La ley no sólo es valiosa porque garantiza una educación de calidad en unas condiciones dignas, sino porque lleva el ADN del poder popular”, subraya la dirigente de Podemos Andalucía.

Obras de urgencia y "parches"

Desde que en junio de 2017 un grupo de madres, padres, alumnos y profesores de colegios públicos de Sevilla, Huelva y Córdoba principalmente se movilizaran en ropa de baño al grito de “aulas sí, saunas no” a las puertas de los centros escolares para protestar por las condiciones climáticas de las aulas y la nula climatización de estos edificios públicos de enseñanza de Andalucía, en estos dos años transcurridos la Consejería de Educación ha invertido poco más de 13 millones de euros en una política selectiva de “parcheos”, según la definición empleada por los responsables de la plataforma Escuelas de Calor, impulsora de esta iniciativa.

Las obras de urgencia acometidas por Educación en estos dos últimos años en un total de 265 centros educativos, de los más de 6.000 que posee la red pública andaluza, apenas suponen un 4% del total. Estas actuaciones de la Administración andaluza se han basado en la colocación de ventiladores en las aulas, de techos metálicos en los patios y en la adecuación del sistema eléctrico en los colegios que lo necesitaran. A este ritmo de trabajo, la Administración autonómica tardaría décadas en acometer una reforma estructural y homogeneizada a nivel bioclimático de sus instalaciones educativas, las únicas que no cuentan con una refrigeración adecuada tras cuatro décadas de gobiernos autonómicos, todos ellos dirigidos por el PSOE.

Los más de 6.000 edificios públicos existentes en Andalucía con fines educativos no han contado nunca con un sistema de climatización adecuado a las condiciones climatológicas

La educación pública se publicita oficialmente como uno de los tres pilares fundamentales de los sucesivos gobiernos socialistas de Andalucía, junto con la sanidad y los servicios sociales. Un total de 1.124 colegios públicos andaluces son actualmente bilingües y plurilingües. Más de 400.000 alumnos se benefician de este sistema que es impartido por más de 7.000 docentes. Además, desde la implantación en el año 2009 del Plan Escuela TIC 2.0 se ha entregado al alumnado un total de 390.927 ordenadores de aula, además de 78.381 para uso del alumnado de 5º y 6º de Primaria. A esto se suma que el pasado curso académico, la Consejería de Educación instaló un total de 1.548 aulas digitales.

Una realidad lacerante se oculta en medio de estas mareantes cifras estadísticas relativas al proceso de digitalización de la educación pública andaluza: los más de 6.000 edificios públicos existentes en Andalucía con fines educativos no han contado nunca, después de casi 40 años de autonomía, con ningún sistema de climatización adecuado a las condiciones climatológicas que vive la comunidad autónoma más poblada y la segunda más extensa. Nadie se responsabiliza por ello a día de hoy.

Unas condiciones climáticas extremas

El clima mediterráneo que rige en prácticamente toda la comunidad recoge los picos más altos de temperatura en el valle del Guadalquivir, donde se llegan a registrar hasta 46 grados centígrados de temperaturas máximas durante la canícula. Es indudable que estas condiciones climatológicas extremas se han extendido durante buena parte del curso académico en Andalucía. Desde abril a junio y entre septiembre y octubre, la comunidad andaluza sufre los rigores del calor y los colegios públicos evidencian deficiencias estructurales que le impiden combatir adecuadamente estos efectos entre el alumnado y el profesorado.

La ley laboral estipula que los centros de trabajo deben tener una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Los pasados meses de septiembre y octubre, las redes sociales se inundaron de fotos de termómetros situados en el interior de las aulas andaluzas marcando temperaturas muy por encima de la legalmente establecida como tope. Entre 30 y 35 grados centígrados se llegaron a registrar en numerosos centros escolares de Sevilla, Córdoba y Huelva, principalmente. El Gobierno andaluz, mientras tanto, iba ganando tiempo, con el runrún del adelanto electoral cobrando fuerza al tiempo que negaba la mayor pese a que miles de estudiantes decidieron salir a las calles de Sevilla y Huelva para protestar por las indignas condiciones en las que estaban soportando las clases. Los casos de mareos, sangrados nasales y alumnos y profesores atendidos por los efectos del calor no han sido aislados.

La ley laboral estipula que los centros de trabajo deben tener una temperatura máxima de 27 grados centígrados

Aunque ni la propia presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha podido ocultar o camuflar el evidente déficit estructural que sufren las instalaciones educativas andaluzas, insistió en sede parlamentaria, cuando la polémica saltó por primera vez a la opinión pública gracias a la labor de Escuelas de Calor, que “no todos los colegios son iguales”. Cierto es que tampoco las temperaturas que se registran en puntos de Almería o Granada son las mismas que en pleno verano recogen algunos pueblos de la campiña sevillana o de Córdoba. Pero sí todos ellos sufren un déficit estructural de sistemas de bioclimatización y acondicionamiento sostenible de los centros escolares.

La propuesta de ley de Podemos ha sido vetada desde un principio por el Grupo Socialista y rubricado el rechazo también por el Consejo de Gobierno de la Junta, sin aportar motivos concretos sobre su reiterada negativa. Pero también PP y Ciudadanos, que votaron el pasado 14 de febrero de este año a favor de la propuesta de ley de Podemos, han torpedeado sistemáticamente el proyecto hasta retrasar su tramitación durante más de ocho meses, que finalmente ha quedado en punto muerto debido a la disolución de la Cámara tras el adelanto electoral decidido por Susana Díaz. Estaba previsto que el pleno del Parlamento aprobara la ley apenas unos días después.

Un marco normativo pionero

Mario Ortega, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada, ha sido el encargado de redactar la proposición de ley que el grupo parlamentario de Podemos registró en la Cámara autonómica en agosto de 2017. Asegura que la ley es muy novedosa en términos legislativos, tal y como afirma el informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía. “No tiene paragón en derecho comparado. Pero lo es no sólo en términos jurídicos. Lo es porque incorpora el bioclimatismo, que es pura ciencia aliada con técnicas eficientes y saludables para conseguir edificaciones confortables, en cooperación con las energías renovables. No sólo se trata del confort térmico, aunque sea el factor detonante de la iniciativa, también tiene incidencia sobre la calidad del aire, la sensación lumínica, o incluso la creación de ambientes amables y respetuosos con la naturaleza. La ley supone culturalmente un avance revolucionario. Que las edificaciones educativas se sitúen en Andalucía a la vanguardia en calidad medioambiental, y como frente de lucha contra el cambio climático mejorando la calidad educativa y dinamizando el cambio de modelo productivo, sería un ejemplo para el mundo”, apunta Ortega.

Cuatro leyes que el adelanto electoral en Andalucía ha dejado en el cajón

Paco Aguaza

Andalucía

Cuatro leyes que el adelanto electoral en Andalucía ha dejado en el cajón

Paco Aguaza

Con la convocatoria de elecciones anticipadas, algunas leyes que iban a ser previsiblemente aprobadas han sido aparcadas. Con ellas, quedan problemáticas que pretendían resolver y personas y colectivos que continúan reclamando unas soluciones que se alejan.

Este “ejemplo para el mundo” del que habla el experto medioambiental duerme ya el sueño de los justos en un cajón del Parlamento de Andalucía, esperando una nueva oportunidad cuando comience la próxima XI Legislatura. Mientras tanto, la comunidad educativa andaluza tendrá que contentarse con las obras puntuales y limitadas que promueve la Consejería de Educación, unas actuaciones que no palían ni mucho menos solucionan este problema estructural, puesto en evidencia en las calles andaluzas por los propios afectados, los estudiantes.

Expectativas frustradas tras más de un año de movilizaciones

El deseo ciudadano, frustrado recientemente en la sede de la soberanía autonómica, se fue extendiendo poco a poco tras emanar desde abajo, desde los propios escolares que reiteradamente hacían llegar el malestar a profesores y progenitores mientras éstos empezaron a sacar sombrillas, bañadores y flotadores a las puertas de los centros educativos en junio de 2017 para reclamar “aulas sí, saunas no”, un grito de guerra que llegó al Parlamento autonómico, que mayoritariamente le dio, contra todo pronóstico, un bofetón bioclimático a la política de “parcheo” que ha venido practicando el Gobierno de Susana Díaz en el asunto de la climatización escolar.

La no aprobación de la ley de bioclimatización supone para las Ampas de Escuelas de Calor “un freno importante a una apuesta de presente y futuro que diera solución a los problemas de climatización de los 6.000 centros educativo públicos de Andalucía”, apunta uno de sus representantes, Juan Miguel Garrido. La norma garantiza que la educación se imparta “en unas condiciones óptimas e idóneas, no siendo necesario recurrir a actuaciones urgentes, improvisadas, e ineficientes como las ejecutadas por la Consejería de Educación”, añade.

Escuelas de Calor estará muy presente en la campaña electoral de las autonómicas del 2 de Diciembre para recordar a los políticos que “las familias también votamos”, recuerda Garrido. El revés parlamentario a sus reclamaciones supone “un incentivo” para continuar su lucha “de una forma renovada, con más fuerza e ilusión” para devolver “la dignidad” a la escuela pública. Escuelas de Calor recordará a los andaluces “qué partidos políticos se posicionaron a favor de unas condiciones dignas y adecuadas en los colegios e institutos de sus hijos e hijas, y quiénes, con su soberbia, insensibilidad, e intolerancia, lo impidieron”.

Los déficits bioclimáticos de los colegios públicos andaluces no son pocos ni baladíes. Tanto en las épocas de calor como en las de frío. Y todo ello en pleno 2018, cuando sólo los edificios dedicados a la educación son los que no cuentan con sistemas adecuados de acondicionamiento térmico. El doctor en Ciencias Ambientales recuerda que “la mayoría de las edificaciones se hicieron sin tener en cuenta el clima del lugar, o los climas de los lugares”. La variabilidad climática y microclimática en Andalucía “es muy alta”. Campiña cordobesa, Alpujarras granadina, litoral malagueño, Sevilla y su entorno metropolitano, Cádiz, Atlántico onubense, Mediterráneo almeriense… Microclimas todos ellos mediterráneos que no excusan una dolorosa realidad: hasta ahora, toda la política de climatización que se ha hecho en los colegios es de “parcheo, ni mala ni buena”, apunta Ortega. Se refiere a la utilización habitual de instalaciones tradicionales basadas en aquellas que utilizan combustibles fósiles o energía eléctrica.

El proyecto de ley, que Podemos ha sacado adelante hasta casi su definitiva aprobación parlamentaria, rompe definitivamente con esta dinámica, ya que incide en evaluar, planificar y abordar el problema con lo que este experto en Ciencias Ambientales denomina “soluciones tecnológicamente desarrolladas y fiables”, que en modo alguno suponen un lastre económico para el sistema educativo andaluz ni tampoco una rémora medioambiental para las generaciones venideras.

Una óptica distinta para actuaciones y protocolos

Las actuaciones que contempla el proyecto de ley abortado por el adelanto electoral son diametralmente opuestas a la línea que la Consejería de Educación ha venido ejecutando en los últimos dos años. En varias comparecencias parlamentarias, la titular de Educación, Sonia Gaya, aseguró que su departamento ha priorizado y planificado el trabajo de mejora de la condiciones de habitabilidad y confort térmico de los centros educativos desde “lo más urgente a lo también necesario pero menos prioritario, un trabajo continúo que aún no ha terminado”.

Las obras acometidas por la Junta se basan en diferentes parámetros, como por ejemplo los datos proporcionados por los propios centros escolares a través del cuestionario de Séneca, así como la información recabada de las visitas de los técnicos, la severidad climática de la zona, el horario de uso del centro y la envolvente térmica y protección solar del edificio.

Responsables de asociaciones de madres y padres consultadas aseguran que esto se traduce “poco más que en la colocación de cuatro ventiladores y toldos de chapa”. En ningún caso se acometen actuaciones integrales que dotan a la totalidad del recinto reformado de un mayor confort bioclimático con técnicas sostenibles y ecológicas.

En septiembre y octubre, alumnos y profesores han vuelto a soportar temperaturas muy por encima de las legalmente establecidas como óptimas.

El último ejemplo de improvisación por parte del Gobierno autonómico en este tema se ha producido hace solo unas semanas. En septiembre y octubre, alumnos y profesores han vuelto a soportar temperaturas muy por encima de las legalmente establecidas como óptimas. Y a Educación no se le ocurrió otra iniciativa que dejar en manos de cada centro educativo la activación o no del protocolo que este departamento creó in extremis un año antes durante las primeras protestas de los alumnos y profesores.

Dicho protocolo no es más que la suma de una serie de consejos imprecisos y vagos que en ningún caso acometen el problema de raíz. Diseñado a comienzos del pasado curso 2017-2018, el documento busca “orientar las acciones de la comunidad educativa de tal manera que pueda prepararse y responder de manera eficaz y efectiva ante situaciones de olas de calor o episodios de altas temperaturas excepcionales”. El inicio de este curso 2018-2019 en Andalucía ha vuelto a evidenciar una vez más que no hemos sufrido una ola de calor “excepcional”, ya que los veranos reales que se prolongan mucho más allá de bien entrado el otoño de manera oficial forman parte de una realidad cotidiana.

Educación remitió este protocolo vía Inspección Educativa a los directores de todos los centros, pero evidentemente no ha servido absolutamente para nada después de sucederse incontables quejas y denuncias de profesores y alumnos, que han sufrido cefaleas, sangrados nasales, golpes de calor y otras afecciones respiratorias tras soportar en las aulas más de 30 grados centígrados, una temperatura extrema que hace imposible la concentración del alumnado y los profesores.

Uno de los aspectos que con más insistencia critican las asociaciones de madres y padres aglutinadas en torno a las plataformas Escuelas de calor en Sevilla y Huelva o Niñ@s del Sur en Córdoba es la nula receptividad que han recibido a sus quejas por parte de las autoridades competentes, tanto de la Consejería de Educación como por parte de los diferentes ayuntamientos, responsables últimos del mantenimiento de los edificios públicos. El PSOE siempre ha querido ver en estas asociaciones de madres y padres de alumnos “oscuros intereses partidistas”, cuando en verdad su intención última ha sido luchar por hacer de los lugares de trabajo de sus hijas e hijos unos sitios más dignos y saludables.

El proyecto de ley aprobado por el Parlamento andaluz dedica un capítulo entero a la participación ciudadana “activa” en la gestión bioclimática de los colegios. Esta norma prevé que sea “tenida en cuenta para la elaboración del plan de acondicionamiento bioclimático y renovable de cada centro docente”. Del mismo modo, contempla que sus propuestas sean respaldadas por el consejo escolar del colegio previa elevación del plan a la Consejería de Educación.

La cita con las urnas el 2-D ha frenado todas estas expectativas de cuajo. Habrá que esperar la respuesta democrática de la ciudadanía para saber si los escolares andaluces pueden al fin estudiar inglés o francés en tabletas digitales de última generación sin tener que sudar la gota gorda en clase.